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1 El acceso a la justicia durante el proceso de envejecimiento

El acceso a la justicia como derecho humano fundamental: Normativa nacional e internacional

Rosana Feliciotti[1]

Previo a comenzar a desarrollar la tem谩tica en particular del acceso a la justicia de las personas adultas mayores es necesario abordar este tema como un derecho humano fundamental.

La Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos es el documento que marca la historia de los derechos humanos, estableciendo cu谩les son los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. En ese instrumento, el art铆culo 8 menciona el derecho de toda persona es un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constituci贸n o por la ley.

Asimismo el art铆culo 10 del mencionado texto establece el derecho de toda persona, en condiciones de plena igualdad, a ser o铆da p煤blicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinaci贸n de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci贸n contra ella en materia penal.

El art铆culo 11 se refiere al principio de inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme la ley y en juicio p煤blico en el que se le hayan asegurado todas las garant铆as procesales para su defensa.

La Constituci贸n Nacional menciona al 鈥渁cceso a la justicia鈥 como un derecho inalienable haciendo menci贸n en su art铆culo 16 que dispone que todos los habitantes son iguales ante la ley; a la vez que consagra en el art铆culo 18 el derecho de defensa en juicio.

A fin de hacer efectivo este derecho humano fundamental, el Ministerio P煤blico de la Defensa es una instituci贸n de defensa y protecci贸n de derechos humanos que tiene como funci贸n principal 鈥溾arantizar el acceso a la justicia y la asistencia jur铆dica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidos en la ley org谩nica鈥. Promueve medidas tendientes a la protecci贸n y la defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situaci贸n de vulnerabilidad.

Se帽ala Cappelletti que 鈥渆l acceso efectivo a la justicia se puede considerar como el requisito m谩s b谩sico 鈥攅l derecho humano m谩s fundamental鈥 en un sistema igualitario moderno que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos鈥.

El acceso a la justicia se relaciona con la posibilidad de los individuos, en igualdad de condiciones, de reclamar y hacer valer sus derechos y eliminar cualquier situaci贸n de desigualdad, discriminaci贸n, violencia, maltrato o abuso que est茅n sufriendo. Es un derecho humano fundamental e inalienable que representa para las personas la puerta de reclamo para facilitar la resoluci贸n de sus controversias. Es un pilar fundamental en toda sociedad, relacionado con el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Pueden mencionarse como componentes del derecho al acceso a la justicia el derecho a la tutela judicial efectiva, debido proceso, el derecho a ser o铆do, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la igualdad, el derecho a la asistencia letrada; el derecho de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial.

Las diferentes etapas para acceder a la justicia y las barreras de acceso

Se puede dividir el acceso a la justicia en diferentes etapas: la previa al inicio del proceso judicial, en el cual la persona debe sortear ciertas barreras antes de peticionar ante los tribunales.

Las barreras en el procedimiento judicial y las que se le presentan luego del dictado de la sentencia: esta situaci贸n se exterioriza cuando se ha reconocido al actor mediante el dictado de una sentencia o una medida cautelar, el derecho quebrantado pero la ejecuci贸n se encuentra frustrada por factores que no son atribuidos al proceso en s铆, sino por el incumplimiento de la parte demandada o por cuestiones ajenas, como puede ser el caso de la entrega de medicamentos que no se encuentran en el pa铆s o que no ingresan por cuestiones aduaneras.

Asimismo, Cappeletti y Garth reconocen en su trabajo dos dimensiones del concepto de acceso a la justicia. En primer lugar, una dimensi贸n normativa referida al derecho igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos legalmente reconocidos. En segundo lugar, una dimensi贸n f谩ctica que se refiere a los aspectos vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio del acceso a la justicia.

Las barreras se pueden clasificar en barreras geogr谩ficas, econ贸micas, actitudinales, tecnol贸gicas, sensoriales, comunicacionales, falta de informaci贸n, entre otras. A continuaci贸n proceder谩 a describir solo algunas de ellas.

