Valeria Cuenca^[1]

Agricultura es una práctica que involucra la transformación de la naturaleza por parte de las sociedades humanas. Es una actividad económica, social y cultural que adopta diferentes formas que se despliegan en función de contextos históricos, territoriales y relaciones de poder. Con ella se co-definen modos de vida y estrategias de reproducción social, se modelan paisajes y habitan territorios. El tipo y disposición de cultivos y la localización de los pueblos vinculados a distintas lógicas agrícolas dan cuenta de identidades, memorias y prácticas culturales que se construyen en relación con la tierra, las estaciones y los saberes agrícolas. Los cambios en el uso del suelo y el acceso a la tierra no solo (re)organizan la producción económica, también (re)estructuran la vida social, cultural, territorial y ambiental de quienes viven en esos espacios. En este sentido, los cambios en la lógica técnica (como la incorporación de diferentes maquinarias, agroquímicos, siembra directa, entre otras) alteran el entorno físico y las relaciones sociales.

Genealogía

Si bien esta entrada se extiende en diferentes momentos del modo de producción capitalista, particularmente en la pampa húmeda argentina, la agricultura es un proceso histórico mucho más amplio que encuentra sus primeras formas en el Neolítico (aproximadamente desde el 10.000 a.C. hasta el 3.000 a.C., con variaciones según la región). La domesticación de plantas y animales permitió la conformación de aldeas sedentarias y el surgimiento de formas comunitarias de organización del espacio, donde la tierra no era considerada propiedad individual, sino un bien colectivo y un factor de subsistencia comunitaria.

En los grandes imperios de la Antigüedad (1000 a.C.-500 d.C., con variaciones entre Oriente y Occidente), la tenencia se centralizó en figuras de poder absoluto. La agricultura se entrelazaba con el poder político y religioso, generando sistemas de irrigación, tributo y jerarquías sociales, en el marco de lógicas productivas orientadas a la reproducción de esa vida en común. Estas formas centralizadas permitieron la planificación a gran escala del espacio rural, especialmente en las sociedades hidráulicas (como Egipto, Mesopotamia, China o el valle del Indo) con la construcción de canales de irrigación y el trazado de campos para maximizar el control y la recaudación (Wittfogel, 2002).

Tras la caída de los grandes imperios, el hábitat rural se convirtió en la unidad social y económica fundamental. Entre los siglos V y XI, el modo de producción feudalista emergió de los escombros del Imperio Romano de Occidente y se desarrolló en las regiones donde la conquista germánica se articuló con un campesinado romanizado (Anderson, 2005). Siguiendo a este autor, la zona típica del feudalismo se extendía desde el actual norte de Francia hasta Inglaterra, Alemania occidental y el norte de Italia, donde se consolidaron las formas clásicas del señorío rural, la servidumbre campesina y la economía no mercantil. En cambio, en Europa oriental, particularmente en las actuales Polonia, Hungría y Rusia, se desarrollaron formas tardías o derivadas del sistema feudal, asociadas a la expansión del comercio occidental y a la reimposición de la servidumbre durante los siglos XVI y XVII. En este modo de producción particular, la agricultura era la actividad económica central del feudalismo. En este mundo feudal, la tierra constituía el eje de toda riqueza y poder; los señores eran los propietarios de los medios fundamentales de producción y los campesinos los productores directos (Anderson, 2005). Toda la estructura social, jurídica y política giraba en torno al control de la tierra como medio de producción. Era un sistema de producción rural autosuficiente, donde el excedente era apropiado por coerción señorial.

Con el correr de los siglos, las transformaciones en las relaciones de producción y en la organización del trabajo campesino dieron lugar a una progresiva disolución del orden feudal. La expansión del comercio, el crecimiento urbano y la consolidación de los mercados regionales impulsaron una monetización de la economía rural y el surgimiento de nuevas formas de dependencia basadas en la renta dineraria. Según Dobb (1987), este proceso no puede explicarse exclusivamente por el desarrollo del intercambio, sino por la contradicción interna del modo feudal, en la que el incremento de la productividad campesina y la presión señorial sobre los excedentes generaron tensiones estructurales que precipitaron su crisis. Sweezy (1942), en cambio, sostuvo que el comercio y la expansión urbana actuaron como el principal motor del cambio, abriendo la vía para la formación de una economía mercantil generalizada.

