Lo que distingue a un Estado despótico de uno legítimo no es, por lo tanto, la presencia y ausencia de miedo, sino la incertidumbre o la certidumbre de su objeto y de sus límites.

  

Roberto Esposito (2011)

Violencia institucional

Una de las deudas persistentes de la democracia argentina es el abordaje integral de la violencia institucional. Tradicionalmente, se entiende por violencia institucional toda forma de violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida por agentes y funcionarios del Estado en el cumplimiento de sus funciones. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la ubica en un espectro que va desde las detenciones arbitrarias —como la “averiguación de antecedentes”— hasta las formas extremas: el “gatillo fácil”, la tortura física y psicológica y las muertes bajo custodia estatal.

Si bien puede afectar a personas de distintos sectores sociales, la evidencia disponible muestra que ciertos contextos aumentan su probabilidad: protestas sociales, ámbitos de encierro penal o psiquiátrico y territorios atravesados por políticas de “seguridad” que operan como dispositivos de restricción y selectividad de derechos. En Argentina, los espacios estatales de monitoreo, prevención y acompañamiento de estas situaciones han sido históricamente escasos y, en los últimos años, fuertemente debilitados.

Los cambios implementados a partir de 2015 —particularmente en el Ministerio de Seguridad de la Nación— no solo resignificaron la noción misma de violencia institucional, sino que habilitaron una retórica punitivista dirigida principalmente a los sectores más pobres. La reconfiguración del accionar de las fuerzas frente a la protesta social, junto con las nuevas normativas habilitantes del uso letal de la fuerza, produjo un impacto regresivo en materia de derechos humanos. Aunque no existen datos oficiales sistemáticos, los organismos especializados coinciden en que crecieron los episodios de violencia institucional y la población carcelaria, en gran parte como resultado de políticas asociadas a la llamada “lucha contra el narcotráfico”.

Todo esto repercutió en el sistema público de salud, especialmente en las guardias, donde aumentó la cantidad de personas detenidas que deben ser asistidas por equipos médicos. Ese primer contacto profesional con la víctima ocurre, en la enorme mayoría de los casos, sin protocolos de actuación específicos y en condiciones de notable vulnerabilidad.

Investigación

Una investigación del Equipo de Salud Mental del CELS en diez hospitales públicos ofrece datos elocuentes:

• El 50 % de los profesionales entrevistados declaró haber detectado situaciones de violencia institucional al atender pacientes.
• Sin embargo, el 66 % no identificó a esas personas como víctimas.
• El abordaje se limitó casi exclusivamente a la dimensión sanitaria inmediata, sin activar dispositivos de denuncia ni derivación adecuados.
• Ningún profesional reportó haber radicado denuncias judiciales o presentado intervenciones en fiscalías o juzgados.

El informe añade que la mayoría de los profesionales no indaga más allá de lo que el paciente relata espontáneamente, y que los registros clínicos se reducen a descripciones “objetivas” y literales de las lesiones, sin mencionar su posible origen institucional.

Víctor Manuel Rodríguez González documentó incluso prácticas de “castigo” durante la atención de personas acusadas de delitos: esperas prolongadas, administración reducida de analgésicos o realización descuidada de procedimientos.

Ante esta evidencia, el CELS señala que la violencia institucional genera efectos traumáticos y riesgos específicos que requieren respuestas diferenciadas por parte del sistema de salud: protección física y psíquica de la víctima, orientación para el acceso a la justicia y articulación con otros dispositivos asistenciales.

La moralización de la asistencia profesional

Los hallazgos permiten identificar un problema estructural: además de la falta de protocolos y de formación específica, emerge lo que podemos llamar una moralización de la asistencia profesional.

¿Qué entendemos por “moralización de la asistencia”?

Se trata de un conjunto de actitudes, valoraciones y prejuicios que operan, de manera más o menos consciente, en los equipos de salud y que condicionan el modo en que se atiende a determinadas personas. No es solo un problema ético individual: es un fenómeno producido por la intersección entre desigualdad social, discursos punitivistas y marcas culturales históricas.

La moralización supone que el profesional interpreta el motivo de consulta y la subjetividad del paciente desde un lente que clasifica, distingue y jerarquiza. Se atiende “al cuerpo” pero no al sujeto; se registra la herida pero se omite el contexto; se neutraliza el padecimiento si la persona está esposada o “viene con custodia”.

Esta lógica produce tres efectos:

1. Desresponsabilización profesional: el paciente “se lo buscó”.
2. Desubjetivación: no se reconoce a la persona como víctima potencial.
3. Revictimización: el dispositivo de salud reproduce la violencia estatal que debería reparar.

