Ana Garay^[1]

Infraestructura es el conjunto de servicios, medios técnicos e instalaciones que permiten el desarrollo de una actividad, ya sea de circulación, conexión, producción, salud, educación, recreación, de habitar, entre otras. Es un proceso diacrónico y socio-técnico, dado que su historia no es solo sobre el momento de creación, planificación y construcción, sino también sobre sus usos, significados y mantenimientos a lo largo del tiempo. La misma media entre sociedad y naturaleza, produciendo nuevas configuraciones de hábitat y relaciones de poder.

Genealogía

La Real Academia Española define a la infraestructura como una obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra, así como también un conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. La palabra proviene del latín infra, que significa debajo, y structus, que significa construido.

El término infraestructura es moderno, ya que se originó en la legislación ferroviaria francesa en el siglo XIX. El diccionario de la Academia Francesa de 1879 la define como,

el conjunto de cimientos y movimientos de tierra en la construcción de una carretera o ferrocarril que incluye terraplenes y trincheras, estructuras de ingeniería y pasos a nivel. También comprende las instalaciones y equipamientos que permiten la actividad técnica y económica de una comunidad (como se citó en Guajardo Soto, 2023, p. 3).

El mismo autor sostiene que no fue una jerga técnica, sino un concepto administrativo para delimitar la frontera entre la inversión privada y pública. Su traducción y uso posterior en lengua inglesa en el siglo XX le dio un carácter operativo, asociado a grandes operaciones militares, con tensiones entre lo que entendemos por instalación, red y sistemas (Guajardo Soto, 2023).

Por otro lado, la definición francesa de 1935 destaca el uso que le habían dado los marxistas para entender a la infraestructura como un conjunto de condiciones económicas consideradas como base de las instituciones, el aparato estatal y la ideología. En este sentido, Marx (1981) se refiere a la infraestructura como el “conjunto de relaciones de producción que forman la ‘estructura económica de la sociedad’ que es la base real ‘sobre la que se eleva un edificio jurídico y político’” (como se citó en Guajardo Soto, 2023, p. 6). Así, Godelier (1978) caracterizó a la infraestructura como una combinación de tres tipos de condiciones materiales y sociales para reproducir la existencia social: (1) las condiciones ecológicas y geográficas, (2) fuerzas productivas con diferentes procesos de trabajo y (3) las relaciones sociales de producción.

La idea de infraestructura se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial, en relación con la obra pública estatal, definiéndola como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, por lo general, de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2000, como se citó en Rozas y Sánchez, 2004). Esta definición de infraestructura como importante instrumento de cohesión económica y social, de vertebración del territorio, integración espacial y mejora de la accesibilidad (Kogan y Bondorevsky, 2016), ha tomado fuerza. La provisión eficiente de la misma es uno de los aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, especialmente de aquellos países que han orientado su crecimiento al exterior (Rozas y Sánchez, 2004), por lo cual ha sido foco de inversión de las agencias internacionales de crédito.

Según Perrotti y Sánchez (2011), los efectos positivos se maximizan cuando son acompañados de los aspectos regulatorios, organizacionales e institucionales adecuados para su desempeño. La inversión en infraestructura tiene un impacto distributivo importante en la población y repercute en la configuración del hábitat. Lo propio ocurre con la calidad de vida, dado que en su medición suele usarse información de origen censal pertinente a dimensiones tales como vivienda, infraestructura de servicios públicos básicos, salud, educación (Ortiz de D´Arterio y Madariaga, 2007; Mikkelsen, 2007). Tal como se puede ver en la siguiente definición, en Argentina, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) incluye la infraestructura como una dimensión del hábitat,

entorno donde el grupo familiar desarrolla sus actividades, lo que incluye la vivienda en sí, la infraestructura (agua potable, electricidad, gas, desagües pluviales y cloacales, pavimento, alumbrado público, recolección de residuos, entre otros) y la accesibilidad a los equipamientos sociales (como salud, educación, recreación, cultura, comercio y sistemas de transporte y comunicaciones) (como se citó en Garay, 2018, p. 36).

A su vez, también la incorpora dentro de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como una de las categorías. En este sentido, la mayor inversión en infraestructura tiene un impacto positivo en las poblaciones y en su crecimiento económico (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas [FIEL], 1998). Sin embargo, algunos estudios desde las Ciencias Sociales han comenzado a resignificar el término, cuestionando la relación lineal entre infraestructura y desarrollo. Sus aportes permiten examinarla no solo como objetos materiales y técnicos, sino como una mediación que hace posible lo social y como organizadora de flujos, lo que habla de las relaciones de poder (McCallum y Zunino Singh, 2023).