En diálogo crítico con ambos, Brenner (1988) enfatizó el papel de las relaciones de clase en el campo y la transformación de la propiedad de la tierra argumentando que la transición al capitalismo se originó en la reconfiguración de las relaciones agrarias, especialmente en Inglaterra, donde la expropiación de los campesinos libres y la consolidación de un campesinado arrendatario (tenant farmers) permitieron el desarrollo de una agricultura orientada al mercado y basada en la competencia. De este modo, el paso del feudalismo al capitalismo no supuso una ruptura instantánea, sino un largo proceso de reestructuración territorial y social, en el que el hábitat rural se transformó profundamente: los señoríos se fragmentaron, las aldeas se reordenaron y amplios sectores campesinos fueron desplazados de la tierra. La acumulación originaria (Marx, 1990) se expresó precisamente en estas dinámicas de expropiación y concentración, que sentaron las bases para la expansión del capital y la subordinación de la naturaleza y del trabajo a la lógica de la valorización.

En América, antes de la colonización, existían complejos sistemas agrícolas indígenas como la milpa mesoamericana, las terrazas andinas o las chinampas, basados en la diversificación ecológica, la complementariedad entre pisos altitudinales y la reciprocidad social, con diferentes grados de complejidad técnica y política. Desde aldeas agrícolas amazónicas hasta los grandes imperios hidráulico-agrarios andinos y mesoamericanos, “las sociedades originarias no eran sociedades sin historia, sino civilizaciones agrarias complejas, con modos propios de organizar el trabajo, el poder y la naturaleza” (Dussel, 1992, p. 44).

El hábitat preconquista se configuraba como espacio relacional, donde la vivienda, el campo, el agua y el cerro eran entidades vivas interdependientes. En palabras de de la Cadena (2015, como se citó en Micarelli, 2017), el territorio andino no es un recurso, sino un marcador cultural, un cuerpo vivo, un conjunto de seres con quienes se cultiva la vida. Los pueblos originarios concebían su hábitat como una comunidad ampliada, que incluía humanos, animales, montañas, ríos, espíritus y ancestros. A partir de los años 2000, la antropología y la ecología política latinoamericana propusieron una mirada pluri-ontológica de la agricultura y el hábitat (Escobar, 2014; Blaser y de la Cadena, 2018), donde no solo se aborda la producción de alimentos, sino prácticas de composición de mundos, de vínculos, de saberes y memorias territoriales.

Con la conquista y colonización muchas de estas formas fueron subsumidas o destruidas bajo el avance de plantaciones esclavistas, haciendas y producciones destinadas a la exportación. Se abrieron camino nuevas formas de agricultura capitalista, que reconfiguraron radicalmente el territorio y sentaron las bases de las desigualdades actuales. Sin embargo, la economía agraria en América Latina no deja de ser un núcleo estructurante de la sociedad, que articula la dominación y la resistencia. Son espacios donde se entrelazan colonialidad y desigualdad, pero también donde se reinventan formas de vida plurales, desde el ayllu hasta la agroecología contemporánea.

La configuración del capitalismo siempre se da de manera disputada, entrelazada y compleja, donde la acumulación de capital tiende a incrementarse y concentrarse, expandiendo la capacidad productiva de la economía en manos de una clase, lo que genera una creciente desigualdad. Esto supone no sólo un cambio económico sino una nueva espacialidad: el territorio rural es penetrado y va re-configurándose bajo lógicas de acumulación, propiedad privada y la circulación del capital. El hábitat rural, antes centrado en la autosuficiencia y la proximidad, se vio atravesado por procesos de diferenciación territorial que articularon centros urbanos, zonas agrícolas especializadas y redes comerciales (Lefebvre, 2013). Este proceso abarca transformaciones en la temporalidad y la experiencia social del espacio rural, la expansión de las relaciones mercantiles transforma los vínculos entre los habitantes y su entorno, redefiniendo los ritmos del trabajo, la percepción del tiempo y la relación con la tierra.

