Innovación sustentable en las pymes
La innovación sustentable se refiere a diferentes acciones que buscan nuevas maneras de reducir el impacto medioambiental mejorando, a su vez, los aspectos económicos y sociales del desarrollo productivo, y a la difusión de dichas acciones, de manera que la economía se desarrolle hoy sin comprometer el desarrollo de generaciones futuras (Hiriart y Rovira, 2014).
La innovación sustentable no se limita a la conservación del medio ambiente sino a todos aquellos aspectos que afecten los medios de producción, tales como las mejoras de las condiciones de los trabajadores, las mejoras del sistema de diseño industrial, la relación con los clientes y la institucionalidad del aparato productivo, entre otros.
Hiriart y Rovira (2014) resumen que la innovación sustentable es la manera práctica de alcanzar un desarrollo productivo sustentable e incluso a largo plazo. Para que esta se lleve a cabo de manera exitosa y masiva es necesaria la participación y el compromiso de los Estados, pero también el actuar oportuno y el involucramiento del sector productivo, la sociedad civil y la concientización de los ciudadanos.
Las pymes constituyen la base productiva de la economía de Argentina y del mundo. Si bien las emisiones de las empresas de menor tamaño en forma individual no generan un gran impacto medioambiental, su impacto a nivel agregado se vuelve demasiado relevante.
La mitigación del impacto medioambiental es vista por muchas empresas pequeñas como una carga a su ya complicada situación logística y financiera. Deben entender que la innovación sustentable puede tener en el mediano y largo plazo un impacto positivo en cuanto a la capacidad innovadora de las empresas, así como también en su competitividad en los mercados.
Son muy importantes los vínculos entre organizaciones, tanto comerciales como de carácter intelectual. La cooperación de las firmas en la materialización de procesos de innovación permite, en primer lugar, alcanzar metas utilizando el conocimiento y la experiencia de todas, y en segundo lugar, evitar la duplicación de aquellos gastos en I+D que buscan generar un mismo conocimiento (Hiriart y Rovira, 2014).
Nashiro (s.f.) define una herramienta que contribuye a que las pymes tengan un mejor desempeño y se desarrollen gracias a la inversión de recursos en temas medioambientales; dicha herramienta se denomina Gestión Ambiental Preventiva. Esta es una de las puertas de entrada para empresarios que deseen ingresar en mercados sustentables y tener nuevos negocios altamente competitivos.
Este enfoque mejora los procesos y los productos, aumenta la productividad de las empresas y además evita la contaminación. Una de las primeras estrategias que se pueden considerar para comenzar a aplicar la Gestión Ambiental Preventiva en las empresas es la Producción más Limpia (P+L).
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se entiende por “Producción más Limpia” la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a los procesos, los productos y los servicios, con el objetivo de reducir riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, incrementar la competitividad de la empresa y garantizar la viabilidad económica.
P+L puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicio, y contempla desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios mayores, que impliquen la sustitución de materias primas, insumos o líneas de producción por otras más eficientes.
Es importante destacar que, invirtiendo tiempo y dinero en un Plan de Gestión Ambiental Preventiva, no solo se ahorra dinero, se mejora la imagen pública y se contribuye a la mejora medioambiental, sino que además se evitan grandes multas, inspecciones y en el peor de los casos clausuras. Un claro ejemplo son tres empresas salteñas que actualmente están incorporando estrategias de P+L y rápidamente observaron resultados en cuanto a la reducción en el consumo de energía, la minimización en el consumo de agua y el aislamiento para mantener una temperatura adecuada en los establecimientos y procesos, con lo cual ahorran no solo energía y agua sino también gas (Nashiro, 2017).
