Dedicado a Laura Jordán de Conte y Elena Lenhardtson,
fundadoras del Equipo de Salud Mental del CELS

Un marco conceptual e histórico

El concepto moderno de derechos humanos, aunque con antecedentes en diversas tradiciones culturales, se consolidó como producto de la modernidad occidental. Este origen no es un dato menor, pues determina en parte las tensiones entre universalismo y relativismo cultural que seguirían atravesando su desarrollo a lo largo del tiempo. Como advierte José Pablo Feinmann (2013), lejos de ser una noción abstracta o un imperativo moral ahistórico, los derechos humanos son una “construcción histórica”, es decir, el resultado de complejas luchas políticas y sociales por la ampliación de la dignidad y la ciudadanía.

Los hitos fundacionales suelen rastrearse en las Revoluciones estadounidense (1776) y francesa (1789). La primera enfatizó los derechos a la vida y la libertad, mientras que la segunda introdujo con fuerza el principio de igualdad ante la ley y los derechos individuales. La Revolución francesa, en particular, estableció los principios políticos de la modernidad, con lo cual marcó una ruptura decisiva respecto del orden tradicional (Hobsbawm, 2011). La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sentó las bases de un nuevo paradigma donde la soberanía residía en la nación y los individuos eran portadores de derechos inherentes por su sola condición de ser humanos.

En términos descriptivos y pedagógicos, podemos hablar de derechos negativos, positivos y colectivos. Pero es importante tener en cuenta que no se trata de establecer una jerarquía, ni pensarlos por separado o como independientes. En el derecho internacional moderno, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles.

• Los derechos llamados negativos exigen una abstención por parte del Estado en la vida privada. Su esencia es proteger la libertad individual frente a intromisiones indebidas. Por ejemplo: libertad de expresión, de religión, de ideología, derecho a la propiedad privada y derecho a la privacidad. Son generalmente de aplicación inmediata y son directamente judiciales.
• Los derechos de acción positiva del Estado comprenden los derechos económicos, sociales y culturales, que requieren una intervención directa del Estado para su garantía, como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los Estados a utilizar “el máximo de los recursos de que dispongan” para lograrlos de manera progresiva.
• Los derechos colectivos suelen estar vinculados a la calidad de vida, como los derechos ambientales o el derecho a un desarrollo sostenible. También incluyen el derecho de los pueblos a la autodeterminación. A menudo se ejercitan a través del derecho internacional y la presión política.

Es fundamental no olvidar que, en la práctica, todo derecho humano tiene dimensiones negativas y positivas, son indivisibles, interdependientes y se refuerzan mutuamente. La clasificación ayuda a entender las partes, pero no debemos perder de vista la integralidad del sistema de ideas que estos derechos sostienen. Además, se consideran universales, progresivos e inalienables. Solo el Estado puede violarlos, pues es el principal agente obligado a respetarlos y garantizarlos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, aunque de relevancia fundamental en la historia de la humanidad, no estuvo exenta de limitaciones. Reflejó predominantemente una visión occidental, que priorizó los derechos civiles y políticos (“los derechos del hombre blanco occidental”) y omitió otros igualmente cruciales para vastos sectores de la población mundial, como los derechos de los pueblos a la autodeterminación o los derechos económicos y sociales. Este sesgo respondía al contexto inmediato de posguerra y a la necesidad de responder a los horrores específicos del nazismo.

Pese a estas críticas, su valor histórico es incuestionable: estableció la prohibición internacional de la tortura y sentó las bases del sistema global de protección. En Argentina, este marco normativo fue adoptado dentro de una tradición de adhesión a los tratados internacionales, aunque su efectivo cumplimiento ha estado siempre supeditado a la correlación de fuerzas políticas en cada momento histórico.

Es en este marco conceptual y en el contexto específico del terrorismo de Estado en Argentina donde el movimiento de derechos humanos forjaría una trayectoria única a nivel mundial. Su lucha no solo fue fundamental para la recuperación democrática, sino que produjo aportes teóricos y prácticos muy importantes para el campo de la salud mental, que demostraron que la reparación del trauma individual es indisociable de la búsqueda de justicia y verdad colectivas. Este artículo se propone recorrer esa historia, analizando el surgimiento de los organismos, el desarrollo de sus equipos de salud mental y los debates clínicos y éticos que marcaron a fuego su práctica.

