Pablo Dorado[1] y Ariel Osatinsky[2]
Economía puede referirse tanto al conjunto de actividades destinadas a la producción y distribución de bienes y servicios, como a la ciencia social encargada de analizar la estructura y los procesos económicos. Para el ámbito del hábitat rural, esta conceptualización adquiere una dimensión política inmediata, al analizar cómo se define el control sobre los medios de producción y el territorio. Frente a las lógicas orientadas exclusivamente a la reproducción del capital, se destaca una perspectiva que comprende a la economía como una práctica incrustada en relaciones sociales de reciprocidad, parentesco y cuidado de los bienes comunes. Bajo esta mirada, orientada prioritariamente a la reproducción de la vida, la producción y circulación de bienes buscan satisfacer necesidades colectivas mediante procesos de decisión comunitaria sobre los fines perseguidos. No obstante, en el sistema capitalista, la coexistencia de estas lógicas no es armónica, sino que está atravesada por desigualdades estructurales derivadas de la distribución desigual de la tierra, la tecnología y el capital. Mientras quienes concentran estos factores se apropian de la mayor parte del excedente generado, el sector de la pequeña producción y las familias campesinas enfrentan restricciones en su acceso a los medios de sustento. Así, desde una mirada crítica, la economía se constituye como una herramienta para analizar estas tensiones y debe orientarse al sostenimiento del territorio y de la comunidad más que a la acumulación de capital.
Genealogía
Para comprender la profundidad histórica del concepto, se propone un análisis genealógico que examina cómo las teorías hegemónicas modelaron e invisibilizaron las realidades territoriales. Este recorrido está marcado por la tensión entre la concepción formalista, que reduce la economía a la gestión eficiente de recursos escasos para fines alternativos, y la perspectiva sustantivista, que propone entenderla como un sistema incrustado en las relaciones sociales (Polanyi, 1994). El itinerario recorre desde la centralidad de la tierra en la economía política clásica hasta las trayectorias alternativas que hoy permiten repensar la disciplina de manera más situada, atendiendo a la especificidad del hábitat rural y desde una perspectiva crítica.
A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado diversas actividades productivas para satisfacer sus necesidades básicas. Este recorrido abarca desde la caza, la pesca y la recolección, pasando por la agricultura y la ganadería, hasta la producción en talleres y fábricas, por mencionar algunas. En la actualidad, este proceso alcanza la expansión de la gran industria agropecuaria y la producción extensiva de commodities, donde las actividades productivas se organizan bajo lógicas de eficiencia y competitividad del mercado mundial.
En este trayecto, el desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de la productividad del trabajo permitieron el surgimiento de un excedente. Esto dio lugar a la apropiación de dicho excedente por parte de los sectores o clases sociales con mayor poder (Castillo, 2021; Rieznik, 2003). Tal proceso de apropiación por parte de la clase dominante reorientó la organización económica: el objetivo dejó de ser únicamente el sustento para centrarse, fundamentalmente, en la acumulación.
Si bien existieron reflexiones sobre cuestiones económicas en diferentes etapas de la historia, es en la Edad Moderna cuando la Economía emerge como una ciencia o disciplina específica del conocimiento humano. Con el desarrollo del capitalismo y la conversión de los bienes en mercancías que se compran y venden en el mercado (incluida la fuerza de trabajo), se volvió necesario indagar en las características de los nuevos procesos de producción y distribución (Castillo, 2021).
En etapas precapitalistas, no había mucho misterio en entender que la falta de alimentos y las crisis estaban vinculadas directamente a malas cosechas o caídas en la producción. Por otra vía, quedaba claro que las desigualdades extraeconómicas explicaban la pobreza y la riqueza de los esclavos y sus dueños respectivamente, o de los siervos y los señores feudales. Con la llegada del capitalismo, sin embargo, diversos fenómenos económicos requerían una mayor explicación y estudio: las crisis podían estar vinculadas a fenómenos de sobreproducción; había una desigualdad real en las relaciones que entablaban en la producción individuos que eran, formalmente, libres e iguales (Castillo, 2021; Rieznik, 2003).
