Guillermina Oviedo[1] y Sebastián Barros[2]
En este capítulo analizaremos la emergencia de una serie de discursos referidos a la explotación de recursos naturales desde la noción de externalidad en los estudios identitarios. Apuntamos a repasar la idea de “zonas de sacrificio” y el sentido trágico de algunos eventos en Chubut y Santa Cruz. Específicamente nos detendremos en los discursos en torno al progreso asociados al trabajo y a la explotación de recursos naturales y en la emergencia de identificaciones que niegan la idea de plenitud que esas actividades económicas conllevan. En general, las externalidades discursivas de los discursos alrededor del progreso vinculados a alguna actividad económica específica acosan, cual espectro trágico hamletiano, la promesa de plenitud de la vida comunitaria. Así, las resistencias a las zonas de sacrificio mineras en el Chubut contemporáneo se equivalencian con el sentido trágico de las huelgas rurales de los años veinte y la violencia de la quema de pesqueras en Puerto Deseado en el año 2007.
Todo proceso de identificación se produce al interior de una configuración comunitaria estructurada alrededor de tres registros. En un primer registro, y sin asumir que la idea de enumerarlos les otorgue algún tipo de jerarquía o prevalencia sobre los demás, la identificación emerge en una comunidad política que la limita en sus posibilidades y, al mismo tiempo, habilita sus potencialidades. Es decir, toda identificación se produce en un contexto discursivo que distribuye los lugares sociales que las identificaciones pueden legítimamente ocupar. Por ejemplo, la región patagónica ha sido mayormente representada en los discursos públicos como un espacio inmaduro social y económicamente en cuyo interior operaron a su vez distinciones regionales que asignaban lugares y funciones a las regiones. Así, la denominada Cuenca del Golfo San Jorge, que incluye a la zona norte de Santa Cruz y sur de Chubut caracterizada por la explotación petrolera, es representada como una región de trabajo físico que no deja tiempo para otras actividades. En un segundo registro, esa estructuración comunitaria tiene como instancia rectora un principio de acción que guía las conductas de quienes la habitan. Si seguimos con el ejemplo de esta cuenca ese principio de acción se caracteriza por presentar una subjetividad que debe guiarse por el esfuerzo orientado al aprovechamiento de los momentos en que el alza del precio de las commodities acelera la creación de riquezas. El tercer registro en que la forma de la comunidad cobija a los procesos de identificación es en la definición de un modo de ser del sujeto. En este caso, opera una idea de sujeto portador de una personalidad moral tal que le habilite la capacidad de gobernarse a sí mismo y poder así reconocer esas oportunidades en las que, a través de seguir ese principio de acción y de ocupar el lugar que le corresponde en esa distribución de lugares, logrará maximizar la explotación de los recursos en los momentos precisos en que sea más beneficioso hacerlo.
Como bien plantea Rancière (2011), cuando estos tres registros, forma comunitaria, principio de acción y modo de ser, se abordan de una manera acrítica (o como algo dado) la comunidad es entendida como una unidad gobernada por el consenso y la paz social. El problema es que esta coincidencia es puesta en suspenso por la presencia de una exterioridad que, al mismo tiempo que habilita a la comunidad a percibirse como una unidad plenamente consensual, niega con la mera posibilidad de su presencia la promesa de plenitud consensual que la caracterizaría (Laclau, 1990).