Siguiendo con esta idea, Tarr y Dupuy (1988, como se citó en McCallum y Zunino Singh, 2023) incorporan el concepto de red para dar cuenta de que la ciudad no es meramente un conjunto de construcciones, sino de relaciones y flujos, sosteniendo que estos últimos son materias que mueven a otra materia. A su vez, los flujos son un resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesan o se instalan en los fijos, modificando su significación y su valor, al mismo tiempo que ellos también se modifican (Santos, 2000). El autor sostiene que estos elementos fijos instalados en cada lugar permiten acciones que modifican el propio lugar; los flujos nuevos o renovados, en tanto, recrean las condiciones ambientales y las condiciones sociales, redefinen esos lugares. Los fijos y flujos juntos, interactuando, expresan la realidad geográfica y, de ese modo, conjuntamente, son dimensiones constituyentes de la infraestructura.

McCallum y Zunino Singh (2023) han asociado a las infraestructuras con el control territorial y al extractivismo, lo que es reflejo de las relaciones de poder que imponen. Sostienen que estas han facilitado la integración al mundo capitalista a través de rutas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, entre otros. Analizarlas bajo esta perspectiva permite observar que pueden ser signo de asimetrías globales y, muchas veces, han resultado en fricciones con la infraestructura existente (McCallum, 2019), por lo que son tanto símbolo de modernidad como testigo de las limitaciones y tensiones de la gestión del Estado (Zunino Singh et al., 2021). En muchos casos, las mismas no se relacionan con las necesidades de las poblaciones donde se insertan.

Finalmente, desde una perspectiva procesual, las infraestructuras se consideran espacios móviles en cuanto están en constante transformación, son un ensamblaje socio–técnico que requiere reparación y mantenimiento (McCallum y Zunino Singh, 2023). Otro rasgo que destacan los autores es que no son discretas, sino que se superponen entre sí, creando solapamientos, a lo que denominan infraestructuras enredadas.

Perspectivas

Particularmente en el hábitat rural se distinguen diferentes tipos de infraestructuras, entre las que se observan: (a) territoriales (calles, rutas, canales, diques, acueductos, ferrocarriles, etc.); (b) de servicios (red de agua, gas, luz, telecomunicaciones, etc.); (c) institucionales estatales (comunas, vialidad, centros comunitarios, Juzgados de Paz, entre otros); (d) vinculadas al habitar de las poblaciones (de asistencia social, recreativas, de culto, salud, educación, de producción, etc.).

Estas infraestructuras tienen una fuerte relación con la construcción de los Estados modernos y el territorio nacional, del panamericanismo y las ideas de progreso (McCallum y Zunino Singh, 2023), y tienen implicancias fundamentales en el destino de una región. La conectividad generada por una infraestructura integral es el parámetro estratégico más relevante para lograr un vigoroso progreso territorial, incidiendo en el tejido empresarial, la expansión productiva y el desarrollo del capital humano local (Ezama, 2025).

La inversión en caminos, servicios (luz, agua potable, gas, internet), salud, educación, entre otras, ha generado un mejor acceso a derechos básicos en la población rural. Esto ha mejorado las tasas de analfabetismo, las condiciones de habitabilidad, principalmente en relación con el acceso a servicios básicos como el agua y la luz, la salud, la educación y su conexión con pueblos y ciudades, lo que permite que las comunidades puedan comercializar sus productos, entre otras cosas.

Por el otro, las infraestructuras son símbolos de poder que pueden crear relaciones asimétricas en los territorios. Los hábitats rurales de las comunidades campesinas y de los pueblos originarios fueron asociados a la pobreza, por el menor acceso a infraestructura o condiciones de hábitat precarios (viviendas rancho, enfermedades como Chagas, entre otras). Así, en diferentes etapas de la Argentina, se construyeron caminos, hospitales, postas sanitarias, escuelas, caminos, redes de servicios y barrios de vivienda. Sin embargo, las planificaciones y las inversiones, privadas o estatales, fueron realizadas desde una mirada moderna y urbano-céntrica que, tal como establecen Esteves y Miranda Gassull (2019) para el caso del agua en Mendoza, fueron ejes estructurantes para la transformación del hábitat rural y establecieron las bases para la transformación del patrón tradicional disperso hacia un patrón agrupado. Esto no solo vulnera un derecho al reconocimiento de la diferencia, sino que además tiene su correlato en la pérdida de costumbres, la fragmentación de la vivienda-parcela productiva, el despojo de la tierra por parte de las comunidades y en consecuencia la mayor concentración de la misma. Esto tiene un gran impacto en las comunidades rurales ya que es el medio por el cual se garantiza su supervivencia y su reproducción (Garay y Gómez López, 2021; Garay, 2018).