A pesar de todo lo expuesto, todos los actores reconocen que existen muchos desafíos que enfrentan las pymes para desarrollar un compromiso con la sustentabilidad de sus procesos productivos. Entre ellos se destacan (Hiriart y Rovira, 2014):
- La conciencia dentro de las pymes sobre el impacto ambiental
A pesar de los esfuerzos de difusión de la conciencia genérica sobre los costos y beneficios de la innovación sustentable, las pymes y los empresarios en general son aún poco conscientes de la magnitud de los cambios por venir y los beneficios que puede acarrear tener una estrategia competitiva con base en la innovación.
- Acceso al financiamiento y la inversión
Las pymes no cuentan con el mismo respaldo financiero que las grandes empresas y a menudo se ven enfrentadas a restricciones de crédito. Es por ello por lo que el costo asociado a una política de sustentabilidad puede ser visto como una amenaza para la supervivencia de la pyme. Hay que considerar que estas empresas son más frágiles financieramente y que además sus capacidades internas son muy escasas, por lo que son más vulnerables a las fluctuaciones del mercado.
- Incertidumbre
La incertidumbre asociada a los costos, tiempos de ejecución y resultados de largo plazo de los nuevos procesos relacionados con la mitigación del impacto ambiental de sus operaciones es una limitación para las empresas pequeñas a la hora de enfrentarse a la decisión de adoptar una innovación sustentable.
- Necesidad de capacitar adecuadamente a su personal
Las pymes necesitan capacitar al personal y crear en ellos la voluntad para acceder a cambios en sus formas de trabajar, con el objetivo de satisfacer los compromisos medioambientales. Las políticas de formación de capital humano son vitales para facilitar una estructura acorde con las nuevas necesidades.
- Limitado acceso a la información, el conocimiento y la tecnología
La capacidad de las pymes para implementar procesos productivos sustentables depende, en gran medida, del acceso a la información sobre el impacto medioambiental que generan sus actividades, así como la disponibilidad de alternativas limpias.
- Cumplir con los requisitos reglamentarios
Los cambios regulatorios hacia un desarrollo sustentable pueden generar una carga significativa de información y costo de adaptación para las pymes. Las empresas que cuentan con recursos limitados se ven enfrentadas con la necesidad de invertir tiempo y dinero en la adquisición de información pertinente, en la comprensión de las implicancias de nuevas regulaciones y en la adaptación constante a dichos cambios en sus productos o procesos.
- Los mercados de bienes verdes y las cadenas de valor mundiales
Las pymes se encuentran con diversas barreras para ingresar a los mercados internacionales, especialmente en una época de cambios rápidos y entornos competitivos cada vez más complejos.
La adopción de innovaciones sustentables no solo dependerá de un análisis costo-beneficio sino también de la percepción de la pyme en la adopción de esta tecnología, lo que se plasmará en su estrategia frente al medio ambiente y en su cultura (Carrillo, del Río y Konnola, 2011).
Tipos de estrategia ambiental:
- Hiperactiva: “Definimos la agenda”. La pyme considera que proteger al medio ambiente es una necesidad, pues genera nuevas oportunidades y da lugar a ventajas competitivas. Entonces influye en las regulaciones ambientales.
- Proactiva: “Vamos adelante”. Consideran los problemas ambientales como una responsabilidad propia, como algo que no puede ignorar porque amenaza su propia existencia a corto plazo. Suelen adoptar tecnologías que van más allá de lo que la regulación ambiental exige.
- Reactiva: “Obedecemos la ley”. Perciben las cuestiones ambientales como costos adicionales que deben minimizar. Reaccionan solo ante la presión.
- Seguidora: “Nos adaptamos a la nueva situación”. No introduce innovaciones ni lucha para cambiar algo. Solo lleva a cabo actuaciones ambientales para no recibir sanciones.
- Inactiva: “No tenemos problemas”. No actúan cuando surgen nuevos desafíos de tipo ambiental. Niegan que existan problemas de contaminación en su empresa.
