Daiana Andrea Geremia[1] y Mario Riso[2]
Energía es un término asociado a la idea de fuerza de trabajo, de acción y movimiento. Una definición clásica la entiende como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en sí mismos o en otros. Según su origen puede ser clasificada como: mecánica, potencial, interna, eléctrica, térmica, electromagnética o química, entre otras. Sin embargo, esta definición clásica no contempla que la energía es profundamente social, ya que es el resultado de un sistema político, económico y cultural situado, por lo que es necesario pensarla siempre en el contexto en el cual se usa y produce. Si se aborda sólo en términos técnicos, se la despoja de su historia y de las relaciones de poder que la atraviesan. Un ejemplo de ello es la importancia del acceso y control del petróleo, no solo en la consolidación de los Estados sino también como demostración de poder militar. Se pueden advertir dos maneras de concebir a la energía. Por un lado, desde una mirada mercantil, asociada a un canon productivista y antropocéntrico de la naturaleza, en la que se la entiende como un commodity. Por otro lado, una perspectiva de la energía como derecho o bien común abre la discusión sobre cómo democratización y acceso a la energía son centrales para pensar procesos de transición energética.
Genealogía
El mundo se encuentra ante una poli-crisis civilizatoria (Bringel y Svampa, 2023), crisis del capital (Caffentzis, 2020) o crisis ecológico-civilizatoria (Machado Aráoz, 2017) que pone en discusión los límites del patrón de acumulación ilimitado, el desarrollo y la sociedad de consumo propios del Capitaloceno (Moore, 2020). Uno de los puntos centrales de la situación actual es el agotamiento del petróleo como fuente de energía barata, recurso ilimitado y de fácil extracción. Esto implica que cada vez es más costoso explorar, explotar, refinar y transportar estos combustibles, disminuyendo sustancialmente su Tasa de Retorno Energético (TRE) y aumentando su escasez (Fernández Durán y González Reyes, 2018).
Esta situación empuja al capital a la búsqueda de nuevos recursos energéticos renovables o no convencionales, avanzando hacia nuevas fronteras para proveerse de la energía necesaria para continuar su expansión. Este proceso puede comprenderse como una muestra de la acumulación por desposesión (Harvey, 2005) y la expansión de procesos como el neoextractivismo o colonialismo energético en el Sur Global hacia una transición energética verde.
El acceso a la energía es considerado, a nivel internacional, como un derecho humano y como una condición de la vida digna. Desde mediados del siglo XX, cuando comienza a medirse la pobreza en relación al discurso de desarrollo (Escobar, 2007), la energía cobra relevancia como uno de sus aspectos. En este contexto es el Estado quien tiene la obligación de asegurar su alcance a toda la población. Existen diversos tratados internacionales y leyes que lo definen como derecho a la vida y a la vivienda digna (Durán, 2018).
El concepto de pobreza energética (Durán, 2018; Moreno, 2025) busca medir la imposibilidad o el acceso que tiene un hogar para cubrir los requerimientos energéticos considerados básicos para la vida digna. Sin embargo, la manera de medir y las metodologías utilizadas se encuentran en debate. Otro concepto es el de desigualdades energéticas (Huerta et al., 2024), que busca captar una dimensión estructural e histórica sobre las poblaciones en cuanto al acceso a la energía, al entenderla dentro de una crisis civilizatoria de carácter multidimensional (Huerta et al., 2024). Así, la disputa contemporánea por el control y acceso a recursos energéticos es comprendida dentro de este esquema de profundización de las desigualdades y vulneración de derechos sociales en contextos críticos de pobreza extrema, crisis alimentaria, habitacional, del trabajo y de los cuidados.
Uno de los puntos críticos para pensar el acceso a la energía en la ruralidad es su impacto en las actividades de cuidado y reproducción de la vida, que sobrecarga a las mujeres y cuerpos feminizados profundizando las desigualdades de género y la feminización de la pobreza (Gonza et al., 2021). Esto es así ya que se necesita mucho más trabajo y tiempo destinado a la satisfacción de necesidades energéticas básicas, tanto para cocinar como para calefaccionar el hogar, lavar ropa, el traslado de integrantes jóvenes de la familia a los centros educativos, de salud, entre otros. A esto se suma que las mujeres y cuerpos feminizados manejan la administración, gestión y fuerza de trabajo de las actividades productivas, las cuales se desarrollan de manera simultánea en los mismos predios donde se habita el hogar (Huerta et al., 2024).
