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Estado

Julieta Barada[1] y Daiana Andrea Geremia[2]

Estado refiere a un aparato, compuesto por diversas instituciones y organizaciones que se encuentran insertas en la sociedad, mediado por relaciones de poder, intereses de clase y discursos. Esta concepción del Estado desmitifica su presencia como una entidad monolítica. Al mismo tiempo, es posible ir más allá de su concepción heterogénea y abierta, para comprenderlo como concepto empírico desde el cual se establece, en cada momento histórico, un pretendido equilibrio de fuerzas entre diferentes actores, en el marco de una disputa permanente por la hegemonía. En estas relaciones sociales, mediadas por la concepción del Estado, se expresan sentidos y definiciones sobre la realidad social y sus problemáticas. De esta manera emergen los modos en que se entiende desde el Estado a la ruralidad, a las personas, a los espacios y a las materialidades que la componen. Esto tiene un impacto cultural acumulativo en cómo las personas entienden su identidad o incluso en cómo ésta debería ser concebida, lo que puede comprenderse como parte del gran proceso de regulación moral y de normalización, aunque siempre sea inconcluso y en disputa.

Genealogía

En este apartado se hará un recorrido por las relaciones que los Estados, y en particular el Estado argentino, han establecido con y sobre el hábitat rural, marcadas históricamente por políticas y acciones asociadas a la idea de modernización, lo que a su vez se ha traducido en conflictividades y resistencias de las poblaciones e identidades locales. La construcción del Estado sobre la ruralidad y sus poblaciones se remonta, en el contexto americano, al despliegue de los dispositivos coloniales en relación con el control del espacio (Anderson, 2000) y la apropiación de los recursos naturales (Lagos y Calla, 2007). Tal es el caso de las reducciones en los espacios colonizados destinadas a ejercer coerción sobre la población, pero, por sobre todo, lograr un efectivo control de la recaudación de arriendos y tributos. En este marco se sientan las bases de dos de los ejes centrales desde los que se sostiene y se disputa, incluso en la actualidad, la relación entre los Estados, los espacios rurales y las poblaciones campesino-indígenas que los habitan: la propiedad de la tierra junto con sus recursos y la etnicidad.

La relación del Estado nacional argentino y sus ruralidades se ha constituido desde el seno del proceso de conformación de la estatalidad. En el marco de este proceso se buscaba replantear los arreglos institucionales preexistentes y consolidar el poder político nacional mediante el control de la fuerza y el territorio, la definición de los límites y fronteras y la modernización de la economía (Oszlak, 2004). Los debates sobre las ruralidades se encontraban atravesados fundamentalmente por una perspectiva político-económica, en la clave de un campo productor basado en la explotación de la pampa húmeda, sostenida a partir de una política latifundista y extractiva (Barada, 2023).

Al mismo tiempo, la mirada sobre los espacios y sus poblaciones, en función del éxito de ese mismo modelo extractivo, implicó, desde comienzos del siglo XIX, el despliegue de una política civilizatoria, que entendía al futuro en las ciudades y en una población urbana y blanca que provendría, fundamentalmente, de la inmigración europea. En este contexto, una de las cuestiones que marcaron la etapa de consolidación del Estado ha sido la figura del desierto, como construcción de una imagen sobre aquellos espacios que, como el área andina, habían sido eje de las economías coloniales y es la misma formación del Estado la que favoreció su crisis económica y poblacional durante el siglo XIX.

Esa idea de espacios inhóspitos y vacíos se ha extendido sobre sus poblaciones y sus arquitecturas. Baste el ejemplo de Boman (1991 [1908]) en su llegada a la Puna, y la referencia a la naturaleza horrorosa del paisaje, en el cual la vida para el europeo sería imposible, tal que “le provocaría desarreglos mentales” (Boman, 1991 [1908], p. 414). Así, si bien la cuestión indígena ha sido relevante en el período de la conquista, adquirió vital relevancia durante el proceso de formación de una pretendida unidad nacional, otorgándole al desierto una categoría de exterioridad: lo otro, lo ajeno, lo no nacional, a-moderno (Torre, 2011). Svampa (2006) propone, en efecto, que existe un paralelo etimológico entre civilizar y urbanizar, en un análisis crítico del modelo sarmientino que invisibiliza a las poblaciones rurales y su hábitat. En términos más amplios, la articulación entre lo cultural y lo material se constituyó como un binomio indisociable para la formación del Estado moderno (Corrigan y Sayer, 2007).

