Saül Karsz
De manera periódica y un poco en cualquier punto de este vasto mundo estallan episodios protagonizados por gobiernos que, con ayuda de la posición de poder que ostentan, aventajan por lo menos financieramente a su entorno familiar, amistoso, a sus adhesiones partidarias y, desde luego, a sí mismos. Asuntos públicos y asuntos privados se entrecruzan sin demasiadas complicaciones ni, aparentemente, miramientos. Estamos frente a una mezcla de géneros, una confusión de intereses, un constante pasaje del bien común a los bienes privados y viceversa. Esos episodios son considerados abusos contrarios a los principios jurídicos y/o morales a los cuales los gobiernos en teoría deben plegarse en primer lugar. Entonces se toman medidas, entre ellas, acciones judiciales para frenar ese tipo de acontecimientos, limitar su proliferación y eventualmente sancionar a los responsables. Nada de eso impide que la noria continúe girando.
Primer comentario: ninguna acción, campaña o declaración parece querer/poder poner fin a dichos abusos, ninguna de ellas anuncia que por fin todo eso será definitivamente corregido. ¿Falta de voluntad, y hasta complicidad al menos implícita con los culpables? Quizás, pero también realismo: esos abusos pueden ser corregidos, pero ciertamente no erradicados. Hay algo en la estructura del poder institucional que torna esas mezclas inexorables, casi forzosas. Es difícil resistir al deslizamiento del universo político hacia el universo económico y familiar, y a la inversa, máxime porque no son en absoluto universos estancos, aislados y aislables una vez y para siempre. El abuso de poder forma parte integrante del poder, es una de las maneras de ejercerlo, como su sombra proyectada. Puede tratarse efectivamente de abuso consumado y denunciado, de abuso aún no detectado como tal, y asimismo de abuso virtual, susceptible de acontecer, que se vuelve realizable porque el poder de decidir también decide los límites de ese poder. Es por ello que los abusadores se sienten incomprendidos más que responsables. Por último, como semejante fenómeno está tan difundido, lo que finalmente debería sorprendernos son más bien los casos de no abuso.
Segundo comentario: en Francia, un proyecto de ley que iba a llamarse de “moralización de la vida pública” ahora se llama “ley de confianza en el sistema democrático”. Cambio por demás comprensible. Lo que está en tela de juicio, legislación mediante, es precisamente la confianza, la adhesión, el consentimiento que los ciudadanos otorgan o no al sistema en su conjunto. En efecto, ¿cómo es posible que los gobernados tengan que aportar pruebas de honestidad, buena conducta, modos de vida tildados de correctos mucho más cargosas que aquellas exigidas a los gobernantes? En realidad, más allá y más acá de las condenas y sanciones penales infligidas a uno o varios políticos, lo que está en juego es algo de la supervivencia ideológica del sistema, comúnmente llamada consenso o pacto social, en oposición a la anomia. La gravedad de las mezclas de géneros supera a los protagonistas directamente implicados. No es un asunto de ovejas negras. Lo que está en entredicho es nada menos que la viabilidad de la democracia actual en tanto sistema deseado. El reto está lejos de ser menor, y nadie se atrevería a afirmar que se ganará la apuesta.
Tercer comentario: Los políticos –o, mejor dicho, parte de ellos– no tienen el monopolio de la mezcla de géneros; este se plasma también, y ampliamente, en numerosas dirigencias industriales, comerciales o institucionales. Si las modalidades no son idénticas en todas partes, la presencia actuante de esas mezclas es indudable. Allí también abundan cabecillas, reyes y reyezuelos, personajes pagados de su importancia trascendental. Por más que, afortunadamente, como en el caso de los gobernantes, existan muchos otros personajes, muchas otras maneras de decir y hacer. Resta que la denuncia de personas puede no ser más que una mera acción de buena conciencia. Nuestro análisis de la cuestión del fraude ya nos lo ha enseñado (LPDC n° 69). Hay que conectar los accionares individuales con las condiciones sociopolíticas que las hacen posibles. Los sujetos de carne y hueso no son intercambiables, claro está, pero son portavoces de estructuras, de ejecutantes de las virtualidades inscritas en una lógica que los excede. Representantes, no autores soberanos. ¡Situación que en nada los exime! Sobre todo en el caso de los dirigentes políticos, es necesaria una ética del servicio público: servicio, pues se trata de ponerse a disposición, dedicarse y ser generoso; público porque se trata de solidaridad, de defensa de los intereses populares, de combate incesante contra las desigualdades, principalmente cuando se las toma por normales y naturales. El político ha de dar cuenta y rendir cuentas. Rigurosa ética de la cual los gobernados tampoco pueden verse exonerados.
Junio de 2017