Frente a la desigualdad energética, emergen las tensiones relacionadas a las políticas energéticas en los territorios. Específicamente en la provincia de Córdoba, se presenta el agronegocio y su expansión, cercando caminos, desmontando y avanzando sobre las fronteras productivas. En la zona de la Pampa de Pocho, como ocurre en muchas otras regiones rurales, las líneas son insuficientes para dar potencia a las actividades productivas de alta escala y a los otros modos de producción campesina. En un mismo territorio es posible encontrar tensiones y relaciones de poder en la política pública energética provincial. Se puede advertir una región noroeste con una amplia capacidad productiva orgánica, con bajo nivel de tecnificación, que solo en los últimos años ha logrado aparecer en la agenda de las políticas públicas energéticas.
Perspectivas
El servicio eléctrico en Argentina se inicia con una primera etapa de concesiones privadas entre 1870 y 1907. La primera usina de Buenos Aires comienza a operar en 1877. De 1907 a 1930 se consolidan los monopolios y comienzan las primeras regulaciones municipales. Con el primer gobierno de Perón los servicios públicos pasan a dominio estatal. La Constitución de 1949 estableció que los servicios públicos debían ser estatales y prohibió su concesión a privados. No obstante, las empresas privadas Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADE) y Compañía Italo Argentina de Electricidad (CIADE) continuaron operando. En el año 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se crea Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), una sociedad mixta que centraliza el servicio eléctrico del Gran Buenos Aires, que también da servicio en la ciudad. La Ley 14.772 de 1958, establece la jurisdicción nacional sobre el servicio eléctrico de la Capital Federal y parte del Gran Buenos Aires. La búsqueda de un marco regulador más amplio lleva a la sanción de la Ley 15.336 en 1960, en la que se define a la electricidad como un servicio público, se regulan tarifas y criterios para las concesiones.
A finales de los años 1980 y principios de los 1990, se impulsaron reformas significativas. La Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696) y el Pacto Federal Eléctrico (1989-1990) declararon en emergencia la prestación de servicios públicos y facilitaron su privatización. El pacto federal asignó a la Nación el control del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mientras que las provincias quedaron a cargo de la distribución y comercialización de la electricidad. En 1991, el Decreto 634 introdujo la segmentación del mercado eléctrico dando lugar al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), regulado por Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), con el objetivo de fomentar la competencia en la generación.
En 1992, la Ley 24.065 crea el marco regulatorio moderno del sector. Se promueve la desintegración vertical, definiendo el transporte y la distribución como servicios públicos, mientras que la generación pasó a funcionar bajo un esquema de mercado. La crisis económica de 2001 llevó a la pesificación de las tarifas eléctricas y su congelamiento, lo que generó un deterioro en la inversión y el mantenimiento del sistema. Para contrarrestarlo, el Estado comenzó a subsidiar masivamente el servicio. Entre 2003 y 2015, los subsidios se expandieron para contener los precios, pero sin una revisión tarifaria adecuada. Finalmente, en 2015, el gobierno declaró la emergencia del sector eléctrico e inició la eliminación progresiva de los subsidios, estableciendo aumentos tarifarios y la implementación de una tarifa social para los sectores más vulnerables.
La provisión de energía a través de redes de distribución es la respuesta técnica y de mercado para el espacio urbano. El dispositivo de redes eléctricas en su totalidad está vinculado a la densidad de provisión del servicio. Cómo todo objeto técnico (Simondon, 2007), solo puede comprenderse respecto del medio para el que fue creado. El proceso de adaptación a ese medio supone una complejización cada vez mayor.
De este modo, las redes eléctricas de distribución de energía surgen como un dispositivo técnico asociado a un medio geográfico artificial: las ciudades. Tanto la energía eléctrica como la red de distribución de gas natural son sinónimos de confort, modernidad y acceso al recurso. Ambos, por tener un punto inicial de abastecimiento y lineal de distribución, dependen de la densidad de suministros, es decir, la menor distancia posible entre usuarios para ser rentable y eficiente.
En el medio rural, la baja densidad de población y las largas distancias representan el opuesto al medio urbano. La evolución de la solución técnica de abastecimiento por redes lineales (diseñadas originalmente para alimentar la ciudad) se encarece exponencialmente en el medio rural. Este medio se caracteriza por las grandes distancias, la baja cantidad de usuarios por kilómetro y un consumo promedio menor al urbano. Esto implica que difícilmente llegue a recuperarse la inversión inicial realizada por la distribuidora o el Estado. Para compensar esta diferencia, los costos de inversión inicial y mantenimiento se prorratean entre todos los usuarios de una misma distribuidora. Esto eleva el Valor Agregado de Distribución (VAD) a nivel general.