Barreras geogr谩ficas

Las barreras geogr谩ficas o territoriales se presentan cuando los habitantes se domicilian a varios kil贸metros de distancia de la jurisdicci贸n judicial, como es el caso de aquellas personas que habitan en zonas rurales o pertenecen a comunidades ind铆genas. Esta situaci贸n se agrava cuando la persona padece de m煤ltiple vulnerabilidad, como puede ser el caso de personas adultas mayores que no poseen recursos econ贸micos y padecen de alg煤n tipo de discapacidad, entre otras situaciones que se pueden presentar.

Barreras de falta de informaci贸n

Otra de las barreras es la falta de informaci贸n b谩sica sobre el contenido de los derechos y sobre la forma a trav茅s de la cual 茅stos pueden ser ejercidos y defendidos, atento que en muchas situaciones se desconoce la posibilidad de poder acceder al asesoramiento y patrocinio por medio de la asistencia de la defensa p煤blica, de los centros de acceso a la justicia o los servicios que prestan los colegios de abogados, universidades o las organizaciones de la sociedad civil.

Un instrumento para eliminar las barreras de falta de conocimiento son las cartas de derechos. El Estado Nacional, a trav茅s de la Comisi贸n Nacional Asesora para la Integraci贸n de Personas con Discapacidad, tiene a su cargo la elaboraci贸n de una cartilla de derechos para personas con discapacidad, la que deber谩 informar en forma sint茅tica, clara y accesible los derechos fundamentales conforme la Convenci贸n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las leyes espec铆ficas vigentes en la materia, as铆 como tambi茅n los mecanismos para exigir su cumplimiento. La cartilla la聽 entregan los integrantes de la junta evaluadora al momento de tramitar el certificado 煤nico de discapacidad.

La escasez de recursos materiales humanos en el sistema de justicia y la falta de capacitaci贸n de los operadores judiciales es otra de las barreras que deben enfrentar los ciudadanos, y es necesario para su eliminaci贸n la capacitaci贸n y los talleres de sensibilizaci贸n para garantizar el efectivo servicio.

Barreras actitudinales

En algunas ocasiones los operadores del sistema de justicia no han recibido capacitaci贸n sobre el trato adecuado que debe brindarse a ciertos grupos en situaci贸n de vulnerabilidad como los ni帽os y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, y ello trae aparejadas consecuencias negativas para el proceso judicial. Ante esta situaci贸n los talleres de sensibilizaci贸n son una alternativa de impacto positivo ya que se logra que el operador tome conciencia de la problem谩tica y trabaje sobre cada caso en particular.

En esta l铆nea de acci贸n, al advertirse las barreras actitudinales que en algunas ocasiones presentan los operadores del sistema de justicia hacia el trato con las personas con discapacidad, las instituciones del sistema de justicia de la Rep煤blica Argentina, el Ministerio P煤blico de la Defensa, el Ministerio de Justicia y el Ministerio P煤blico Fiscal de la Ciudad, han elaborado en forma conjunta 鈥攃on el auspicio del Programa Eurosocial鈥 el Protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad: propuestas para un trato adecuado.

El documento recoge propuestas y recomendaciones sobre el trato correcto que debe brindarse a las personas con discapacidad y est谩 dirigido a los operadores del servicio de justicia para trabajar sobre las barreras y propuestas a fin de eliminarlas, siguiendo las directrices establecidas en la Convenci贸n de los derechos humanos de las personas con discapacidad y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condici贸n de vulnerabilidad.

A efectos de facilitar la aplicaci贸n del protocolo, se elabor贸 un taller de sensibilizaci贸n, de formaci贸n y toma de Conciencia, llamado 鈥淒erecho a un trato adecuado; acceso a la justicia de las personas con discapacidad鈥 que se dicta desde el a帽o 2013 en el pa铆s, para el cual se elabor贸 un plan de formaci贸n de formadores, a fin de ser puesto a disposici贸n de distintos replicadores del Poder Judicial, Ministerio P煤blico Fiscal y Ministerio P煤blico de la Defensa, tanto a nivel federal como local. El taller est谩 dirigido a operadores del sistema de justicia en donde participan empleados, funcionarios, jueces, defensores y fiscales. Se encuentra estructurado en cuatro m贸dulos: derechos de las personas con discapacidad, discriminaci贸n, diversidad y trato igualitario. Se dicta a pedido de las cortes o tribunales superiores provinciales, adhiriendo al protocolo estableciendo obligatoriedad.