En este marco, buena parte de las relaciones entre el Estado y las ruralidades se constituyeron en el marco de campañas militares para el establecimiento de fronteras mediante el exterminio de las poblaciones y el posterior repoblamiento de sus tierras, procesos para los que la referencia a la Patagonia y al Chaco resulta ineludible (Pérez, 2021; Quevedo, 2015; Zusman, 2000). La lucha contra el indio estuvo, entonces, sostenida por procesos de racialización en los cuales la concepción de un hombre blanco europeo superior se convirtió en un hito histórico (Quevedo, 2015). A través de esa misma gesta civilizatoria se habilitó la ocupación de tierras indígenas por parte del Estado y el establecimiento de un modelo capitalista, vigente en la actualidad, a partir de la venta a privados (Nagy, 2022). Además de la acción militar, el entramado estatal-civil en la construcción de una hegemonía se valió del rol de los intelectuales y la opinión pública que fueron centrales para que la cuestión del indio y el desierto se convirtieran en un asunto de identidad y defensa del naciente Estado-nacional. Para estos sectores se jugaba el control y definición de los límites, la necesidad de poblar y de defender el territorio y la propiedad privada, así como la confianza de los productores que buscaban el progreso del país (Torre, 2011).

Al mismo tiempo, las políticas exploratorias y civilizatorias en otros espacios estuvieron atravesadas, fuertemente, por la voluntad de expandir el aparato estatal como vía para la incorporación de las poblaciones fronterizas a la nación, y la consecuente (o necesaria) transformación de sus condiciones de vida, mediante el despliegue de dispositivos de control y aglutinamiento (Quevedo, 2024). Como ha planteado Segato (2002), “el papel del Estado argentino y sus agencias, particularmente la escuela, la salud pública y el servicio militar obligatorio e ineludible, fue el de una verdadera máquina de aplanar diferencias de extrema e insuperable eficiencia” (p. 17). Cerri (1903), primer gobernador del extinto Territorio Nacional de Los Andes, decía, en sus primeros recorridos:

la incorporación de estos indios a la nacionalidad argentina será difícil sino se establece una escuela y un comisario de policía con algunos hombres, en el caserío de Susques, que los haga respetar las resoluciones de gobierno (…) los habitantes son de raza india pura (como se citó en Aceñaloza, 1972, p. 67).

Convertir a las poblaciones de los Territorios Nacionales en ciudadanos argentinos fue el objetivo central de las acciones de los diferentes agentes enviados por el Estado. Para maestros, gendarmes, y demás agentes estatales, transformar las dinámicas socio-territoriales de las poblaciones pastoriles y desarrollar su condición ciudadana estaba asociado a la idea de hacer patria (Silla, 2010).

Por su parte, las miradas sobre el hábitat por parte de los agentes estatales, pero también del entramado constituido por las instituciones académicas, han tenido diferentes perspectivas en distintos momentos del siglo XX. La idea de la vivienda rural asociada a la vivienda natural formó parte de los primeros intentos por reconocer y valorizar, desde esas mismas perspectivas, el hábitat en aquellos lugares recientemente reconocidos por la entidad nacional en proceso.

Como ha planteado Tomasi (2012), en este contexto, el rol del desarrollo de la antropogeografía en Argentina fue fundamental. En efecto, la idea de lo natural es significativa en sí misma para pensar en la construcción de hegemonías por parte del entramado estatal, puesto que en su concepción contenía, en una línea similar a lo planteado en torno a la mirada de los primeros funcionarios, una referencia al espacio geográfico, a los materiales utilizados, pero también a las poblaciones que los producían (Tomasi, 2012). En efecto, es en este contexto que encuentra su génesis la noción de rancho que forma parte, incluso en la actualidad, de las categorías censales para clasificación de las viviendas, comprendiendo la calidad constructiva y también ciertas conformaciones espaciales asociadas a las viviendas en el campo (Tomasi y Barada, 2021).

Posteriormente, durante las décadas de 1960 y 1970, la revisita sobre las arquitecturas rurales, en el marco de un interés internacional por las arquitecturas sin arquitectos (Rudofsky, 1973), tuvo su impacto en la valorización hegemónica de ciertas arquitecturas, con perspectivas que no difieren radicalmente de las anteriores. En una misma línea de valoración romántica tendían a exaltar la estética de la escasez o incluso de la pobreza (Tomasi, 2012). En todo caso, las miradas sobre el hábitat en las ruralidades, y en particular las viviendas, han sido foco de interés de las instituciones y academias en distintos momentos del siglo XX. Esto da cuenta de un entramado estatal que sostiene una clasificación unidireccional de las producciones y las formas de vida, con una notable persistencia en la exaltación del binomio rural-urbano, que incluso encuentra su paralelo en lo legítimo y lo ilegítimo (Sesma, 2021). La continuidad de estos debates se expresa en las tensiones actuales en torno a los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y el rol del Estado como agente transformador.

