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Posición argentina y legislación local

En Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación elaboró un documento denominado “Plan estratégico provincial de gestión de residuos hacia la economía circular”, un instrumento para que cada provincia pueda planificar una gestión de residuos sustentable, identificando lineamientos, acciones y políticas necesarias (Cámara Argentina de Comercio y Servicios, 2017).

Un estudio llevado a cabo en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU) entre 2005-2010 dedujo que en Argentina se producen 45.000 toneladas diarias de residuos. Las fracciones de orgánicos, papel y vidrio han reducido su participación porcentual, mientras que la proporción de materiales plásticos se incrementaron, en concordancia con las tendencias globales (Comunica RSE, 2017).

La Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina se encuentra regulada por la Ley de Presupuestos Mínimos N.º 25.916, promulgada en el año 2004, la cual resulta obligatoria para provincias y departamentos. Cada jurisdicción debe desarrollar las regulaciones pertinentes en sus propios territorios, ya que la provisión de los servicios vinculados con la gestión de residuos se encuentra bajo su responsabilidad. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentra impulsando para la gestión de residuos un enfoque de economía circular.

El objetivo general del Plan Estratégico Provincial (PEP) es elaborar un plan que permita identificar lineamientos, acciones y políticas necesarias para lograr el ordenamiento y la mejora de la Gestión de Residuos Sólidos en la provincia, bajo el enfoque de la economía circular, y con un horizonte temporal de al menos 20 años, contemplando el cierre de todos los basurales para el año 2025 y la tendencia a la disposición cero para 2035 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2015).

En cuanto a los objetivos específicos del PEP, pueden citarse:

  1. Disminuir la cantidad de residuos a disposición final promoviendo prácticas de la economía circular.
  2. Disminuir el impacto ambiental de los residuos. A partir de una mejora en la gestión, promover la mejora de la salud y de la calidad de vida de la población.
  3. Mejorar las prácticas de disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) por medio de la construcción de centros de disposición final ambientalmente adecuados y socialmente aceptados.
  4. Prevenir, clausurar y sanear basurales a cielo abierto.
  5. Brindar herramientas que promuevan la adopción de políticas de prevención, reutilización, minimización y reciclaje a largo plazo.
  6. Promover tecnologías para la valorización de residuos.
  7. Fomentar la gestión diferenciada de residuos orgánicos, reciclables, especiales de generación universal, entre otros.
  8. Apoyar el fortalecimiento de los mercados de reciclables.
  9. Desarrollar herramientas e información que aseguren la conservación de los recursos naturales de la provincia.
  10. Promover políticas y acciones que favorezcan la concientización, la educación ambiental y la comunicación para la población ligada al manejo de los RSU.
  11. Planificar y proponer alternativas de organización y ordenamiento territorial en materia de disposición final de RSU.
  12. Fomentar la inclusión social, la mejora de la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los recuperadores informales de RSU.
  13. Asesorar en la adopción de políticas, leyes y marcos institucionales que aseguren la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas de gestión integral de residuos.

El desarrollo del PEP debe contemplar de manera exhaustiva:

  • Diagnóstico del área de estudio: identificación y análisis de los aspectos territoriales, biofísicos, socio-económicos y legales, en lo que respecta a la gestión actual de los residuos sólidos; se deben identificar y analizar los aspectos técnico-operativos, institucionales, de capacidad instalada; y los aspectos gerenciales, administrativos y económico-financieros en que los servicios son prestados en la actualidad. Para realizar el diagnóstico se debe contar con las declaraciones anuales de los municipios de la provincia.
  • Estudio de generación y caracterización de los RSU: se solicita realizar tres estudios en cada provincia, abarcando una ciudad grande, una ciudad mediana y una ciudad chica. El estudio de caracterización debe ser ejecutado bajo la metodología ASTM 5231-92 (reaprobada en 2008) “Standard Test Method for Determination of Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste”. El resultado final es el cálculo de la tasa media de generación per cápita (ppc).
  • Estrategia provincial de residuos: los lineamientos estratégicos deben dar origen a programas específicos, con objetivos, metas y productos. Se deben proponer mecanismos de monitoreo.
  • Estudio de alternativas de regionalización: se debe realizar una identificación de posibles soluciones a implementarse para cubrir la realidad de toda la provincia. Las soluciones propuestas deben ser planteadas de modo de abarcar a la totalidad de los municipios de la provincia.
  • Viabilidades de soluciones aplicables: debe realizarse un análisis de factibilidad de las regiones propuestas. Para aquellos casos en que el análisis de regionalización arroje que no es factible una solución regional, deben plantearse soluciones alternativas. Pero en ningún caso puede dejarse afuera de la solución a ningún municipio.
  • Adecuación normativa: todo lo antes desarrollado debe ser coherente con la legislación provincial y nacional de residuos. Si no existe una ley provincial se debe presentar un proyecto de ley o de propuesta de los lineamientos mínimos que debería contener.

En cuanto a la problemática de las energías renovables, en septiembre de 2015, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.191, que modifica la Ley 26.190 que establece el “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica” (Los Verdes, 2016). En ese sentido, esta modificación mantiene el objetivo planteado en la ley original de lograr el 8 % de consumo de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, pero extendió el plazo para su concreción a diciembre de 2017. Además, establece que hacia 2025 ese porcentaje debe incrementarse al 20 %. Estos objetivos representan la necesidad de incorporar alrededor de 3.000 MW de energía renovable para el primer objetivo y 10.000 MW más para la meta de 2025, lo cual requeriría de una inversión total aproximada de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.

Para lograr los objetivos propuestos, la ley establece distintas herramientas. Por un lado, amplía el elenco de fuentes renovables de energía incluyendo la undimotriz, de las corrientes marinas y biocombustibles. Adicionalmente, se crea un Fondo Fiduciario (FODER) específico para el financiamiento de proyectos renovables y se otorgan incentivos fiscales para los productores independientes de energía y para la cadena de valor de producción local (Los Verdes, 2016).

Un desafío para la industria alimenticia es el desarrollo de tecnologías que garanticen la inocuidad, extiendan la vida útil de los productos, minimicen el desperdicio, agreguen valor, conlleven un mínimo procesamiento y recuperen compuestos de interés a partir de efluentes y residuos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco del Proyecto Específico Tecnologías de preservación de alimentos y aprovechamiento de subproducto del Programa Nacional de Agroindustria y Agregado de Valor, busca desarrollar, adaptar y transferir tecnologías que permitan dar respuesta a problemas concretos relacionados con tecnologías de preservación de alimentos y aprovechamiento de subproductos.

A inicios de 2015, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con apoyo de la FAO, ha iniciado el proyecto Diseño Metodológico para la Estimación de los Desperdicios de Alimentos de la Argentina en las etapas de distribución, comercio minorista y consumo en el hogar, que ha sido elaborado por la Dirección de Agroalimentos y presentado a través de la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales.



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