Durante un siglo, la única alternativa posible para contar con servicio eléctrico en el entorno rural se basó en grupos electrógenos o generadores eólicos de baja potencia y eficiencia. Ambos dispositivos implican mayores costos de energía e intermitencia en la disponibilidad. Estas tecnologías no logran reemplazar los costos y la continuidad que brinda la red eléctrica. Culturalmente la llegada de la red fue sinónimo de progreso y equidad en el acceso al recurso. Estas condiciones cristalizaron la posibilidad de brindar el servicio a través de nuevos dispositivos. Tanto en la planificación estatal como en la población rural, la única solución de potencia y continuidad de servicio fue asociada siempre a la red eléctrica.
Frente a la complejidad del acceso a la energía eléctrica en la ruralidad por las distancias geográficas y los costos elevados, aparecen políticas públicas que buscan dar acceso a las poblaciones, teniendo en cuenta una perspectiva de derecho universal de acceso a la energía. En Argentina, desde el año 1999 se implementa el Proyecto de Energías Renovables de Mercados Rurales (PERMER) financiado por el Banco Mundial e implementado a través de las secretarías de energía del gobierno nacional, en articulación con los gobiernos provinciales (Riso, 2019). Su propósito es garantizar el derecho universal al acceso a la energía en zonas rurales y dispersas que no pueden conectarse a la red eléctrica y de esta manera mejorar la calidad de vida de estas poblaciones mediante la distribución de energías renovables que suministren electricidad a los hogares. Existen distintas fases: la primera entre 2000 y 2012, la segunda fase fue lanzada en el año 2015 hasta la actualidad y la tercera fase del PERMER fue desarticulada por la actual gestión nacional (2023).
Dada la ausencia de políticas integrales desde el Estado nacional, emergen políticas y programas provinciales que buscan dar una respuesta a la necesidad de garantizar el acceso a la energía para las poblaciones rurales, como lo es el caso de Usuario Disperso Remoto (UDIR) de la provincia de Córdoba, lanzado en el año 2023. Estas políticas no alcanzan todavía la canasta básica energética (Durán, 2018) que las familias rurales campesinas necesitan para desarrollar sus actividades productivas y reproductivas (Huerta et al., 2024; Gonza et al., 2022). Ante la escasez, las familias despliegan diversos saberes técnicos y ancestrales que permiten aprovechar los recursos que la misma geografía presenta. Así como una gran tendencia a reutilizar, reciclar y refuncionalizar objetos que facilitan sus labores.
Entradas relacionadas
Estado; Políticas públicas; Urbano; Tecnología; Infraestructura.
Referencias
Bringel, B. y Svampa, M. (2023). Del “Consenso de los Commodities” al “Consenso de la Descarbonización”. Nueva Sociedad, (306), 51-70.
Caffentzis, G. (2020). En letras de sangre y fuego: trabajo, máquinas y crisis del capitalismo. Tinta Limón / Fundación Rosa Luxemburgo.
Durán, R. (2018). Apuntes sobre pobreza energética: estimaciones para Argentina: año 2003-2018. Taller Ecologista.
Escobar, A. (2007). La invención del tercer mundo. El perro y la rana.
Fernández Durán, R. y González Reyes, L. (2018). En la espiral de la energía. Volumen II: Colapso del capitalismo global y civilizatorio. Ecologistas en Acción / Baladre.
Gonza, C. N., González, F. D. F. y Durán, P. A. (2022). Hábitat, Pobreza Energética y Mujeres Indígenas en el noroeste argentino: una propuesta interseccional para comunidades en zonas rurales aisladas del Chaco salteño. Hábitat y Sociedad, (15), 183-209. https://doi.org/10.12795/HabitatySociedad.2022.i15.09
Harvey, D. (2005). El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist register 2004 (pp. 99-129) https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
Huerta, G., Ordoñez, M. y Geremia, D. (2024). Mujeres y cuerpos feminizados frente a la desigualdad energética: experiencias desde el hábitat rural en la Pampa de Pocho (Córdoba, Argentina). Revista de Sociología, (38), 175-202. https://doi.org/10.15381/rsoc.n38.26674
Machado Aráoz, H. (2017). “América Latina” y la Ecología Política del Sur. Luchas de re-existencia, revolución epistémica y migración civilizatoria. En H. Alimonda; C. Toro Pérez y F. Martín (Coords.) Ecología política latinoamericana: pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica (pp. 193-224). CLACSO.
Moore, J. (2020). El capitalismo en la trama de la vida. Ecología y acumulación de capital. Traficantes de sueños.
Riso, M. (2019). Hacer Agua. Políticas públicas en agua y energía en áreas de borde rural. En C. Quevedo y M.R. Mandrini (2019). Debates sobre el hábitat: una aproximación interdisciplinaria (pp. 78-94). Colecciones del GIEH.
Simondon, G. (2007). El modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo Libros.