La Economía Política se consolidó como ciencia con la escuela clásica de Smith (1997 [1776]) y Ricardo (1959 [1817]). Esta corriente marcó una ruptura respecto a la fisiocracia al postular que la riqueza es producto del trabajo humano, y no se origina en la naturaleza (Féliz y Neffa, 2006; Rieznik, 2003). Sus análisis se centraron en cómo incrementar la producción y la productividad, así como en las formas de distribución del ingreso o la renta. En este marco teórico surgieron conceptos fundamentales, como la división del trabajo (Fernández López, 1998; Ekelund y Hébert, 1992), que pasaron a ser ejes centrales de la disciplina.
Ricardo, en particular, aportó nociones fundamentales para el análisis del hábitat rural, como la renta diferencial de la tierra, categoría que explica cómo la fertilidad y la ubicación del suelo originan beneficios desiguales. Sin embargo, estos desarrollos teóricos eran funcionales a los intereses de la burguesía industrial emergente (Fernández López, 1998; Ekelund y Hébert, 1992). En este sentido, postulados como la teoría de las ventajas comparativas, según la cual una región debe especializarse en aquella producción en la que es más eficiente, condicionaron profundamente a los territorios rurales, orientando su estructura productiva hacia la extracción de materias primas para el mercado externo.
Posteriormente, Marx (2010 [1867]) criticó la visión de los economistas clásicos en relación con la producción y distribución de los bienes, sosteniendo que el capitalismo constituye un sistema de explotación de la fuerza de trabajo, en el cual la ganancia surge de la apropiación de una parte de la riqueza generada por los trabajadores. En esta línea, su análisis muestra cómo la competencia tiende a precipitar la crisis de la pequeña producción, favoreciendo la concentración y centralización del capital, así como el despojo de los medios de vida de amplios sectores sociales para su integración al mercado laboral asalariado (Heinrich, 2008).
A fines del siglo XIX, los neoclásicos redefinieron la disciplina, abandonando su contenido social (Ekelund y Hébert, 1992; Fernández López, 1998). Dejando de lado el estudio de los conflictos entre clases sociales y el análisis de las relaciones sociales que existen en los procesos económicos, definieron la Economía como la ciencia que estudia cómo resolver de manera eficiente el problema de recursos escasos y necesidades alternativas (Castillo, 2021). Es la concepción formalista que consagró al mercado como asignador por excelencia, despojando al individuo de su contexto territorial.
Tras la crisis de 1929/30, Keynes (2014 [1936]) cuestionó la ortodoxia neoclásica y propuso un Estado con un rol activo en la economía, orientado a incrementar los niveles de inversión con el objetivo de alcanzar mayores niveles de producción y empleo. Sin embargo, desde la década de 1970, el monetarismo se consolidó como la corriente predominante en la disciplina, promoviendo la desregulación y liberalización de los mercados, así como las privatizaciones. En el ámbito rural, esto favoreció la expansión del agronegocio, forzando a las comunidades a una competencia global que amenaza su permanencia territorial.
Frente a la hegemonía de la lógica de mercado, surgieron perspectivas fundamentales para comprender la especificidad del hábitat rural. Chayanov (1974) planteó que las unidades familiares rurales poseen una racionalidad propia que no persigue la maximización del lucro, sino el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades y la penosidad del trabajo. Por su parte, Polanyi (1994, 2003) recuperó la noción de economía sustantiva, evidenciando que el sustento humano depende de la interacción con el medio ambiente y que las prácticas económicas se encuentran incrustadas en las relaciones sociales. Estas miradas validaron formas de intercambio no mediadas por el dinero, como la reciprocidad y la ayuda mutua, esenciales para el sostenimiento del hábitat (Collin, 2009).
En las últimas décadas, el pensamiento crítico latinoamericano profundizó estos cuestionamientos. Coraggio (2004, 2009) propone transitar de la Economía del Capital a la Economía del Trabajo, cuyo objetivo central es la reproducción de la vida. Este enfoque se enmarca en la Economía Social, regida por principios de solidaridad, equidad y autogestión. Tal visión resulta clave para el hábitat rural, al reconocer que el trabajo doméstico, de cuidado y la gestión de bienes comunes constituyen los pilares que sostienen la existencia material y simbólica de las comunidades (Coraggio, 2011).
