Alberto Velzi Diaz y Natalia Delmonte

En este último apartado del libro, se incluyen once capítulos que relatan experiencias desarrolladas en hospitales de Santa Fe, La Rioja, San Juan, Neuquén, Catamarca, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 2010 se ubica como momento de inicio de este periodo, identificando la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones 26.657 como un hito histórico que fundamenta diversas transformaciones en la atención por salud mental en el país.

Los capítulos que siguen describen experiencias de creación de servicios de Salud Mental o de incorporación de internaciones en hospitales tras la sanción de la Ley 26.657, así como procesos de adaptación en hospitales generales de larga trayectoria. La transformación de la atención en salud mental constituye el eje común de este apartado. No obstante, las experiencias muestran las diversas formas en que el cambio de paradigma se materializa según las características de cada contexto, aportando al conocimiento de la implementación de la ley en distintas provincias.

Crisis socioeconómicas, movimientos sociales y derechos humanos

Este periodo estuvo marcado desde el inicio por transformaciones profundas y tensiones globales en un contexto de crisis socioeconómica, acompañado por cambios políticos significativos y un fuerte impulso de los movimientos sociales. Un rasgo central fue la tensión entre el debilitamiento de los servicios públicos –resultado de procesos de privatización y políticas de austeridad– y el resurgimiento de demandas por sistemas de salud universales y basados en derechos humanos.

Las crisis globales, como la Gran Recesión de 2008, generaron severos impactos económicos en numerosos países: caída del producto bruto interno, aumento del desempleo y crecientes dificultades para afrontar la deuda pública. El sector salud no quedó al margen. La reducción del gasto estatal impulsó políticas de austeridad con recortes presupuestarios, disminución de personal, congelamiento de salarios y avances en privatización. En algunos países, la población debió asumir mayores costos de bolsillo para acceder a la atención. Estos procesos se tradujeron en un deterioro posterior tanto de la calidad como del acceso a los servicios de salud (Quaglio et al., 2013; Doetsch et al., 2023).

Sin embargo, la crisis también actuó como catalizador para promover reformas necesarias en los sistemas sanitarios, entre ellas el fortalecimiento de la atención primaria y la reducción de internaciones inapropiadas. Este momento histórico evidenció la importancia de orientar las decisiones en salud según las necesidades y particularidades de cada contexto (Quaglio et al., 2013).

Paralelamente, los movimientos sociales cobraron renovada fuerza en demanda de mayor equidad y ampliación de derechos. En América Latina esto se expresó en la llamada “marea rosa” (2000-2015), periodo en el que la mayoría de los países fueron gobernados por fuerzas progresistas. El proceso emergió en un contexto de luchas sociales y agotamiento del modelo neoliberal previo, e implicó mayores niveles de intervención estatal y la recuperación de su capacidad para definir políticas públicas, lo cual reabrió el debate sobre su papel en la transformación social (Magaña García, 2019; Bonnet, 2022).

En Argentina, este periodo estuvo acompañado por la sanción de diversas leyes que plasmaron en normativas que fueron conquistas históricas de los movimientos sociales. Estas leyes marcaron un cambio de paradigma en materia de derechos humanos, ampliando derechos en áreas como salud sexual y reproductiva, identidad de género, protección integral ante la violencia de género, matrimonio igualitario y derechos de niños, niñas y adolescentes. También implicaron un cambio sustancial en el campo de la salud mental.

Hacia un paradigma de inclusión en la salud mental global

Hacia 2010 se observaba un impulso claro y sostenido en las políticas de salud mental a nivel mundial. Este avance se apoyaba en múltiples contribuciones que aportaban fundamentos conceptuales y evidencias empíricas para consolidar el campo. Entre ellas, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) había mostrado vínculos robustos entre los padecimientos mentales y las desigualdades sociales –particularmente la pobreza, las violencias, las inequidades de género y los contextos de conflicto o desastre– (OMS, 2009).