La democracia argentina y el rol de los organismos de derechos humanos

La consolidación democrática en la Argentina no puede comprenderse sin el protagonismo histórico de los organismos de derechos humanos. Estas organizaciones surgieron como respuesta colectiva frente a los golpes de Estado, la represión política y el terrorismo de Estado, y se constituyeron en actores fundamentales de la resistencia civil y de la reconstrucción del Estado de derecho. En su origen confluyeron y participaron víctimas directas, familiares, profesionales, militantes políticos y religiosos, que transformaron el dolor en acción política y jurídica. Su trayectoria no solo marcó la transición democrática, sino que configuró una ética pública basada en la memoria, la verdad y la justicia.

Una mirada histórica nos permite identificar un entramado organizativo de una riqueza y diversidad notables.

• Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH): fundada el 20 de diciembre de 1937, surge en respuesta al golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, con el objetivo de combatir la represión política, las detenciones arbitrarias y la tortura. Surgió ante la necesidad de enfrentar la creciente ola de autoritarismo y persecución a opositores políticos —especialmente anarquistas, socialistas y comunistas— que atravesaba tanto a la Argentina como al contexto internacional de la época. Contó con figuras destacadas como Lisandro de la Torre, Teodoro Roca y Mario Bravo. Durante la última dictadura cívico-militar, desempeñó un papel protagónico: fue una de las primeras organizaciones en denunciar internacionalmente las desapariciones forzadas de personas y la existencia de centros clandestinos de detención. En la actualidad, la LADH mantiene un cuerpo de abogados que brinda asesoramiento gratuito y representa judicialmente a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
• Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ): creado en 1974 por Adolfo Pérez Esquivel, está ligado a la teología de la liberación^[1] y a los movimientos sociales cristianos comprometidos con los sectores populares, aunque mantiene un carácter ecuménico e inclusivo. Pérez Esquivel fue secuestrado y torturado por la dictadura en 1977, permaneció detenido-desaparecido durante 14 meses. En 1980, mientras aún se encontraba secuestrado, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que otorgó una visibilidad internacional decisiva a la causa de los derechos humanos en la Argentina. El SERPAJ continúa hoy con un fuerte compromiso en la defensa integral de los derechos humanos y la justicia social.
• Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH): surgió como respuesta a los crímenes de la Triple A. Reunió a referentes de distintos ámbitos —religioso, político, sindical, cultural y jurídico— unidos por el objetivo común de oponerse a la violencia y la represión estatal. Entre sus integrantes se destacaron Raúl Alfonsín, Alicia Moreau de Justo, Augusto Conte, Emilio Mignone, Alfredo Bravo, Oscar Alende, Laura Bonaparte y Monseñor Jaime de Nevares. La APDH se convirtió en una de las primeras y más relevantes trincheras de resistencia legal y moral al terrorismo de Estado. Muchos de sus miembros participaron luego en la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) y aportaron documentación clave para la elaboración del informe Nunca Más. La organización continúa activa en la defensa y promoción de los derechos humanos.
• Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH): se distingue por su inspiración religiosa y su carácter ecuménico, surgido de la unión de creyentes de distintas confesiones cristianas —católicos, protestantes, ortodoxos— y de personas de otros credos o sin religión, comprometidas con la defensa de la vida y la dignidad humana. Brindó apoyo esencial a los familiares de víctimas del terrorismo de Estado desde la Iglesia de la Santa Cruz, en Buenos Aires, y articuló redes de contención a través de parroquias y congregaciones. Ofreció asistencia material, legal y económica a familiares de detenidos-desaparecidos, y muchos de sus miembros arriesgaron sus vidas ocultando perseguidos políticos o facilitando su salida del país.
• Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas: se constituyó en Córdoba en enero de 1976, tras la desaparición de 24 personas, y posteriormente en Buenos Aires, en septiembre del mismo año. Su consigna —“Aparición con vida. Libertad a los detenidos. Juicio y castigo a los culpables”— condensó la demanda ética y jurídica frente al terrorismo de Estado. La organización promueve los derechos humanos mediante la investigación de denuncias presentadas por víctimas o familiares, que luego son elevadas a los tribunales federales.
• Madres de Plaza de Mayo: irrumpieron en 1977 y transformaron la militancia por los derechos humanos a nivel global. Su pañuelo blanco trascendió fronteras. Su lucha comenzó exigiendo la aparición con vida de sus hijos e hijas detenidos-desaparecidos, y luego se amplió hacia la búsqueda de justicia, memoria y verdad. El 30 de abril de 1977, catorce madres se reunieron por primera vez en la Plaza de Mayo y, para evitar la prohibición de reuniones, comenzaron a caminar de a dos alrededor de la Pirámide. Así nació la ronda de los jueves, que continúa hasta hoy. Por su activismo, fueron perseguidas; entre las fundadoras secuestradas y asesinadas se encuentran Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga. En 1986, las Madres se dividieron en dos ramas —la Asociación Madres de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora— por diferencias políticas. Más allá de esa escisión, su lucha las consolidó como símbolo mundial de la memoria, la verdad y la justicia, y como una de las referencias morales más perdurables de la Argentina contemporánea.
• Abuelas de Plaza de Mayo: fundada también en 1977, centró su labor en la búsqueda y restitución de la identidad de niños y niñas apropiados ilegalmente durante la dictadura. Hasta la fecha han logrado restituir la identidad de 140 nietos y nietas. Introdujeron innovaciones científicas, como el “índice de abuelidad” e impulsaron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos y de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad). La conducción de Estela Barnes de Carlotto ha sido fundamental en su consolidación y proyección internacional.
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): creado en 1979 para documentar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, amplió con el tiempo su campo de acción hacia temas como violencia institucional, derechos económicos y sociales y salud mental. Se define como “una organización de derechos humanos con base social”. Su trabajo combina investigación académica rigurosa, litigio estratégico —utilización de casos testigo para modificar políticas públicas— e incidencia institucional. A diferencia de los organismos formados por familiares de víctimas, el CELS está integrado principalmente por profesionales de distintas disciplinas: abogados, sociólogos, psicólogos y comunicadores.
• HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio): surgida en 1994, está integrada por hijos e hijas de desaparecidos, asesinados, exiliados, presos políticos y sobrevivientes de la dictadura. Entre otras formas de activismo instaló la práctica del escrache como forma de denuncia ante la impunidad garantizada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Su consigna —“Si no hay justicia, hay escrache”— se convirtió en una herramienta de acción política y de memoria, replicada luego en otros países y contextos.
• Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF): de perfil científico, este equipo constituye un referente internacional en la aplicación de las ciencias forenses a la investigación de violaciones a los derechos humanos. Desde su creación en 1984, a instancia de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y de la CONADEP, el EAAF ha colaborado en la identificación de restos de víctimas de desaparición forzada, tanto en Argentina como en numerosos países. Su tarea es esencial para los procesos de memoria, verdad y justicia.
• Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI): fundada en diciembre de 1989 en La Plata, centra su acción en la denuncia de homicidios y violencias cometidos por las fuerzas de seguridad. Documenta casos de tortura, detenciones arbitrarias, persecución y hostigamiento institucional. Brinda asesoramiento jurídico gratuito a víctimas y familiares, actúa como querellante en causas judiciales y mantiene una base de datos actualizada sobre personas asesinadas por las fuerzas del Estado en la Argentina.

