María Rosa Mandrini[1] y Belén Olaya-García[2]
Sustentabilidad refiere a un proceso dinámico de construcción de equilibrios; se entiende como la capacidad de sostener la vida en homeostasis y balance constante, a pesar de los factores cambiantes. Desde un enfoque integral, este concepto abarca el equilibrio ambiental, social, cultural, económico y político-institucional de un sistema. Este proceso requiere la vinculación y articulación entre diversos sistemas de vida, los bienes comunes y la autonomía comunitaria para decidir sobre los modos de habitar. El objetivo principal es garantizar la continuidad de estos sistemas, reconociendo los límites biofísicos del territorio y su capacidad de carga, al tiempo que se busca ampliar las capacidades colectivas para habitarlo con justicia y sentido de pertenencia. En el hábitat rural, la sustentabilidad se comprende como parte intrínseca del conocimiento vernáculo, asociado a un saber común. Se reconocen patrones sustentables en el modo de construir campesino, asociado a las tecnologías, la elección de materiales, al diseño de los espacios y la organización colectiva que lo posibilita y sostiene.
Genealogía
El concepto de sustentabilidad ha emergido y evolucionado en respuesta a diversas crisis, situándose actualmente en una disputa sobre su sentido. Para comprender su relevancia en el hábitat rural con un enfoque integral, es necesario trazar una genealogía que recorre tres momentos clave en esta trayectoria, desde sus orígenes hasta las tensiones discursivas contemporáneas.
Antes de la Revolución Industrial, el uso de materiales constructivos estaba supeditado a los recursos del territorio inmediato. Esta dependencia geográfica no solo minimizaba el impacto ambiental del transporte, sino que definía la técnica y el lenguaje formal, consolidando una arquitectura de bajo impacto adaptada a su contexto bioclimático (Martínez Coenda y Mandrini, 2022; Jorquera Silva, 2016). En este periodo predominaba una visión orgánica del mundo, donde la naturaleza, las personas y el conocimiento formaban parte de un todo interrelacionado. Esta forma de gestionar el ambiente, situada en la esfera de lo local y lo cotidiano, constituía un modo de sustentabilidad inherente al hábitat rural (Mandrini, 2019).
La arquitectura con tierra es un ejemplo paradigmático de esta continuidad, ya que sigue siendo una opción vigente desde hace años. Según estimaciones de las Naciones Unidas, hasta fines del siglo pasado, cerca de un tercio de la población mundial vivía en hábitats construidos total o parcialmente con tierra (Sosa y Latina, 2018), abarcando desde ciudades enteras hasta viviendas y equipamientos productivos. Estas prácticas históricas demuestran una sustentabilidad integral basada en la eficiencia y la autonomía, donde la construcción era parte de los ciclos de reproducción de la vida.
La ruptura de esta visión orgánica ocurre con la llegada de la Modernidad, que opera como un modelo civilizatorio configurando un nosotros moderno frente a un otro no-moderno, estableciendo lo que Mignolo (2003) denomina como diferencia colonial. Esta perspectiva naturaliza el orden global y redefine las formas de vida campesinas que históricamente se caracterizaban por principios como la frugalidad, suficiencia y solidaridad comunitaria. La consolidación del sistema capitalista, la economía de mercado y, en definitiva, el discurso de la modernidad, deslegitimaron estas prácticas en nombre del progreso y el avance tecnológico, convirtiendo lo rural en sinónimo de atraso e invisibilizando las prácticas vernáculas (Mandrini et al., 2018).
A mediados del siglo XX, las universidades y facultades de arquitectura adscribieron a los lineamientos del movimiento moderno, promoviendo formas y materiales que ignoraban el saber vernáculo (Viñuales, 2013). Sin embargo, la crisis ambiental y civilizatoria del siglo XX reveló la incompatibilidad de este modelo de desarrollo ilimitado con el equilibrio ecológico del planeta.
Como respuesta institucional a esta crisis, a partir de la década de 1970, se promovió la idea de desarrollo sostenible, establecida formalmente en el Informe Brundtland (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1987). Esta primera aproximación se centró en la administración racional de recursos, definiendo el concepto de desarrollo sostenible como aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras, estableciendo tres dimensiones: la ambiental, la social y la económica. Aunque surgió de una conciencia sobre la finitud de los recursos naturales, esta visión se tradujo en políticas tecnocráticas y economicistas (ecoeficiencia, eficiencia energética o mitigación de impactos ambientales) que mostraron limitaciones al no cuestionar las estructuras de poder que habían generado la propia crisis ambiental.