A la par, las investigaciones epidemiológicas transnacionales y el indicador de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) evidenciaron el fuerte impacto de los problemas de salud mental. Trastornos como la depresión, los consumos problemáticos y las psicosis se ubicaron entre las principales causas de carga global por su alta prevalencia, cronicidad, inicio temprano y aporte a la mortalidad. Asimismo, se consolidó evidencia sobre la estrecha relación entre salud física y mental, que agrava los desenlaces en ambos campos. Este reconocimiento llevó a la OMS a afirmar que “no hay salud sin salud mental” (Prince et al., 2007).

También fueron relevantes los estudios que demostraron la costoefectividad de intervenciones farmacológicas y psicosociales en países de ingresos bajos y medios (Patel et al., 2007), así como aquellos que documentaron las persistentes violaciones de derechos humanos hacia personas con diagnósticos psiquiátricos en diversos contextos, tanto comunitarios como institucionales (Drew et al., 2011). Para algunos referentes globales, esta situación constituía un verdadero “fracaso de la humanidad” (Kleinman, 2009, p. 603).

En este escenario, las políticas internacionales de salud mental buscaban retomar y profundizar las directrices planteadas veinte años antes por la Declaración de Caracas (OPS, 1990). A su vez, la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006) en 2008 reforzó principios compartidos con la agenda de salud mental: respeto por la dignidad, autonomía y libertad de decisión; no discriminación; participación plena e inclusión comunitaria; igualdad de oportunidades; y accesibilidad universal. La CDPD también impulsaba un cambio de paradigma: del modelo tutelar hacia el modelo social de la discapacidad, centrado en los derechos humanos.

En este marco, la inclusión de la discapacidad psicosocial dentro de la CDPD abrió debates sustantivos en el campo técnico y jurídico. La convención establecía, entre otros principios, que las personas con discapacidad debían participar plenamente en la sociedad y vivir en comunidad, y no en instituciones segregadas. La elaboración misma de la CDPD estuvo profundamente influida por la participación activa de personas con discapacidad –incluyendo personas con discapacidad psicosocial y activistas autodenominados “sobrevivientes de la psiquiatría”–, lo que transformó las formas tradicionales de diseñar políticas y marcos legales (Lord, Suozzi y Taylor, 2010).

Hacia finales de la primera década del siglo XXI, la promoción de los derechos humanos (DD. HH.) se consolidó como eje central de la agenda global. El objetivo era reducir la enorme brecha de tratamiento –estimada entre el 75 % y el 90 %– y asegurar que cualquier expansión de servicios respetara estándares de DD. HH. (OMS, 2010). Para abordar esta brecha, la OMS lanzó la Guía mhGAP (2010), orientada a ampliar el acceso a la atención, especialmente desde la atención primaria, mediante recomendaciones prácticas basadas en evidencia para trabajadores no especializados en contextos de bajos y medianos ingresos.

En la misma línea, la OMS publicó en 2012 la guía QualityRights, destinada a apoyar reformas de servicios mediante herramientas concretas para evaluar y mejorar la calidad de la atención. Su objetivo era garantizar que las personas con discapacidades psicosociales, intelectuales o cognitivas recibieran apoyos y prestaciones respetuosas de su dignidad, autonomía y derechos (OMS, 2012).

Finalmente, en 2013 la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013–2030 (OMS, 2013), orientado a fortalecer de manera sostenida las políticas de salud mental en todo el mundo. Según el Atlas de Salud Mental 2024, el 81 % de los países encuestados contaban con una política o plan de salud mental, y el 72 %, con legislación específica en la materia (WHO, 2025).

Nuevos tiempos para la salud mental en Argentina

En Argentina, el estallido social de 2001 impactó también en el campo de la salud mental. Desde 2002, los Congresos de Salud Mental y Derechos Humanos organizados por la Asociación Madres de Plaza de Mayo se consolidaron como un espacio clave de encuentro y debate, reuniendo cada año a actores sociales, políticos y académicos, incluidas organizaciones de derechos humanos, trabajadores, estudiantes y las primeras asociaciones de usuarios y familiares de servicios de salud mental (Faraone y Barcala, 2020).