Complementariamente, Pastore (2006, 2010) destaca la relevancia del desarrollo socio-territorial y de las formas asociativas, como las cooperativas y la agricultura familiar, en tanto estrategias que democratizan el territorio y fortalecen el arraigo. Al respecto, Pastore y Altschuler (2015) sostienen que estas experiencias no constituyen simples paliativos frente a la pobreza, sino construcciones de una economía solidaria que ofrece resistencia ante las dinámicas de mercado tradicionales. Finalmente, Altschuler (2013) define al territorio como un campo de poder y disputa de sentidos. Bajo esta óptica, la Economía Social permite a las comunidades rurales disputar el control de su hábitat frente al modelo neoextractivista, promoviendo una visión multidimensional que integra el respeto por la cultura local y el bienestar colectivo como partes intrínsecas de lo económico.
Perspectivas
La economía constituye una clave de lectura indispensable para el hábitat rural contemporáneo, dado que permite visibilizar que el territorio no es un escenario pasivo, sino un campo en tensión donde colisionan diferentes lógicas de ocupación y uso del espacio.
Desde fines del siglo XX, las zonas rurales de Argentina han sufrido transformaciones estructurales ligadas a la consolidación de las políticas neoliberales. En respuesta a la crisis económica mundial de la década de 1970, el capital transnacional se lanzó a la búsqueda de nuevos mercados y negocios que permitiesen recuperar ganancias (Méndez, 1997; Harvey, 1998). En este contexto, la expansión del modelo de agronegocio y el fomento de producciones orientadas al mercado externo (los commodities, especialmente la soja), impusieron una racionalidad centrada en la eficiencia financiera, la escala y la maximización de la renta de la tierra (Rodríguez y Seain, 2007; Giarracca y Teubal, 2006).
Este proceso de concentración generó impactos regresivos directos sobre el hábitat: el despoblamiento rural, crisis de formas tradicionales de producción agrícola o ganadera, la desarticulación de la agricultura familiar, la desaparición de pequeñas explotaciones, el cercamiento de bienes comunes y el empobrecimiento de pueblos rurales (Albaladejo et al., 2013; Giarracca y Teubal, 2006). Esta lógica de acumulación, al priorizar la tecnología ahorradora de mano de obra y la especulación inmobiliaria, expulsa del espacio y del territorio a la agricultura de subsistencia que no mira al mercado y las cadenas de valor, entrando en contradicción con las formas de vida campesinas, provocando desalojos y daños ambientales irreversibles que amenazan la permanencia de las comunidades (Vanoli y Cejas, 2022; Albaladejo et al., 2013).
Frente a esta hegemonía del capital, existen otras perspectivas para comprender cómo se sostiene y produce realmente el hábitat rural desde los sectores populares, como es el caso de la Economía Social y Solidaria. Coraggio (2004, 2011) plantea trasladar el enfoque de estudio desde la economía del capital hacia la economía del trabajo, priorizando no la maximización de ganancias sino la reproducción ampliada de la vida. Bajo esta lente, la unidad doméstica rural se resignifica: deja de ser una mera residencia para entenderse como una unidad económica compleja donde se integran la producción para el autoconsumo, el trabajo de cuidados y la comercialización de excedentes, todo ello sostenido por redes de reciprocidad que el mercado convencional ignora (Carranza Barona, 2013).
En esta línea, la relevancia futura del término se juega en la capacidad de articular estas prácticas con el desarrollo socio-territorial. Como señalan Pastore (2010) y Altschuler (2013), las experiencias de la agricultura familiar, las cooperativas y las ferias no son solo estrategias de supervivencia, sino formas de construcción política del territorio. Estas tramas asociativas disputan el sentido del desarrollo, oponiendo a la lógica extractivista del agronegocio una lógica de arraigo, soberanía alimentaria y gestión democrática de los recursos. Cuestionando el modelo productivo hegemónico, desarrollando estrategias de reproducción y resistencia (Garay et al., 2023), las comunidades y movimientos campesinos enfrentan, en numerosos casos, las tensiones, presiones y desigualdades de la lógica capitalista.
Entradas relacionadas
Agricultura; Capitalismo; Ganadería; Pobreza; Soberanía.
Referencias
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