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2. Clima insurreccional
e intervención federal

Actualmente no se encuentra ningún ejemplar del prospecto de Pensamiento Libre. Pero algunos comentarios nos llevan a pensar que circuló justo antes de las insurrecciones radicales de septiembre de 1893[1]. Como consecuencia del levantamiento armado de los radicales, que exigían avances democráticos, la publicación del periódico debió de ser suspendida durante algún tiempo: ni las tensiones que reinaban entonces ni la conscripción de Lugones en la Guardia Nacional permitían la realización de un trabajo esmerado[2].

En la edición del 19 de octubre, se evocaba una situación que correspondía a la represión de uno de los primeros movimientos argentinos de oposición política. La nota “Una explicación” expresaba así el miedo de ver a la Argentina nuevamente sacudida por una guerra civil mediante alusiones apenas veladas a la tiranía. Ese temor era tanto más fuerte cuanto que Córdoba sufría repetidas crisis políticas desde 1890: la renuncia del gobernador liberal Marcos N. Juárez en agosto de 1890, la revuelta encabezada por la sección local de la Unión Cívica (1891) y las elecciones de 1892 habían atizado el fuego de las discusiones políticas y agudizado la fragilidad del gobierno provincial y sus instituciones.

Las insurrecciones radicales de 1893 denunciaban una coyuntura nacional degradada, provocada conjuntamente por la quiebra de la Baring Brothers y la revolución del Parque (1890). La necesidad urgente de llenar las arcas públicas había obligado a los gobernadores a adoptar medidas drásticas para reducir sus déficits presupuestarios. Es el caso en particular de la administración de Santa Fe, que enmendó el artículo 35 de la Constitución de 1872 y aplicó una ley de finanzas (fechada el 28/11/91) que gravaba las transacciones de los productores de trigo y lino[3]. Estas medidas inicuas y discriminatorias conmovieron a la población por varios motivos: la nueva Constitución provincial de Santa Fe (1890) ponía fin a un tratamiento igualitario que autorizaba a los colonos extranjeros a tomar parte en las elecciones y, por consiguiente, en la vida pública local. De la misma manera, el cobro de la nueva tasa sobre los cereales violaba el principio fundamental de la igualdad de todos ante la ley. La medida, que consistía en someter sólo parte del sector agrícola al impuesto[4], suscitó fuertes reacciones entre los campesinos sin recursos, cuyas reivindicaciones habían contribuido a pasar la cuestión agraria al primer plano de la actualidad nacional.

Según los testimonios de la época, la violencia de los colonos durante la revolución de Humboldt (febrero de 1893) igualaba el sentimiento de injusticia alimentado por la situación y los abusos cometidos por los jueces de paz. Así fue como el movimiento de protesta se transformó en una lucha armada durante la cual sucedieron varios linchamientos de perceptores poco escrupulosos[5].

De manera general, la opinión pública respaldó el descontento de los campesinos, ya fueran de origen inmigrante o criollos. En el caso de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis, muchos coincidieron en adherirse a los reclamos de la UCR[6]. Se produjeron entonces tejemanejes políticos que repercutieron en un ejecutivo ya bastante maltrecho.

En ese contexto de turbulencias políticas, el presidente Luis Sáenz Peña (1844-1909) trataba de gobernar el país pese a sucesivas crisis ministeriales. En julio de 1893, privado del apoyo de los partidarios de Julio A. Roca (1843-1914), intentó acallar la oposición con una nueva coalición gubernamental compuesta de mitristas y radicales. El 7 de julio de 1893, nombró a Aristóbulo Del Valle (1845-1896) jefe de gabinete y ministro de Guerra y Marina. Aunque Carlos Pellegrini (1846-1906) aprobó dicha elección, se levantaron numerosas oposiciones en el país[7]. Nadie había olvidado la participación de Del Valle en la revolución del Parque y el fracaso de una primera coalición entre mitristas y radicales (1890). Se le reprochaba al estadista su sensibilidad radical y una actitud conciliadora para con los colonos. Como era de esperar, tras asumir las funciones de ministro de Guerra, Del Valle comunicó su intención de obligar a los gobernadores a respetar la política del nuevo gabinete mediante el uso de la fuerza, llegando así a representar, para muchos, una amenaza de una nueva guerra civil.

Del Valle anunció rápidamente su proyecto de convocar elecciones libres, convencido de que las recientes manifestaciones eran el resultado de una instrumentalización de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Reformar la vida política era para él una prioridad absoluta. Por eso, comenzó por destituir de sus cargos administrativos a los empleados afiliados al PAN; luego, tomó decretos para prohibir los sobornos pagados por bancos grandes. Desarmó asimismo a la policía, los bomberos y las milicias provinciales y, sobre todo, desmilitarizó a las Guardias de Cárceles en aplicación del artículo 108 de la Constitución Nacional y de la Ley 1.072 de 1880[8]. Así, neutralizó batallones muy comprometidos políticamente y partidarios más de las veces de los gobernadores[9].

