En memoria de Sebastián Bordón

Cuando te matan un hijo podés dedicarte a tener otros hijos, al alcoholismo, a la religiosidad, o la espiritualidad; nosotras elegimos el camino de la lucha para que estas cosas no las sufra más ningún joven, ni hombres, ni mujeres, ni travestis, ni trans en nuestro país.

   

Mirian Medina^[1]

La violencia institucional como deuda democrática y categoría política

La transición a la democracia en Argentina implicó no solo el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, sino también la ardua tarea de confrontar las violaciones a los derechos humanos que persistían —y persisten— en el seno del Estado democrático. La violencia institucional emerge, así, como una de las deudas más profundas y estructurales de la democracia argentina. Lejos de constituir una práctica aislada o residual, se configura como un fenómeno sistémico que refleja y amplifica las desigualdades y exclusiones estructurales de la sociedad.

Si el movimiento de derechos humanos encontró su origen en la resistencia a la dictadura, fue ese mismo entramado organizacional el que, con una potencia ética y política admirables, amplió su agenda para interpelar al Estado democrático por las violencias ejercidas en el presente. Este artículo se propone analizar la evolución del concepto de violencia institucional, visibilizar sus manifestaciones en distintos ámbitos —con especial foco en el sistema de salud— y desentrañar los profundos efectos sociales y subjetivos que produce, argumentando que su erradicación constituye un termómetro indispensable de la calidad de nuestra democracia.

De la denuncia social a la categoría jurídico-política

El concepto de violencia institucional no es estático; por el contrario, ha ido expandiéndose y complejizándose gracias a la lucha sostenida de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos. Se pueden identificar cuatro momentos clave en su desarrollo conceptual y práctico.

1. Los orígenes: el “gatillo fácil” (décadas del 80 y 90)

Los primeros años de democracia estuvieron marcados por la denuncia de la violencia policial extrema, el “gatillo fácil” y las detenciones arbitrarias. Casos emblemáticos, como la masacre de Budge (1987), donde tres jóvenes fueron ejecutados por la policía bonaerense, catalizaron la organización comunal y la lucha por la memoria. Esta movilización vecinal, inédita en su dimensión, logró que el Congreso de la Nación instituyera el 8 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional.

En septiembre de 1997, Sebastián Bordón viajó a la provincia de Mendoza con sus compañeros de la Escuela Media 13 de Moreno para su viaje de egresados. Se sintió mal, lo llevaron al médico y el profesional indicó que había que avisarles a sus padres, pero las profesoras a cargo no lo hicieron. En cambio, lo dejaron en un destacamento policial, de donde luego dijeron que “se había escapado”. Su cuerpo apareció en el Cañón del Atuel el 12 de octubre, día en que hubiera cumplido 19 años. “Era hincha de Racing, escuchaba a Gilda y a Sombras, tenía mucho humor, ayudaba en las tareas domésticas, quería formar una familia con su novia y seguir estudiando”, recuerda su madre, Mirian Medina.

El comisario Trentini fue condenado a 15 años de prisión en 2000, porque la Justicia determinó que él tenía la mayor responsabilidad. El día que terminó el juicio por Sebastián, fue detenido por delitos de lesa humanidad, condenado a prisión perpetua junto con doce policías y militares en la denominada megacausa de San Rafael. El resto de los policías involucrados ya se encuentra en libertad, con condenas que oscilaron entre diez y doce años.

2. La responsabilidad del Estado: el inframundo carcelario (fines de los 90)

La mirada se amplió para señalar la responsabilidad estatal por acción u omisión. Los organismos comenzaron a documentar sistemáticamente la tortura, las condiciones inhumanas de encierro y las muertes en comisarías y unidades penitenciarias, exigiendo que el Estado fuera responsable no solo por lo que sus agentes hacían, sino también por lo que permitían que sucediera al interior de sus instituciones.

Recién en 2015, un tribunal federal condenó a agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturas contra Brian Núñez, golpeado salvajemente en Marcos Paz. Las agresiones comenzaron cuando Núñez y otros detenidos solicitaron a los penitenciarios ver el partido de fútbol entre Argentina y Uruguay por la Copa América de ese año, lo que evidencia la arbitrariedad y crueldad de las prácticas carcelarias.