Los problemas de financiamiento de una pyme en la economía circular
Según Tapia (2010) los proyectos de grandes magnitudes, como por ejemplo de energía hidroeléctrica o eólica, normalmente presentan un riesgo mesurable y asegurable que les permite captar fondos de instituciones financieras sólidas y donde combinan el uso de deuda, entrepiso y capital de variadas fuentes. Además, es normal que su financiación sea “fuera del balance general”, esto quiere decir que, en caso de fracasar, es posible que quienes hayan colocado fondos no puedan recuperar la pérdida por vía de reclamo.
Aquellos proyectos de menor dimensión, tal como la energía solar o biomasa en pequeña escala, implementados por ejemplo por una pyme, tienen asociado un riesgo técnico que radica en su desconocimiento y menos fiabilidad en su implementación, lo que conlleva a pensar en mayores niveles de incertidumbre en el retorno de la inversión y dificulta el acceso a la financiación por las vías tradicionales de deuda, dando lugar solamente a la financiación mediante capital.
El cálculo del riesgo es importante, ya que existe una relación directa con el rendimiento esperado de la inversión. A mayor riesgo, mayores exigencias de rendimiento por parte de los proveedores de fondos.
Por lo tanto, una de las recomendaciones en este tema de financiación en el desarrollo de proyectos sustentables es contratar algún seguro. Según Tapia (2010), hay que pensar el desarrollo de nuevas formas de seguro, tales como los programas para la protección del precio y derivativos de compra de energía en paquete para ofrecer a los compradores y vendedores de energía mayor certidumbre en los precios, innovaciones en la financiación y finalmente el seguro contra los riesgos de la energía limpia.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2011), la industria de los seguros es una palanca poderosa para la transición de una economía verde, debido a su tamaño, alcance en la comunidad y el importante papel que desempeña en la economía, no solo en las esferas de gestión y de transferencia de riesgos, sino también como inversor a través del gran conjunto de recursos financieros que poseen.
Los proyectos de tecnologías limpias pueden estar financiados tanto por capital privado nacional como internacional. La clave para que capitales nacionales inviertan en un proyecto es la existencia de apalancamiento con deuda bancaria por razones de riesgo y para alcanzar los retornos esperados de inversión. Esto le da viabilidad al proyecto para lograr estructurar su financiamiento (Dapur Franchi, 2016).
Cuando no existen estas condiciones, los proyectos se ven obligados a recurrir a la búsqueda de capital de riesgo en los mercados internacionales, donde los inversores suelen ser más desconfiados a la hora de percibir riesgos propios de la economía nacional y exigen mayores niveles de retorno, y en consecuencia el costo es mayor por el aumento de los riesgos.
He aquí la importancia de que los gobiernos utilicen sus entidades financieras de desarrollo para ofrecer líneas de crédito que conlleven a estructurar financieramente los proyectos logrando el apalancamiento necesario, entendiendo por este la combinación de capital y deuda que permita minimizar el costo de los fondos para llevar a cabo la inversión.
Por otro lado, los fondos de inversión son inversores que se interesan en este tipo de tecnologías, los cuales evaluarán la viabilidad de los proyectos, los riesgos de la inversión y los primeros resultados de su funcionamiento junto al desempeño de los gobiernos y el grado de fomento a las líneas de crédito ofrecidas para acompañar las inversiones privadas (Dapur Franchi, 2016).
Hoy en día, a nivel nacional, existe una variedad de herramientas que apuntan a financiar la expansión de las tecnologías de producción limpia en las pequeñas y medianas empresas del país. Algunas de ellas consisten en aportes no reembolsables (es decir, sin devolución), créditos blandos y créditos fiscales.
Por supuesto, para acceder a alguna de estas herramientas es vital que las pymes cuenten con información económico-financiera actualizada y deben realizar proyecciones inherentes a la implementación del proyecto.
Dapur Franchi (2016) resume las características principales de los créditos blandos:
- Tasas menores a las que presenta un crédito tradicional, lo cual es viable sobre todo en períodos de inflación ya que son en moneda local o tienen una tasa variable con límite superior fijo.