Atento al impacto positivo que ha causado el dictado del taller entre los operadores del sistema de justicia comenzaron a advertirse cambios en las buenas pr谩cticas y procedimientos judiciales, lo cual se vio reflejado especialmente en las sentencias que comenzaron a redactarse en lenguaje sencillo.

Uno de los primeros casos en advertirse el cambio en la jurisprudencia fue por pedido de una defensora p煤blica curadora, cuando un juez redact贸 la sentencia en formato de 鈥渇谩cil lectura鈥. La defensora mencion贸 entre sus fundamentos las normas de Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y las obligaciones asumidas por los Estados de hacer accesible la informaci贸n y documentaci贸n para las personas con discapacidad bajo un lenguaje simple y directo que evite los tecnicismos.

Barrera comunicacional

La falta de comunicaci贸n es otra de las barreras que se presentan a menudo. Para eliminar esta barrera es necesario que los Estados realicen ajustes en los procedimientos judiciales asegurando la presencia de int茅rpretes ling眉铆sticos y que la informaci贸n sea oral y escrita y que est茅 traducida a formatos comunicacionales alternativos, tales como el lenguaje de se帽as en el caso de personas sordomudas, el sistema Braille para las personas ciegas, entre otros.

El acceso a la justicia en la Convenci贸n Interamericana sobre la Protecci贸n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Convenci贸n Interamericana sobre la protecci贸n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores posiciona al continente americano como el primero del mundo en tener un instrumento jur铆dico que protege los derechos de las personas mayores. En este plano, se sent贸 un fuerte precedente en materia de protecci贸n de derechos ya que, a diferencia de los instrumentos preexistentes, la Convenci贸n posee car谩cter vinculante, lo que genera obligaci贸n de cumplimiento a los Estados firmantes.

El mencionado instrumento internacional despliega el derecho al acceso a la justicia como el derecho a ser o铆da, con las debidas garant铆as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci贸n de cualquier acusaci贸n penal formulada contra ella o para la determinaci贸n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car谩cter.

Los Estados Parte se encuentran comprometidos a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem谩s, incluso mediante la adopci贸n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera en todas la etapas, comprometi茅ndose a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci贸n, resoluci贸n y ejecuci贸n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales.

Menciona en particular que las actuaciones judiciales deber谩n ser particularmente expeditas en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor, debiendo en consecuencia otorgarle prioridad en los procesos administrativos o judiciales, como el caso de las acciones de amparo.

Es una realidad que las personas de edad est谩n m谩s expuestas a contraer mayor n煤mero de enfermedades y que las posibilidades vitales 煤tiles se van perdiendo. Como consecuencia de ello van siendo v铆ctimas de discriminaci贸n en el acceso a la asistencia sanitaria, atento que en algunas ocasiones los recursos son escasos y se deja de asignarle a una persona adulta la prestaci贸n m茅dica que necesita para asign谩rsela a otra persona con mayores posibilidades vitales.

Otros casos de discriminaci贸n se dan ante la negativa de las empresas de medicina prepaga que se niegan a incorporar a personas de m谩s de 65 a帽os, cuando expresamente la Ley 26.682 en su art铆culo 11 se refiere a que la edad no puede tomarse como criterio de rechazo de admisi贸n ni pueden aplicar planes con carencias sin cubrir las enfermedades preexistentes, lo cual se manifiesta en frecuentes denuncias ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Naci贸n. En esta l铆nea, la justicia civil y comercial federal manifest贸 que:

鈥溾n este estado preliminar de la cuesti贸n, que la apelante debe abstenerse de cobrar adicional por edad, teniendo en cuenta que los actores en la fecha que se promulg贸 la citada ley 26.682, ten铆an 67 y 65 a帽os respectivamente, con una antig眉edad de afiliaci贸n en la accionada de diez a帽os; lo que permite tener por configurada la verosimilitud del derecho como recaudo de admisibilidad de la medida que se peticiona鈥.

