Francisco Astudillo Pizarro^[1]

Agua es la condición de posibilidad de toda vida, y por vida se hace referencia a un amplio repertorio de significados en la compleja red de dinámicas que animan la existencia social, incluyendo aspectos culturales, políticos, geográficos y económicos, de la que derivan históricamente las configuraciones territoriales y regionales que se articulan tanto a realidades urbanas como rurales. En esta amplitud, se enfatiza su cualidad política, subrayando el vínculo entre agua y poder como una regularidad estructural y dinámica en cualquier formación social humana, contemporánea o pasada, en la que las reglas de uso, apropiación, gestión y distribución del agua (re)producen estructuras sociales de poder y organizan jerarquías territoriales entre áreas centrales y periféricas que condicionan las dinámicas de la ruralidad.

Genealogía

Pese a que el agua constituye una evidente condición de posibilidad para la vida, esta no ha sido una dimensión abordada de manera sistemática en las tradiciones clásicas de las Ciencias Sociales. En disciplinas como la Historia, la Sociología o la Antropología, el agua ha tendido a ocupar un lugar secundario, apareciendo de forma tangencial en análisis centrados en otros objetos, como la cuestión agraria o el desarrollo productivo, sin ser problematizada en sus propios términos. No obstante, existen tradiciones alternativas que pese a ser poco conocidas han situado al agua como eje central del análisis social y territorial. En el cruce entre enfoques históricos, geográficos y sociopolíticos, estas perspectivas han permitido visibilizar la relación estructural entre agua y poder, inaugurando una línea de pensamiento frecuentemente marginada por las corrientes principales.

Un antecedente fundacional es la obra de Metchnikoff (1889), quien introdujo la relación entre territorio, poder y agua como clave interpretativa del devenir histórico de las grandes civilizaciones fluviales, tales como la asirio-babilónica, la egipcia, la india y la china. Su análisis destacó el rol de los grandes ríos en la organización política, el progreso y el control territorial, haciendo visible la centralidad del agua como recurso estratégico y como fundamento de estructuras de poder. Incluso antes que Metchnikoff, el geógrafo anarquista Reclus (1864) había incorporado al agua, y en particular a los ríos, como elemento constitutivo del desarrollo social, articulando dimensiones naturales y sociales. Reclus (1864) analizó cómo factores como la topografía, las inundaciones, la irrigación y los ciclos hídricos incidían en la organización de las comunidades humanas, sus prácticas productivas y sus calendarios culturales. De manera significativa, otorgó un lugar central a la ruralidad, en un contexto intelectual dominado por narrativas de progreso industrial y urbano.

Estas contribuciones fueron relegadas durante décadas hasta ser retomadas por Wittfogel (1957). Sin embargo, aquellas problematizaciones se concentraron mayormente en el estudio de amplias estructuras de poder territorial como Estados, reinos y otras estructuras de organización de poder territorial y control hidráulico. Aquel cuerpo de interrogantes perfiló un campo en el que el agua es la variable clave en la comprensión de relaciones de poder en torno a su control y gestión, es decir, la hidropolítica (Waterbury, 1979).

En este sentido, las ruralidades pueden entenderse como espacios articulados a estructuras territoriales económicas. Más allá de su función productiva en la agricultura, estos suelen ser marginados en el análisis social, especialmente en lo relativo a su condición de hábitats. De esta forma, estos territorios se configuran frecuentemente bajo condiciones de marginalidad hídrica, donde fuera de las infraestructuras de riego, el acceso, la calidad y la seguridad del agua son precarios (Adeyeye et al., 2020). Por otra parte, en contextos rurales, la relación entre sociedad y entorno se encuentra directamente mediada por el agua, a diferencia de los espacios urbanos, donde dicha relación se abstrae a través de infraestructuras y tecnologías que ocultan las fuentes, los ciclos y las desigualdades en su distribución (Gandy, 2014). En la ruralidad, el agua incide de manera inmediata en la reproducción de la vida, humana y no humana, y en la producción, situándose en el centro de las dinámicas territoriales.