- Algunos presentan tasa cero donde solo se exige la devolución del capital.
- En otros casos solo se devuelve el capital si el proyecto es exitoso. Ideal para incentivar proyectos de mayor nivel de riesgos.
- Existen aquellos que no exigen garantías o tienen menores requisitos “de colateral”, aunque no son viables en la realidad argentina ya que el BCRA (Banco Central de la República Argentina) regula los niveles de riesgo y garantías. Una solución sería permitir que se coloquen como garantías bienes no tradicionales (maquinarias, insumos, materias primas) o mejorar la monetización de estos avales.
- Que exijan limitados requisitos de información, sin la necesidad de que las empresas tengan que incurrir en costos adicionales para emitir cierta documentación.
- Mayor plazo y período de gracia, lo cual permite no solo mejorar las posibilidades de financiamientos sino también no “agobiar” las capacidades productivas del ente.
Otro punto para tener en cuenta es el sistema de garantías que se maneja. Las garantías son necesarias para que las empresas puedan dar respaldo al momento de hacer frente a sus obligaciones. Una garantía importante para las pequeñas y medianas empresas es la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), la cual tiene por objeto garantizar a sus socios partícipes para mejorar sus condiciones crediticias. Entre sus beneficios está ampliar la capacidad de endeudamiento, mejorar los plazos de financiación y reducir los costos financieros.
Estas SGR son sociedades comerciales que se conforman con socios partícipes (generalmente las pymes) y socios protectores (proveedor del fondo, generalmente empresas grandes y solventes), aunque también pueden actuar entidades públicas para apoyar el crecimiento empresarial en determinados sectores. Siendo socios partícipes, los entes pueden cubrir operaciones crediticias con bancos, emitir deudas o fideicomisos en el mercado de capitales y descontar cheques de pago diferido avalados.
La Sociedad de Garantía Recíproca privada más grande del país es SGR Acindar Pymes. Fue fundada en 2005 para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. La compañía cerró en 2017 con un monto anual de garantías emitidas de $ 5.481 millones, duplicando los avales emitidos en 2016. Además, en agosto, se convirtió en la primera SGR en avalar una Obligación Negociable Simple, innovación que se suma al camino iniciado en 2016 cuando garantizó el primer pagaré bursátil en dólares.
A modo de ejemplo, se cita un crédito o “préstamo verde” que otorga el Banco Ciudad a las pymes del Área Metropolitana.
El “Crédito a Pymes con tasa subsidiada para proyectos de mejora ambiental” tiene por objetivo facilitar el acceso a un financiamiento promocional a pymes para la implementación de proyectos que mejoren su desempeño ambiental. Dicho crédito será otorgado a micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comercial o de servicios que desarrollen su actividad productiva en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y prioritariamente en la zona sur (según Ley 470/00) y en el área de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Los fondos deberán ser destinados a financiar proyectos que contribuyan a mejorar el desempeño ambiental y la eficiencia energética de las empresas, preferentemente en algunos de los siguientes conceptos subvencionables, ya sea en forma individual o conjunta:
- Adquisición de bienes de capital nuevos, nacionales y extranjeros nacionalizados, incluidos los gastos de infraestructura para su montaje.
- Inversiones en tecnologías de procesos.
- Infraestructura (con el fin de generar mejoras en el impacto ambiental proveniente del funcionamiento del establecimiento en general).
- Software (aplicado a Gestión Ambiental).
Actualmente los montos máximos financiables son $ 300.000 para capital de trabajo y $ 600.000 para bienes de capital, pagaderos en 24 y 60 meses respectivamente. Como se explicó anteriormente, estos créditos suelen tener tasas bastante bajas en comparación a los préstamos que otorgan los bancos. En estos casos, las tasas varían entre un 5 % y un 13 %.[1]
Herramientas de diagnóstico para pymes en la economía circular
A partir de una vinculación estratégica entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la Municipalidad de Tres de Febrero, se diseñó y validó una herramienta de diagnóstico para la implementación de prácticas y/o tecnologías limpias para una producción sustentable en pequeñas y medianas empresas (UNTREF, 2018). Dicha herramienta se testeó en forma de encuesta con tres pymes de diferentes rubros a través de visitas de aproximadamente 3 horas de duración.
