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12-2022t

2 La vulnerabilidad como estándar internacional de protección de los derechos humanos, con especial referencia al adulto mayor

El derecho y el amor: las personas vulnerables necesitan de ambos, pero garantizan su estatuto con garantías mínimas jurídicas

Úrsula C. Basset[1]

El amor es el que da más allá de toda medida [2]. Si Aristóteles pensó que las virtudes consistían en el justo medio, la medida de la caridad —dice esta vez Francisco de Sales[3] — es el exceso. Es verdad que para amar bien ese amor tiene que ser proporcionado en sus medios al bien del amado [4].

Ahora bien, esta forma de concebir nuestras relaciones con nuestros prójimos es idílica. En rigor de verdad, si los hombres se amaran, el derecho sería superfluo en buena medida [5]. A poco que pensemos, ¡el derecho es tan poca cosa, tan insulsa cosa al lado del amor!

El amor es un mandato, pero se trata de un mandato humano, ético, o tal vez sobrehumano, teológico. El filósofo francés Paul Ricoeur lo pone en estos términos: hay una desproporción entre amor y justicia; desproporción que se relaciona con la falta de medida del amor, y el hecho de que la justicia es, en sí misma, una medida: su objeto es dar a cada uno lo que le corresponde, según una de sus definiciones más antiguas [6].

Más precisamente, la medida de la justicia es la igualdad que por lo tanto supone una relación entre dos términos, títulos o pretensiones de las personas que tienen un objeto común. Si se sigue la tradicional visión aristotélica, la justicia se divide en: general o legal y particular. La particular, a su vez, en distributiva y conmutativa. En todos los casos, el componente formal es la igualdad: el acto humano realiza la justicia cuando genera igualdad entre los títulos.

La justicia distributiva es la que distribuye los beneficios comunes en proporción a los méritos y suele referirse a alguien que tiene la potestad de distribuir esos méritos (una autoridad, el Estado) y los ciudadanos. En tanto, la justicia conmutativa es la que da a cada uno lo suyo y suele darse entre particulares. Mientras que un ejemplo de la primera son las ayudas o beneficios sociales, un ejemplo de la segunda es el contrato.

Sin embargo, en todas las formas de justicia particular, si bien podemos afirmar que todos los hombres “nacen iguales” o tienen la misma dignidad y no cabe discriminación relativa a su condición humana y personal, pueden estar colocados circunstancialmente o permanentemente en situaciones de desigualdad unos con otros. En el ámbito del derecho de los contratos, la nueva rama del derecho del consumidor evidencia esta circunstancia de forma bastante transparente: el consumidor está en desventaja respecto de las empresas con las que contrata.

Pero luego existen numerosas otras situaciones en las que el individuo está en situación de desigualdad inicial. Algunos ejemplos de esas desigualdades provienen de circunstancias transitorias: un persona que está gravemente enferma o un niño puesto en una condición de desigualdad transitoria que el derecho tiene que corregir si quiere que tales sujetos queden emplazados en pie de igualdad con sus pares adultos o sanos. A tales fines, el derecho idea dispositivos en términos de deberes y garantías, de acceso a la justicia, de instituciones protectorias, que permitan crear conciencia y proteger efectivamente la posición del sujeto más débil o vulnerable. Evidentemente, las situaciones se agravan cuando las vulnerabilidades son estructurales o, por diversas razones, permanentes. Allí, los mecanismos ideados por el derecho requieren respuestas de una mayor intervención en las relaciones privadas e incluso, a veces, de asistencia o solidaridad pública.

Se advierte con toda rapidez que el derecho y el amor no son enteramente opuestos, sino que tienen profundos vasos comunicantes. El derecho sin amor es una estructura muerta: el amor vivifica el derecho y le da plenitud de sentido. El amor sin derecho no existe. El amor supera la medida estrecha del derecho pero necesita de la justicia para desbordarla. Un amor injusto, que priva de lo esencial, no es amor, es mero sentimentalismo muchas veces egoísta. Verdades éstas que resultan mucho más evidentes cuando las relaciones jurídicas se piensan desde la posición de quien es vulnerable en ellas, es decir, cuando se piensa la igualdad desde la empatía con el desigual, con el débil, con el marginado, con el vulnerable.