El nuevo ministro de Guerra no se conformó con seguir la línea de la UCR[10], de la que era simpatizante. Intentó desmilitarizar las fuerzas provinciales para aportar una solución estructural a la crisis política que convulsionaba la Argentina. De esa manera, quería fortalecer el monopolio estatal en el uso legítimo de la violencia. Esa iniciativa fue desautorizada abiertamente por la clase política que temía que el ministro allanara el terreno a nuevas insurrecciones radicales. El gobernador de Córdoba, Manuel D. Pizarro (1841-1909), amenazó con tomar medidas de represalias y enviar a Buenos Aires una milicia de 30.000 hombres[11].

En los días que siguieron, numerosas revueltas estallaron por todo el país. El conflicto, que enfrentaba hasta entonces a los campesinos con las autoridades locales, se propagó forzando a los radicales y los colonos a comprometerse en combates de una violencia poco común. El alzamiento militar de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Bernardo de Irigoyen (29 de julio), y el derrocamiento de los gobiernos de San Luis y de Santa Fe por juntas revolucionarias encabezadas respectivamente por los radicales Teófilo Sáa (29 de julio) y Mariano Candioti (30 de julio) obligaron al Congreso a recurrir al artículo 6 de la Constitución Nacional para restablecer los poderes públicos.

El gabinete de Del Valle se dio el tiempo de negociar una salida de la crisis en vez de intervenir militarmente. Para no provocar un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Guerra dejó que los revolucionarios controlaran la situación sin renunciar a su proyecto de desarme. Pero mientras se hallaba en La Plata para negociar con los sublevados, Carlos Pellegrini tramaba intrigas en Buenos Aires con el fin de oponerle una estrategia y empujarle a dimitir en el momento de enviar las Fuerzas Armadas. Y así fue.

El 10 de agosto, la Cámara de Diputados votó a favor de una intervención federal. El Senado siguió[12]. De regreso a Buenos Aires, Del Valle se presentó como el candidato idóneo para encabezar las Fuerzas Nacionales sin sospechar que su postulación iba a provocar una nueva crisis. Luis Sáenz Peña, que temía que su nombramiento encendiera la mecha de la pólvora, rechazó la propuesta y lo obligó a renunciar el 12 de agosto tras un mandato de treinta y seis días[13]. El Poder Central formó entonces un tercer gabinete compuesto esta vez de partidarios de la Unión Cívica Nacional y de modernistas[14]. La política del Ejecutivo cambió, por consecuencia, de manera radical.

Manuel Quintana (1835-1906), el nuevo jefe de gobierno, fue nombrado ministro del Interior por Luis Sáenz Peña. Muy hostil a los radicales, movilizó la Guardia Nacional para evitar la propagación de la revolución y declaró el estado de sitio[15]. Se apresuró a levantar tropas en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos para intervenir en las regiones insurgentes. Tres intervenciones federales fueron decretadas para restablecer el orden en dichas provincias: el 14 de agosto (Buenos Aires, Ley 2.947) y el 19 de agosto (Santa Fe y San Luis, Ley 2.950[16]), respectivamente. Estas medidas de excepción pusieron en pie de guerra un conjunto de fuerzas armadas que reunían la Guardia Nacional y tropas de línea, cuyos soldados tenían un nivel deplorable de preparación teórica e instrucción práctica[17].

Conocido por su actuación durante la Revolución del Parque y antiguo ministro de Guerra bajo la presidencia de Carlos Pellegrini (1890-1892), el general Nicolás Levalle (1840-1902) volvió a servir a la patria. Nombrado por el Poder Central Comandante en Jefe de las Fuerzas Nacionales existentes en las provincias de Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja, así como de la Guardia Nacional que se movilice en las mismas, recibió el 20 de septiembre de 1893 la orden de encontrarse en Córdoba con el general Ignacio H. Fotheringham, jefe del Estado Mayor[18]. El 22 de septiembre, ambos generales quedaron en la capital mediterránea para tomar la dirección de los operativos militares y marcharse luego a la ciudad de Rosario, ocupada por Leandro N. Alem (1842-1896) y radicales en armas.