3. La medicalización del castigo: abusos en el sistema de salud (década del 2000)

Un salto cualitativo fue la incorporación de los abusos médicos como una forma específica de violencia institucional. El informe Vidas arrasadas (CELS-MDRI, 2008) expuso el horror de los hospitales psiquiátricos monovalentes, donde se documentaron prácticas de arrasamiento subjetivo, sujeción mecánica y química indiscriminada y negligencia grave. Paralelamente, el movimiento de mujeres logró conceptualizar la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud.

Semanas antes de sancionarse la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones (26.657), moría en el Hospital General de Agudos J. M. Penna Matías Carbonell. Los médicos que lo recibieron denunciaron que su cuerpo presentaba lesiones físicas compatibles con el pasaje de corriente eléctrica, entre otras torturas graves que le causaron la muerte. Carbonell había atravesado numerosas internaciones desde 2009 en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en el tristemente célebre servicio 14-22, conocido por su función de castigo y sobre el que pesaba una medida cautelar de cierre por las peligrosas y humillantes condiciones en las que se encontraban las personas internadas.

4. Formas complejas y encubiertas (siglo XXI)

El concepto de violencia institucional siguió ampliándose para dar cuenta de modalidades más sofisticadas:

• Tercerización de la violencia: delegación por parte de agentes penitenciarios de la violencia sobre internos a grupos o “bandas” dentro de las cárceles.
• Complicidad policial: planificación y permiso tácito para que grupos parapoliciales o patotas ejerzan violencia, como se evidenció en el juicio por el asesinato del militante Mariano Ferreyra (2010). Mariano luchaba junto a trabajadores tercerizados del ferrocarril contra la precarización laboral y por el pase a planta permanente. La patota de la Unión Ferroviaria atacó a los manifestantes, quienes fueron agredidos a balazos mientras se desconcentraban. La actuación policial no protegió a los manifestantes y, en su momento, se intentó encubrir el caso y desviar la responsabilidad de la dirección sindical, lo cual evidencia una falla del Estado en garantizar seguridad y derecho a la protesta. La fiscal Caamaño enmarcó este hecho como un caso de violencia institucional.
• Violencia simbólica y discriminación estructural: prácticas naturalizadas de maltrato, “verdugueo” y discriminación en escuelas, hospitales y otros organismos públicos, basadas en prejuicios de clase, género, etnia o nacionalidad.

Siguiendo a Marcela Perelman y Manuel Tuffro, esta evolución demuestra que la violencia institucional es una categoría política en permanente construcción, capaz de nombrar y unificar bajo un mismo marco de análisis experiencias de sufrimiento que antes parecían aisladas o inevitables.

Selectividad, estigmatización y naturalización

La violencia institucional opera con una lógica de selectividad que la convierte en un mecanismo de control social sobre cuerpos y territorios marginalizados. No es aleatoria: sus víctimas principales son varones jóvenes, pobres, habitantes de barrios periféricos, a los que se suman personas en situación de calle, vendedores ambulantes y migrantes.

Como señala Esteban Rodríguez Alzueta, el llamado “olfato policial” es en realidad un “olfato vecinal”. Los prejuicios que asocian juventud, pobreza, vestimenta deportiva y piel oscura con peligrosidad están profundamente arraigados en el sentido común social, y la policía actúa como brazo ejecutor de un mandato implícito de limpieza, control y contención de sectores indeseables.

Estos estereotipos se reproducen y amplifican en diversos ámbitos:

• Medios de comunicación: estigmatizan a jóvenes de barrios populares y, a veces, justifican el accionar violento de las fuerzas de seguridad o la “justicia por mano propia”.
• Sistema educativo: niñas, niños y adolescentes pobres, migrantes o trans son discriminados y sometidos a trato diferencial que naturaliza su exclusión.
• Sistema de salud: el prejuicio de clase determina la calidad de la atención que recibe una persona.

La “guerra contra el narcotráfico” ejemplifica cómo un discurso de mano dura traduce la marginalidad en prisionalización masiva de jóvenes pobres por tenencia de mínimas cantidades de droga, y muestra que el sistema penal funciona como un dispositivo de gestión de la marginalidad.