En 2007, el informe Vidas arrasadas, elaborado por el CELS y MDRI, denunció graves violaciones a los derechos humanos de unas 25.000 personas internadas en instituciones psiquiátricas del país, incluyendo condiciones iatrogénicas, falta de higiene y atención inadecuada. El documento reforzó la necesidad de una Ley Nacional de Salud Mental, en un contexto en el que ya existían proyectos parlamentarios y un escenario internacional favorable al avance de normativas basadas en derechos humanos.

El proceso parlamentario que culminaría en diciembre de 2010 con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones n.º 26.657 se había iniciado en 2006, con un proyecto presentado por las diputadas De Brasi (Autodeterminación y Libertad) y Monti (Partido Justicialista), al que se sumó en 2007 otro presentado por Gorbacz, Méndez y Ríos (Partido ARI). Finalmente, en 2009 se presentó un proyecto actualizado y más consensuado, encabezado nuevamente por Gorbacz junto con diputados de distintos bloques, que resultó el aprobado (Faraone, 2012).

En 2009, el proyecto generó nuevos debates en ambas Cámaras, como en 2007-2008, involucrando asociaciones profesionales, organismos de derechos humanos, universidades y entidades nacionales e internacionales del campo de la salud mental. Se evidenciaron disputas, tensiones y consensos, especialmente sobre la jefatura de los servicios, las instituciones responsables de internaciones y altas, y la capacidad de los hospitales generales para realizar internaciones por salud mental (Scévola et al., 2025).

En relación con los hospitales generales, una parte de los expositores afirmaba que no reunían las condiciones necesarias para llevar adelante internaciones: señalaban falta de capacitación del personal y ausencia de adecuaciones edilicias que garantizaran la seguridad de las personas internadas. También advertían sobre el riesgo de trasladar a los hospitales generales un problema típico de las instituciones psiquiátricas: las internaciones prolongadas. Algunos opositores sostenían que las internaciones de mayor duración correspondían a problemáticas de salud mental (Cámara de Senadores de la Nación, 2009, 2010).

El traslado de las internaciones por salud mental a hospitales generales implicó reformas estructurales, capacitación e inversión. Se propuso crear salas específicas, aunque experiencias previas y posteriores a la ley evidenciaron ventajas de integrar las internaciones en áreas generales. Tal es el caso de la experiencia del Hospital General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía (CABA), incluida en este apartado.

Otro eje de fuerte debate fue el carácter interdisciplinario del proyecto de ley. Desde sectores cercanos a la medicina, se rechazaba que la internación debiera ser evaluada por dos profesionales del equipo de salud –uno psicólogo o psiquiatra y otro de una disciplina afín–, argumentando la responsabilidad legal del médico en la decisión de internar (Cámara de Senadores de la Nación, 2009a, 2009b, 2010a, 2010b). Varias de las experiencias incluidas en este apartado dan cuenta del trabajo interdisciplinario, como las del Hospital Interzonal San Juan Bautista y el Hospital Zonal Belén Dr. Segundo Enrique Muñiz (Catamarca), el Hospital Penna (Bahía Blanca) y el Hospital Eleazar Herrera Motta (La Rioja).

En línea con las transformaciones internacionales, el proyecto de ley impulsó una atención centrada en la persona y el respeto de los derechos humanos, promoviendo alternativas a la internación y dispositivos comunitarios como hospitales de día y comunidades terapéuticas. La reforma estructural e institucional del sistema fue un eje central del debate. Experiencias como el Hospital Dr. Ventura Lloveras, el área de internación del Hospital San Juan Bautista en Catamarca y los hospitales organizados bajo el modelo de cuidados progresivos –como el Nuevo Hospital J. B. Iturraspe (Santa Fe) y el Hospital Dr. Horacio Heller (Neuquén)– reflejan estos cambios, integrando las internaciones en salas generales según necesidades de cuidado (Ministerio de Salud, 2021).

Mientras estos debates avanzaban, y con el proyecto ya aprobado en Diputados a fines de 2009, en abril de 2010 el Poder Ejecutivo transformó la Unidad Ejecutora de Salud Mental del Ministerio de Salud en la Dirección Nacional de Salud Mental, que pasó a ser la autoridad de aplicación tras la promulgación de la ley.