Gracias a las memorias del general Ignacio H. Fotheringham (1842-1925), sabemos que los dos generales se fueron a Villa María acompañados por el nuevo ministro de Interior Carlos Pellegrini y, una vez allí, se separaron. El general Fotheringham, que mandaba varios batallones, entre los cuales se encontraba la Guardia de Cárceles de Córdoba[19], tomó el tren, pero su avance fue atrasado por tiroteos y el destrozo de los ferrocarriles. Una vez concluidos los combates, entró a la estación de Rosario, lo que le valió el mote ridículo de “héroe de las Tortugas” en alusión a la única batalla que libró en las inmediaciones del río Tortugas[20].


  1. “Una explicación”, Pensamiento Libre, 19/10/1893. Ignoramos la fecha exacta del lanzamiento de Pensamiento Libre. Sin embargo, Arturo Capdevila, que lo tenía sin duda en su poder, pensaba que la publicación fue víctima de sabotaje desde el principio. Menciona dos versiones de una misma frase que generan una cómica equivocación. Así, “Nosotros no nos dirigimos a los viejos. Allá se las hayan con sus canas” se convierte en “Nosotros no nos dirigimos a las viejas. Allá se las vayan en sus camas. Capdevila, 1973, p. 76.
  2. Con muestras de conciencia profesional y respeto al público lector, los redactores no dudaron en publicar una versión enmendada de la nota “El museo provincial”, cuya primera versión estaba truncada. Véase Pensamiento Libre, 9/12/1893.
  3. Bertoni, 2001, pp. 147-155; Gallo, 1984, pp. 352-353, 372, 382 y 404.
  4. Aquella tasa representaba el 25 % del presupuesto del gobierno de Santa Fe.
  5. Rock, 2006, p. 238.
  6. En tiempos de expansiones imperialistas y conquistas coloniales, el asentamiento de numerosas colonias agrícolas suscitaba el temor de que los extranjeros radicados en la Argentina tuvieran pretensiones separatistas. Para no perder su jurisdicción en los territorios del interior, el gobierno federal lanzó una vasta campaña a favor de la naturalización automática de los extranjeros. En vano. Poco integrados en la vida pública nacional, estos últimos no renunciaron a su nacionalidad por origen, y se conformaron con participar en las elecciones municipales.
  7. La estrategia de Carlos Pellegrini pretendía alejar del poder a los partidarios de Roca y, mientras tanto, debilitar a los radicales aportando la prueba de que eran incapaces de gobernar el país. Etchepareborda, 1968, pp. 200-205 y Rock, 2006, p. 239.
  8. Vigo, 1970, p. 72 y Alonso, 2000, pp. 169-172.
  9. Álvarez, 1981, p. 517.
  10. El 26 de junio de 1891, la fundación de este partido de oposición, cuyo funcionamiento era federativo, ponía en peligro el ideal de unanimidad política defendida por el PAN. La UCR era la única formación que se oponía al gobierno de Luis Sáenz Peña (jefe del Ejecutivo entre el 12 de octubre de 1892 y el 23 de enero de 1895, día de su renuncia). Se quedó en la oposición hasta la elección de Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente de la República Argentina en ser elegido por sufragio universal masculino (1916).
  11. Rewiew of the River Plate, 15/07/1893, citado por Rock, 2006, p. 240.
  12. Etchepareborda, 1968, p. 202.
  13. Rock, 2006, p. 244.
  14. La Unión Cívica Nacional (UCN) fue fundada por Bartolomé Mitre en 1891. El mismo año, surgió el Partido Modernista, una corriente conservadora cercana al Partido Autonomista Nacional (PAN). Era liderada por Roque Sáenz Peña, que instauró en Argentina el voto universal masculino, secreto y obligatorio mediante la promulgación de la Ley 8.871 (Ley Sáenz Peña, 1912).
  15. Un estado de sitio fue establecido por todo el país el 17 de agosto de 1893 y quedó vigente hasta el 16 de febrero de 1894. Etchepareborda, 1968, nota 26, p. 206.
  16. Giustinian, 1917, p. 9. El Dr. Joaquín M. Cullen, el apoderado del gobernador provisorio Mariano Candioti, demandó justicia contra el Dr. Baldomero Llerena, que lo había depuesto por ser inconstitucional la intervención federal a la provincia de Santa Fe. Véase el fallo Cullen vs. Llerena.
  17. El arcaísmo del ejército de línea daba vergüenza a los argentinos. Se debía en gran parte al reclutamiento de vagabundos o condenados por delitos comunes. Pese a la creación por Sarmiento del Colegio Militar (decreto del 11 de octubre de 1869) para la formación de los oficiales, el “viejo ejército” estaba mal preparado y carecía de disciplina. Los oficiales eran elegidos por el gobierno para “representar” al Poder Central. Rouquié, 1981, pp. 76-80.
  18. Piccinali, 1982, p. 253.
  19. Fotheringham, 1998, p. 515.
  20. Ibid., pp. 516-517.


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