La noción de exterioridad en los estudios identitarios apunta a precisar conceptualmente aquello que resiste su integración a la plenitud consensual del discurso dominante. Por ejemplo, esta exterioridad quedaba claramente señalada en la discusión sobre la ubicación de la capital de la provincia de Chubut durante el debate de la asamblea constituyente en 1957, en la que se descartó la pretensión de imponer a Comodoro Rivadavia como capital provincial en lugar de Rawson, la sede histórica del gobierno del Territorio Nacional. La región petrolera en el sur era presentada como un espacio de población aluvional que no se arraigaba a la tierra porque sólo aspiraba a la extracción de riqueza para luego volver a su lugar de origen. Una población que no podía entonces aspirar al gobierno de la comunidad en tanto no se le asignaba la capacidad moral de autogobierno. De este modo, la distribución de lugares sociales que permitía gobernar la comunidad política era acosada por esta población aluvional.[3] En otros casos, la resistencia de esa externalidad se percibe en los momentos en que emergen fuerzas sociales que se desplazan de sus lugares legítimos y se enfrentan al principio comunitario que las excluye. Este ha sido el caso en el que se han producido destrozos a instalaciones fabriles como la toma del yacimiento petrolero Cerro Dragón en Chubut (2012) o la quema de pesqueras en Puerto Deseado (2007), Santa Cruz.[4]
Indagar en los procesos de repetición, sedimentación y desplazamiento que operan en las identificaciones colectivas requiere de un insistente esfuerzo por dirigir la mirada a aquello que irrumpe, incluso de manera muy sutil, en la definición de una comunidad en un momento determinado. Hacerlo de una manera no sustancializante ni prescriptiva implica prestar atención tanto a los discursos que se constituyen como hegemónicos, como a aquellos que tensionan —con distintas intensidades— su estabilidad.
Para reflexionar en torno a la externalidad en los procesos identitarios consideraremos brevemente tres casos que nos parecen pertinentes para abordar las inquietudes que motivan nuestros interrogantes sobre “la externalidad”. El primer caso se vincula a las huelgas de 1921 en Santa Cruz, el segundo a un reclamo de lxs trabajdorxs de la pesca en Puerto Deseado (Santa Cruz) en el año 2007 y el tercer caso está asociado al debate en torno a la zonificación de la meseta central en Chubut en la actualidad.
En esta tarea recuperamos el abordaje del imaginario de la violencia a partir de tres puntos. Primero, a partir de las descripciones de la violencia como fruto de las pasiones de un sujeto irracional; segundo, precisando la forma en que esa descripción rompe con el imaginario de la “paz social” de las lógicas consensuales de la política. Por último, dirigiremos nuestra mirada a las respuestas a la irrupción y la partición de la vida comunitaria que generan.
Emergencia de demandas, pasiones e irracionalidad
La emergencia de ciertas demandas que dislocan los discursos dominantes sobre el desarrollo lineal de la historia vinculados a la idea de progreso siempre es inicialmente presentada como un acontecimiento que violenta el sentido de la historia. La historia es asumida como el desenvolvimiento de una lógica racional cuyo desarrollo en cada experiencia particular (nacional, regional o local) es contrastable con baremos de desarrollo que generalmente le son ajenos. Es decir, el desarrollo histórico de las naciones del cuadrante norte del Atlántico es tomado como medida para evaluar aquello de lo que adolecen las experiencias extrañas a esos espacios y, al mismo tiempo, sirve como un mojón que debería guiar el devenir de esas sociedades. El desarrollo de los centros nacionales es, a su vez, tomado como baremo para evaluar e instalar objetivos a las periferias del interior y así sucesivamente, como puede verse en el tratamiento que se le ha dado a los territorios nacionales en la historiografía argentina (Raffaele 2017, Barros 2007b y 2014). Más allá entonces de la violencia física o simbólica que puedan tener las demandas emergentes, su relevancia como caso de estudio es que ellas son presentadas como demandas que violentan la historia.
Por ejemplo, en una editorial del diario La Unión de Río Gallegos de enero de 1921, cuando todavía no se había desatado la represión pero ya comenzaban las primeras huelgas, se describe la situación partiendo de lo que “suele” ser la normalidad del territorio. En esta editorial, la plenitud se expresa en la entrega al trabajo, una época del año en la que la “labor” necesita de los “brazos y energías” de los hombres para “la esquila”, el “acarreo”, “la faena” y “el acopio”.
por todas partes, el hombre que trabaja como la hormiga en el acopio para el invierno; los centros de población repletos de gente, anhelante de la diversión de los cafés, teatros y biógrafos, poniendo un paréntesis necesario a la ruda tarea.
Esta dinámica que solía organizar el “cuadro” de la vida social se presenta como dislocado por las huelgas porque el “obrero (…) creyó que de un zarpazo cambiaría el mundo”, a través de “una acción inconsciente” orientada por un “poder misterioso y nefasto” que irrumpe en “las costumbres y la esencia misma de las cosas” y amenaza con llegar al “hecho brutal”. Dicha amenaza es descrita con imágenes terroríficas que vislumbran “perspectivas de hambre y nieve, sin pan y sin abrigo”. Las huelgas dejarían como saldo un territorio “roto” por el “zarpazo” del obrero que interrumpe la plenitud del proceso productivo con sus demandas.