No obstante, lejos de ser espacios naturales, las ruralidades están plenamente integradas a la economía capitalista, en la que las nociones de naturaleza en el contexto de la transformación global del capitalismo han sido cuestiones ampliamente analizadas en el campo de la ecología política del agua en Latinoamérica (Ávila-García, 2016), así como en el Sur Global (Salamanca y Astudillo, 2017). En este marco, enfoques contemporáneos, y desde perspectivas híbridas, han analizado críticamente el lugar del agua en los entramados de poder. Estos han cuestionado la dicotomía naturaleza/sociedad, relevando el carácter actante del agua en el ciclo hidrosocial (Swyngedouw, 2009; Linton y Budds, 2014) y en la conformación de territorios hidrosociales (Boelens et al., 2017). Los mismos son entendidos como ensamblajes materiales, simbólicos, técnicos y normativos atravesados por relaciones de poder, articulados por el agua.

Perspectivas

En términos empíricos, la interrogante por el rol del agua y sus formas de apropiación en contextos de procesos contemporáneos de mercantilización de la naturaleza permite comprender una diversidad de formas de marginalización de las áreas rurales, ya sea en términos de conectividad, servicios e infraestructuras para las comunidades. En este sentido, son relevantes también las tensiones y asimetrías de poder en el territorio, a partir de la economía política de la naturaleza. En este contexto, la expansión de la frontera neo-extractiva en nuestro continente (Svampa, 2019), ha transformado las lógicas de la ruralidad en agroindustria, impactando tanto la configuración de las estructuras de ruralidad como también la función del agua en el nuevo metabolismo (Astudillo Pizarro, 2021).

El caso de la Región de Los Ríos, en el sur de Chile, puede contribuir a ilustrar algunas de estas cuestiones clave. Esta región está compuesta por 12 comunas y se caracteriza por la relevancia de los cuerpos de agua, la presencia de grandes ríos, esteros y lagos, y por concentrar la mayor cantidad y diversidad de humedales del país. En este contexto, la región presenta una importante presencia de diversos tipos de ruralidad, en las que se encuentran las tradicionales, las neoruralidades (Castells, 1998) y las industrializadas. En términos de hábitats rurales, muchas de estas áreas son consideradas como Zonas Rezagadas (un instrumento de política pública en Chile que identifica territorios con importantes brechas en desarrollo social y económico).

Dentro de la ruralidad tradicional existen diferencias entre aquellas incorporadas a la centralidad productiva de la economía silvoagropecuaria de gran escala y las ruralidades periféricas de economías de pequeña escala, donde las realidades campesinas se entrecruzan con ruralidades mapuche.

La reflexión se centrará en esta ruralidad tradicional periférica, en la medida en que constituye una forma predominante de hábitat para amplios sectores de la población regional. En estos contextos, el acceso al agua potable es una de las dimensiones fundamentales de las brechas rurales, materializando condiciones de marginalidad hídrica (Adeyeye et al., 2020). En Chile, un 47,2% de la población rural no tiene acceso a agua potable (Amulen, 2019), lo que releva el rol de los Comités de Agua Potable Rural (APR) en la gestión local del suministro. Los APR son instrumentos de política pública que formalizan asociaciones de usuarios como organizaciones comunitarias sin fines de lucro, cuya función es proveer agua potable en zonas rurales sin acceso a servicios sanitarios, a través de infraestructuras sanitarias rurales reguladas por la Ley N° 20.998.

Pese a que la geografía hidrosocial de la Región de Los Ríos se caracteriza por la abundancia de agua, su distribución en términos de su economía política expresa profundas asimetrías derivadas de las condiciones mercantiles de gestión de los recursos naturales en Chile, configurando una forma específica de hidropolítica basada en la privatización y mercantilización del agua (Astudillo Pizarro, 2021). En este contexto político, la reflexión se sitúa en la localidad rural de Mashue, comuna de La Unión, específicamente en la cuenca del estero Lilcopulli, siendo esta una microcuenca que contiene al estero del mismo nombre, aportante del Río Bueno en su ribera norte. El estero corresponde a un humedal de tipo palustre emergente y palustre boscoso con una superficie de 167 ha (Gore Los Ríos/Edáfica, 2024).