La mayor parte de los reclamos judiciales en los cuales intervienen las personas adultas mayores resultan como consecuencia de la falta de cumplimiento en entrega de medicaci贸n, negativa a autorizar pr谩cticas m茅dicas o intervenciones quir煤rgicas.

Son muchas las personas de edad avanzada que con angustia e incertidumbre diariamente acuden a las defensor铆as p煤blicas oficiales en busca de una soluci贸n y que les transmiten a los empleados y funcionarios sus historias de vida. En ellos encuentran no solamente un abogado que les resuelve el incumplimiento de la cobertura m茅dica, sino una persona que se interesa del resultado del tratamiento m茅dico y del estado de salud luego de finalizada la acci贸n judicial.

La mayor铆a de las personas de edad que acuden a las dependencias por los temas de salud son derivadas por los m茅dicos de los hospitales p煤blicos que tienen conocimiento de la labor y la trayectoria de las defensor铆as p煤blicas. Pero la persona que no tiene la posibilidad de tomar conocimiento de la funci贸n de las defensor铆as y no tiene medios econ贸micos para acceder a un abogado particular y desconoce los servicios jur铆dicos gratuitos acepta la negativa de la cobertura m茅dica y se resigna al avance de la enfermedad, esperando el fin de sus vidas sin poder reclamar.

En relaci贸n con la funci贸n de los defensores oficiales en tem谩tica de salud cabe mencionar un amparo colectivo iniciado por el defensor p煤blico oficial de Esquel contra el INSSJP en el cual solicit贸 el dictado de una medida cautelar a fin de que la demandada satisfaga y regularice las obligaciones del Plan M茅dico Obligatorio [PMO] en cuanto a la efectiva, oportuna e integral prestaci贸n del servicio de salud destinado a la totalidad de los afiliados de la delegaci贸n.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada teniendo en cuenta que:

鈥渁煤n en 茅pocas de crisis, se ha establecido el deber de cumplir con las prestaciones obligatorias previstas en el PMO e incluso tras superadoras de aquel鈥. Con respecto del requisito de peligro en la demora, el magistrado sostuvo que 鈥渧a de suyo que por la etapa etaria que transita la mayor铆a de los afiliados al INSSJyP, se presenta como una seria posibilidad de menoscabo en su derecho constitucional a la salud ante la eventualidad de que las prestaciones que otorga la demandada sean cumplidas de manera parcial o inclusive, incumplidas por completo鈥.

Para continuar con el alcance del acceso a la justicia en la Convenci贸n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el art铆culo 31 establece que los Estados parte desarrollar谩n y fortalecer谩n pol铆ticas p煤blicas y programas dirigidos a promover mecanismos alternativos de soluci贸n de controversias.

En esta l铆nea cabe mencionar la Ley 27.260 de reparaci贸n hist贸rica que declara en su art铆culo 2 la emergencia en materia de litigiosidad previsional, s贸lo a los fines del programa, con una vigencia de tres a帽os a partir de la promulgaci贸n de la ley.

El programa nacional de reparaci贸n hist贸rica para jubilados y pensionados permite implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales pudiendo adherirse aquellos beneficiarios que hayan iniciado juicio de reajuste previsional, tengan o no sentencia firme, y tambi茅n aquellos beneficiarios que no hayan iniciado juicio.

Los beneficiarios que pueden ingresar al programa son los titulares de un beneficio previsional cuyo haber se hubiera calculado por los m茅todos previstos en el art铆culo 49 de la Ley 18.037 o en los art铆culos 24, 97, o 98 de la Ley 24.241, los titulares de un beneficio previsional adquirido con anterioridad al 1掳 de diciembre de 2006, cuya movilidad se rigiera por el art铆culo 53 de la Ley 18.037, por el art铆culo 38 de la Ley 18.037, hasta el 31 de diciembre de 1995, y/o por el art铆culo 7掳 inciso 2 de la Ley 24.463 entre el 1掳 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006; y los titulares de beneficios derivados de los anteriores. Los beneficiarios excluidos de la ley son aquellos que pertenecen a leyes especiales como es el caso de las fuerzas armadas, docentes, entre otros.