En Argentina, por ejemplo, desde finales del siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, el país se insertó en la expansión del capitalismo global mediante un modelo agroexportador centrado en la región pampeana (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, parte de Córdoba y La Pampa), donde la tierra se constituyó en el eje de acumulación y control. Este proceso estuvo marcado por diversos hitos de la política nacional, entre ellos la expansión de las fronteras hacia la Patagonia a finales del siglo XIX, que resolvió mediante la violencia estatal, la apropiación de territorios indígenas y la incorporación forzada de vastas extensiones al mercado de tierras bajo la lógica de la propiedad privada. La expropiación de tierras comunales consolidó una oligarquía terrateniente vinculada a la producción de carne y granos destinados al mercado europeo, articulando territorio y capital bajo la forma de la renta de la tierra. El hábitat rural se fragmentó entre grandes propiedades y pequeñas unidades campesinas y el territorio fue reconfigurado como un espacio productivo cada vez más homogéneo, estructurado para la exportación.

Muchas de las formas de vida y ocupación fueron subordinadas o subsumidas a la lógica del latifundio y del trabajo asalariado, con una ruralidad marcada por la precariedad habitacional, la dependencia laboral y la invisibilización de otras formas de habitar y producir (Gras y Hernández, 2013). El hábitat rural se configuró en oposición a lo indígena y lo gaucho, representados como símbolos de atraso, frente al ideal del colono agricultor, concebido como agente de modernización. En este marco, se otorgó relevancia a la vivienda de ladrillo, la chacra organizada y la escuela rural. Las colonias agrícolas (particularmente en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba) reordenaron el espacio rural con trazados geométricos, viviendas alineadas, parcelas regulares, rompiendo con los hábitats dispersos de la campaña criolla (Albaladejo, 2013).

Esta perspectiva refuerza la dimensión ideológica del hábitat como un modo de habitar ligado al progreso, la propiedad privada y la disciplina del trabajo agrícola. El territorio no sólo es soporte físico, sino también un producto social e histórico del capital (Santos, 1996; Raffestin, 2011), donde la producción del espacio responde a intereses económicos, institucionales y políticos que configuran una estructura agraria hacia un modelo capitalista y excluyente. El hábitat rural argentino se constituye como un proyecto político-territorial, con tres pilares: colonizar, mercantilizar y civilizar.

A lo largo del siglo XX, la agricultura argentina, principalmente en la zona pampeana, transitó un proceso de transformación estructural enmarcado en la creciente articulación entre producción agrícola e industria. Al compás de las nuevas dinámicas de acumulación se fueron sucediendo transformaciones en el territorio y el hábitat rural. La introducción progresiva de insumos industriales, la mecanización de labores y la especialización productiva refuncionalizaron las economías agrarias existentes, quedando subordinadas a un sistema agroindustrial dependiente.

El Estado tuvo un papel clave en este proceso, orientando la oferta, promoviendo políticas de modernización y facilitando la incorporación de la pequeña producción a la lógica de la agricultura industrial (Gras y Hernández, 2013; Teubal, 2001). La denominada Revolución Verde, desde la década de 1960, consolidó este modelo con la introducción masiva de tecnologías, como agroquímicos, semillas mejoradas y fertilizantes, que incrementaron la productividad y diversificaron cultivos, pero también profundizaron la desigualdad. El acceso diferenciado al capital tecnológico permitió que grandes productores se beneficiaran de las innovaciones, mientras que pequeños y medianos quedaron desplazados, generando nuevas formas de exclusión territorial y precarización del hábitat rural (Gras y Hernández, 2013; Teubal, 2001).