El estándar de la vulnerabilidad

La filósofa norteamericana Martha Fineman, pionera en el desarrollo del estándar de la vulnerabilidad, sostuvo:

“La cláusula de igual protección bajo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica requiere que, a efectos de ser tratado de forma equivalente, los individuos sean tratados de la misma manera. Esta versión de la igualdad (la de la igualdad de trato) implica el riesgo de ignorar los contextos y las diferencias en circunstancias y habilidades de parte de aquellos, así como también de presumir una equivalencia de posición y posibilidades. Semejante aproximación a la igualdad no puede ser utilizada para combatir la creciente inequidad en riqueza, posición y poder tal como los hemos experimentado en los Estados Unidos en las últimas décadas” [7].

Dicho en otras palabras, la igualdad, como criterio formal de realización de la justicia es hoy un criterio insuficiente porque no permite matizar ni colocarse “en los zapatos de” la persona cuya posición en la sociedad y en la vida resulta fragilizada por circunstancias diversas.

Para Fineman, la vulnerabilidad permite que al tratar de los “derechos humanos” la perspectiva se focalice “decididamente en la naturaleza de la parte humana, más que focalizarse en la parte de los derechos” [8]. Es aquí donde, sobre todo en lo que respecta a las personas más frágiles o lábiles del derecho, aparece la importancia de girar sobre el vector de la “vulnerabilidad” más que sobre el vector de la igualdad. Se trata de un enfoque que deriva más de una aproximación humana y empática a la relación jurídica que un abordaje mucho más limitado, que es el que nos ofrecen los sistemas de protección de derechos. Tal como dice Fineman, la vulnerabilidad permite focalizarnos en la parte humana y así volver a colocar el derecho en su lugar: el hombre es el centro del derecho, el derecho es algo del hombre.

Por otra parte, es este enfoque el que nos permite pasar de extraños a hermanos, lo que no es otra cosa que encuadrar el derecho en una forma de fraternidad y solidaridad social que deriva del antiguo concepto aristotélico de amistad política o del concepto muy contemporáneo de “familia humana”. Es el concepto de la vulnerabilidad, la empatía que nos permite despertar, lo que nos diferencia de un enfoque netamente individualista. Dijo Caín a Dios en el relato bíblico: “¿Acaso soy yo responsable de mi hermano?”. El enfoque individualista hace de hermanos, extraños. En cambio, partir del enfoque de la vulnerabilidad permite la inversa: hacer de extraños, hermanos. Es el relato inverso, el del buen samaritano el que nos provee el ejemplo: “Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál te parece haber sido el prójimo?[9], pone el evangelista en palabras de Jesús. La vulnerabilidad es la que permite “hacerse prójimo” desde una perspectiva jurídica.

Es que la vulnerabilidad nos obliga a relacionarnos con los sujetos de la relación jurídica en términos de empatía, en términos de responsabilidad y solidaridad[10]. En eso, aventaja sustancialmente cualquier enfoque que sea exclusivamente de derechos.

La ventaja sustancial de este enfoque es que, lejos de suprimir la perspectiva del individuo, resulta superadora: es a partir del individuo y su vulnerabilidad que el derecho es capaz de identificar su interdependencia. Y desde allí, fortalecerlo.

Hemos advertido las significativas conveniencias de adoptar el enfoque de la vulnerabilidad. No obstante, también aparecen algunas dificultades. La primera de todas es que, a diferencia del concepto de igualdad, el concepto de vulnerabilidad aparece como vago y difuso. Esa circunstancia es inconveniente para el derecho que procura, en aras de seguridad jurídica, la precisión conceptual. Los conceptos son categorías jurídicas que tienen consecuencias privilegiadas y específicas. Por ejemplo, si hablamos de hijo, sabemos que el hijo, por ser hijo, tiene un cierto número de derechos y de obligaciones. Si decimos que una persona por ser vulnerable tiene un acceso privilegiado a la justicia, entonces se vuelve necesario delimitar con claridad qué significa ser vulnerable. Y el problema es que la vulnerabilidad es un concepto que escapa a definiciones muy detalladas, a riesgo de suprimir su utilidad, que consiste justamente en su versatilidad. Así, el primer obstáculo del concepto es precisamente su indefinición. Aunque esta debilidad sea también una fortaleza.