A fines de 2010, Argentina contaba con una Ley Nacional de Salud Mental: una ley de orden público, de carácter obligatorio para todas las jurisdicciones, basada en el paradigma de derechos humanos, que incorpora la voz de usuarios y familiares en todas las instancias de atención, prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos y establece su sustitución progresiva por una red de servicios comunitarios organizada bajo la estrategia de atención primaria, y crea un Órgano de Revisión autónomo para monitorear su cumplimiento, compuesto en partes iguales por organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

En 2013 se reglamentó la ley (Decreto 603/2013) y se aprobó el Plan Nacional de Salud Mental 2013-2018, que fijó metas como censar a las personas internadas en instituciones monovalentes, externar al 60 % de quienes llevaban más de dos años internados, cerrar estos hospitales en 2020 y destinar el 10 % del presupuesto a salud mental. Para 2025, solo se cumplió el censo (2019): registró más de 12.000 personas internadas, con un promedio de 12,5 años de permanencia en el sector público; más del 60 %, sin consentimiento informado, y 37,2 %, internadas por motivos sociales o habitacionales (Ministerio de Salud, 2019).

La pandemia de COVID-19 y sus efectos

La pandemia de COVID-19 (2019-2023) reactivó la preocupación por la salud mental y evidenció su histórica subinversión. Según la OMS (2022), en el primer año, la ansiedad y la depresión aumentaron un 25 % a nivel mundial, y afectaban especialmente a mujeres y jóvenes. En estos últimos crecieron el riesgo de suicidio y las autolesiones, vinculados a la ruptura de rutinas, el aislamiento, el temor al contagio y las dificultades económicas.

Además del impacto emocional, la pandemia alteró profundamente la disponibilidad de servicios. Un relevamiento de la OMS sobre la prestación de servicios esenciales mostró que los más afectados fueron los de salud mental (OMS, 2021). Investigaciones posteriores documentaron la reducción, la postergación o el acortamiento de turnos ambulatorios; restricciones en ingresos por urgencias; disminución de la atención presencial; y la rápida implementación de modalidades de atención digital (Agrest et al., 2021; Chiesa et al., 2021; Rains et al., 2021; Ardila et al., 2023).

Las personas internadas también atravesaron cambios significativos. Al inicio de la pandemia, se suspendieron todas las actividades grupales, las salidas y las visitas familiares (Rains et al., 2021; Ardila et al., 2023). En algunos casos se otorgaron altas anticipadas o se trasladó a pacientes a instituciones privadas (Clemente-Suárez et al., 2021; Rains et al., 2021).

Con el avance de la vacunación, la situación comenzó a mejorar, pero, hacia el final del periodo pandémico, persistía una brecha de atención considerable, tanto para quienes ya tenían padecimientos previos como para quienes los desarrollaron durante la crisis (OMS, 2022). Como señaló el director de la OPS durante la presentación del Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19, “la salud mental de la población de las Américas se ha visto gravemente afectada” (OPS, 2023).

En los hospitales, la pandemia puso en evidencia la necesidad de fortalecer la infraestructura y revisar los dispositivos de atención ante emergencias. En algunos casos, las adecuaciones edilicias quedaron de forma permanente. Por ejemplo, en el Hospital Zonal Belén Dr. Segundo Enrique Muñiz (Catamarca), el sector de aislamiento creado entonces sigue utilizándose para situaciones que requieren medidas similares. Asimismo, la pandemia fortaleció la legitimidad de los equipos de salud mental, convocados a intervenir con respecto no solo a personas afectadas por el virus, sino también a la comunidad, los trabajadores y las autoridades, como ocurrió en el Hospital Municipal Ignacio Pirovano de General Arenales.

Las acciones impulsadas durante la pandemia para responder a la urgencia permitieron, además, profundizar la construcción de redes y avanzar hacia una mayor integración del sistema de salud. Un ejemplo de ello es el Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022–2027 de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo central es integrar la salud mental en los hospitales generales. Este proceso sirvió de impulso para desarrollar servicios de internación en hospitales donde antes no existían, como el Hospital General de Agudos Dr. Alberto Eurnekian (Buenos Aires).