En la actualidad, el término se encuentra en constante tensión y disputa discursiva, aportando marcos de acción y perspectivas críticas sobre el desarrollo. Por un lado, la definición convencional donde los adjetivos sostenible y sustentable se utilizan como sinónimos, como aquello que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente (RAE, 2015). Esto ha derivado en una trayectoria institucional visible en políticas globales como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU, s.f.). Esta vertiente busca integrar la sostenibilidad económica, social y ambiental, centrándose en el concepto de ecoeficiencia en el hábitat, en la reducción de recursos naturales y en la minimización de la contaminación durante el ciclo de vida de los materiales de construcción. Si bien se impulsan prácticas como la arquitectura bioclimática y el uso de materiales locales y de bajo impacto ambiental, este enfoque presenta limitaciones al priorizar soluciones técnicas y de mercado sin abordar las raíces políticas y estructurales de la crisis ambiental.
Frente a esta visión, emerge un giro epistemológico latinoamericano que busca reconfigurar la noción de sustentabilidad desde cosmovisiones alternativas a las narrativas dominantes, nutrido por la ecología política (Alimonda, 2016) y los ecologismos populares (Leff, 2003), reconfigurando la sostenibilidad como una categoría política, cultural y ética (Vanoli y Mandrini, 2021).
Esta perspectiva cuestiona de manera profunda a los modelos de desarrollo convencionales y a las relaciones de dominación históricas ejercidas sobre los territorios y la naturaleza y propone una racionalidad ecológica (Vanoli y Mandrini, 2023) propia en los modos de habitar de la ruralidad latinoamericana, donde la producción, lo doméstico y la comunidad se encuentran entramados (Vanoli y Mandrini, 2021).
El pensamiento contemporáneo sobre el hábitat rural que se desprende de esta corriente amplía el sentido del término sustentabilidad, incluyendo dimensiones que fueron marginadas en la formulación inicial hegemónica. Aquí, el concepto se profundiza hacia la sostenibilidad de la vida, entendida fundamentalmente como la reproducción de la vida (Navarro y Gutiérrez, 2018), y hacia otros enfoques complementarios, como la Permacultura (Mollison y Holmgren, 1978) o el Buen Vivir (Gudynas, 2011; Villalba-Eguiluz y Pérez-de-Mendiguren, 2019), que enfatizan el diseño de sistemas humanos sostenibles y regenerativos en armonía con la naturaleza.
En este marco, adquiere especial relevancia la ecotecnología (Ortiz et al., 2014), entendida como un movimiento que reconoce los impactos socio-ecológicos negativos del capitalismo posindustrial. Esta perspectiva busca promover alternativas que contribuyan a la sostenibilidad, con una mirada centrada en la satisfacción de necesidades humanas básicas. La ecotecnología agrupa los mínimos requerimientos cuya satisfacción permite garantizar el bienestar físico de las personas y está orientada a disminuir las desigualdades y las relaciones de exclusión (Olaya-García, 2023; Ortiz et al., 2015).
Así, la participación ciudadana y comunitaria se vuelve una herramienta clave para construir la sostenibilidad. Como señala López (2012), la participación es una vía de distribución equitativa del poder de decisión en procesos de construcción colectiva. Este enfoque tiene antecedentes fundamentales en el pensamiento de Freire (1969) y en las evaluaciones participativas rurales de Chambers (1994), quienes pusieron el foco en transformar los contextos de vulnerabilidad fomentando el desarrollo desde las propias comunidades. Hablar de participación en la sustentabilidad, por tanto, implica la apertura a agentes locales que, a priori, suelen ser excluidos de los procesos de participación técnica (Fernández-Rodríguez et al., 2019).
Focalizando estas nociones en el campo del hábitat, se observa que la arquitectura y la construcción con tierra se podrían alinear con este paradigma de sostenibilidad integral, que incluye diversos aspectos: social, ambiental, económico, político y cultural (Red Protierra Argentina, 2021). Este enfoque en temas como la ecología, la conservación ambiental y el ahorro energético renovó el interés por la arquitectura vernácula (Viñuales, 2013) y la construcción con tierra que, a pesar de los intentos del discurso moderno por invisibilizar, se mantiene como una realidad global (Sosa y Latina, 2018).