La irrupción de nuevas demandas aparece así relacionada con la irrupción de las pasiones, de lo no racional. Esto también lleva a vincularlo con lo instintivo, con lo natural. Veamos cómo la crónica de El Patagónico, el 22 de julio de 2007, se refiere a lo que expresaba un trabajador portuario en Puerto Deseado:
acá sabemos cómo es la vida de los marineros, llevamos ya varios días de corte y muchos estaban totalmente en pedo y empezaron a hacer cualquiera. Los quisimos parar, pero cómo hacés cuando es tanta la locura” –subrayó otro trabajador portuario desde el mismo piquete de ayer.[5]
Es decir, la emergencia inesperada de una demanda es, antes que nada, una expresión de lo irracional, de lo instintivo. Una expresión de lo natural que iría en contra de la artificialidad de un mundo civilizado construido a partir de la razón. Ebriedad, “hacer cualquiera”,“locura”, son todos significantes que hacen referencia a un mismo significado: la demanda irracional. Pidiendo más de lo que se puede pagar, el trabajador demuestra no entender la lógica del mercado y repentinamente rompe con el progresivo desenvolvimiento de las leyes de la historia que asegurarían gradualmente el derrame de riqueza para la mayoría.
La irracionalidad que supone violentar el desenvolvimiento normalizado altera, primordialmente, el tempo de la historia. Los tiempos de las huelgas de 1921 que se alteraban eran los tiempos de la zafra de la lana, trastocando las costumbres de relaciones laborales que históricamente habían sido relaciones casi de servidumbre. Esto complicaba la esencia de las cosas. Las demandas del trabajo, de quienes no tienen por qué demandar porque son irracionales e inconscientes, impedían el ritmo de la repetición saludable de los ciclos que aseguran la producción de riqueza. En el año 2007 los argumentos no cambiaron demasiado. El gerente de una de las empresas pesqueras afectadas, en la misma edición del diario, explicaba que los daños causados por los trabajadores representaban: “un perjuicio enorme, no tienen conciencia de lo que hicieron, se han perdido aquí 25 años de investigación en la fabricación de kanikama”. La tragedia del tiempo dislocado por la irracionalidad sumado al perjuicio que genera a la relación laboral, —iba a quedar mucha gente sin trabajo a causa de la violencia—, es decir que la percepción de la violencia en el reclamo es la misma en ambos casos.
Pero la presentación de la irracionalidad que supone violentar el desenvolvimiento de la historia altera también, además de su tempo, los lugares sociales que las demandas emergentes deberían ocupar. Como toda demanda surge a partir del señalamiento de una falta o de un daño, la desidentificación con el lugar dañado que implica una nueva demanda es presentada como una alteración de lugar que ella debería ocupar en el desenvolvimiento histórico. Los desplazamientos identificatorios de esas nuevas demandas son asociados a un comportamiento violento guiado por la irracionalidad de las pasiones.
En 1921, Alejandro Sicardi, presidente de la Asociación Pro Patria de Puerto Santa Cruz, le escribe una carta al presidente Yrigoyen diciéndole lo siguiente: “La gente de trabajo de campo está ensoberbecida por la impasibilidad de la escasa policía para poder actuar, dada las enormes extensiones quedando muchos hechos delictuosos sin la aplicación de la ley”.
El significado de la idea de entrar en un estado de soberbia es claro, hay un sujeto que se está corriendo del lugar que le corresponde ocupar en la jerarquía del lugar trabajo. Ese lugar queda muy claro en el tratamiento diferenciado que recibe la presencia estatal.
Volvamos a El Patagónico del 22 de julio de 2007:
con posterioridad a los hechos de violencia, las evaluaciones de los daños se llevaron adelante en una inspección conjunta entre gobierno y empresarios, a los que luego se sumaron peritos judiciales y delegados de subsecretarías. Los trabajadores se reunieron con gendarmería, policía y prefectura, más la presencia del cura párroco de Deseado.
