Leonardo Gorbacz y Adelqui Del Do

Un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud^[2] brinda nuevas orientaciones destinadas a acabar con las violaciones de los derechos humanos en los servicios de atención de la salud mental. Entre sus recomendaciones, señala que los servicios de salud mental deben prestarse en la comunidad, brindar apoyo para la vida cotidiana y facilitar el acceso al alojamiento y al trabajo.

Pero el punto central del documento pone de relieve la necesidad de afrontar la discriminación que padecen los usuarios y las usuarias de salud mental y promover los derechos humanos. Ello incluye suprimir el uso de prácticas coercitivas, tales como el ingreso y el tratamiento forzosos, punto en que llega aún más lejos que nuestra Ley Nacional de Salud Mental, que no suprime las internaciones involuntarias, sino que las regula y controla, dado que establece que solo pueden implementarse en caso de evaluar que la persona se encuentra en una situación de riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros.

Nuestra Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones N.° 26.657 tiene como objetivo central asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el respeto de los derechos humanos de aquellas con padecimientos mentales. Reconoce el principio de capacidad jurídica y el carácter multicausal de las problemáticas, y brinda pautas para una política pública con perspectiva de derechos humanos, que apuntan a mejorar las condiciones de vida de miles de usuarios y usuarias del sistema de salud mental e impulsan una inclusión social plena. La ley alcanza a las instituciones públicas y privadas de salud mental e incluye las adicciones como parte del campo.

Claramente, nuestro país avanzó al sancionar esta ley, en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos. Lejos de ser un texto inaplicable escrito sin participación de expertos, como se suele afirmar, es una construcción trabajosa y colectiva que se basó en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informes documentados de organismos de DD. HH. e instrumentos de organismos internacionales, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de Caracas de la OPS, los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales, entre otros, y luego fue consolidada fuertemente con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (2015).

La palabra desmanicomialización es difícil de pronunciar, pero aún más difícil de llevar a la práctica, porque implica desandar prejuicios, prácticas instituidas y resistencias corporativas. Difícil, pero necesario. No solo nos obliga la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención con jerarquía constitucional que promueve la vida independiente de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, sino también la evidencia de decenas de miles de personas que en lugar de recuperarse se han cronificado en instituciones de encierro.

No se trata solamente de pensar la atención en salud mental y su reglamentación en torno a las internaciones: también, la ley brega por otras tantas personas a las que este sistema no les ha dado respuestas, porque concentra la mayor parte de los recursos en pocas instituciones alejadas de los lugares donde vive la gente y desintegradas de la red de salud y de los servicios sociales en el territorio.

El respaldo explícito del gobernador Axel Kicillof a un proceso que se viene llevando adelante en la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2019, que en poco más de un año ha logrado devolver a la comunidad y en condiciones de vida digna y cuidada a cientos de ciudadanos y ciudadanas que se encontraban abandonados y encerrados en instituciones de salud mental, constituye un hecho significativo y refleja en palabras lo que ya los hechos venían demostrando en políticas concretas y enfocadas en los derechos humanos de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Las palabras del gobernador están respaldadas por una sólida política de salud mental, encuadrada en el Programa Buenos Aires Libre de Manicomios, que tiene como objetivo el cumplimiento de una ley nacional vigente, votada por unanimidad de todos los bloques políticos hace más de 10 años, y alineada con compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por nuestro país. En este contexto, en octubre de 2020, los directores y directoras de los cuatro hospitales públicos monovalentes de la provincia de Buenos Aires presentaron sus proyectos para cumplir con la ley. Dichos proyectos han sido aprobados y ya se están realizando importantes avances para su implementación.

La profunda transformación institucional para la sustitución definitiva que demanda el artículo 27 de la Ley 26.657 es un proceso que requiere tiempo y decisión política, porque se trata de abrir nuevos dispositivos que no respondan a la lógica del aislamiento sino a la de los cuidados y puedan articularse en el territorio con otras políticas públicas, que exceden incluso al sistema sanitario.

La provincia de Buenos Aires, lejos de poner la pandemia como obstáculo a la transformación, la ha puesto como una palanca para posibilitar la creación de nuevos servicios, como los programas de acompañamiento a personas en aislamiento por covid-19, el programa de apoyo a los equipos de salud que están en la primera línea de respuesta, los servicios de atención y orientación telefónica, la organización de residencias con apoyos para la externación de personas con muchos años de permanencia en hospitales psiquiátricos por problemas sociales y el fortalecimiento y la creación de servicios de salud mental en hospitales generales, que fue lo anunciado, entre otras medidas, por el gobernador Kicillof en el acto donde habló de desmanicomializar.

Los antecedentes y las recomendaciones internacionales demuestran la importancia de implementar estas políticas públicas como respuesta a la vulneración de derechos que padecen los usuarios y usuarias de los servicios de salud mental.

Recorrer ese camino nos permitirá proteger derechos fundamentales y terminar con una de las deudas de nuestra democracia.

Un Estado de bienestar e inclusivo no puede sostener instituciones manicomiales.

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