En este territorio confluyen diversas actorías rurales, entre ellas organizaciones comunitarias como la Junta de Vecinos de Mashue, comunidades mapuche, como Mashue y Pu Manque Lafken, y el Comité de Agua Potable Rural de Mashue, que cumple un rol articulador y de liderazgo local. Mashue expresa claramente las características de una ruralidad tradicional periférica, marcada por carencias de infraestructura y servicios, donde el acceso al agua potable resulta central. En este contexto, la APR ha construido un liderazgo territorial relevante, articulando organizaciones comunitarias y promoviendo procesos de educación ambiental.

Esta condición periférica contrasta con la centralidad económica del monocultivo forestal que circunda el territorio. Durante las últimas décadas, la zona ha sido colonizada progresivamente por plantaciones de pino y eucalipto, impulsadas por grandes empresas forestales, generando procesos de erosión de suelos (Oyarzún y Castillo, 2018) y una disminución sostenida del bosque nativo desde la década de 1980 (Catalán y Valenzuela Van Treek, 2021).

Las plantaciones de empresas como Arauco y AnChile han incrementado exponencialmente el consumo industrial de agua, produciendo una aguda escasez para las comunidades locales, lo que evidencia una hidropolítica que prioriza las actividades económicas por sobre el consumo humano (Opplieger et al., 2019). Esta configuración territorial muestra las complejidades, escalas y contrastes que componen un escenario en tensión, y en el marco de una política pública de gobernanza del agua que ha privilegiado la propiedad privada mediante instrumentos como las Juntas de Vigilancia y las Comunidades de Aguas Subterráneas (Astudillo Pizarro, 2020). No obstante, aun en este contexto de políticas públicas subsidiarias, las herramientas asociativas y normativas de agua potable rural han sido utilizadas por el Comité APR de Mashue para disputar la centralidad de la propiedad del agua, priorizando las necesidades comunitarias, el consumo humano y la pequeña actividad agrícola.

Frente a la creciente escasez de agua, las empresas han promovido narrativas que señalan a la naturaleza o el cambio climático como causantes de la escasez, escondiendo sus propias responsabilidades (Opplieger et al., 2019). A nivel local, el trabajo de gestión comunitario de la APR de Mashue ha sido importante a la hora de, a través de educación ambiental y activación, sensibilizar a la población rural en relación con la importancia del agua, y generando instancias de interlocución de la comunidad frente al Estado en sus distintos niveles y el mercado. En este contexto, también han desafiado las narrativas empresariales, evidenciando el rol que juegan las empresas forestales en la producción de la escasez de agua, incorporando elementos de ecología política en diagnóstico local

La complejidad de estas problemáticas exige abordajes interdisciplinarios diversos, como diagnósticos socioculturales basados en significados emergentes, el conocimiento local y los saberes territoriales vernáculos en perspectiva histórica. También es fundamental atender relacionalmente a elementos de ordenamiento territorial, así como también sus dimensiones técnicas, articulando diálogos entre lenguajes de valoración aparentemente inconmensurables.

La ecología política y los estudios sociales del agua ofrecen herramientas de interdisciplina frente al desafío de comprender el ciclo hidrosocial como un proceso híbrido y multiescalar (Linton y Budds, 2014), en contextos de ruralidad. Finalmente, el agua, a la vez que posibilita la vida, configura también estructuras y jerarquías territoriales de margen y periferia. En este marco, el agenciamiento rural local y la educación ambiental son fundamentales para disputar narrativas y formas de gestión, en un contexto de tensiones y conflictos derivados del metabolismo del neo-extractivismo forestal.

Entradas relacionadas

Políticas públicas; Infraestructura; Educación; Ambiente; Tecnología.

Referencias

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