Emilia Villagra^[1]

Pueblos originarios refiere a personas y grupos que se reconocen como parte de los pueblos precolombinos de América, con tradiciones culturales diversas, identidades heterogéneas y formas de organización social, política y cultural propias. A pesar de los diferentes procesos de invasión y colonización que tuvieron lugar en estos territorios entre los siglos XV y XVIII, actualmente muchas de estas personas y grupos forman parte de comunidades y organizaciones situadas en zonas rurales, como también urbanas y periurbanas.

Genealogía

Cabe señalar que esta categoría tiene distintos orígenes y significados a lo largo de América y se vincula con diferentes procesos de construcción de hegemonía cultural que legitimaron ciertas narrativas y discursos como oficiales. Esta entrada se centrará en reconstruir el caso de Argentina.

A partir del proceso de colonización y el desarrollo de las campañas militares del siglo XIX, en Argentina se llevaron a cabo una serie de políticas de exterminio e invisibilización hacia los pueblos originarios (Delrio et al., 2018). En ese marco, surgieron diferentes categorías para nombrarlos, producto de la colonización y occidentalización, que reconfiguraron las identidades políticas en torno a sentidos ligados a nociones como las de blanqueamiento y mestizaje (Briones, 2002). Entre estos términos se encuentran los vocablos aborigen e indio y, más recientemente, las categorías indígena u originario. En todos estos casos, los términos aluden a hechos políticos y dispositivos jurídicos que se enmarcan en un sistema de representación que configuró la historia oficial de la República Argentina, definida y caracterizada inicialmente como una nación “blanca y culturalmente homogénea” (Gordillo y Hirsch, 2010, p. 9).

Esta ideología del blanqueamiento operó como condición de posibilidad para instalar y legitimar prácticas de control y disciplinamiento, institucionalizando criterios y valores morales vinculados al pensamiento de la clase dominante y a las matrices de alteridad centro-porteñas. Para lograr con éxito este proceso, se conformaron discursos racializantes, implicados tanto en ordenamientos institucionales como en prácticas sociales, que invisibilizaron la existencia indígena. En ese marco, la figura del indio representaba la imagen del bárbaro o salvaje que había que domesticar y civilizar o, en caso de que aquella transformación no fuera posible, exterminar. Así, a través de diferentes políticas estatales, se produjo una demarcación de lo indígena, construyéndolo como un otro interno que impedía el desarrollo y el progreso del país (Briones, 2005).

Sin embargo, como respuesta a estas prácticas de invisibilización, durante el siglo XX, múltiples experiencias de movilizaciones indígenas irrumpieron en la escena nacional, cuestionando las relaciones de dominación, la discriminación étnica y racial, y el despojo territorial. En ese contexto, especialmente desde la década de 1960, se conformaron centros, comisiones, parlamentos y federaciones que instalaron las demandas indígenas en la agenda pública y mediática (Lenton, 2015). A principios de 1990, cuando la Argentina adhiere al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y se reforma la Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 17 (que sentó el deber de reconocer la preexistencia étnica y cultural, así como la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas para regular su entrega), las protestas indígenas cobraron mayor fuerza y presencia en el ámbito público y, con ello, el reclamo en torno a la reivindicación identitaria.

En ese escenario, las organizaciones y comunidades de estos pueblos han librado, y continúan haciéndolo en el presente, diferentes luchas que, aun disponiendo de legislaciones favorables, denuncian las condiciones de exclusión y subordinación histórica en la que estos pueblos se encuentran. A su vez, exponen constantes situaciones de desalojo y despojo territorial, producto de la concentración de tierras en manos extranjeras, empresas privadas y unas pocas familias que pertenecen a los estratos sociales más altos.

Desde fines del siglo XX, estas experiencias de organización indígena han sido problematizadas desde la Antropología y la Sociología, a través de conceptos como reetnización (Radovich y Balazote, 1992), etnogénesis (Bartolomé, 2003) y aboriginalidad (Briones, 2004). Esto se realiza a partir del análisis de la tensión que provoca este nuevo paradigma del reconocimiento a través de las llamadas políticas de la identidad, respecto a nuevas retóricas que postulan que la cultura es un valor, un recurso o un capital, que debe administrarse y gestionarse. Frente a esto, Briones (2007) propone pensar a la diversidad cultural como una construcción sociohistórica que no existe por fuera de determinadas representaciones culturales sobre lo que esa heterogeneidad es o debería ser. Estas representaciones involucran tanto a quienes son catalogados como diversos, así como a quienes determinan las políticas y proveen de explicaciones científicas sobre ellos.