Un segundo problema, derivado del primero, es que no sólo el denotado del concepto de vulnerabilidad es difícil de precisar, sino que corre el riesgo de ser un concepto ubicuo. Precisamente porque sus contornos son indefinidos es que corremos el riesgo de que sea un concepto que se disuelva a la hora de aplicarlo. Por ejemplo: uno puede pensar en vulnerabilidades puntuales, tales como las que tienen las mujeres, los niños o los ancianos. Pero el problema de la vulnerabilidad como concepto es que todos somos o hemos sido en alguna medida, en más o en menos, vulnerables. Y si todos somos vulnerables, el concepto de la vulnerabilidad parece perder operatividad.

Nuevamente, se trata de una debilidad que también puede implicar una fortaleza: precisamente porque el hecho de que todos somos en alguna medida o hemos sido relativamente vulnerables, es que a partir de nuestra propia experiencia refleja tenemos un punto de partida para comprender a nuestros prójimos en su vulnerabilidad. Es decir que, como nosotros también sabemos en una ínfima medida qué significa ser vulnerables, nuestra propia vulnerabilidad sirve como un punto de partida para comprender y empatizar con la vulnerabilidad ajena.

En todo caso, estas dos debilidades nos impulsan a precisar mejor los contornos de una teoría de la vulnerabilidad.

Una taxonomía de la vulnerabilidad

Una forma de abordar la vulnerabilidad es desarrollar una taxonomía o clasificación de ella. Este abordaje, que parece teórico, en realidad surge de la sistematización de jurisprudencia, especialmente en nuestro caso, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La rica jurisprudencia de la Corte IDH ha permitido ir desarrollando una clasificación de diversas formas de vulnerabilidad, que posibilitan de esta manera una cierta delimitación conceptual. Así, siguiendo los estudios de Estupiñán Silva[11], podrían enunciarse las siguientes categorías:

Según su estabilidad:

  • las que nacen de situaciones permanentes, es decir, de una condición inescindible de la persona humana.
  • las que nacen de situaciones estables.
  • las que surgen de situaciones transitorias.

Según el factor que causa la vulnerabilidad podría distinguirse entre:

  • vulnerabilidad que surge en las relaciones de familia.
  • vulnerabilidad entre ciudadanos.
  • vulnerabilidad causada por el Estado.

Finalmente, la vulnerabilidad puede causarse de modo directo o indirecto por acción u omisión.

Respecto de la primera clasificación, una situación permanente de vulnerabilidad sería la que resulta de condiciones estructurales, como la pertenencia a una determinada etnia indígena [12], la condición de mujer [13] y, en algunos casos, la orientación sexual. Resulta una situación estable de vulnerabilidad en el caso de los niños [14], las personas de la tercera edad, los jóvenes, las personas con trastornos de salud mental o la orientación sexual (cuando aparece tardíamente). En estos casos, generalmente el componente estructural de vulnerabilidad se combina a su vez con otros que agravan la base estructural: por ejemplo, una mujer por ser mujer es más vulnerable a la violencia, situación que puede agravarse por su pertenencia étnica (estructural), de migrante [15], refugiada o desplazada, embarazada (circunstancial o transitoria), discapacitada o está en una situación económica desfavorable (estable) [16]. En segundo lugar, es el caso de las situaciones estables de vulnerabilidad: la niñez, la vejez, la enfermedad o los trastornos mentales. Se trata de situaciones que aparecen y se mantienen establemente sin mutaciones por un período dado. Las situaciones estables pueden desaparecer con el paso del tiempo, mantenerse, agravarse o fluctuar, dependiendo de la trayectoria vital. Es evidente que la vejez no desaparecerá sino que profundizará su evolución. Sin embargo, el avance del proceso de envejecimiento puede ser fluctuante según la trayectoria vital. En cambio, la niñez desaparece a medida que el niño alcanza su autonomía. Por último, las situaciones transitorias son las que dependen de circunstancias en las que una persona está colocada con mayor o menor duración. Así, la pobreza (que puede ser también estructural), la falta de educación, la mujer embarazada[17], la mujer cabeza de familia, el aislamiento, la enfermedad física o mental [18], la falta de educación, el grado de intimidad [19] y dependencia de la relación o la separación de la familia biológica.

