Nicolás Forlani[1] y Gabriela Inés Maldonado[2]
Soberanía es el derecho a decidir sobre los usos del territorio, siendo este último un espacio socialmente construido. Se ejerce en el seno de una compleja red de relaciones de cooperación y conflicto entre múltiples territorialidades posibles. De modo que, el sujeto de la soberanía se dirime en el campo de la disputa política, de allí la centralidad del poder y los intentos de fijar ciertos principios o fundamentos de legitimidad.
Genealogía
En términos históricos, la soberanía es una institución moderna, concerniente al poder supremo del Estado respecto del territorio nacional (Mateucci, 2005). Tal atributo tiene su génesis en la búsqueda de superar la fragmentación del poder durante el feudalismo, preocupación especialmente abordada por Maquiavelo (1999) en aras de la integración italiana hacia inicios del siglo XVI. Con posterioridad, al calor de las crisis de las monarquías absolutistas europeas, el fundamento teológico-religioso en que se legitimaba el poder político sería reemplazado por la soberanía popular, expresión inmanente, en términos de J. .J. Rousseau, a la voluntad general emanada del pueblo, constituyendo “la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano” de 1789 su manifestación de mayor trascendencia.
Situados en América Latina, la influencia de las ideas de la Ilustración europea respecto de la problematización del principio de legitimidad de las autoridades coloniales de gobierno se debe enmarcar en el reconocimiento de una crisis de más larga duración (Núñez, 1989). Esta crisis estuvo signada por las contradicciones crecientes de un sistema de dominación que pretendía obturar el desenvolvimiento económico de las colonias, que denegaba la participación de las élites criollas en las funciones de gobierno y que mostraba, a su vez, el emergente de revueltas plebeyas protagonizadas por originarios y esclavos que amenazaban la estructura social. Así, salvo la revolución haitiana, las revoluciones independentistas hegemonizadas por las élites criollas tuvieron un carácter político que pretendía coartar la tutela de las metrópolis, pero sin alterar demasiado la estructura social.
Desde entonces, la cuestión soberana se instituye como núcleo problemático respecto de la autonomía de los pueblos de estas latitudes para forjar su propio modelo de desarrollo. A la deuda pendiente de configurar sociedades más integradas y con mayores niveles de igualdad, se le superpone una independencia política de los Estados de América Latina reiteradas veces vulnerada bajo distintas modalidades intervencionistas propiciadas por las potencias hegemónicas, evidenciando la precariedad del principio de simetría entre los Estados en el plano internacional.
En tanto, la inserción tardía y subordinada de nuestras economías al mercado global ha reproducido un patrón de dependencia estructural con relación a los países centrales. Esta situación se ha agudizado bajo el neoliberalismo a partir de tres manifestaciones concatenadas: la primarización y el extractivismo, la regresión industrial y el creciente endeudamiento (Katz, 2018).
Perspectivas
A los fines del presente escrito se debe reparar en los impactos socioterritoriales que el modelo neoliberal conlleva en nuestra América Latina, centrándonos especialmente en la cuestión agraria. Inicialmente, se advierte que el modelo de acumulación por valorización financiera se erige como un factor nodal de un sistema agroalimentario cada vez menos regido por la demanda efectiva de los pueblos y cada vez más sujetado a la dinámica especulativa de los centros financieros. Estos últimos se constituyen en determinantes sobre las commodities que se producen, así como en responsables directos de las carencias alimenticias de millones de personas en el mundo.
El modelo de agronegocio fundado sobre el pilar financiero, además del tecnológico, productivo y organizacional (Gras y Hernández, 2013), se ha desenvuelto bajo una activa desposesión de tierras en gran parte del campesinado vis a vis acaparamiento-concentración de tierras en manos de grandes productores y corporaciones económicas. Asimismo, constituye también una marca insigne de la agricultura moderna la privatización o pillaje de recursos genéticos en beneficio de un reducido grupo de empresas transnacionales (Harvey, 2004).