La presencia estatal aparece acompañada por un tipo de racionalidad distinta. A la demanda emergente se le impone estructuralmente el aparato represivo del Estado y la creencia religiosa. En cambio, enfrente suyo se sitúa el gobierno, las empresas y el poder judicial, la racionalidad de la administración burocrática y de la ley. De un lado, la irracionalidad de la religión y de la violencia que debe ser reprimida a causa de la revuelta, del otro, la racionalidad legal-estatal.
Para el caso de Chubut en torno a la zonificación minera, la irracionalidad de las pasiones se expresa en el modo en que se define a la demanda emergente. Veamos qué tratamiento da La Nación a estas demandas expresadas el año pasado en la ciudad capital de la provincia de Chubut ante el avance de la reglamentación para el desarrollo de la megaminería a cielo abierto. En este sentido, el diario publicó:
Los incidentes, sin embargo, no provocaron ningún cruce con la policía, porque los efectivos que custodian la Casa de Gobierno aguardaron dentro del recinto,lo que provocó que tras 15 minutos de furia el grupo abandonara el lugar (La Nación 10/11/20).
El Gobernador de la provincia, Mariano Arcioni se refirió a esos incidentes como efectos de que “las transformaciones profundas conllevan temores e incertidumbres” (La Nación, 10/11/20). El diario aclara además que “[e]l proyecto oficial, que será enviado en los próximos días a la Legislatura provincial, ya encendió luces de alerta en torno a la reacción de grupos antimineros, con una potencial escalada de marchas y violencias” (La Nación, 23/11/20).
Los “grupos antimineros” son presentados como los promotores de una furiosa “escalada de marchas y violencias” cuyo origen se desprendería de los “temores e incertidumbres” de una ciudadanía desinformada sobre el verdadero carácter de la minería como forma de crear riqueza. Es decir, una respuesta irracional al temor y el desconocimiento que es aplacada en un instante cuando no encuentra una reacción que se le oponga.
La lógica racional, entonces, es la que promueve el estado para aplacar las pasiones que disparan una violencia irracional que no atiende a las generosidades de una normalidad comunitaria encaminada en el progreso que proyecta el Estado en las zonas de sacrificio.
La irrupción violenta desvanece la “paz social”
La segunda cuestión a analizar en relación al tratamiento de la emergencia de nuevas demandas es la idea de que su irrupción rompe con el imaginario que promete plenitud y bienestar a quienes lo habitan. El discurso dominante plantea que nuestra región es una región agraciada por los recursos naturales y lleva en sí mismo una promesa de plenitud, de una comunidad organizada, sin conflictos, en la que hay riqueza para todas. Por lo tanto, la emergencia de este tipo de demandas demuestra que esa sociedad plena no es tal, sino que los procesos de exclusión, concentración de la riqueza y mal uso de los recursos naturales son elementos centrales de la sociedad en que vivimos. Esa ruptura, en términos de una dislocación del imaginario de plenitud se ve representada en el discurso público de una forma bastante tremendista.
Volvamos a 1921 en Río Gallegos a una cita de la misma nota anterior. Dice el cronista,
nos encontramos bajo el imperio del terror, de un terror que si no ha llegado a las vías del hecho brutal obra sobre los espíritus con un poder misterioso y raro, semejante sólo al temor que inspira la aparición repentina e inesperada de la víbora que se arrastra amenazante, paralizando la sangre y poniendo en tensión los nervios porque un peligro inminente y terrible nos amenaza.[6]
Veamos ahora la descripción que hace el cronista del diario Crónica (21/7/2007) de Comodoro Rivadavia ochenta años después:
la cara de desolación de las personas que miraban impávidas cómo las llamas consumían los depósitos que hace poco inauguró la empresa Arbumasa, es una de las postales más trágicas nunca vistas en esta ciudad, que vive casi exclusivamente de la pesca. Varias personas, al ver los vehículos dados vuelta, se agarraban la cabeza, otros se abrazaban llorando, no sé qué esperan las autoridades para intervenir, este pueblo vive de la pesca, si nadie hace nada van a seguir destrozando nuestras fuentes de trabajo –señalaba un empleado de Santa Elena, empresa cuyas oficinas fueron devastadas por el fuego.