La vulnerabilidad puede surgir de las relaciones de familia, que por naturaleza son jerárquicas y por consecuencia generan dependencias y, por lo tanto, vulnerabilidades. En realidad, para la Corte IDH la división de la familia es de suyo un factor de vulnerabilidad [20]. Puede darse por desequilibrios de poder [21] en las relaciones entre ciudadanos, por ejemplo, en el contrato de consumo o en la relación laboral. Finalmente —y es esta última en la que se interesa la jurisprudencia de la Corte IDH—, la vulnerabilidad puede surgir de la misma actuación del Estado, ya sea por acción o por omisión, de modo directo o indirecto. El Estado puede crear una situación de vulnerabilidad en forma directa (por ejemplo cuando la acción provoca agentes de salud pública y seguridad). Pero también, puede ser por omisión, por ejemplo si el Estado no desactivó una causa fuente de vulnerabilidad [22].

Por otra parte, el accionar del Estado puede causar vulnerabilidad de manera directa así como de manera indirecta. Por ejemplo, lo hace de manera directa por acción u omisión cuando su accionar causa la vulnerabilidad. En cambio, lo hace de manera indirecta cuando una acción suya destinada a otro fin, incluso un fin bueno, produce un impacto negativo debido a la incidencia desigual de las normas en diversos sectores poblacionales [23].

Las obligaciones del Estado de cara a la vulnerabilidad

Sobre la base de esta taxonomía podemos avanzar sobre la idea del jurista americano Goodin, para afirmar que:

“algunas vulnerabilidades son naturales, inevitables e inmutables. Otras se crean o se forman por patrones sociales sostenidos. Mientras deberíamos tratar siempre de proteger al vulnerable, deberíamos también tratar simultáneamente de reducir las segundas formas de vulnerabilidad que pueden hacer que la persona vulnerable resulte explotada”[24].

La Corte IDH ha entendido en este sentido que el Estado está obligado a prevenir y tratar las situaciones de vulnerabilidad tomando “aquellas [medidas] necesarias para prevenir todas las formas de discapacidad prevenibles y dar a las personas que padecen de discapacidades mentales el tratamiento preferencial apropiado a su condición”[25]. En el mismo contexto, la Corte ha entendido que:

“La Corte Interamericana considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidades titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”.

Tal deber insalvable del Estado no termina naturalmente en el campo de la administración pública, sino que se proyecta en el campo legislativo y judicial y de allí se extiende por vía de analogía a los operadores jurídicos que alternan con situaciones de vulnerabilidad.

Una especial mención a los adultos mayores

Además de los instrumentos internacionales genéricos, sabemos que la visibilidad de los adultos mayores como sujetos vulnerables ha crecido en importancia en los últimos decenios a la par de la evolución demográfica y social.

En este sentido, el primer instrumento vinculante que recogió la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores es el Protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales o Protocolo de San Salvador (1999), que estableció en su art. 9 que:

“toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez”, mientras que su art. 17 señala que “toda persona tiene derecho a la protección especial durante la ancianidad. En tal cometido, los Estados parte se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica”.

Si bien la Corte IDH hasta ahora no ha abordado directamente los problemas de la tercera edad, aparece tocado indirectamente al tratar temas de fragilidad social [26].

En realidad, a nivel de lo que se denomina “derecho blando” (soft law), la Asamblea Mundial para el Envejecimiento adoptó el Plan de acción internacional de Viena sobre el envejecimiento en 1982. Y la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios de Naciones Unidas a favor de las personas de edad, en donde estableció los principios de independencia (acceso a alimentos, agua potable, alojamiento, vestido, etc.), participación (en la definición de políticas que los afecten), cuidado (medidas de protección y atención familiar, goce de derechos y libertades individuales), autorrealización (posibilidad de asegurar el pleno desarrollo de sus capacidades) y dignidad. A partir de allí comienza una evolución que culmina en la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores[27], que entró en vigencia el 11 de enero de 2017, al haberse cumplido 30 días de la fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación (de acuerdo al art. 37, ratificaron Uruguay y Costa Rica). La convención supone un avance en la visibilización y garantía de los derechos, pero desde luego requiere de la eficacia en su aplicación.