La historia de estos organismos refleja la construcción de una cultura democrática basada en la defensa de la vida, la justicia y la dignidad humanas. Su legado trasciende la denuncia de los crímenes del pasado: consolidaron una ética de los derechos humanos como principio rector de la vida pública argentina. En ellos se encarna la memoria activa de una sociedad que supo transformar el horror en un compromiso perdurable con la democracia y el Estado de derecho.

Los aportes al campo de la salud mental: de la asistencia a la elaboración teórica

El terrorismo de Estado produjo un daño psicosocial de una magnitud y profundidad inéditas. Como señala Victoria Martínez (1993):

luego de los primeros momentos de parálisis y miedo, los trabajadores de la salud intentaron una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Ante el padecimiento de miles de víctimas, ya sea por la represión directa o por el sufrimiento de sus familiares, las teorías conocidas no bastaban para dar cuenta de esta realidad. Hubo que recurrir a una multiplicidad de marcos teóricos y técnicas para comprender la complejidad de un fenómeno que atravesaba los niveles individual, familiar y social.

Así, diversos organismos de derechos humanos conformaron equipos de salud mental que, lejos de limitarse a una tarea asistencial, realizaron aportes clínicos y teóricos fundacionales. Su práctica se convirtió en un laboratorio donde se pusieron a prueba y se reformularon los paradigmas vigentes de la psicología y la psiquiatría.

El Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), que se originó como el equipo asistencial de Madres de Plaza de Mayo, fue uno de los primeros en Argentina y América Latina en especializarse en las consecuencias psicosociales del terrorismo de Estado. A través de su trabajo clínico y de investigación, contribuyó a documentar y conceptualizar las secuelas de la represión, con lo cual aportó al acervo de la memoria colectiva. Su labor pericial resultó invaluable en los juicios de lesa humanidad, dado que ofreció pruebas decisivas sobre el daño psíquico causado.