Concretamente en Argentina, a partir del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado en el año 2022 (INDEC, 2022), el Estado reconoce oficialmente a 58 pueblos originarios. Este reconocimiento no garantiza que tengan un acceso pleno a sus derechos ni que dejen de estar expuestos a la violencia social e institucional.

Actualmente, la mayoría de estos pueblos, muchos de ellos nucleados en comunidades u organizaciones, cuentan con personería jurídica, reconocida tanto por el Estado nacional como por los Estados provinciales. A través de estas figuras, han llevado o llevan adelante diferentes acciones jurídicas y de protesta social en pos de que, además de ser reconocidos como parte de estos pueblos, puedan vivir en condiciones dignas. Esto implica desarrollar sus propios modos de vida, así como poder tomar decisiones respecto a cómo quieren vivir, sin que sus perspectivas sociopolíticas sean anuladas, subestimadas o menospreciadas por dispositivos mediáticos, estatales, médicos, mercantiles, entre otros.

Perspectivas

Este concepto, vinculado a un proceso específico de emergencia étnica como lo fue en Argentina, contribuye a pensar el hábitat rural como un proceso en permanente disputa. En este sentido, desborda la dicotomía entre lo urbano y lo rural, y plantea la existencia de diferentes espacialidades producto de condiciones históricas, sociales y políticas inscriptas en el desarrollo de una sociedad capitalista.

En ese marco, la producción del territorio y del hábitat rural se enmarca en redefiniciones espaciales que dan cuenta de diferentes formas de negociación, apropiación y/o explotación de las riquezas. Es decir, mientras algunas comunidades originarias plantean la existencia de problemáticas estructurales (como la concentración de las tierras y los desalojos que vivencian producto de esa progresiva concentración en pocas manos), el Estado permite y fomenta los agronegocios, asentándose continuamente en el derrotero histórico respecto a la forma en la que ha construido relaciones de dominación y espacialización con las alteridades indígenas. Esa dinámica ha favorecido diferentes procesos que implicaron la expulsión de muchas familias, que se encontraban en zonas rurales, hacia áreas urbanas o periurbanas de la ciudad, impidiendo que aquellos que históricamente trabajaban con la tierra se vean obligados a readecuar sus actividades productivas.

Un caso que ejemplifica esta situación es la provincia de Salta, donde, según el último censo realizado, 142.870 personas se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios (INDEC, 2022). De los 23 departamentos que conforman el territorio, General José de San Martín, Capital y Orán se ubican entre los lugares con mayor reconocimiento. Hasta el momento el Estado reconoce 14 pueblos, distribuidos según una diferenciación geocultural clásica que distingue entre tierras altas y tierras bajas. La primera, también conocida como región andina o subandina, abarca los Valles Interandinos, Valles Calchaquíes, Quebrada del Toro y Puna. Se encuentran habitadas por los pueblos Atacamas, Kollas, Diaguitas/Diaguitas-calchaquíes, Tastiles y Lules. Por su parte, las tierras bajas aluden al Chaco salteño e incluyen áreas de yungas y chaco, territorio conformado por los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Iogys, Weenhayek, Tapiete, Qom, Guaraní y Chané (Abeledo et al., 2020).

Cada una de estas diferenciaciones espaciales se caracteriza por distintos modos de producción y procesos de organización política particulares, así como agendas estatales enmarcadas en contextos diferentes. En las tierras altas, las comunidades indígenas se caracterizan por la agricultura y ganadería para el autoconsumo. Sus excedentes son destinados al intercambio y a la comercialización de baja escala, en combinación con la venta de trabajo destinado a la agroindustria y minería, las cuales conllevan migraciones estacionales de un alto porcentaje de familias.

