Noelia Cejas^[1]

Despojo en el hábitat rural refiere a procesos mediante los cuales las comunidades rurales son expropiadas, desplazadas y/o privadas del acceso, control o ejercicio de derechos sobre sus territorios, bienes comunes y modos de vida. Estos procesos, propios del desarrollo capitalista y su lógica de acumulación por desposesión, se despliegan y articulan en dinámicas extractivistas y proyectos de modernización que priorizan la mercantilización de la naturaleza. El despojo no solo es material, sino también social, cultural, epistémico y ambiental, afectando profundamente las relaciones entre las comunidades, sus territorios y los no humanos que los habitan. Esto configura conflictos ecológicos-distributivos y perpetúa formas de colonialidad y desigualdad de género.

Genealogía

El despojo tiene raíces históricas y conjuga un orden político persistente de colonialismo, capitalismo y patriarcado. Como señala Segato (2023), su intersección evidencia cómo un hecho histórico puede inscribirse en una estructura de larga duración.

La acumulación originaria (Marx, 1867) remite a un proceso histórico violento que permitió la génesis del modo de producción capitalista. Entre los siglos XV y XVIII, en Inglaterra, este proceso se expresó en los cercamientos de tierras comunales (enclosures) que implicaron la expropiación sistemática de los bienes comunes campesinos, la disolución de estructuras feudales y la transformación forzada del campesinado en fuerza de trabajo asalariada. Este despojo fundacional no fue un evento puntual sino una serie de transformaciones estructurales que dieron lugar al disciplinamiento de cuerpos y saberes, y al nacimiento de nuevas formas de control territorial (Federici, 2015 [2004]). Harvey (2005) acuñó el término acumulación por desposesión, recuperando principalmente teorizaciones marxistas sobre la llamada acumulación originaria (Marx, 1867). Su planteo se aproxima a la lectura de Rosa Luxemburgo, quien sostuvo que la expansión del capitalismo debe entenderse como un proceso de desposesión continuo de las relaciones sociales no capitalistas, y no únicamente como una condición histórica previa o fundacional del mismo.

Esta conceptualización busca dar cuenta de las formas en que el capital, en su necesidad de reproducción ampliada, se expande geográfica y socialmente, dando lugar a procesos de producción del espacio: esto incluye la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad (común, colectiva, estatal, entre otras) en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativa; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios, la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito (Harvey 2005).

El despojo está intrínsecamente ligado a las dinámicas coloniales y a la expansión del capitalismo, donde el acceso y control de la tierra, junto con la mercantilización de los bienes comunes, construidos como recursos naturales bajo una lógica extractivista, fueron primero centralizados por las metrópolis coloniales europeas (Quijano, 1992) y luego apropiados por las élites económicas y estatales, como continuidad de la matriz colonial de poder (Quijano, 2000; Svampa, 2018; Escobar, 2007). Este proceso, lejos de ser un fenómeno del pasado, persiste en la actual fase del capitalismo global bajo nuevas formas de acumulación por desposesión (Harvey, 2005), donde el despojo se intensifica a través de mecanismos financieros, legales y políticos que profundizan la concentración de la tierra y los bienes comunes. Un ejemplo de ello es el fenómeno del land grabbing o acaparamiento de tierras, en el que grandes corporaciones, Estados e inversores transnacionales se apropian de vastas extensiones de territorio, desplazando comunidades rurales y campesinas mediante la compra masiva de tierras, concesiones extractivas o estrategias de privatización de bienes naturales (Borras et al., 2013).

El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo, hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero (Acosta, 2011). Aún más, algunos autores (Mançano Fernandes et al., 2024) analizan las nuevas formas de acaparamiento, cuya expansión no se restringe únicamente a la apropiación de tierras, sino que incluye también el viento y el sol, al sumarse al extractivismo agrícola el energético, a través de la producción de energía eólica y solar. Ahora bien, los procesos de desposesión no se agotan en los fenómenos señalados. En muchos casos, el capital opera de manera más sutil, incorporando de forma funcional a las comunidades campesinas en esquemas de subordinación económica. Hocsman (2006) conceptualiza esta dinámica como “subsunción indirecta del trabajo campesino” (p. 93), destacando cómo, a pesar de una aparente autonomía relativa en las unidades domésticas, estas forman parte de un engranaje productivo más amplio al quedar subordinadas a los ciclos del capital agrario.