Perspectivas

El devenir de las narrativas y las acciones concretas del Estado sobre la ruralidad constituyen un campo de notables persistencias. En este ámbito, resulta necesario destacar (y problematizar) la unidireccionalidad de las políticas en el marco de una construcción hegemónica cuyo eje sigue siendo la urbanidad. Como se ha planteado en Vanoli et al. (2022), el despliegue del Estado sobre los territorios rurales en Argentina ha estado atravesado de manera profunda por “la matriz civilizatoria dominante (capitalista, colonialista y patriarcal), que ha diseñado e intervenido al hábitat rural-campesino de manera fragmentaria y reductivista” (2022, p. 8). En todo caso, la tendencia a la modernización persistente, expresada en diversas políticas de desarrollo productivo, de salud y habitacionales, ha tendido a escindir las dimensiones de lo social y lo reproductivo, con una significativa área de vacancia en torno al hábitat como concepto integral.

Esto se vincula, a su vez, a la escasez de datos que emerge no sólo de la ausencia de miradas sobre el hábitat rural. Se trata de una problemática previa: la ausencia de categorías estatales específicas para reconocer las particularidades de este hábitat, especialmente desde su materialidad. Sesgo que se cimienta en los sentidos y miradas que primaron sobre lo rural en el proceso de conformación del Estado.

De acuerdo con la definición empleada en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, la última categoría de clasificación de viviendas es rancho y su definición está vinculada a dos aspectos fundamentales en la espacialidad rural: la salida directa al exterior y el uso del adobe como material en muros (INDEC, 2022). En paralelo, los programas de erradicación de ranchos, desde las últimas décadas del siglo XX, se basaron en la estigmatización y negación de las prácticas de las comunidades locales, como un camino para su reemplazo por otras espacialidades y materialidades, y en definitiva otros modos de habitar.

Esto se ha expresado en diversos programas habitacionales nacionales y provinciales: en la provincia de Córdoba y su política de erradicación de viviendas rancho desde 2009, asociando este tipo de construcción con la reproducción de la enfermedad de Chagas (Sesma, 2021a y b); el programa Mejor Vivir en la provincia de Chaco desde el año 2005, mediante una asociación entre el Estado nacional, provincial y municipal (Quevedo, 2015; Boito y Quevedo, 2019); y el caso de las políticas estatales habitacionales en la provincia de Tucumán orientadas a poblaciones indígenas campesinas (Garay y Gómez López, 2021).

En todo caso, el sesgo construido sobre la primacía de un campo productor conlleva que la mirada sobre el hábitat rural se construya desde lo explicativo, desde el sostenimiento y el despliegue de políticas pensadas para las ciudades y desde las ciudades a las que ese campo abastece, dejando de lado la condición de la ruralidad como espacio de reproducción. Por el contrario, el desafío es considerarlo un constructo en el que personas, espacios y prácticas se constituyen de manera mutua en la reproducción de la vida (Ingold, 2000).

Esto permite pensar políticas estatales desde lo situado, abriendo el diálogo a miradas, necesidades y desigualdades que han sido relegadas por décadas. Algunas de ellas son desigualdades energéticas, en cuanto al acceso a la energía para las comunidades rurales e indígenas, lo que impacta en la distribución de las tareas de la reproducción de la vida fundamentalmente en los cuerpos feminizados, las prácticas productivas y de traslado, la gestión de la reproducción familiar, entre otras (Huerta et al., 2024). Otras se expresan directamente desde la materialidad y la espacialidad de las políticas de vivienda para áreas rurales, que persisten en una cierta idea de urbanidad (Barada, 2017).

Teniendo en cuenta que el Estado es, entonces, un aparato repleto de relaciones sociales (Jessop, 2016), son necesarios nuevos espacios de discusión y la participación de las comunidades rurales e indígenas en los espacios de definición, evaluación y ejecución de políticas estatales en sus distintos niveles, lo que permitiría no sólo ampliar los horizontes democráticos, sino también incorporar saberes, identidades y sentidos que de la política tradicional escapan.

Entradas relacionadas

Erradicación; Políticas públicas; Urbano; Vivienda; Límite.

Referencias

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  1. CONICET – Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, Instituto de Investigaciones sobre Naturaleza y Sociedad Rodolfo Kusch, UNJu. ju.barada@gmail.com.
  2. Instituto de Estudios en Comunicación Expresión y Tecnología, CONICET-UNC – Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, FCS, UNC. daiana.geremia@unc.edu.ar.


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