En las tierras bajas, el territorio está conformado por comunidades indígenas, migrantes (pertenecientes a Bolivia y Paraguay) y habitantes criollos (campesinos y colonos descendientes de migrantes árabes y europeos). Aquí, el territorio se divide en cascos rurales (yungas pedemontanas y serranías), pero también en áreas urbanas y periurbanas que se conformaron a raíz del avance de la frontera agropecuaria que ha deforestado grandes superficies de territorios indígenas, provocando la expulsión y migración masiva de las familias. En ambos casos, muchas de estas comunidades se encuentran en lucha por el reconocimiento de los títulos comunitarios de sus tierras.

Este caso paradigmático da cuenta de diferentes procesos orientados a la concentración y apropiación de las tierras, así como de una degradación ambiental, producto de la deforestación que ha multiplicado las situaciones de desalojo. En este sentido, los saberes y las prácticas de los pueblos originarios, ligados a diferentes formas de habitar sus territorios, se encuentran atravesados por una permanente disputa, así como por diferentes estrategias de supervivencia que conllevan ciertas dinámicas de movilidad espacial, otras lógicas de producción, intercambio, distribución y consumo de alimentos, negociaciones con el Estado respecto a las intervenciones de agentes gubernamentales y no gubernamentales, entre otras.

El concepto de pueblos originarios es una categoría que involucra procesos históricos de dominación, así como diferentes formas de territorialización. Sus dinámicas cambiantes, atravesadas por distintas coordenadas históricas, políticas y sociales, permiten problematizar el hábitat rural desde la construcción de narrativas hegemónicas, así como de experiencias de movilización que han disputado, y continúan disputando en el presente, la presencia de indigeneidades emergentes. En ese marco, las comunidades y organizaciones reivindican sus identidades, prácticas culturales y saberes locales, al tiempo que se organizan en pos de fortalecer su soberanía territorial, defender sus bienes comunes y articular estrategias para garantizar el sostenimiento y la reproducción de la vida.

Entradas relacionadas

Territorio; Estado; Despojo; Identidades; Movilidad.

Referencias

Abeledo, S., Acho, E., Aljanati, L., Aliata, S., Aloi, J., Alonso, M. F., Altman, A., Álvarez, M., Aragon, G., Ávalos, A., Barandela, A., Balazote, A., Barzona Becerra, J., Benedetti, C., Bensi, A., Brac, M., Brosky, J., Brown, A., Buttori, N., Cantore, A. (2020). Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina-Segunda etapa, junio 2020. https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/747

Bartolomé, M. A. (2003). Los pobladores del “Desierto” genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina. Cuadernos de Antropología Social, (17), 163-189. https://doi.org/10.34096/cas.i17.4604

Briones, C. (2002). Mestizaje y blanqueamiento como coordenadas de aboriginalidad y nación en Argentina. Revista Runa, 23(1), 61-88. https://doi.org/10.34096/runa.v23i1.1299

Briones, C. (2004). Construcciones de aboriginalidad en Argentina. Société suisse des Américanistes / Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft Bulletin, (68), 73-90. https://www.sag-ssa.ch/bssa/pdf/bssa68_10.pdf

Briones, C. (2005). Cartografías argentinas: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Antropofagia. https://tinyurl.com/28tamu6s

Briones, C. (2007). La puesta en valor de la diversidad cultural: implicancias y efectos, en Revista Educación y Pedagogía, 19(48), 37-51. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/83288

INDEC (2022) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2022_poblacion_indigena.pdf

Delrio, W., Escolar, D., Lenton, D., Malvestitti, M. y Pérez, P. (2018). En el país de nomeacuerdo. Editorial UNRN.

Gordillo, G. e Hirsch, S. (2010). Movilizaciones indígenas e identidades en disputa en Argentina: historias de invisibilización y re-emergencia. Editorial La Crujía.

Lenton, D. (2015). Notas para una recuperación de la memoria de las organizaciones de militancia indígena, en Identidades, 8(6), 117-154.

Radovich, J. y Balazote, A. (1992). La problemática Indígena. Estudios antropológicos sobre poblaciones indígenas de la Argentina. Centro Editor de América Latina.

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