Desde el concepto de colonialidad de género, Lugones (2008) expone cómo la expansión capitalista y colonial no solo reorganizó el acceso y control de la tierra, sino que también impuso una jerarquización de los cuerpos y de las relaciones sociales, alcanzando de manera diferenciada a mujeres, indígenas y comunidades racializadas, entre las que se marcan a las comunidades campesinas. Federici (2015 [2004]) señala que la subordinación de las mujeres y la separación de las esferas de la producción y la reproducción han sido pilares fundamentales en los procesos históricos de acumulación. Estos procesos de dominación, subordinación y explotación se desplegaron a través de la persecución y deslegitimación de formas comunales de vida, orientados a consolidar un régimen de acumulación que depende del disciplinamiento de los cuerpos y la expropiación de los saberes vernáculos. Sin embargo, Ojeda (2016) advierte que el despojo no puede entenderse únicamente como una precondición para la expansión del capital. Recuperando un diálogo entre Butler y Athanasiou, la autora señala que la desposesión, impuesta y privativa, es una “condición derivada de la privación forzada de la tierra, derechos, medios de vida, el deseo o modos de pertenencia” (Butler y Athanasiou, 2013, p. 5, como se citó en Ojeda, 2016).

En ese sentido, Ojeda (2016) plantea una definición de despojo como un proceso violento de reconfiguración socioespacial, y en particular socioambiental, que limita la capacidad que tienen los individuos y las comunidades de decidir sobre sus medios de sustento y sus formas de vida. El despojo implica una transformación profunda de las relaciones entre humanos y no humanos que resulta en restricciones en el acceso a los recursos. Esto se traduce a menudo en la imposibilidad de decidir sobre el territorio, la vida misma y el propio cuerpo; el despojo está asociado a la pérdida de autonomía.

En esta línea, el despojo y el orden patriarcal se articulan en una mirada sobre la naturaleza en la que los cuerpos feminizados son igualmente objetivados y apropiados, y afecta concretamente a las mujeres campesinas en términos de acceso a la tierra y a los bienes comunes. Las relaciones de subordinación, construidas por el orden patriarcal, suponen la inferiorización de la naturaleza y la naturalización de lo femenino; esto ha sido fundamental para establecer procesos de apropiación y control tanto de los cuerpos como de los territorios, en función del desarrollo del capitalismo (Colectivo Miradas, 2014). Se impone, como condición, una definición funcionalista de la naturaleza, en la que los bienes naturales o bienes comunes son concebidos como meros recursos, susceptibles de ser explotados (Alimonda et al., 2017). La transformación de la naturaleza en mercancía no sólo responde a una lógica económica, sino que también se inscribe en un proceso epistemológico y ontológico que despoja a los territorios y a las comunidades de su relacionalidad y de los múltiples significados para reducirlos a su dimensión material, en tanto espacios de extracción y explotación (Escobar, 2014).

Leff (2003) señala que la mercantilización de la naturaleza forma parte de la ontología capitalista y colonialista del mundo, en la que la naturaleza es concebida como un ente objetivo y dado, y no como una construcción social e histórica, moldeada por relaciones de poder. Ante ello, plantea el desafío político y epistémico para la ecología política latinoamericana de disputar estas definiciones impuestas, que desnaturalizan la naturaleza para convertirla en recurso e insertarla en el flujo unidimensional del valor y la productividad económica (Leff, 2003). En América Latina se ha desarrollado un pensamiento político-ambiental que no solo permite comprender las dinámicas socioecológicas de la región, sino que también aporta a una lectura global e histórica de estos procesos (Leff, 2002; Alimonda et al., 2017).

En las últimas décadas, el concepto de despojo se ha ampliado para abarcar dimensiones más allá de lo material, como el despojo epistémico o cognitivo. Este enfoque reconoce la imposición de una racionalidad moderna/colonial que niega, subordina o elimina saberes otros, locales, ancestrales o populares (de Sousa Santos, 2009; de Sousa Santos y Meneses, 2014). Este tipo de despojo implica lo que de Sousa Santos (2009) ha dado en llamar una sociología de la ausencia, en la que se invisibilizan y deslegitiman formas de conocimiento no occidentales, fundamentales en las prácticas territoriales rurales.

