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Latifundio

Joaquin Cardeillac[1] y Agustin Juncal[2]

Latifundio supone control, por parte de una élite, sobre propiedades agropecuarias cuya extensión se considera excesiva en relación con una distribución justa o eficiente de la tierra. En tanto concepto crítico, ha sido movilizado desde registros distintos: uno normativo, que impugna la apropiación privada de un recurso finito, no reproducible y no creado por el trabajo humano; uno técnico-instrumental, que señala la ineficiencia productiva (irracionalidad) del gran establecimiento; y uno distributivo, que problematiza la concentración de tierra como generadora de una estructura agraria polarizada entre latifundio y minifundio. Estos registros han predominado en momentos históricos diferentes, pero comparten un núcleo común: para que haya latifundio, no basta con que la extensión supere cierto umbral; es necesario además que esa extensión sea identificada como un problema, ya sea por injusta, por ineficiente o por concentradora. En ese sentido, latifundio nunca fue una categoría meramente descriptiva: es, ante todo, el nombre de un problema.

Genealogía

El término proviene del latín latifundium y refiere a una propiedad rural de gran extensión, designada con distintas variantes según la latitud del continente: plantación, hacienda o estancia (Ansaldi y Giordano, 2006). En toda América Latina, el latifundio ha sido concebido como un elemento negativo para las sociedades agrarias, aunque las tradiciones intelectuales y las respuestas políticas que generó presentan especificidades regionales relevantes.

En el Río de la Plata existe una fuerte tradición intelectual que problematizó el latifundio con base en los campos de pastizales y la estancia ganadera. Para el caso uruguayo, Moraes (2022) identifica una tradición intelectual que fue dotando de una mirada negativa al latifundio y definiéndolo como pernicioso y económicamente improductivo desde la colonia; la descripción de un campo con dos sujetos antagónicos: terratenientes y trabajadores rurales; el planteo de un capitalismo agrario defectuoso e incompleto; y una clase terrateniente que bloqueó las reformas agrarias. En Argentina, una trayectoria semejante se inaugura con Sarmiento y la dicotomía civilización/barbarie, que, como señala Hora (2018), impulsó la idea del latifundio como problema, con momentos diferenciados desde los planos político, social y económico.

Es posible organizar la genealogía de la crítica al latifundio en tres momentos que, si bien se ilustran especialmente desde el espacio rioplatense, encuentran resonancias continentales. El primero, predominante en el siglo XIX, concibió al latifundio como un problema político: el poder de los terratenientes obturaba la construcción de un orden liberal-democrático. El segundo, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, lo situó como un problema social, en coincidencia con el apogeo de la obra de George (2019 [1883]) y su crítica al rentismo agrario. Los cuestionamientos georgianos a la propiedad de la tierra se adaptaron especialmente bien a los países con economías exportadoras de base agraria (Barrán y Nahum, 1985a). El tercer momento, entre las décadas de 1940 y 1970, reencuadró al latifundio como un problema económico, en el marco del estructuralismo cepalino. La reforma agraria ocupó entonces un lugar central en la agenda pública, y los Estados buscaron definiciones operativas del latifundio: en Argentina, el primer gobierno peronista lo fijó en propiedades iguales o superiores a las 700 hectáreas (Hora, 2018); en Uruguay, la Ley 11.029 de 1948 que creó el Instituto Nacional de Colonización estableció la posibilidad de intervención estatal en propiedades de 1.000 hectáreas o más (Juncal y Cardeillac, 2025).

