Desiré Conte, Cecilia Calloway y Adelqui Del Do

La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es, quizá, menos vano esforzarse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente.

   

Marc Bloch (2001)

Salud, vulnerabilidad y olvido estatal

¿Qué sucede hoy con la salud mental en Argentina? Para responder —y para denunciar— conviene comenzar por el sentido común dominante: salud mental = enfermedad. Esa equivalencia brutal naturaliza el sufrimiento psíquico como problema individual y olvida deliberadamente que la salud es ante todo una construcción colectiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La OMS añade que la salud requiere que estén cubiertas “todas las necesidades fundamentales”: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales —un entramado inseparable de las condiciones materiales de vida. Esta definición, universal y consensuada, implica que la salud no es un regalo, sino un derecho.

Ese horizonte ético —que debería ser pilar de cualquier Estado democrático— está siendo demolido hoy en Argentina.

Con la llegada del gobierno de Javier Milei, y el empuje de su espacio político La Libertad Avanza, se inauguraron dos operaciones inéditas en nuestra historia democrática: por un lado, el despliegue sistemático del odio (discurso de odio institucional); por otro, la implementación de lo que podemos llamar “políticas de la crueldad”: decisiones concretas que degradan las condiciones de vida y atacan los derechos fundamentales.

Discurso de odio, crueldad estatal y desmantelamiento institucional

En el plano simbólico, el odiar se institucionaliza. El discurso de odio —esa retórica que deshumaniza, estigmatiza, señala al “otro” como amenaza— ya no es solo un fenómeno marginal: es política de Estado. Su propósito no es metafórico: es disciplinar, excluir, vulnerar.

Pero eso no es todo. En lo concreto, se activaron políticas que profundizan desigualdades, desmantelan redes de protección y dejan a vastos sectores a merced del abandono.

Entre las medidas más dramáticas, se encuentra el cierre de 21 organismos estatales de alcance nacional. Por ejemplo, el cierre del INADI —el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo—, responsable de recibir denuncias de discriminación, racismo, xenofobia, violencia institucional, y de servir como espacio de reclamo y protección.

Este desmantelamiento institucional no solo es simbólico: borra rutas de denuncia, vacía cauces de reparación, deja cuerpos vulnerables sin intermediación legal o social. Es la manifestación concreta de un Estado que ya no protege, sino que castiga; que ya no cuida, sino que expone.

Simultáneamente, los recortes alcanzan la salud, la ciencia, la educación, la cultura. Más del 75 % de la población rechaza estos recortes, especialmente cuando afectan salud, educación y ciencia. El ajuste es brutal, sostenido y apunta a desarticular las bases materiales y simbólicas de la vida colectiva.

Crisis de salud mental: suicidios, sufrimiento social y ausencia estatal

Las consecuencias no se hacen esperar. Entre abril de 2023 y abril de 2025, en Argentina se notificaron 15.807 intentos de suicidio, según datos oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS). Esto representa un promedio de 22 episodios por día.

El suicidio no es una cuestión individual: expresa una crisis colectiva, un colapso del tejido social, una implosión de futuros.

En 2024, fueron 4.249 las personas que se quitaron la vida —el mayor registro histórico del país—, lo que convirtió al suicidio en la principal causa de muerte violenta en Argentina.

Especialmente impactante resulta que este fenómeno golpee con fuerza a jóvenes y adolescentes. Según un estudio de 2025, el suicidio fue la principal causa de muerte entre mujeres de 10 a 19 años. En jóvenes de 20 a 29 años, 2023 fue el año con el registro más alto desde 2017.

Estos datos no pueden interpretarse como tragedias individuales. No. Son señales de una destrucción planificada del bienestar colectivo: desescalada del cuidado estatal, desfinanciamiento, estigmatización, soledad social, desempleo, precariedad. Un colapso psíquico como síntoma de la barbarie organizada.

El exterminio silencioso de las ciencias humanas

Para que el sufrimiento colectivo no sea comprendido, debe ser invisibilizado. Para eso sirve, entre otras cosas, la destrucción de las ciencias humanas: filosofía, psicología, sociología, antropología, historia, comunicación, ciencias políticas.

Estas disciplinas —las que permiten pensar la subjetividad, la memoria, la comunidad— hoy son vistas como prescindibles. Su recorte no es “más austeridad”: es intento de borrar los marcos críticos que cuestionan la lógica del mercado, la desigualdad estructural, la violencia institucionalizada.

El cierre del INADI, el recorte en ciencia y tecnología, la eliminación de políticas públicas de acompañamiento social constituyen piezas de una lógica cuyo objetivo es deshumanizar: transformar a las personas en cifras, la vida en gasto.

Cuando se destruyen las herramientas para nombrar el sufrimiento, para conceptualizar la injusticia, se allana el camino para naturalizar la violencia como normalidad.

Trauma colectivo, desamparo institucional y corrupción del relato

Lo traumático deja huellas invisibles: miedo, angustia, desesperanza, autodestrucción. El modelo que hoy domina se alimenta de eso: de la precariedad, del desamparo, del aislamiento.

En un contexto de crisis sistémica —económica, social, sanitaria—, la salud mental no puede abordarse como problema individual. Es un problema estructural, una herida colectiva.

El reclamo individual —una terapia, un psicofármaco, un intento de suicidio atendido— es insuficiente si no va acompañado por transformaciones sociales: restitución de derechos, reconstrucción de redes comunitarias, políticas de protección, justicia social.

Para quienes creemos en la dignidad de la vida humana, la tarea no puede ser otra que la organización colectiva. Conciencia, movilización, solidaridad. No alcanza con curar cuerpos: debemos reconstruir futuros.

Conclusión: la vida contra las políticas del mal

El proyecto actual no es un ajuste disfrazado ni una crisis pasajera. Es un proyecto de reorganización del poder sobre la base del odio, la crueldad, el abandono. Es un experimento social donde la vida humana se convierte en variable de ajuste.

Si aceptamos esa imposición, aceptamos la muerte colectiva. Pero aún hay posibilidad de rebelión: reconstruir las condiciones de vida, rescatar la dignidad del sufrimiento, rehumani­zar los cuerpos. Ese es el desafío.

Gobernar no debe ser calcular ganancias, sino preservar vidas. Reivindicar el bienestar como posibilidad política.

Referencias bibliográficas

Bloch, M. (2001). Apología para la historia o el oficio de historiador. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 1949).

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