Transformaciones en marcha

A quince años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones n.º 26.657, las transformaciones en el sistema de salud, para brindar una atención por salud mental cumpliendo con los objetivos allí propuestos, continúan en proceso. Entre tales objetivos se encuentra la integración de la salud mental en los hospitales generales, garantizando el cumplimiento de los derechos de las personas y la mejor calidad de atención posible. Para ello se vuelve primordial la necesidad de revisar tanto las estructuras de los hospitales como las prácticas que allí se desarrollan.

Los capítulos de este apartado describen algunas de las experiencias llevadas a cabo durante los últimos años a lo largo del país que dan cuenta de las diversas formas que puede tomar el cambio de paradigma. Estos relatos permiten reflexionar sobre los avances conseguidos y abrir nuevos debates sobre los desafíos que se han ido presentando a través del tiempo y continúan vigentes.

Referencias bibliográficas

Ardila-Gómez, S., Fernández, M., Matkovich, A., Rosales, M., Alonso, R., Agrest, M., Paternina, J., & Velzi Díaz, A. (2023). Repercussions of COVID-19 on psychiatric inpatient care in Latin America and the Caribbean. Revista Colombiana de Psiquiatría, 52(1), 58-64. En https://doi.org/10.1016/j.rcpeng.2021.05.005.

Bonnet, A. (2022). El Estado en la marea rosa latinoamericana: Algunas consideraciones generales. Argumentos. Estudios Críticos de la Sociedad, (98), 93-110. En https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202298-04.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) & Mental Disability Rights International (MDRI) (2007). Vidas arrasadas: La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos (1.ª ed.). Siglo XXI Editores. Disponible en https://www.cels.org.ar/common/documentos/mdri_cels.pdf.

Chiesa, V., Antony, G., Wismar, M., & Rechel, B. (2021). COVID-19 pandemic: health impact of staying at home, social distancing and ‘lockdown’ measures-a systematic review of systematic reviews. Journal of Public Health (Oxford, England), 43(3), e462-e481. En https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab102.

Congreso de la Nación Argentina (2010, 2 de diciembre). Ley Nacional de Salud Mental n.º 26.657. En https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm.

Doetsch, J. N., Schlösser, C., Barros, H., Shaw, D., Krafft, T. & Pilot, E. (2023). A scoping review on the impact of austerity on healthcare access in the European Union: rethinking austerity for the most vulnerable. International Journal for Equity in Health, 22(3). En https://doi.org/10.1186/s12939-022-01806-1.

Drew, N., Funk, M., Tang, S., Lamichhane, J., Chávez, E., Katontoka, S., Pathare, S., Lewis, O., Gostin, L., & Saraceno, B. (2011). Human rights violations of people with mental and psychosocial disabilities: an unresolved global crisis. Lancet (London, England), 378(9803), 1664-1675. En https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61458-X.

Faraone, S. (2012). El acontecimiento de la ley nacional de salud mental. Los debates en torno a su sanción. Debate Público. Reflexión de Trabajo Social, 2(4). Disponible en https://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2016/03/08_Faraone.pdf.

Faraone, S., & Barcala, A. (2020). A diez años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental: coordenadas para una cartografía posible. Editorial Teseo.

Kleinman A. (2009). Global mental health: a failure of humanity. Lancet (London, England), 374(9690), 603-604. En https://doi.org/10.1016/s0140-6736(09)61510-5.

Lord, J. E., Suozzi, D., & Taylor, A. L. (2010). Lessons from the Experience of U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Addressing the Democratic Deficit in Global Health Governance. Journal of Law, Medicine & Ethics, 38(3), 564-579. Disponible en https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2010.00512.x.

Magaña García, C. (2019). Un balance de las agendas sociales latinoamericanas, las mujeres y los gobiernos progresistas. Controversias y Concurrencias Latinoamericanas, 11(19), 157-167. En https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=588661549009.

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (2019). Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental: Informe Ejecutivo. En https://tinyurl.com/yjrvu8ck.

Ministerio de Salud (2021). Directrices Organización y Funcionamiento de Internación. En https://tinyurl.com/584seut2.