La ley de reparaci贸n hist贸rica, recientemente sancionada, viene a reconocer y solucionar, en parte en algunos casos, una deuda que el Estado nacional manten铆a con los adultos mayores.

A ra铆z de la sanci贸n de la Ley 27.260 el Ministerio P煤blico de la Defensa y la ANSES suscribieron un convenio de colaboraci贸n a fin de brindar los medios necesarios que permitan conferir asistencia letrada a aquellos beneficiarios, titulares de jubilaciones y pensiones pertenecientes al SIPA que se encuentren en situaci贸n de vulnerabilidad.

De esta manera, se eliminaron barreras econ贸micas y tecnol贸gicas de acceso a la justicia que pose铆an los beneficiarios de la ANSES, ya que el tr谩mite se realiza a trav茅s del sitio web de la instituci贸n, que las personas en situaci贸n de vulnerabilidad se encontraban imposibilitadas de ser asesoradas y asistidas por un defensor p煤blico oficial atento que no se encontraban en el listado de abogados registrados en esa p谩gina web de la ANSES para el tr谩mite de adhesi贸n a la ley de reparaci贸n hist贸rica.

Conclusi贸n

A medida que el mundo experimenta un r谩pido envejecimiento de la poblaci贸n, es probable que se intensifiquen las presiones que dan lugar a la discriminaci贸n por edad; tal vez sea causa para que los reclamos judiciales en los cuales son parte las personas en su proceso de envejecimiento se incrementen en el tiempo. Para afrontar este proceso es necesario que los operadores del sistema de justicia est茅n preparados para trabajar en el trato adecuado, en la eliminaci贸n de las barreras de acceso a la justicia y realizar los ajustes necesarios en los procedimientos administrativos y judiciales.

Para ello, es inevitable que las instituciones p煤blicas y privadas tomen conciencia de la problem谩tica de la vejez y que comiencen a implementarse pol铆ticas a largo plazo en todos los poderes y niveles tanto estado nacional, provincial y municipal para facilitar el acceso a la justicia.

Bibliograf铆a

Cappelletti, Mauro; Garth, Bryant. El acceso a la justicia: la tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. M茅xico: Fondo de Cultura Econ贸mica, 1996.

Roqu茅, M贸nica, Fassio, Adriana (comps.). Pol铆ticas p煤blicas sobre envejecimiento en los pa铆ses del cono sur: sistema regional de informaci贸n y aprendizaje para el dise帽o de pol铆ticas p煤blicas en torno al envejecimiento. [Santiago de Chile]: FLACSO: Ministerio de Desarrollo Social. Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA); [Buenos Aires]: Ministerio de Desarrollo Social. Secretar铆a Nacional de Ni帽ez, Adolescencia y Familia. Direcci贸n Nacional de Pol铆ticas para Adultos Mayores (DINAPAM); [Montevideo]: Instituto Nacional del Adulto Mayor del Uruguay (INMAYORES), 1996.

Protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad: propuestas para un trato adecuado. Buenos Aires: EuroSocial, 2013.(Documentos de pol铆tica; 2).

Rosales, Pablo O. (comp.). Convenci贸n sobre los derechos de las personas con discapacidad ONU (Ley 26.378): con comentario de la Convenci贸n Interamericana para la Eliminaci贸n de todas las Formas de Discriminaci贸n contra las Personas con Discapacidad OEA/CIADDIS: leyes 26.378 y 25.280 de la Argentina. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2012.


  1. Secretaria letrada de la Defensor铆a General de la Naci贸n, a cargo del 鈥淧rograma de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores鈥 de la Secretar铆a General de Pol铆tica Institucional


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