La mayoría de las víctimas de violencia institucional pertenece a sectores vulnerabilizados, particularmente jóvenes de barrios populares. Sobre ellos recaen estigmas reforzados por una criminología mediática que, como explica Zaffaroni (2011), construye chivos expiatorios globales: turcos en Alemania, afroamericanos y latinos en Estados Unidos, musulmanes en Francia, jóvenes pobres y morochos en el Cono Sur.

Esa matriz produce un sentido común donde “juventud + pobreza + policía” forma una ecuación naturalizada. Se alimentan discursos que asocian juventud, drogas y delincuencia, y el resultado es previsible: mayor persecución, mayor exposición a detenciones arbitrarias y mayor probabilidad de sufrir violencia estatal.

Neutralidad y distancia social en la práctica profesional

Para pensar cómo desmontar esta moralización, es útil recuperar un concepto freudiano clave: la neutralidad. Mucho se escribió sobre ella, pero su aplicación concreta suele generar tensiones, especialmente en contextos donde intervienen fuerzas de seguridad.

Freud (1912) planteó que la neutralidad implica no remodelar al paciente según ideales personales o morales de la época. Es, en esencia, un ejercicio de colocarse por fuera del narcisismo moral del profesional. En el campo de la salud —y más aún en el de la salud mental— esto significa intervenir sin proyectar estigmas de clase, sesgos de género o valoraciones morales.

El obstáculo principal para esa posición es la distancia cultural que muchos profesionales ejercen respecto de las personas que llegan escoltadas por policías. Esa distancia activa prejuicios: antes de revisar signos vitales ya se ha asignado un lugar (“delincuente”). Esa operación simbólica condiciona toda la intervención posterior.

A esto se suma el impacto emocional del trauma. Una persona que llega al sistema de salud luego de sufrir maltratos, torturas o la muerte reciente de un familiar puede manifestar reacciones inmediatas: miedo intenso, desorganización psíquica, disociación. Sin una formación adecuada, esos signos pueden ser malinterpretados como hostilidad, simulación o resistencia.

Reparación y responsabilidad profesional

Como señala Daniel Rafecas (2015), en muchos casos la tortura contemporánea es psicológica: no deja marcas visibles, pero produce un daño profundo. Por eso, la ausencia de lesiones físicas no excluye la posibilidad de un delito grave.

Una premisa ética central es no poner en duda el testimonio de quien podría haber sido víctima de violencia estatal ni el de sus familiares. El sistema de salud no está para juzgar, sino para asistir, reparar y garantizar derechos.

Rodríguez Alzueta (2014) recuerda que “no hay olfato policial sin olfato social”. El riesgo es que ese olfato impregne las prácticas sanitarias y se naturalice una mirada punitiva en la atención. Ser víctima no es una identidad fija; es una circunstancia. Una misma persona puede ser victimaria en un hecho y víctima en otro. La tarea del sistema de salud es no perder esa complejidad.

La intervención profesional debe promover un proceso de reparación: escucha respetuosa, registro adecuado, orientación jurídica cuando corresponda y una posición clínica que no reproduzca la violencia que se intenta reparar.

Como advierte Marcelo Viñar, no existe un “tratamiento especial” para la tortura, pero sí una ética indispensable: sensibilidad, disposición para escuchar el horror y responsabilidad clínica y jurídica por las intervenciones realizadas. Los equipos de salud no pueden —ni deben— ser funcionales a la violencia estatal ni a los discursos que la legitiman. Contamos con herramientas éticas, clínicas y deontológicas para impedirlo.

Referencias bibliográficas

CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2016). Violencia institucional en Argentina: aportes para su abordaje desde el sistema de salud. CELS.

CELS (2019). La violencia estatal como problema de derechos humanos. CELS.

CELS (2022). Personas privadas de libertad y salud mental. CELS.

Esposito, R. (2011). Bíos. Biopolítica y filosofía. Amorrortu.

Freud, S. (1912). Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. En Obras completas (vol. XII). Amorrortu.

Rafecas, D. (2015). La tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos. Didot.

Rodríguez Alzueta, E. (2014). Temor y control: la gestión de la inseguridad como forma de gobierno. Futuro Anterior.

Rodríguez González, V. M. (2018). Salud, encierro y violencia institucional. Ediciones del Puerto.

Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (2015). Violencia institucional: definiciones y líneas de acción. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Viñar, M. (2013). Trauma y memoria: clínica de lo extremo. Trilce.

Zaffaroni, E. R. (2011). La cuestión criminal. Planeta.