Finalmente, y en forma paralela, conviene mencionar la contribución significativa que supone la protección instrumental de estos derechos a través de la garantía del acceso a la justicia en tiempos reales [28] y que tomen en cuenta las urgencias del ocaso de la vida, en que los tiempos se abrevian y las urgencias de agigantan.

En este contexto, parece evidente la conveniencia de refigurar e introducir la población de tercera edad, según sus circunstancias concretas personales en la vasta noción de vulnerabilidad, a fin de que la sociedad y el Estado acuerde atención social, legislativa y judicial prioritaria a aquellos que han sostenido nuestro presente.


  1. Profesora titular de Derecho de Familia, Universidad Austral
  2. Ipse modo est sine modo amare, cita atribuida a San Agustín, en realidad enunciada por su amigo Severino (Epist. 109, 2. T. 33, col. 419), conf. cita de Gilson, Etienne. Introduction à l’étude de Saint Augustin, v. 11, p. 180. La cita aparece también en el pequeño tratado De diligendo Deo, de San Bernardo (modus, sine modo diligere).
  3.  Francisco de Sales. Tratado del amor de Dios, cap. 12.
  4. Tomás de Aquino. Summa theologica, II-IIae, q. 27.
  5. Ricoeur, Paul. L’amour et la justice. Paris: Ed. Point, 2008.
  6. Justiniano. Institutas: “iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (Inst. 1,1,3-4).
  7. “Equal protection law under the United States Constitution requires that in order to be treated equally, individuals must be treated the same. This sameness-of-treatment version of equality ignores contexts, as well as differences in circumstances and abilities on the part of those whose treatment is compared. Most perplexing is the way in which the equal protection doctrine ignores existing inequalities of circumstances and presumes an equivalence of position and possibilities. Such a narrow approach to equality cannot be employed to combat the growing inequality in wealth, position, and power that we have experienced in the United States over the past few decades”. Fineman, Martha. The vulnerable subject and the responsive State. Emory Law Journal, v. 60 (2010), p. 251 y ss.
  8. “The concept [of vulnerability] has evolved from those early articulations, and I now think it has some significant differences as an approach, particularly in that a focus on vulnerability is decidedly focused on exploring the nature of the human part, rather than the rights part, of the human rights trope”. Ibid., p. 255.
  9. Ibid., 10: 35-36.
  10. Fineman. Op. cit., p. 255: “Importantly, consideration of vulnerability brings societal institutions, in addition to the state and individual, into the discussion and under scrutiny. Vulnerability is posited as the characteristic that positions us in relation to each other as human beings and also suggests a relationship of responsibility between state and individual”
  11. Estupiñan-Silva, Rosmerlín. “La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología”. En: Beltrão, Jane Felipe; Brito Filho, José Claudio Monteiro de [et al.] (coords.). Derechos humanos de los grupos vulnerables: manual. [Barcelona]: Universitat Pompeu Fabra. DHES: Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2014, p. 193 y ss.
  12. Por ejemplo: Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párr 147.
  13. Así, ver por ejemplo: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): Artículo 9: “Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Parte tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad”.
  14. Corte IDH. Condición jurídica y derechos humanos del niño. OC 17/02. 28 de agosto de 2012, serie A, nº 17.
  15. Así Opinión consultiva OC-18/03. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, 2003. Ver también entre otros: CorteIDH, Rosendo Cantet al. vs. México, 31 agosto 2010, párr.70.
  16. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Op. cit.
  17. Gelman vs. Uruguay. Sentencia del 24 de febrero de 2011, párr. 97.
  18. Corte IDH. Sentencia de Ximenes Lopes vs Brasil, 4 de julio de 2006, § 140.Por ejemplo: En tal sentido, los Estados deben tomar en cuenta que los grupos de personas que viven en circunstancias adversas y con menos recursos, tales como los que viven en condición de extrema pobreza, niños y adolescentes en situación de riesgo y poblaciones indígenas enfrentan un incremento del riesgo para padecer discapacidades mentales como el caso del Sr. Damián X. López.