Es decir, la normalidad de la vida se veía acosada por la irrupción de aquello que pone en duda el funcionamiento aceitado de la promesa de plenitud y opaca la posibilidad productiva que permitiría a cada quien (empresa y trabajo) tener lo que le corresponde. La lógica sigue siendo la misma ochenta años después, cuando los sectores del trabajo o los sectores populares reclaman, cuando muestran los problemas de origen que tienen las sociedades, cuando muestran lo perverso y lo imperfecto de la sociedad en que viven son presentados como irracionales. Y esa pretendida irracionalidad es presentada como la culpable de terminar con la plenitud comunitaria que permite a cada quien recibir lo que le corresponde.
Para el caso de Chubut, notamos que la irrupción se define en términos antidemocráticos asociada a lo “antiminero” y a “grupos de izquierda”. El diario La Nación destacó:
La manifestación pacífica es una forma de expresarse. La violencia, intimidación, escraches y agresiones no son el camino. Repudio esta forma de expresión antidemocrática manifestó el gobernador tras la protesta antiminera del viernes en Trelew, que también se cerró con incidentes (La Nación, 10/11/20).
En la prensa regional el Diario Jornada señala a los “grupos de izquierda”
Por supuesto, los sectores de la izquierda que son los más activos en contra de la minería, acompañados intelectualmente desde sus casas y a través de las redes sociales por sectores de la clase media, plantean su oposición. Muchas veces, de una manera bastante intolerante: el viernes quemaron gomas y prendieron fuego una puerta de la Municipalidad de Trelew; amenazaron a un fotógrafo frente a ese mismo municipio; y en Esquel escracharon al diputado nacional Santiago Igon y su familia, a pesar de que el legislador ya se había manifestado en contra de la minería en Chubut (Diario Jornada, 8/11/20).
La cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (Capem) del Chubut también realizó su descargo sobre los incidentes:
Una vez más, tenemos que asistir al vandalismo y al destrozo de recursos públicos, y ser testigo de cómo, con total liviandad y desparpajo, se atenta contra el patrimonio que es de todos los chubutenses. No es la primera vez que ocurre en los últimos días, y esto debería ser un llamado de atención para toda la sociedad, y para quienes ocupan los espacios de la dirigencia política en particular. No se puede tolerar que, en el nombre de una causa, sea la que fuera, se avance en destruir propiedad del conjunto social y se lleven a cabo acciones de violencia contra las personas’ aseguraron (La Nación, 10/11/20).
La irrupción del desacuerdo con la “paz social” se tilda de “antidemocrático, “antiminero”, “grupos de izquierda” en la que el vandalismo, las amenazas, la reflexión intelectual y la ocupación del espacio público parecieran ser las únicas acciones que esta “irracionalidad” puede desarrollar.
Por último, la tercera cuestión a tratar es que esta ruptura con el imaginario de plenitud divide a la comunidad en dos polos enfrentados. En las huelgas del 20, la partición de la comunidad se veía en los boicots que hacía la federación obrera a los notables del pueblo, descritos en la clásica obra de Osvaldo Bayer. En las negociaciones por los hechos de Deseado no existieron estos románticos boicots, no estamos en una época donde ese tipo de actitudes caballerescas sean festejadas; sin embargo, trabajadores y empresarios tampoco se sentaron en la misma mesa. Los empresarios explicaban que “no vamos a negociar con los marineros de Santa Cruz, han producido un daño enorme a nuestras empresas, no vamos a sentarnos a hablar con aquellos que cometieron actos de vandalismo”.