OMS (2010). mhGAP Intervention Guide for Mental, Neurological and Substance Use Disorders in Non-Specialized Health Settings: Mental Health Gap Action Programme (mhGAP). World Health Organization.

OMS (2012). WHO quality rights tool kit: assessing and improving quality and human rights in mental health and social care facilities. Disponible en https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/67a98f95-b316-4076-afe7-68a1846eb45c/content.

OMS (2021). Third round of the national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic: November-December 2021. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible en https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS_continuity-survey-2022.1.

OMS (2022). Salud mental y COVID-19: datos iniciales sobre las repercusiones de la pandemia. Disponible en https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/be34dcb2-7272-4b86-97b7-c00b70cdeb37/content.

ONU, Asamblea General (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Disponible en https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf.

ONU (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General de las Naciones Unidas.

OPS (1990). Declaración de Caracas. Organización Mundial de la Salud.

OPS (2023). La salud mental debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política tras la pandemia de COVID-19: Nuevo informe de la OPS. Washington D. C.: Organización Panamericana de la Salud. Disponible en https://tinyurl.com/yjz9mr9m.

OPS (2023). Una nueva agenda para la salud mental en las Américas. Informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C.: Organización Panamericana de la Salud. Disponible en https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57504/9789275327265_spa.pdf

Patel, V., Araya, R., Chatterjee, S., Chisholm, D., Cohen, A., De Silva, M., Hosman, C., McGuire, H., Rojas, G., & Van Ommeren, M. (2007). Treatment and prevention of mental disorders in low-income and middle-income countries. Lancet (London, England), 370(9591), 991-1005. En https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61240-9.

Patel, V., Collins, P. Y., Copeland, J., Kakuma, R., Katontoka, S., Lamichhane, J., Naik, S., & Skeen, S. (2011). The movement for global mental health. The British Journal of Psychiatry: the Journal of Mental Science, 198(2), 88-90. En https://doi.org/10.1192/bjp.bp.109.074518.

Piérola, M. D., & Rodríguez Chatruc, M. (2020). Migrants in Latin America: Disparities in Health Status and in Access to Healthcare. En https://doi.org/10.18235/0002432.

Prince, M., Patel, V., Saxena, S., Maj, M., Maselko, J., Phillips, M. R., & Rahman, A. (2007). No health without mental health. Lancet (London, England), 370(9590), 859-877. En https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61238-0.

Quaglio, G. L., Karapiperis, T., Van Woensel, L., Arnold, E. & McDaid, D. (2013). Austerity and health in Europe. Health Policy, 113(1-2), 13-19. En https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.09.005.

Scévola, M. L., Hagman, G., Cantero, A. L., Stafforini, N. A., Azrilevich, A. L., Rosales, M., & Ardila-Gómez, S. (2025). Caracterización de los egresos por salud mental en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, durante el periodo 2018-2023. Vertex. Revista Argentina de Psiquiatría, 36(168, abr.-jun.), 15-26. En https://doi.org/10.53680/vertex.v36i168.830.

Sheridan Rains, L., Johnson, S., Barnett, P., Steare, T., Needle, J. J., Carr, S., Lever Taylor, B., Bentivegna, F., Edbrooke-Childs, J., Scott, H. R., Rees, J., Shah, P., Lomani, J., Chipp, B., Barber, N., Dedat, Z., Oram, S., Morant, N., Simpson, A., & COVID-19 Mental Health Policy Research Unit Group (2021). Early impacts of the COVID-19 pandemic on mental health care and on people with mental health conditions: framework synthesis of international experiences and responses. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 56(1), 13-24. En https://doi.org/10.1007/s00127-020-01924-7.

Steinert, C., Steinert, T., Flammer, E., & Jaeger, S. (2016). Impact of the UN convention on the rights of persons with disabilities (UN-CRPD) on mental health care research – a systematic review. BMC Psychiatry, 16, 166. Disponible en https://doi.org/10.1186/s12888-016-0862-1.

World Health Organization (2025). Mental Health Atlas 2024. Ginebra.