En este período, organismos como FAO, CEPAL u OIT comenzaron a hablar de hábitat rural en clave de desarrollo integral. Este concepto se ejecuta en programas de vivienda, infraestructura básica y servicios (agua potable, electrificación, caminos, salud, educación), donde el hábitat se entiende como condición material necesaria para la modernización agrícola. Una visión crítica a esta perspectiva propone al hábitat rural no solo como carencia de vivienda e infraestructura, sino un territorio en disputa (Vanoli et al., 2022). En la medida en que la modernización desestructura comunidades rurales, erosiona redes de solidaridad y desplaza poblaciones, el hábitat rural campesino, como espacio de reproducción social, resulta profundamente amenazado por la penetración del capital. Al mismo tiempo, se agranda la brecha marcada por la concentración de servicios en áreas productivas estratégicas y el abandono de otras territorialidades rurales, habitadas principalmente por unidades campesinas e indígenas (Giarracca, 2009).

Durante la convertibilidad (1990-2001), y particularmente en la posconvertibilidad (2003-2015), se profundizó la especialización en commodities, especialmente soja transgénica, y comienza el camino de construcción del modelo de agronegocio orientado a los mercados globales. Esta fase estuvo caracterizada por una creciente transnacionalización del capital y la consolidación de plataformas productivas con escasa articulación con las dinámicas territoriales locales. El territorio fue reconfigurado como soporte técnico-funcional del capital, donde la estandarización tecnológica, el acaparamiento de tierras y la primacía de las necesidades de los consumidores globales, actualizaron los vínculos entre producción, vida rural y naturaleza (Santos, 1996; Cazenave, 2021). Así, el hábitat rural se vio progresivamente subordinado a una lógica de rentabilidad empresarial, consolidando una territorialidad excluyente y profundamente desigual.

En la actualidad, se profundiza esta tendencia y el agro pampeano se encuentra profundamente atravesado por el avance del modelo del agronegocio corporativo, sostenido por la intensificación tecnológica, la financiarización de la tierra y la expansión territorial de los cultivos transgénicos en función de los requerimientos del mercado global. El régimen agroalimentario, afianzado desde la posconvertibilidad, consolida procesos de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), como la privatización de tierras comunales, bienes públicos, empresas estatales y servicios básicos. La mercantilización de los espacios de vida penetra en bienes comunes como el agua, las semillas, la biodiversidad y saberes territoriales, mientras se renuevan las formas de acaparamiento o desposesión en nombre de una agricultura verde, como los bonos de carbono o los créditos ambientales. Asimismo, se profundizan las expulsiones forzadas o encubiertas, producto de megaproyectos y la urbanización especulativa, y la financiarización lleva al endeudamiento masivo de hogares. Se construye una territorialidad cada vez más especializada, homogénea y desvinculada de las tramas sociales locales (Gras y Hernández, 2013; Cazenave, 2021). La política pública, a través de discursos sobre sostenibilidad, bioeconomía o economías verdes, actúa como mediadora en la legitimación de este modelo, promoviendo una narrativa de modernización ecológica que oculta las nuevas formas de despojo, concentración y daño ambiental. En este escenario, el hábitat rural ya no es solo lugar de producción, sino también un espacio de disputa por la vida, el arraigo y la autonomía frente a las fuerzas del capital globalizado.

Perspectivas

Diferentes corrientes han puesto en relieve las tensiones y resistencias hacia este camino de una agricultura globalizada. Sarandón (2002) cuestiona la agricultura industrial por su dependencia de insumos externos, su impacto ambiental y la pérdida de saberes campesinos. Su propuesta combina dimensiones ecológicas, sociales, culturales y éticas, donde la agroecología es un paradigma alternativo que permite reintegrar los principios ecológicos en el manejo del agroecosistema, restableciendo el equilibrio entre producción y conservación. No se trata solo de un cambio técnico, aquí la agroecología implica una revalorización del conocimiento campesino, de los saberes locales y tradicionales acumulados en el tiempo por las comunidades rurales. Estos saberes, lejos de ser residuales, constituyen una racionalidad ecológica compleja que orienta las decisiones productivas, la organización del trabajo y las prácticas de cuidado del entorno.