  19. Caso Ximenes Lopes v. Brasil. Sentencia del 4 de julio de 2006, párr. 127: “Debido a su condición psíquica y emocional, las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables […] por el alto grado de intimidad que caracterizan los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas”.
  20. Caso Contreras y otros vs. El Salvador, Sentencia del 31 de agosto de 2011, p. 86. “Además, en el caso específico de niños y niñas separados de sus padres o familiares en el contexto de los conflictos armados, quienes se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, muchas veces se considera su apropiación, con fines diversos, como una consecuencia normal del conflicto armado […] Al tratárseles como objetos susceptibles de apropiación se atenta contra su dignidad e integridad personal, siendo que el Estado debería velar por su protección y supervivencia, así como adoptar medidas en forma prioritaria tendientes a la reunificación familiar”. O también, en el párrafo 90: “Además, en el caso específico de niños y niñas separados de sus padres o familiares en el contexto de los conflictos armados, quienes se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, muchas veces se considera su apropiación, con fines diversos, como una consecuencia normal del conflicto armado […] Al tratárseles como objetos susceptibles de apropiación se atenta contra su dignidad e integridad personal, siendo que el Estado debería velar por su protección y supervivencia, así como adoptar medidas en forma prioritaria tendientes a la reunificación familiar”. O también, en el párrafo 102: “El Tribunal constata que el conjunto de malos tratos sufridos por Gregoria Herminia, su edad, las circunstancias de su desaparición y la imposibilidad de recurrir a su propia familia para protegerse, la colocaron en un estado de alta vulnerabilidad que agravó el sufrimiento padecido. La Corte resalta que Gregoria Herminia Contreras padeció los referidos actos de violencia durante casi 10 años, es decir, desde la edad de 4 hasta los 14 años”. En el mismo sentido: Gelman vs. Uruguay. Sentencia del 24 de febrero de 2011, párr. 97.
  21. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia del 4 de julio de 2006, párr 127. “Debido a su condición psíquica y emocional, las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud, y dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando las personas con discapacidad mental ingresan a instituciones de tratamiento psiquiátrico. Esa vulnerabilidad aumentada se da en razón del desequilibrio de poder existente entre los pacientes y el personal médico responsable por su tratamiento…”
  22. Caso de la Masacre del Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 126. “Sin embargo, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. […] De este modo, al haber propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hecho como los del presente caso”
  23. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, párr. 235. “…una violación del derecho a la igualdad y no discriminación se produce también ante situaciones y casos de discriminación indirecta reflejada en el impacto desproporcionado de normas, acciones, políticas o en otras medidas que, aun cuando sean o parezcan ser neutrales en su formulación, o tengan un alcance general y no diferenciado, produzcan efectos negativos para ciertos grupos vulnerables”
  24. Goodin, Robert E. Protecting the vulnerable: a reanalysis of our social responsibilities. Chicago: University of Chicago Press, 1985, p. ix: “Some vulnerabilities are natural, inevitable, and immutable. Others are created, shaped, or sustained by current social arrangements. While we should always strive to protect the vulnerable, we should also strive to reduce the latter sort of vulnerabilities insofar as they render the vulnerable liable to exploitation”
  25. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia del 4 de julio de 2006, párr. 104.
  26. Estupiñan-Silva, Rosmerlin. “La vulnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esbozo de una tipología” En: Brito Filho, José Claudio Monteiro de [et al.]. Op. cit., p. 193-232. Disponible en: https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/res/dhpp_pdf/DHPP_Manual_v3.193-232.pdf (consulta: 3 mayo 2017).
  27. Puede consultarse su texto en línea: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp.
  28. Dabove, María Isolina. “De los derechos humanos al derecho de la vejez: acceso a la justicia y protección internacional”. En su: Derechos humanos de las personas mayores: acceso a la justicia y protección internacional. Buenos Aires: Astrea, 2015, p. 9 y ss.


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