El Movimiento Solidario de Salud Mental (MSSM), vinculado a Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, brindó asistencia psicológica a familiares e hijos de desaparecidos. Contó con la colaboración y supervisión de Fernando Ulloa, quien aportó conceptos clave —como el de novela clínica— para abordar las narrativas del trauma. La participación de profesionales, como Victoria Martínez y Juan Jorge Michel Fariña, enriqueció el enfoque ético y clínico del equipo.

Un caso paradigmático de articulación entre práctica clínica, investigación e incidencia política fue el Equipo de Salud Mental del CELS. Aunque formalizado en 1982, sus orígenes se remontan a la propia fundación del centro. Laura Jordán de Conte, fundadora del CELS y miembro de Madres de Plaza de Mayo —su hijo Augusto María fue detenido-desaparecido—, actuó como un puente decisivo. Junto a las psicólogas Elena Lenhardtson y Matilde Ruderman y la psiquiatra Ana Goldberg, establecieron un fecundo vínculo con el psicoanálisis, que se transformó en una matriz de lectura para comprender la crueldad y sus efectos. El equipo comprendió que, en la travesía singular del duelo y la reparación, se procesaba también el trauma colectivo.

Con el retorno de profesionales del exilio —como Graciela Guilis, Mariana Wikinski y Roberto Gutman—, el equipo amplió su trabajo al estudio de los efectos del exilio y el retorno, un trauma específico abordado desde la Oficina de Solidaridad con los Exiliados Argentinos (OSEA). Su producción teórica fue vasta e influyente: el seminario “Psicología, Ética y Derechos Humanos”, impulsado en la Facultad de Psicología de la UBA, se convirtió en materia obligatoria y formó a nuevas generaciones. Publicaciones como el artículo de CELS (1996) sobre el duelo en casos de desaparición y los efectos de la impunidad se transformaron en textos de referencia.

Entre sus aportes más concretos a las políticas públicas, destaca la investigación sobre las instituciones psiquiátricas. El informe Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (CELS-MDRI, 2008) expuso crudamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos en los hospitales monovalentes, y por ello influyó de manera decisiva en el debate que culminó con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657. Asimismo, su documentación sobre las unidades penales en los hospitales Borda y Moyano condujo a su cierre y a la creación de programas de atención acordes con un enfoque de derechos. El equipo también inauguró el dispositivo de acompañamiento psicojurídico a víctimas-testigos en los juicios por crímenes de lesa humanidad, modelo que luego se expandiría a nivel federal a través del Plan Nacional de Acompañamiento.

Por su parte, el Centro de Asistencia Psicológica por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, formalizado en 2002 pero activo desde mucho antes, desempeñó un papel esencial en debates cruciales, como el suscitado con la psicoanalista francesa Françoise Dolto, quien inicialmente se opuso a las restituciones de niños apropiados a sus familias, por considerarlas traumáticas. Los equipos de Abuelas contribuyeron a consolidar el consenso social sobre el derecho a la identidad, diferenciando conceptual y legalmente la apropiación —ruptura violenta de vínculos— de la adopción —acto mediado por el Estado—, y desarrollando estrategias clínicas específicas para los procesos de restitución.

Cabe destacar que otros organismos, como la APDH, la LADH, el SERPAJ y el MEDH, también contaron con equipos asistenciales que realizaron valiosos aportes clínicos, teóricos y políticos, y tejieron una red de atención y contención que trascendió lo meramente terapéutico.

Debates fundantes: ética, clínica y política frente al horror

La práctica de estos equipos no estuvo exenta de profundos debates éticos y clínicos que tensionaron los marcos teóricos tradicionales. Esos interrogantes delinearon una praxis específicamente argentina en el campo de la salud mental y los derechos humanos.

Uno de los primeros debates giró en torno a la existencia de tratamientos “especializados” para personas que habían sufrido tortura. El psiquiatra y psicoanalista uruguayo Marcelo Viñar (1986), él mismo exiliado, argumentó con lucidez que no se trataba de crear técnicas específicas, puesto que los sobrevivientes ya habían sido “tratados” en los centros clandestinos. La cuestión central, sostenía, residía en la sensibilidad del terapeuta para escuchar el horror y en su capacidad para distinguir entre la repetición traumática y lo que él denominó la aventura de la elaboración. Esta postura coincidía con la tradición psicoanalítica argentina, que rechazaba la reducción del padecimiento al “estrés postraumático” y enfatizaba la singularidad de la escucha frente al dolor extremo.