Estas dinámicas no fueron exclusivas del espacio rioplatense. Para la región extrapampeana en Argentina pueden consultarse los trabajos de Teruel y Lagos (2022) o de Valenzuela (2019). En México, el sistema de haciendas constituyó una de las expresiones más emblemáticas del latifundio latinoamericano, y su impugnación generó la respuesta institucional más radical del continente: la reforma agraria que consagró derechos constitucionales y fue ejecutada a través del sistema ejidal (Maldonado, 2008; Le Coz, 1976; Wolf, 1972). En Brasil, la concentración fundiaria extrema, heredada del sistema colonial de sesmarias, generó diversas tradiciones sobre el devenir social y político. Prado Júnior (2011) plantea la herencia rural que determinó una fuerte dicotomía entre latifundio y minifundio con dos tipos de agricultura bien diferenciadas: por un lado, la grande lavoura basada en la gran propiedad y orientada hacia el comercio exterior (principalmente, azúcar, algodón y tabaco) y, por otro lado, una agricultura de subsistencia destinada a mantener las necesidades alimentarias (mandioca, maíz, frijoles y arroz) de la población que proporcionaba la mano de obra. La propiedad latifundiaria fue acompañada del trabajo esclavo que, al menos hasta 1822, significó más de un tercio del total de su población (Prado Júnior, 2011). En ese sentido, los estudios de Freyre (1981) indicaron las particularidades de la democracia brasileña con orígenes en el sistema de plantación (caña de azúcar) con relaciones sociales basadas en el patriarcalismo y la esclavitud, cuyo comercio se prohibió en 1850 y luego fue finalmente abolido en 1888, dentro de la gran propiedad.

La crítica original del latifundio estuvo centrada en lo normativo: la apropiación privada de un bien común que no fue creado por el trabajo humano, tal como queda expresado paradigmáticamente en la obra de George (2019 [1883]). No obstante, promediando el siglo XX, el centro de gravedad de la crítica se desplazó de lo normativo a lo instrumental. Este desplazamiento es análogo al que identifica Stratford (2022) para el concepto de renta de la tierra: un origen asociado a la crítica normativa y un momento posterior en que la discusión normativa es dejada de lado a favor de una crítica técnica y económica. Así, los argumentos que explican la irracionalidad del latifundio pasan a incluir, sobre todo, elaboraciones centradas en factores extra o cuasi económicos: haber recibido las tierras gratis por herencia, la búsqueda de prestigio social, tradicionalismo, etc. (Pucciarelli, A. R., Castellani, A. G., 1998). Luego, hacia fines de los sesenta y principios de los setenta, el debate sobre el latifundio se silencia, como resultado de los procesos políticos que acaecen en América Latina, y que se concretan en dictaduras tanto en Argentina como en Uruguay, que intervinieron las universidades y persiguieron a los principales referentes de la crítica al latifundio y a la estructura social que promovía (Oyhantçabal Benelli, 2022).

A la salida de la dictadura, se produjo un florecimiento de los estudios sobre la estructura agraria, al calor de un afán revisionista de las interpretaciones dominantes. Una de esas revisiones incluyó cuestionar la supuesta irracionalidad y atraso del latifundio ganadero frente al capitalismo agrícola, así como su ubicación en el origen de todos los males que explican el fallido desarrollo de las sociedades rioplatenses. Éstos últimos trabajos mostraron cómo el comportamiento del latifundista tradicional es racional y capitalista, aunque adaptado, o bien a la posibilidad de captar mayores beneficios mediante la inversión en tierra que en aumentos de productividad (Pucciarelli y Castellani, 1998), o bien a las condiciones físicas y ecológicas de la tierra en la que producían (Moraes, 2022; Millot y Bertino, 1996).

Una consecuencia de este movimiento, que revisa la crítica del latifundio en su ineficiencia económica pero no en su traslado desde el campo social y político al campo técnico-económico, va a ser la relativa pérdida de centralidad de la discusión sobre el latifundio. En un contexto político de hegemonía del modelo neoliberal y de reformas por medio del mercado, la discusión sobre el problema del latifundio empieza a perder importancia. Luego, hacia fines de los años noventa, el auge de los precios de los commodities, el éxito de la gran empresa agropecuaria, así como su protagonismo en las enormes transformaciones e innovaciones tecnológicas y organizacionales del agro a comienzos de este siglo (Errea et al., 2011; Bisang et al., 2008), aunado a su rol en el financiamiento de las políticas sociales compensatorias de los gobiernos progresistas de la pink tide y del modelo neoextractivista (Piñeiro y Cardeillac, 2017; Gudynas, 2009), terminó de echar por tierra la crítica a la irracionalidad de la empresa agropecuaria de gran escala, ya superada en lo que hace a la única dimensión que había conservado relevancia: la técnico/instrumental.