Nuevamente aparece la idea de violencia ligada a la irracionalidad, otra vez el gerente de la empresa diciendo que lo trabajadores “no tienen conciencia de lo que hicieron” o el gobernador argumentando la presencia de infiltrados porque le parecía raro que un trabajador rompa una herramienta de trabajo. Así, la comunidad se parte en dos con la irrupción violenta de los sectores populares: ellos y nosotros. En las instancias en que una sociedad se divide en dos, se puede encontrar ciertas relaciones de solidaridad al interior de esos dos polos. Si un polo es el trabajo y otro la empresa, se puede encontrar distintas solidaridades. Esa lógica de partir la comunidad en dos provee herramientas para hacer política de una manera muy diferente. Sin embargo, la respuesta por parte del discurso estatal y empresario es siempre la misma, lo que intentan es fragmentar ese polo de solidaridades dentro del polo trabajador que podría funcionar de manera contra-hegemónica frente al dominio del capital. Rápidamente comienzan las referencias, y esto aparece muy claro en las crónicas, a que los demás gremios que no participaron de las revueltas se van a quedar sin trabajo. El mismo gerente el 25 de julio, concurre con trabajadores de la alimentación a la planta pesquera. El diario explica que “luego de reunirlos y mostrarles los destrozos les comentó que quedarían sin goce de sueldo hasta que la fábrica se pusiera nuevamente en funcionamiento”. Otra vez la descripción del diario Crónica:
por su parte una empleada de la misma empresa, con lágrimas en los ojos, contó que hace 15 años que se desempeña en la fábrica dijo “ahora vamos a ver si los marineros me van a dar trabajo”, dijo con una voz a punto de quebrarse (…) un sentimiento de tristeza y de desolación se evidenciaba a flor de piel. Familias enteras que observaban con rostro ceñudo la marea de vidrios quebrados, las computadoras y sillas esparcidas por las calles, se preguntaban qué va a pasar con nosotros, de qué vamos a vivir ahora.
Es decir, el discurso dominante tiende automáticamente a dispersar ese polo antagónico que crea la solidaridad laboral. Entonces, el imaginario de violencia termina con el imaginario de una sociedad plena sin conflictos, parte a la comunidad en dos polos: “los de abajo”, el trabajo y los sectores populares, y “los poderosos”, el Estado y los empresarios. Ochenta años después de haber masacrado a los obreros rurales el Estado pone en valor la memoria, pero es una memoria parcial, contaminada por una lectura de la historia que no permite ver que las lógicas políticas siguen siendo las mismas.[7]
Sobre el caso de Chubut, según lo que exploramos en la prensa, se polariza a la comunidad en un nosotros-ellos en la que las manifestaciones de los “grupos antimineros” aparecen señaladas, clasificadas, pero sin mucho qué decir y el “nosotros” se construye en defensa del proceso democrático que habilita la discusión sobre la matriz productiva en la provincia. El Diario Jornada construye la tensión explicando que: “[l]o ideal sería que nadie imponga nada entre gallos y medianoche. Pero que tampoco nadie se arrogue una representación popular mayoritaria que nadie le dio. La democracia ofrece mecanismos para dilucidar estos contrapuntos. Hay que usarlos” (Diario Jornada, 8/11/20).
Por otro lado el mismo medio señala la “irracionalidad” de los gremios, del gobierno, y de los “antimineros” que establece lugares alejados del diálogo y embebidos en violencia, enfatiza la necesidad de que
(…) todos los sectores de la sociedad recapaciten a la hora de hacer sus reclamos, de tratar de imponer sus ideas y de discutir con el que piensa distinto. Algunos de los sectores “antimineros”, al menos lo que se expresan públicamente, han venido mostrando ciertas actitudes intolerantes. Detrás de su lucha por el “agua” y el “medioambiente”, se han sentido con la libertad de acosar y agredir a todo aquel que plantee al debate sobre la minería como si se tratara de un enemigo público al que hay que arrasar.
Como muchos otros temas en donde la sociedad debe opinar a través de sus herramientas democráticas antes de tomar una decisión que involucre a toda una sociedad, la minería se dará o no en Chubut según lo dispongan las mayorías. El debate de la minería, a diferencia de otros debates de hondo contenido social, como el aborto legal, por ejemplo, implica muchos más “lados” que estar simplemente a favor o en contra.
Hay, de fondo, una cuestión económica, social y hasta demográfica, a la misma altura que la medioambiental. Lo que no puede seguir pasando es que grupos minoritarios intolerantes dispongan en nombre de una mayoría que nadie les dio. Esto vale para unos y para otros. Debatan, convenzan y luego esperen la sentencia del Pueblo (Diario Jornada, sin fecha).