El sistema de salud como espejo y amplificador de la violencia estatal

Lejos de ser un refugio neutral, el sistema de salud se convierte en un espacio donde la violencia institucional se ejerce, se naturaliza y se medicaliza. Sus manifestaciones son múltiples:

• Criminalización de la pobreza y la salud mental: conflictos sociales o crisis subjetivas se transforman en problemas de seguridad. La falta de despliegue territorial de equipos de salud mental hace que la policía sea, a veces, la única respuesta estatal, con desenlaces trágicos como el de Chano Charpentier^[2].
• Judicialización de la salud: profesionales transformados en agentes de control social, desde la denuncia de mujeres que sufrían abortos espontáneos (antes de la legalización) hasta la separación automática de madres con consumo problemático de sus hijxs.
• Abandono y tortura en instituciones psiquiátricas: el aislamiento extremo, la prohibición de visitas y la falta de comunicación durante la pandemia agravaron el padecimiento de los usuarios. La muerte de un interno del Hospital Borda atacado por perros dentro del predio simboliza la desidia estatal y el abandono como política.

La necesidad de un paradigma de derechos

Un estudio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, 2017), que entrevistó a 138 profesionales de guardias hospitalarias públicas, ofrece una radiografía alarmante del rol del sistema de salud frente a víctimas de violencia institucional:

• Reconocimiento sin identificación: aunque el 50 % de los profesionales identificó situaciones de violencia institucional, solo el 34 % reconoció a la persona como víctima; el resto la interpretó como “delincuente que recibió su merecido”.
• Revictimización activa: las intervenciones se limitaron a curar heridas físicas; se documentaron prácticas vejatorias, como hacer esperar más a pacientes custodiados por la policía o suturar heridas sin anestesia como castigo implícito.
• Omisión y fracaso en la garantía de derechos: ningún profesional realizó denuncias ni informó a las familias, no evaluó riesgos posteriores ni derivó a salud mental; la justificación frecuente fue la presunción de “palabra de lxs pibxs contra la policía”.

Estos resultados evidencian una falla estructural: los profesionales, muchas veces por desconocimiento, prejuicio o falta de formación en perspectiva de derechos, se convierten en eslabones que reproducen, legitiman y agravan la violencia. La guardia hospitalaria, que debería ser un espacio de alojamiento y cuidado en salud, se transforma en un ámbito de revictimización.

Frente a esto, se requiere una respuesta diferencial y activa, que incluya:

1. Protección inmediata: evaluar riesgos físicos y psíquicos.
2. Acceso a la justicia: conocer y usar canales de denuncia específicos.
3. Acompañamiento social: derivación a organismos que asistan en la restitución de derechos vulnerados.
4. Abordaje del trauma: garantizar derivación a servicios de salud mental especializados.

La violencia institucional no solo produce daño individual y familiar profundo, un quiebre biográfico que marca un antes y un después en la vida de las víctimas. Su efecto más corrosivo reside en el impacto sobre el lazo social y comunitario. Genera desconfianza en el Estado, legitima la lógica del “ellos vs. nosotros” y naturaliza la idea de que para ciertos sectores la violencia es un destino inevitable.

El trauma provocado por el Estado, que debería ser garante de derechos, requiere para su elaboración no solo trabajo clínico individual, sino también reconocimiento y elaboración colectiva. Los juicios por violencia institucional, la implementación efectiva de leyes como la Ley Nacional de Salud Mental y la capacitación obligatoria en derechos humanos para todos los agentes estatales son pasos indispensables en ese camino.

El movimiento de derechos humanos amplió su agenda para incluir estas violencias, dado que entiende que la consigna de Memoria, Verdad y Justicia no se limita al pasado, sino también a las víctimas en democracia. El desafío sigue siendo transformar las estructuras institucionales desde adentro, para que dejen de ser instrumentos de control y violencia sobre los cuerpos vulnerables y se conviertan en herramientas genuinas de inclusión, dignidad y cuidado. La erradicación de la violencia institucional no es una meta utópica: es la medida misma de la democracia que queremos construir.

Referencias bibliográficas

Agamben, G. (2005). Estado de excepción. Adriana Hidalgo.

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Anagrama.

Butler, J. (2004). Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Paidós.

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y MDRI (Mental Disability Rights International) (2008). Vidas arrasadas: violencia institucional en hospitales psiquiátricos monovalentes. Siglo XXI Editores.

CELS (2017). Violencia institucional y sistema de salud: estudio con profesionales de guardias hospitalarias. CELS.

Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Siglo XXI.

Mbembe, A. (2017). Crítica de la razón negra. Akal.

Perelman, M. y Tuffro, M. (2015). Violencia institucional y derechos humanos en Argentina contemporánea. Prometeo.

Rodríguez Alzueta, E. (2012). Olfato policial y violencia institucional: un estudio de la selectividad. Universidad Nacional de Tres de Febrero.