En este contexto, el hábitat rural, entendido como “formas de construcción de la territorialidad en las que se sobreescriben prácticas/funciones productivas, residenciales/domésticas y […] actividades socioorganizativas/comunitarias” (Vanoli y Cejas, 2022, p. 1058), también se constituye en un campo de disputa en torno a territorialidades posibles y, asociada a éstas, a diversas formas de producción de alimentos. Así, la relación hábitat rural-campesinado-soberanía alimentaria adquiere especial relevancia, fuertemente ligado a la agricultura familiar a la vez que también, y de manera creciente, a partir de experiencias vinculadas al turismo rural.
En este sentido, como lo advierte Foucault (2014), allí donde el poder se ejerce también se construyen políticamente las resistencias. La Vía Campesina, movimiento conformado por campesinxs, trabajadorxs sin tierra, indígenas, pastorxs, pescadorxs, trabajadorxs agrícolas migrantes, pequeñxs y medianxs agricultorxs, mujeres rurales y jóvenes campesinxs de todo el mundo, antepuso al discurso global dominante de la seguridad alimentaria, la noción de soberanía alimentaria para asentar que: (a) la alimentación es un derecho humano básico; (b) que no hay solución al hambre en el mundo sin reconocimiento de quienes trabajan la tierra; (c) que la reforma agraria es condición necesaria para que las familias campesinas, especialmente las mujeres, puedan tener acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología necesaria para producir; (d) que es indispensable democratizar los ámbitos gubernamentales de todos los niveles para que las políticas públicas contengan y expresen las necesidades, demandas y perspectivas de quienes producen alimentos; (e) que amerita una reconfiguración del comercio para priorizar los alimentos de cercanía y garantizar un precio justo a quienes producen; y, (f) que es necesario el cuidado y uso sostenibles de los recursos naturales en pos de preservar la diversidad biológica (Vía Campesina [VC], 1996). Por ello, la soberanía alimentaria es un concepto político que relaciona producción de alimentos, comercialización, disponibilidad y derecho de las personas a decidir, basado en su historia y herencia cultural y cómo quieren alimentarse (Pachón-Ariza, 2013).
Como señala Vásquez Posada (2024), la soberanía alimentaria tiene que ver con la relación de las personas con los alimentos, por lo que alrededor de esta surgen modos de habitar. En este sentido, la presión que ejerce la modernización agropecuaria expresada hoy bajo el modelo de agronegocios, como forma de producción de alimentos, se traduce también en una presión sobre las formas campesinas de habitar el espacio rural.
La soberanía alimentaria es así, una perspectiva que articula un conjunto de ideas, nociones y conceptos que bregan por la implementación de políticas públicas de desarrollo socioterritorial que permitan a los pueblos el ejercicio de los derechos sobre sus campos, bosques y ciudades (Fernandes, 2017). Es un modo de uso y apropiación del territorio que antagoniza con la concepción del alimento como mercancía para concebirlo como derecho colectivo, en el cual la tierra en que se producen los alimentos hace a la identidad de los pueblos, a sus culturas, a sus formas de vincularse con la naturaleza.
De acuerdo con el citado Fernández (2017), para la Vía Campesina la soberanía alimentaria es un territorio en construcción, que contiene los principios del lugar y de las relaciones que las vieron nacer, y al que se le incorpora el conjunto de luchas que en este siglo XXI se libran frente a un modelo agrícola que degrada la naturaleza y daña la vida. A las históricas resistencias protagonizadas por comunidades campesinas e indígenas en el espacio rural por la defensa de sus tierras, se vienen sumando experiencias colectivas de movimientos socioambientales urbanos que, en nombre de la defensa del ambiente como bien común, cuestionan los impactos sanitarios del modelo de agronegocio. Tanto en el campo como en las ciudades, la soberanía alimentaria se erige como territorialidad deseada y compartida. Es decir, como promesa de plenitud que moviliza acciones territoriales en pos de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación del uso del territorio.