La identificación emergente se reduce a consignas que refieren a la irracionalidad, la intolerancia del “no es no” o “el agua vale más que el oro” frente a la lógica del consenso racional que propone “queremos decidir”.
Reflexiones finales: interrogándonos por la externalidad que irrumpe
Retomar el espíritu de la tragedia es central para una mejor comprensión de los efectos que provoca la irrupción de este tipo de conflicto. La tragedia pone en escena la conflictividad inevitable e irresoluble, mostrando así el “carácter dinámico que tiene siempre la vida de las sociedades” (Rinesi, 2005, 22). El sentido común, y muchas lecturas desde las ciencias sociales, intentan siempre fijar y eliminar ese movimiento constante. La emergencia de demandas e identificaciones que parecen externas a ese campo de la representación hegemónica genera reacciones que tienen consecuencias importantes para las articulaciones políticas que les suceden. Esos sentidos hegemónicos intentan fijar significados, dar un orden a la contingencia y eliminar el conflicto en base a premisas universales. El espíritu trágico daría cuenta de la imposibilidad de dar cuenta, de la inescapable tensión que subyace a todo orden siempre marcado por ausencias y exclusiones que le son constitutivas. Al mismo tiempo, la tragedia nos muestra la necesidad de hacer frente a ese conflicto, sabiendo que nunca lo podremos domar totalmente.
Referencias
Barrionuevo, Natalia. (2019). Comodoro, el boom petrolero de la desigualdad. Recuperado de La Nación Trabajadora: https://bit.ly/3yHNc5D
Barros, Sebastián. (2007a). Racionalidad y violencia obrera. Huelgas rurales de 1920 y quema de pesqueras en 2007 en Santa Cruz, Mesa redonda “Imaginarios de las violencias” II Jornadas sobre Infancia y Juventud en contextos de Violencia, Comodoro Rivadavia, 28 y 29 de Septiembre 2007 (presentación).
____(2007b). Anormalidad, inmadurez e historia de los territorios nacionales: el caso de Santa Cruz. Modernidades, Año III, Nº 7.
____(2014). Momentums, demos y baremos. Lo popular en los análisis del populismo latinoamericano. PostData, Vol. 19, Nº 2, 315-344.
Raffaele, Anaclara. (2017). Territorio(s) Nacionale(s): sobre historiografía de la provincialización de los Territorios Nacionales en Argentina (1951-1955). Tesis de la Maestría en Ciencia Política. Argentina: IDAES-UNSAM.
Rancière, Jacques. (2011). El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Reynoso, Elio et.al. (2018). Estación de ferrocarril en Jaramillo (Provincia de Santa Cruz- Argentina): cronología de la gestión del patrimonio desde 2013 a la actualidad. En Alumbrando el camino de los silencios 2: nuevas miradas a la puesta en valor del rescate del Patrimonio Cultural de la provincia de Santa Cruz. Río Gallegos: UNPAedita.
Rinesi, Eduardo. (2005). Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo. Buenos Aires: Colihue.
- IESyPPat, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de la Patagonia.↵
- CONICET/ IESyPPat, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Nacional de la Patagonia.↵
- Este mismo esquema formal se repite en distintos “niveles” de una comunidad particular. Así, opera también al interior de la región petrolera; puede verse Barrionuevo (2019).↵
- Para las reconstrucciones de los hechos presentadas por medios de comunicación puede verse: https://juventudmaritimasomu.com/2018/07/20/20-de-julio-de-2007-la-quema-de-plantas-pesqueras-en-puerto-deseado y https://www.lanacion.com.ar/tema/la-toma-de-cerro-dragon-tid48618.↵
- Para una recopilación de noticias y notas periodísticas sobre los sucesos de la quema de pesqueras en Puerto Deseado puede verse El Orden de Puerto Deseado. Recuperado de: https://bit.ly/3yLYcPA.↵
- Cabe destacar que en Río Gallegos no hubo, por parte de la Federación Obrera Regional Argentina, ningún hecho violento en todo el año 1921.↵
- Ver Reynoso et al. (2018). En el año 2019 el Estado santacruceño declaró feriado provincial el 7 de diciembre en conmemoración a los caídos en las huelgas de 1920 y 1921.↵