Los puntos de mejora en donde hace hincapié la herramienta de diagnóstico son: optimización de recursos, minimización de residuos, mitigación de los impactos negativos causados por la actividad, introducción de fuentes renovables de energía, cuidado del ambiente laboral y del ambiente en general, entre otras variables.
La herramienta de diagnóstico fue diseñada con un formato de encuesta que pueda ser completada en su totalidad durante la visita. Se tomó como premisa que no queden tareas del diagnóstico pendientes a realizar por los miembros de las pymes, ya que estos suelen contar con otras prioridades que les dejan poco margen de tiempo para realizar este tipo de tareas. Se definió que los aspectos a relevar por la encuesta debían ser:
- Ubicación, rubro y características generales.
- Organización interna de la empresa: organigrama, cantidad y composición del personal.
- Lay out de la planta, utilización de superficies.
- Descripción general de los procesos productivos: maquinaria, materia prima y recursos utilizados, tiempos de cada proceso y residuos generados.
- Utilización de energía, agua y residuos generados para usos generales como iluminación y limpieza del establecimiento, baños y vestuarios, u otros.
- Implementación de certificaciones de calidad y/o ambiental.
- Relación con la comunidad: acciones conjuntas con otras empresas y/o vecinos.
- Interés en la incorporación de prácticas o tecnologías limpias.
También se confeccionó un manual de encuestador para el uso de la herramienta de diagnóstico. Con esto se pretendió unificar sus criterios de uso, para que los resultados obtenidos sean comparables entre sí, independientemente de quién la aplique (UNTREF, 2018).
La encuesta está dividida en siete secciones brevemente desarrolladas a continuación:
I. Identificación
Esta parte tiene como objetivo determinar el rubro al que se dedica la pyme en cuestión, saber cuáles son los productos que fabrica, la cantidad estimada por año y saber si existe alguna variación estacional en la producción y algún tipo de factor externo o interno que limite la capacidad de producción.
II. Organización Interna
Se releva cuántos empleados tiene, cómo son las jornadas laborales, la cantidad de turnos que hay por día, el organigrama de la empresa, y se determina aproximadamente la distribución espacial de la industria con la confección de un lay out.
III. Procesos
En esta sección se recauda toda la información proveniente de los distintos procesos productivos que se llevan a cabo en la industria. Se pide que se describan el flujo operativo, es decir, los procesos que existen para poder llegar al producto final, la cantidad de operarios que participan, las máquinas involucradas, el tipo de energía que consume, la materia prima que requiere y en qué cantidad, cuál es el desperdicio que se genera y qué se hace con los residuos generados. Se pregunta, también, qué es lo que se podría mejorar en el proceso, para evaluar la percepción y conocimiento que existe por parte del empresario para realizar mejoras.
IV. Uso general
Se consulta sobre la provisión de agua y energía: electricidad, gas de red u otro/a; el grado de dependencia que tienen y la confianza en la disponibilidad de este recurso. Se evalúa su uso en el establecimiento en general, como oficinas, comedor, vestuario, etc. Aquí se determina también cuál es la generación de residuos por fuera de los procesos productivos.
V. Prácticas sustentables
El objetivo es determinar el grado de compromiso y conocimiento respecto a prácticas sustentables y estimar el grado de interés o cuán dispuestos están a incorporarlas. Se interroga si la empresa cuenta con un área específica de ambiente, si realizan separación de residuos, si tienen capacitaciones al respecto o conciencia de cuáles son las repercusiones en el ambiente, si conocen el ciclo de vida de los productos que realizan, si tienen conocimiento de que sus clientes estén interesados en que los productos que fabrican sean sustentables y en tener algún tipo de certificación ambiental.