Las prácticas históricas campesinas demuestran esta integralidad, articulando en el diseño del propio hábitat: lo doméstico, lo productivo y lo comunitario en una misma unidad espacial, reduciendo consumo energético y movilidad (Vanoli y Mandrini, 2023). También emplean tecnologías apropiadas (Ortiz et al., 2015) basadas en el aprovechamiento de recursos locales y de materiales constructivos de bajo impacto ambiental (madera, piedra, tierra y fibras). Esto hace factible la integración de principios de arquitectura bioclimática (Olgyay, 1963), respondiendo a una lógica de eficiencia y autoconsumo y minimizando la dependencia de mercados externos.
No obstante, se debe evitar una visión idealizada de la ruralidad, ya que en el medio campesino también persisten prácticas que impactan de manera negativa en sus habitantes y en el equilibrio del entorno, tensionando los principios de la sustentabilidad integral (Mandrini, 2019; Olaya-García, 2023). Ejemplo de ello es la contaminación intradomiciliaria y atmosférica derivada de la quema ineficiente de biomasa (leña) para cocción y calefacción, así como la degradación de los cuerpos de agua y el suelo por el vertido directo de aguas grises y negras ante la falta de sistemas de saneamiento adecuados. Asimismo, la sustentabilidad social se ve comprometida por asimetrías de género (Cherunya et al., 2020; Salles y López, 2009; Vásquez, 2018) arraigadas que condicionan la división del trabajo, el uso de los espacios y la toma de decisiones sobre los territorios. Las mujeres campesinas son quienes, en última instancia sostienen la vida, se ocupan del mantenimiento y cuidado de sus familias a pesar del poco o nulo valor que estas prácticas tienen en el mercado (Ordoñez y Huerta, 2023).
Estas problemáticas internas no son aisladas, sino que se ven agravadas por un contexto de vulnerabilidad externa. A pesar de sus valores intrínsecos de eficiencia y sustentabilidad, este modelo de habitar enfrenta constantes desafíos y amenazas del sistema productivo extractivista y por políticas públicas de carácter urbanocéntrico que, al deslegitimar el saber local, dificultan la autonomía de las comunidades. Esta presión sistémica invisibiliza las prácticas vernáculas y obstaculiza la capacidad de las poblaciones para autogestionar y mejorar sus condiciones de vida, forzándolas a menudo a adoptar modelos habitacionales ajenos que profundizan la dependencia externa y el desarraigo cultural.
Perspectivas
La relevancia de este término para comprender las dinámicas del hábitat rural radica en su capacidad para abordar las problemáticas actuales de los territorios, tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la crisis hídrica y las amenazas a la soberanía alimentaria y energética. Estos desafíos constituyen lo que teóricamente se define como problemas complejos o wicked problems (Romero y Mesías, 2004; Rittel y Webber, 1973). Se trata de problemáticas sin una solución única y que requieren ser abordadas desde la transdisciplina (Scholz y Steiner, 2015). Es decir, asumirlos desde distintos sectores, definirlos socialmente y conducir a la acción.
El objetivo para la sustentabilidad del hábitat rural, por tanto, no es alcanzar un estado ideal estático, sino responder a procesos de transición manteniendo un equilibrio dinámico entre los sistemas que lo integran (vivienda, energía, agua, alimentos, saneamiento, residuos, entre otros) mediante soluciones tecnológicas apropiadas.
En este escenario, la unidad habitacional campesina surge como la unidad básica donde se entrelazan y tensan todas las dimensiones de la sustentabilidad (Mandrini, 2019) revelando la complejidad de este concepto, así como su potencial transformador y multidimensional. Dentro de la agenda global, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el hábitat rural tiene un gran impacto para su consecución (ONU Hábitat, 2018), siendo el ODS número 11, denominado “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, el que presenta una mayor relación.