Es esta búsqueda, la autodeterminación es una invención en sí misma del orden de lo político, pues supone la construcción de un sujeto colectivo que demanda un derecho que se le niega, puesto que se le desconoce su condición de sujeto parlante. En clave de Rancière (1996), en la búsqueda de reconocimiento como partes legítimas de sus respectivas comunidades, quienes se movilizan en pos de la soberanía alimentaria recrean los lugares, poderes y funciones de cada quien respecto de los usos y apropiaciones de los territorios. De modo que la lucha por la soberanía, la lucha por el poder de decidir, expande el orden democrático, en tanto nuevos actores colectivos participan de la definición sobre lo común.
Ahora bien, la constitución de un pueblo, de una voluntad colectiva, no es un efecto de la soberanía, sino que la invención de tal sujeto colectivo es lo que da origen al ejercicio soberano. En otros términos, el sujeto de la soberanía popular no constituye un a priori, sino que su conformación política es el resultado de una disputa de poder en el que quienes no estaban llamados a decidir por el territorio, irrumpen el orden de lo dado y proclaman otra territorialidad posible. En un mundo, y especialmente en una región, trasvasada por las desigualdades, tal lucha por el territorio no es, sino, una búsqueda de igualdad. Es decir, un litigio en pos de un nuevo reparto de los roles y jerarquías sociales, así como de los medios para garantizar una buena vida.
Sobre la base de estas consideraciones y retomando las líneas iniciales en torno a la soberanía, entonces, en la dinámica de las correlaciones de fuerza se sobreimprimen, superponen, cooperan y conflictúan las diversas territorialidades. De allí que la soberanía sea el terreno de la disputa simbólica y material acerca de quienes, en un determinando tiempo-espacio, tienen la capacidad (siempre contingente y jamás absoluta) de definir cómo el territorio debe ser concebido y cómo debe ser usado.
Entradas relacionadas
Estado; Territorio; Capitalismo; Resistencia; Campesinado.
Referencias
Fernandes B. M. (2017). Territorios y soberanía alimentaria. Revista Latinoamericana de Estudios RuralesII (3), 22-38. Recuperado de http://www.ceilconicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaalasru/article/view/114
Foucault, M. (2014). El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida. Siglo XXI Editores.
Gras, C. y Hernández, V. (2013). El agro como negocio. Ed. Biblos.
Harvey, D. (2004). El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register, 99-129. CLACSO.
Katz, C. (septiembre de 2018). América Latina desde la teoría de la dependencia [Conferencia]. Encuentro La economía de América Latina y el Caribe ante el nuevo entorno internacional, ANEC, La Habana, Cuba.
Maquiavelo, N. (1999). El príncipe. El Aleph. (Trabajo original publicado en 1532).
Mateucci, N. (2005). Soberanía. En N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino (2005). Diccionario de política (pp. 218-224). Siglo XXI.
Núñez, J. (1989). La Revolución Francesa y la Independencia de América Latina. Nueva Sociedad, 103, 22-32.
Pachón-Ariza, F. (2013). Food sovereignty and rural development: beyond food security. Agronomía Colombiana, 31(3), 362-377.
Rancière, J. J. (1996). El desacuerdo. Editorial Nueva Visión.
Vanoli, F. y Cejas, N. (2022). Una trampa moderna para el hábitat rural. Desarrollo y procesos de (des/re) territorialización en Córdoba, Argentina. Economía, Sociedad y Territorio, 22(70), 1039-1066.
Vásquez Posada, D. (2024). Transformaciones del hábitat rural en el Siglo XXI en La Buitrera, Palmira. [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL.
Vía Campesina [VC]. (1996). Por el derecho a producir y por el derecho a la tierra. https://tinyurl.com/2juafh8h