VI. Relación con la comunidad
Cómo es la relación de la empresa con su entorno: si existen vínculos de confianza con el vecindario o, por el contrario, si existen denuncias o quejas por malas prácticas de producción. Se pregunta, además, si existen estrategias asociativas con otras empresas.
VII. Planificación
En esta última sección se busca identificar el nivel de planificación de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Se indagan cuáles son los temas de interés, en qué quisieran invertir, si en maquinarias o infraestructura, y por sobre todo, determinar qué aspecto de sustentabilidad les interesa.
Al finalizar la encuesta, la presentación de los datos debería reflejarse comparativamente en una tabla como la que se expone a continuación.
Tabla 3: Planilla de resultados de encuesta sobre el diagnóstico
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos y gráficos de UNTREF (2018).
El balance social y la memoria de sostenibilidad de las pymes
Si bien en la actualidad no hay un estándar obligatorio para la confección de un balance social, el más utilizado es el del Global Reporting Initiative (GRI). Dicha ONG tiene por fin impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. Una memoria de sostenibilidad expone información acerca del desempeño económico, ambiental, social y de gobierno de una organización, y suele denominarse balance social (Arraigada, 2017).
La elaboración de memorias de sostenibilidad ayuda a las organizaciones a marcarse objetivos, medir el desempeño y gestionar el cambio con el propósito de que sus operaciones sean más sostenibles. Contienen información sobre la incidencia de las organizaciones, ya sea esta positiva o negativa, en el medio ambiente, la sociedad y la economía. De ese modo, las memorias convierten lo abstracto en tangible y concreto y, por tanto, ayudan a comprender y gestionar las consecuencias que las novedades en materia de sostenibilidad tienen sobre las actividades y la estrategia de cada organización (Global Reportive Initiative, 2013).
En nuestro país, una iniciativa de similares características se encuentra a través del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE). La Guía ISO 26000 también es una herramienta muy utilizada pero no posee indicadores propios por lo cual puede combinarse con la Guía GRI. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) ha dictado la Resolución Técnica N° 36, una norma profesional que especifica un modelo de balance social que adopta la Guía del GRI, en cuanto a los indicadores a utilizar (Arraigada, 2017).
Más allá de los modelos, el balance es una construcción que se hace año a año, una práctica voluntaria que está en mejora continua. Arraigada (2017) relevó pymes de Mar del Plata para saber qué grado de conocimiento y uso tenían del balance social.
Los resultados mostraron que muy pocas empresas tienen conocimiento respecto de la metodología, objetivos y fines del balance social. En cuanto a la percepción del problema de sustentabilidad, los entrevistados tendieron a relacionar las acciones sociales exclusivamente hacia afuera y orientadas hacia el trabajo con la comunidad. Se registran conceptos como ayuda y colaboración.
La mitad de las pymes encuestadas manifestó no realizar ninguna práctica de las mencionadas. La otra mitad, que sí lo hace, en su mayoría no lo informa a la comunidad. Y este es un dato relevante.
Ante la consulta de por qué no elaboran informes periódicos de sustentabilidad y acciones sociales, los empresarios expusieron que perciben demasiadas barreras, donde predomina la falta de calificación técnica para su elaboración (conocimiento del método, la forma de realizarlo), el costo de elaboración y la disponibilidad de recursos. Sin embargo, se percibió más bien la falta de interés de los empresarios en generarlo.
Muchas veces la pyme siente que no solo es pequeña o mediana en estructura y producción en comparación a las grandes empresas, sino que también es pequeño el impacto que genera en el medio donde habita y por ello no debe preocuparse u ocuparse.
Los empresarios afirmaron que para realizar las acciones necesarias y confeccionar luego un balance social, sería apropiada una reglamentación que lo volviese obligatorio, con mecanismos de control y seguimiento.