Por otro lado, y aun cuando se fomenta la vida urbana en el hábitat rural, tampoco se tienen en cuenta las infraestructuras vinculadas a los nuevos modos de habitar de las poblaciones rurales, quienes revelan y reclaman la necesidad de tener equipamiento recreativo (plazas, canchas de fútbol, clubes o boliches) y de culto (iglesias o espacios al aire libre para la celebración de la Pachamama). También consideran importante tener en cuenta el equipamiento institucional estatal en el territorio (sedes comunales, campamentos de vialidad, Centros Integradores Comunitarios [CIC], juzgados de paz, entre otros) (Garay, 2018).

En el pasado, el garante de la organización, financiamiento y gerenciamiento era el Estado, pero en la actualidad, infraestructuras como agua (para consumo y riego), transporte, electricidad, comunicaciones, aeropuertos y puertos se realizan de la mano del sector privado, que aplica mecanismos que permiten el funcionamiento de estos sectores bajo las reglas del mercado (FIEL, 1998). En un contexto de globalización de los sistemas agroalimentarios, el hábitat rural es escenario de inversiones públicas-privadas con el fin de vincular estos territorios al mundo y, principalmente, extraer recursos naturales. Esto trae como consecuencia la mayor concentración de la tierra y las ganancias, la disminución de los pequeños productores, la destrucción del monte, la necesidad de generar nuevos empleos para sobrevivir y el empeoramiento de las condiciones de vida.

Si se tiene en cuenta el binomio fijos y flujos propuesto por Santos (2000), los caminos no solo han permitido el tránsito de las personas en busca de mejores oportunidades o mejores condiciones de comercialización, de educación, de salud o de trabajo, sino que también han propiciado todo tipo de extractivismo: de recursos naturales, de mujeres y de saberes. La inversión en infraestructura desde esta mirada hegemónica, que excluye a las poblaciones rurales, lejos de encarnar un desarrollo y bienestar, trae destrucción e introduce nuevos riesgos (Howe et al., 2015, como se citó en McCallum y Zunino Singh, 2023). Es necesario tenerlos en cuenta para promover la igualdad en el acceso a infraestructura, comprendiendo que son tecnologías políticas que median entre los actores presentes en el hábitat rural (Anard, 2017, como se citó en McCallum y Zunino Singh, 2023).

Entradas relacionadas

Capitalismo; Despojo; Estado; Tecnología; Energía.

Referencias

Esteves, M. J. y Miranda Gassull, V. (2019). Agua y Estado como ejes estructurantes de los procesos de transformación del hábitat rural en el árido de Mendoza (Argentina). Revista de Geografía Norte Grande, (73), 77-92.

Ezama, J. (12/06/2025). Opinión: infraestructura rural, la clave del desarrollo y el progreso territorial. La Nación. https://acortar.link/82FcgE

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas [FIEL] (1998). Argentina: infraestructura, ciclo y crecimiento. FIEL.

Garay, A. (2018). Hábitat rural y condiciones de vida en Tucumán [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Tucumán]. Repositorio institucional

Garay, A. y Gómez López, C. F. (2021). Una aproximación al estudio de las políticas públicas de vivienda rural en Tucumán. Hábitat y Sociedad, (14), 303-323.

Godelier, M. (1978). Infrastructures, Societies, and History. Current Anthropology, (19), 763-771.

Guajardo Soto, G. (2023). ¿Qué es la infraestructura? Orígenes, giros y continuidades del concepto. Arq., (114), 4-15.

Kogan, J. y Bondorevsky, D. (2016). La infraestructura en el desarrollo de América Latina. Economía y Desarrollo, (156), 168-186.

McCallum, S. (2019). Railroad Revolution: Infrastructural decay and modernization in Argentina. Latin American Science, Technology and Society, 2(1), 540-559.

McCallum, S. y Zunino Singh, D. (2023). Infraestructuras de movilidad. En D. Zunino Singh, P. Jirón y G. Giucci (Eds.), Nuevos términos clave para los estudios de movilidad en América Latina (pp. 153-166). Teseo.

Mikkelsen, C. (2007). Ampliando el estudio de la calidad de vida hacia el espacio rural. El caso del partido de General Pueyrredón. Argentina. Hologramática, 6(4), 25-48.

Ortiz de D´Arterio, P. y Madariaga, H. (2007). Propuesta de medición de la calidad de vida en las localidades rurales y su implementación en la provincia de Tucumán. Breves Contribuciones del I.E.G., (19), 120-153.

Perrotti, D. y Sánchez, R. (2011). La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe. División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL.

Rozas, P. y Sánchez, R. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual. CEPAL.

Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Ariel.

Zunino Singh, D. S., Gruschetsky, V. y Piglia, M. (2021). Pensar las infraestructuras en Latinoamérica. Teseo.

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