El campesinado es un actor político contemporáneo que disputa sentidos y prácticas de habitar el territorio (Ordoñez, 2022). Frente a los procesos de despojo, concentración de la tierra y mercantilización de los bienes comunes, que se describen en párrafos anteriores, se desenvuelven formas de agencia campesina que producen otras territorialidades. Hocsman (2010), brinda evidencia de que la persistencia del campesinado en el capitalismo es agencia que se adapta con estrategias híbridas (productivas, familiares y comunitarias) para sostener la vida en los territorios. Paz (2018) analiza cómo las unidades domésticas campesinas del noroeste de Córdoba (Cruz del Eje) logran reproducirse en un contexto de avance del capitalismo agrario, concentración de la tierra, degradación ambiental (especialmente acceso al agua) y marginalidad estructural. El campesinado no es residual, sino una forma social persistente y dinámica dentro del capitalismo, combinando estrategias económicas, redes sociales y prácticas culturales que le permiten sostener la vida en el territorio.

En las prácticas campesinas, la agricultura no se reduce a una actividad productiva, sino que constituye un entramado de relaciones sociales, afectivas y más-que-humanas que articulan trabajo, cuidado y reproducción de la vida. En este sentido, estas prácticas no se organizan bajo la lógica de la naturaleza como recurso, sino como formas relacionales de habitar el territorio (Blaser y de la Cadena 2018; Escobar, 2014). Hay un habitar que se reconoce como una dimensión política que disputa los criterios dominantes de desarrollo, propiedad y productividad, y, en este camino, es portador de proyectos alternativos de sociedad que articulan producción, cultura y naturaleza desde otras racionalidades.

Volviendo a la discusión de qué se produce, cómo y para quién, los debates que introduce la soberanía alimentaria politizan la discusión sobre el sistema alimentario y se asientan en el derecho de los pueblos a decidir qué y cómo producir y comer, articulando justicia social, autonomía territorial y biodiversidad. A su vez, cuestionan las perspectivas de seguridad alimentaria promovidas por organismos internacionales, que mantienen la dependencia del mercado global y de las corporaciones (Giraldo, 2018). La geografía crítica latinoamericana, incluyendo a Porto Gonçalves (2001), Santos (1996) y Haesbaert (2011), es un campo de pensamiento crítico que nuclea prolíficas discusiones sobre el territorio y la territorialidad, donde las disputas por el sentido y el uso del espacio visibilizan proyectos tanto alternativos como corporativos.

Las diferentes configuraciones de la agricultura y el hábitat, cuando se analizan desde la complejidad latinoamericana, revelan la persistencia de estructuras coloniales que se actualizan en cada período histórico. Lo colonial no actúa como un vestigio del pasado, ni como una formación histórica clausurada, sino como una lógica que se reactiva continuamente mediante mecanismos que ocultan o neutralizan la diferencia. Esta lógica se manifiesta en nuevas disputas, conflictos y dicotomías que estructuran la percepción del mundo, reconfigurando las formas de dominación y exclusión. En este marco, el llamado presente colonial (Rufer, 2023) evidencia continuidades y simultaneidades entre pasado y presente, donde las fronteras temporales se difuminan y el poder opera a través de gestos iterativos que borran las huellas de su propia violencia.

En síntesis, la agricultura y el hábitat rural son dos dimensiones históricamente entrelazadas de la relación sociedad-naturaleza, donde se materializan las formas cambiantes de la acumulación y la reproducción social. Si la agricultura expresa la manera en que las sociedades transforman y se vinculan con la naturaleza, el hábitat rural encarna las condiciones materiales, simbólicas y políticas que posibilitan o restringen esas formas de vida. En América Latina, ambas nociones condensan la tensión entre producción y reproducción, trabajo y territorio, capital y vida. El hábitat rural, siempre en tensión, se va redefiniendo como espacio de despojo, pero también de resistencia y creación de mundos. Pensar su genealogía permite comprender que no existen formas neutras de habitar , ni de producir. Cada tiempo/espacio agrícola instituye un modo particular de habitar la tierra, de organizar el trabajo y de imaginar el futuro. Reconocerlo implica disputar el sentido mismo del desarrollo y abrir la posibilidad de territorios donde la vida, y no el capital, sea el principio ordenador.

Entradas relacionadas

Campesinado; Capitalismo; Despojo; Naturaleza; Territorio.

Referencias

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