Este tipo de despojo se manifiesta, por ejemplo, en procesos de desmonte intensivo en regiones como el Gran Chaco argentino, donde no solo se eliminan ecosistemas nativos, con su biodiversidad y funciones ecológicas, sino también los conocimientos territoriales asociados a ellos. En zonas del noroeste de Córdoba, se observa que los desmontes vinculados al avance del modelo agroindustrial han destruido no solo la flora nativa y los sistemas hídricos locales, sino también las formas campesinas de habitar el monte. Esto incluye el despojo sobre los recorridos de los animales, los saberes sobre plantas medicinales, la recolección de frutos del monte para actividades productivas y también sus prácticas constructivas vernáculas asociadas a ciertos materiales del entorno. Esto constituye un despojo no solo territorial, sino también epistémico, en tanto desarticula los acervos culturales y afectivos desde los cuales esas comunidades se vinculan con el territorio.

Porto-Gonçalves (2001) señala que la comprensión del despojo y las distintas formas de acumulación que éste asume en cada región pueden ser comprendidas como expresión de una crisis civilizatoria. Ello exige comprender la narrativa del desarrollo como un cuerpo argumental y valorativo funcional a la expansión del capital.

De este modo, una multiplicidad de iniciativas, planes y proyectos ha dejado como huella el desplazamiento de pueblos indígenas, el despojo de los medios de vida de familias campesinas que se vuelven migrantes dentro de sus propios territorios, y la destrucción ambiental de espacios comunitarios y silvestres. Estos son efectos visibles de procesos respaldados por los paradigmas de desarrollo, progreso y modernidad (Porto-Gonçalves, 2001). En ese sentido, podemos pensar el despojo en clave de epistemicidio (de Sousa Santos, 2009) y de destrucción de ontologías relacionales (Blaser, 2024; Escobar et al., 2024). El despojo capitalista impone una ontología dualista (naturaleza vs. cultura) que fragmenta las cosmovisiones campesinas, indígenas o populares de la ruralidad, anulando sistemas de conocimiento no occidentales y formas de vida que no se ajustan a la lógica de valorización capitalista.

Existe una relación estrecha entre despojo y extractivismo, dado que este último opera como un mecanismo de apropiación intensiva de bienes naturales (Valinotti et al., 2023). Sin embargo, en su larga historia, este mecanismo fue adquiriendo algunas singularidades. A comienzos de los años 2000, los debates sobre el extractivismo comenzaron a consolidarse en América Latina, impulsados especialmente por los movimientos socioambientales y por un sector de la intelectualidad crítica que problematizó sus impactos y alcances (Lang y Mokrani, 2011). La llegada de los gobiernos progresistas en América Latina no implicó una modificación de la matriz económica basada en la primarización de la economía, lo que dio lugar a la llamada paradoja latinoamericana. En este contexto, se distinguió entre el extractivismo clásico, característico de los gobiernos neoliberales, y el neoextractivismo progresista, donde los ingresos obtenidos por el Estado a través de las actividades extractivas se utilizaron como insumo para políticas redistributivas (Acosta, 2011). Así, algunos intelectuales de la región definieron esta segunda versión como una nueva fase del neoliberalismo (Zibechi, 2011), ya que incluso en los gobiernos progresistas los sectores extractivos continuaron siendo un pilar fundamental de los modelos de desarrollo (Gudynas, 2009).

Perspectivas

El despojo en el hábitat rural es un concepto fundamental para comprender las dinámicas contemporáneas de desigualdad, pero también de resistencia, o, como interesa abordarlo aquí, como formas de re-existencia. Esta categoría ha sido trabajada por diferentes autores, como Porto-Gonçalves (2001, 2009), Albán Achinte (2009), Leff (2006) y Escobar (2010), aunque a los fines de este texto, se destaca la perspectiva de Hurtado Gómez y Porto-Gonçalves (2022). La re-existencia apunta a descentrar las lógicas establecidas para buscar en las profundidades de las culturas las claves de formas organizativas, de producción, alimentarias, rituales y estéticas que permitan dignificar la vida y re-inventarla para permanecer transformándose (Hurtado Gómez y Porto-Gonçalves 2022). Los saberes situados desafían así el orden homogeneizante capitalista, colonial y patriarcal, y este enfoque hace de ese acervo un conjunto heterogéneo en continua actualización, desmarcándose de enfoques romantizadores y esencialistas.

Este proceso de despojo ha intensificado la precarización de comunidades racializadas, incluyendo pueblos originarios y campesinos, desplazándolos y erosionando sus formas de vida, conocimientos y territorios. Sin embargo, existe un vasto acumulado de experiencias de lucha y resistencia territorial impulsadas por movimientos sociales, entre ellos organizaciones campesinas, que han enfrentado el despojo y la devastación socioambiental con estrategias de defensa de sus territorios. Estas luchas históricas han incorporado en las últimas décadas reivindicaciones de carácter ambiental (Wagner y Pinto, 2013), lo que visibiliza la interconexión entre justicia social y justicia ecológica.