Perspectivas

¿Cuál es, entonces, la relevancia del concepto de latifundio para los debates actuales? Para dimensionarla es necesario comprender las razones de su ocaso. El fin del latifundio como noción central de las agendas de investigación no se dio por superación, sino como producto de su circunscripción a un problema técnico-instrumental. Paradójicamente, la deriva hacia lo técnico-económico dejó en sombras la dimensión normativa justo cuando más cruento se presentó en la práctica el acaparamiento y el despojo. Así, la fiebre por la tierra de inicios del siglo XXI (Martínez Dougnac, 2019) prohijó una nueva categoría: el land grabbing o acaparamiento de tierra (Borras et al., 2014). Una noción que, sin estar libre de ambigüedad, logró volver a darle espacio al problema político y social que representa la propiedad privada de grandes extensiones de tierra. En ese sentido, el acaparamiento toma la posta del latifundio como problema y se yergue como una apuesta por trascender la mera preocupación técnico-instrumental por los procesos de concentración de recursos (Van der Ploeg et al., 2015), incluyendo nuevas preocupaciones: la mercantilización de la tierra y el paisaje, la territorialización/desterritorialización, lo ambiental, el despojo, la precarización del trabajo (Cardeillac Gulla y Krapovickas, 2023; Giraldo, 2015; Hall et al., 2015; Edelman y León, 2014; Li, 2011).

En el hábitat rural contemporáneo, al menos tres líneas de análisis mantienen al latifundio en el centro del debate. La primera encuentra la especificidad de nuestros hábitats rurales en la ruptura con la estructura agraria latifundista: los nuevos acaparadores y la lógica del agronegocio desplazan a la vieja élite e instalan un nuevo orden (Oyhantçabal Benelli, 2022; Carámbula, 2015). La segunda, cuestiona en parte esa mirada y muestra más bien continuidad, a partir de procesos de reconversión de las mismas élites que se internacionalizan como acaparadores traslatinos sin dejar de ser latifundistas en lo nacional (Borras et al., 2014). La tercera retoma el problema del latifundio pero para cuestionar al programa que lo ubicó como el origen de todos los males (Moraes, 2022; Hora, 2018), desmontando, a partir de evidencia, la idea de que fue la traba del desarrollo de las fuerzas productivas y del capitalismo en el campo.

Sin embargo, a pesar de que la discusión sobre el latifundio se considere perimida, ésta reaparece periódicamente. Un ejemplo fueron las propuestas de reforma agraria de Grabois en Argentina entre 2019 y 2020, incluyendo un límite máximo de 5000 hectáreas y el denominado Proyecto Artigas. Al otro lado del río, las disputas sobre el rol del Instituto Nacional de Colonización [INC] en Uruguay se intensificaron desde 2020, llegando a un punto álgido en mayo de 2025, cuando el prosecretario de la Presidencia anunció, durante el homenaje a José Mujica, la compra estatal de una estancia de 4000 hectáreas. La polémica resultante incluyó la oposición de partidos conservadores, pero también de sectores progresistas que cuestionaron la pertinencia técnica de que el Estado intervenga con políticas de colonización.

En suma, la noción de latifundio sigue ocupando un lugar central para la discusión sobre los modelos de desarrollo, y hoy, tanto como ayer, revela clivajes y posicionamientos ideológicos profundos que producen realidad.

Entradas relacionadas

Despojo; Campesinado; Capitalismo; Estado; Tenencia.

Referencias

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  1. Facultad de Ciencias Sociales, UdelaR.
    joaquin.cardeillac@cienciassociales.edu.uy.
  2. Facultad de Agronomía, UdelaR. ajuncal@fagro.edu.uy.


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