Un debate particularmente argentino, y de una profunda carga ética, fue el de la asistencia psicológica a represores. En hospitales públicos comenzaron a presentarse personas con insomnio, adicciones o angustia que, al profundizar en su relato, confesaban crímenes cometidos durante la dictadura. Frente a este dilema, muchos profesionales, respaldados por sus asociaciones gremiales, se negaron a tratarlos. Los argumentos fueron diversos: algunos eran víctimas directas y les resultaba imposible mantener la neutralidad; otros consideraban que, en un contexto de impunidad —con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final vigentes—, la escucha clínica podía operar como una nueva forma de impunidad simbólica.

La reflexión sobre la apropiación de niños abrió otro campo de problematización fundamental. Los equipos de Abuelas comenzaron a interrogarse: ¿qué puede repararse en estos casos? ¿Qué es verdaderamente reparable? ¿Puede ejercerse la función paterna desde la apropiación? La psicoanalista Mariana Wikinski, integrante del CELS, introdujo una tensión decisiva entre el discurso jurídico —que busca la verdad factual y la sanción— y el campo de la subjetividad —donde operan identificaciones, lealtades y conflictos inconscientes—. De allí surgieron nociones como reparación simbólica y reparación colectiva, que permitieron pensar las secuelas del terrorismo de Estado más allá de la justicia penal.

La elaboración teórica más sistemática sobre los efectos de la impunidad se condensó en el texto La impunidad y sus efectos: impacto en la subjetividad y en la comunidad (CELS, 1997). Allí se analizó cómo la ausencia de justicia no solo constituía una deuda con las víctimas directas, sino que operaba socialmente como una falla en el orden simbólico, que debilitaba el lazo social y afectaba la vida psíquica colectiva. Se exploró también la especificidad del trauma infligido por un semejante —y, más aún, por el Estado, que debería garantizar derechos—, lo que resignifica de manera radical la experiencia subjetiva. Como sintetiza René Kaës (2018): “No basta con reconocer la naturaleza y el origen del horror; la posibilidad de elaboración subjetiva necesita del reconocimiento y elaboración colectiva”. Los juicios de lesa humanidad, impulsados por los organismos como querellantes, se convirtieron en el dispositivo central de esa elaboración colectiva.

En estos procesos, las víctimas cumplen un doble rol: son el sujeto del delito y, a la vez, con mucha frecuencia, los únicos testigos de lo ocurrido, dado que el Estado intentó borrar las pruebas.

La segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en 2006, luego de su testimonio, evidenció de manera trágica la falta de protección del Estado hacia los testigos. Este hecho impulsó la creación y consolidación del Plan Nacional de Acompañamiento a Víctimas-Testigos (Programa Verdad y Justicia), que articula secretarías de derechos humanos, colegios profesionales y organismos, para conformar una red federal de acompañamiento psicojurídico antes, durante y después de los testimonios. Este dispositivo constituye, en sí mismo, un aporte institucional directo del movimiento de derechos humanos a la administración de justicia.

El movimiento de derechos humanos en Argentina trasciende la categoría de “actor social”. Su trayectoria constituye un capítulo esencial de la historia nacional y un faro a nivel global en la lucha contra la impunidad. Su aporte al campo de la salud mental es, quizá, uno de sus legados más profundos y originales. Demostró de modo contundente que la clínica del trauma extremo y el daño psicosocial provocado por la violencia política no pueden desvincularse de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

La práctica concreta de sus equipos —asistiendo a víctimas, acompañando testimonios, investigando instituciones— generó un corpus teórico que resignificó conceptos del psicoanálisis y otras disciplinas, y los puso al servicio de la comprensión y la reparación del daño, tanto singular como colectivo. Afrontó debates éticos límite y desarrolló dispositivos innovadores, como el acompañamiento psicojurídico, que hoy constituye un modelo de referencia.

Su incidencia fue decisiva en la construcción de políticas públicas transformadoras. La Ley Nacional de Salud Mental, con su enfoque de desmanicomialización y promoción de la autonomía, es heredera directa de sus denuncias sobre el encierro asilar. La creación de la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) y los sistemas de reparación económica son también frutos de su lucha. Su agenda se amplió para incluir la violencia institucional, los derechos de la niñez y las disidencias, lo cual evidencia la vitalidad de un movimiento que nunca se ancló en el pasado.

El legado de estos organismos es la convicción activa de que la salud mental constituye un derecho humano fundamental y que su garantía es inseparable del fortalecimiento de la democracia. Nos enseñan que el cuidado de la subjetividad y la defensa de la justicia social son las dos caras de una misma empresa ética: la lucha inquebrantable por la dignidad humana.

Referencias bibliográficas

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