En este sentido, la dinámica de las luchas socioambientales ha sentado las bases de un giro ecoterritorial (Svampa, 2017). Esto impulsa una narrativa común que expresa el modo en que se conciben y representan, desde la perspectiva de las resistencias colectivas, las actuales luchas socioambientales centradas en la defensa de la tierra y el territorio, un fenómeno especialmente consolidado en organizaciones indígenas y campesinas (Svampa 2017). La crisis ambiental, como parte de la crisis política contemporánea, ha intensificado disputas en torno a la apropiación material y simbólica de los bienes comunes, dando cuenta de lo que Merlinsky (2015) nombra como conflictos ambientales, cuya potencia heurística es la de mirar entre líneas los espacios contenciosos, buscando comprender cómo se definen colectivamente formas de justificación, se construyen significados sociales y, en definitiva, se transforman los registros de legitimidad en torno a lo que debe hacerse en relación a los problemas ambientales que, por cierto, nunca son exclusivamente ambientales (Merlinsky, 2015). Estas disputas evidencian que los conflictos ambientales no pueden reducirse a problemas técnicos, sino que reflejan modelos de desarrollo en pugna, donde se enfrentan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y la vida.

El rol del Estado en estos conflictos es ambiguo: por un lado, se han fortalecido políticas neoliberales que desmantelan estructuras estatales o las tornan funcionales al capital transnacional, facilitando procesos de acumulación mediante la flexibilización de fronteras nacionales, la expansión de economías informales y la mercantilización de bienes comunes; por otro lado, los diversos estamentos estatales han sido clave en la caracterización y legitimación de la conflictividad ambiental, ya sea mediante mecanismos de regulación, criminalización o cooptación de las luchas (Wagner y Pinto, 2013). Actualmente, Argentina atraviesa un proceso político neoliberal de alta intensidad, en el que se ha dictado un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este instrumento ofrece un marco de seguridad jurídica y estabilidad fiscal a inversiones extranjeras en sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y la infraestructura, con exenciones impositivas, flexibilización de controles ambientales y garantías de remisión irrestricta de divisas, consolidando un modelo extractivista de alto impacto socioambiental, debilitando aún más la capacidad de las comunidades locales para disputar el uso y control de sus territorios.

Al igual que ocurre con otros marcos normativos que facilitan el despojo, pueden entenderse, tal como señalan Svampa (2017) y Gudynas (2011), como un mecanismo que refuerza la lógica de acumulación por desposesión. Ante este panorama, las luchas territoriales han desarrollado estrategias de resistencia que desbordan las categorías tradicionales del ambientalismo. En muchos casos, los sujetos que emergen de estos conflictos no se identifican como ambientalistas o ecologistas, pero sus acciones cuestionan los emprendimientos extractivos que buscan mercantilizar recursos que para las comunidades locales tienen valores profundamente distintos. La disputa, entonces, no es solo por la apropiación de los bienes comunes, sino también por los significados y sentidos del territorio.

Svampa y Viale (2014) identifican algunas alternativas a estos modelos de despojo, ordenados en conceptos-horizonte, que se pueden resumir en 3 vertientes: una perspectiva ambientalista integral, ligada al postdesarrollo, en la que se recupera la perspectiva del Buen Vivir: derechos de la naturaleza; una perspectiva ecoterritorial, que resalta la territorialidad, sintetizado en la idea de la defensa de los bienes comunes; y una perspectiva ecofeminista del sur global, centrada en la reproducción de la vida y la despatriarcalización: ética del cuidado.

Si bien los pueblos indígenas y campesinos han sido históricamente los principales afectados, estos procesos también alcanzan a otros sectores rurales como migrantes, trabajadores precarizados, habitantes de periferias rurales y comunidades racializadas no indígenas, que a menudo son invisibilizados por las categorías identitarias dominantes. Esta ampliación permite comprender que el despojo opera también en los márgenes de la categorización legal o etnográfica, afectando cuerpos y territorios subalternizados. En ese sentido, las luchas contra el despojo no pueden pensarse únicamente desde los territorios campesinos. Los conflictos ambientales han generado nuevas alianzas entre movimientos rurales y urbanos, indígenas y no indígenas, articulando demandas que van más allá de la propiedad de la tierra para reivindicar formas de vida, memorias y prácticas de autogestión.

Entradas relacionadas

Economía; Erradicación; Soberanía; Campesinado; Ambiente.

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