Algobo S.A. es una pyme bonaerense dedicada a la producción de productos de higiene personal, como shampoo y jabón. Mediante un balance social expone los compromisos asumidos con clientes, proveedores, empleados, sociedad y medio ambiente.
Meranol SACI es una empresa productora y comercializadora de químicos de alta calidad, radicada en Dock Sud. Tiene un fuerte compromiso con el cuidado medioambiental y lo expone a través de informes y de los diversos certificados logrados con IRAM y otras instituciones.
Y si hablamos de pymes que lograron crecer y trascender en el tiempo, llegando a ser luego grandes empresas, es interesante hacer mención al caso de Quilmes Maltería y Cervecería. En octubre de 2018 se llevó a cabo una ronda de negocios en el Parque Cervecero de la ciudad donde acudieron más de 120 pymes para participar de un programa que busca el fortalecimiento de las cadenas de valor y la articulación público-privada, al que denominaron ReVuelta.
La cervecería creó la plataforma “100+sustentabilidad”, donde se propone permanecer 100 años más en el país. Se considera un objetivo ambicioso que solo puede lograrse a través de la sustentabilidad. Hay tres grandes ejes: el cuidado de recursos naturales como el agua, disminuir las emisiones de CO2, empoderar y capacitar a sus agricultores.
Obviamente, las premisas y actividades que genere Quilmes impactan en distintos sectores, ya que es una empresa que comenzó hace 128 años como una pyme. En la actualidad, tiene 300.000 puntos de venta a lo largo del país y el 70 % de las ventas se hacen a través de las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, tiene 5.000 proveedores, de los cuales más del 90 % son pymes argentinas (Infobae, 2018).
Residuos electrónicos y las pymes metropolitanas
Según el relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA), durante 2018 se generaron 33.947 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en la Ciudad de Buenos Aires, esto representó algo más de 11 kg de basura electrónica por habitante. Mientras que, en 2016, el volumen fue de 25.826 toneladas (FECOBA, 2018).
Como consecuencia, el parque tecnológico que contiene estos dispositivos en desuso crece año a año en CABA, generando una contaminación importante. Los RAEE representan el 2 % de la basura total recolectada en la Ciudad de Buenos Aires, y son altamente nocivos para el medio ambiente. Por ejemplo, la batería de un celular puede contaminar hasta 50.000 litros de agua. Se encuentran incluidos en esta categoría, además: pilas, computadoras, teléfonos inalámbricos, videojuegos, heladeras, licuadoras, teclados, equipos de audio y televisores, entre otros, que poseen sustancias tóxicas y metales pesados.
Gráfico 28: Basura electrónica generada en la Ciudad de Buenos Aires
Fuente: Elaboración propia, a partir de un gráfico de CIPBA para FECOBA (2018).
Se estima que el 45 % de los RAEE provienen de los electrodomésticos de línea blanca (heladeras, lavarropas, aire acondicionado), mientras que los componentes de equipos de informática y telecomunicaciones representan el 30 % del total. El 25 % restante corresponde a video, audio y televisores (FECOBA, 2018).
Las pymes de la Ciudad encuadradas en las actividades de tratamiento de residuos y de reciclado y/o recuperación de residuos tienen un desafío frente a este problema, pero a su vez es una gran oportunidad. Hay 181 empresas dentro de estas categorías en la Ciudad, de las cuales 174 son pymes.
De estos desechos, en promedio, el 25 % de los componentes son reutilizables y el 72 % son materiales reciclables. Hasta se pueden exportar. Un caso representativo es el de una empresa bonaerense que exportó 50 toneladas de plaquetas electrónicas a Bélgica por 200.000 euros. A su vez, en CABA exportó 10 toneladas de pilas usadas a Francia (aproximadamente 400.000 pilas).
- Datos relevados al momento de realizarse el presente trabajo: diciembre de 2018, primer semestre de 2019.↵