En lo referente a la dimensión ambiental, la sustentabilidad no implica conservar intacta la naturaleza, sino asegurar la reproducción de la vida y el equilibrio ecosistémico en los territorios habitados. Aquí, la dimensión tecnológica se vuelve clave. Las ecotecnias son los dispositivos, métodos y procesos que buscan una relación armónica con el medio para brindar una serie de beneficios en un contexto socioambiental específico (Ortiz et al., 2014). Al adecuar las tecnologías a las condiciones de las personas usuarias, rompen con el esquema actual de producción en masa e imposición, que profundiza las desigualdades y las relaciones de dominación y contribuyen a garantizar sus impactos positivos en la sociedad y el ambiente (Ortiz et al., 2015; Olaya-García, 2023). En este contexto, la innovación ecotecnológica se convierte en un medio de articulación entre la ciencia y la sociedad, mediante un proceso que armoniza la generación de conocimiento a través del diálogo de saberes, para convertirlo en soluciones situadas (Gavito, 2017). Esto requiere de un seguimiento continuo, desde la concepción hasta la apropiación tecnológica por parte de la comunidad.
La dimensión tecnológica está intrínsecamente ligada a la dimensión social, cuyo fin es promover la equidad, reforzar los lazos comunitarios, mejorar la calidad de vida y fomentar una ética de cuidado y reciprocidad (Alatorre et al., 2017; Thomas y Santos, 2015; Thomas et al., 2020). Este enfoque requiere reaprender a habitar a partir de reconocer tres claves: la interdependencia que existe entre los seres humanos y la naturaleza, el rol de las tecnologías como mediadoras en nuestra relación con el ambiente y por último, la necesidad de aplicar el enfoque de género e interseccionalidad de manera transversal en todas las acciones (Olaya-García, 2023; Viveros, 2016). A su vez, la dimensión económica prioriza la autosuficiencia, la diversificación productiva y el fomento de economías sociales y solidarias que reduzcan la dependencia a mercados externos (Villalba-Eguiluz y Pérez-de-Mendiguren, 2019).
La dimensión cultural y simbólica es relevante en el hábitat rural. Conecta con las memorias y prácticas campesinas e indígenas que mantienen vigentes los saberes y conocimientos vernáculos. Sin embargo, esta dimensión enfrenta el silenciamiento de esas memorias (Martínez y Mandrini, 2022; Vanoli y Mandrini, 2021). En Argentina, las políticas históricas de erradicación de vivienda rancho (Mandrini, 2022; Sesma et al., 2019) impulsadas por una mirada urbanocentrista han estigmatizado la vivienda vernácula asociándola a la pobreza y la insalubridad, ignorando sus valores bioclimáticos y culturales. Por ello, la sustentabilidad cultural implica hoy una disputa por la validación de la identidad y la promoción de una producción transcultural del conocimiento (Martínez y Mandrini, 2022) que dialogue horizontalmente entre academia y conocimiento popular.
Finalmente, la sustentabilidad se manifiesta como una disputa territorial político-institucional. Requiere construir y fortalecer capacidades colectivas y mecanismos de gobernanza local que garanticen la participación y el derecho al hábitat de manera integral y equilibrada (Mandrini, 2022). Es necesario analizar críticamente el rol de las instituciones que históricamente han deslegitimado el hábitat campesino, impulsando una sustentabilidad situada y campesina, con enfoque participativo, que recupere acciones populares e incorpore racionalidades ambientales y culturales (Vanoli y Mandrini, 2021).
Resulta fundamental impulsar nuevas arquitecturas institucionales sostenibles, como pueden ser centros ecotecnológicos, normativas integradas para sistemas constructivos con materiales locales y estándares adecuados que, en lugar de imponer soluciones externas, acompañen los procesos de autonomía desde las bases. Repensar la sustentabilidad en el hábitat rural implica concebirla como un proyecto político-territorial integral y situado, orientado al fortalecimiento para la reproducción de la vida. Experiencias como los PRONACES en México, impulsados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, o el grupo Nuestras Granjas Unidas en Córdoba, en alianza con la UNC, CONICET e INTA, ejemplifican este enfoque. Estas experiencias configuran prácticas integrales que no buscan reproducir modelos universales sino responder a las condiciones particulares de cada territorio, integrando la apropiación tecnológica, la validación de la identidad, el fortalecimiento comunitario y la innovación situada.
Entradas relacionadas
Vernáculo; Tradición; Saberes locales ancestrales; Tecnología; Ambiente.
Referencias
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