Melina Rosales, Marina Fernández y Daniela Bonanno

Estos párrafos introductorios invitan al lector a adentrarse en la primera sección de este libro, que reúne siete capítulos centrados en experiencias hospitalarias de las provincias de La Pampa, Jujuy, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través de estas narrativas institucionales, se despliega un mapa de prácticas diversas, con distintos niveles de desarrollo y configuraciones organizativas. Sin embargo, todas comparten un rasgo común: fueron experiencias pioneras en la internación por motivos de salud mental en hospitales generales del subsector estatal en la Argentina, desarrolladas entre 1956 y 1983, en un contexto de transición entre modelos asistenciales y paradigmas en disputa.

Para abordar la complejidad del surgimiento de estas experiencias, comenzaremos por una caracterización histórico-social del sistema de salud de la época, con eje en el periodo fundacional comprendido entre 1946 y 1955. Luego, presentaremos algunos elementos de contexto –tanto locales como internacionales– en torno a las políticas y reformas en salud mental que influyeron en el desarrollo de internaciones en hospitales generales. Finalmente, propondremos una reflexión sobre las huellas que aquella etapa dejó en las formas actuales de internar en el ámbito hospitalario general, identificando continuidades, transformaciones y desafíos persistentes que atraviesan los capítulos que componen esta sección.

La fundación del sistema de salud en Argentina: paso previo a la internación por Salud Mental en hospitales generales

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, la salud empezó a ser un tema relevante de la intervención pública, asociado a los procesos de modernización del país (Veronelli, 2004). En esa época, se fundan los primeros hospitales generales, mayormente impulsados por universidades, sociedades de beneficencia y órdenes religiosas; en el marco de una red asistencial desigual y fragmentada entre provincias, con capacidad insuficiente y sin una política sanitaria nacional centralizada. Las asociaciones de socorros mutuos, organizadas por inmigrantes, financiaban la atención médica, mientras que las sociedades de beneficencia brindaban asistencia como caridad (PNUD, 2011). Aunque el Departamento Nacional de Higiene concentraba algunas funciones estatales de salud pública, principalmente en el control de enfermedades transmisibles, su capacidad de acción era limitada, y el Estado ocupó un rol secundario hasta la década de 1940 (Biernat, 2016; Veronelli, 2004). Este esquema fragmentado y desigual en la provisión de servicios respondía a una concepción liberal del Estado, en la que el derecho a la salud no era reconocido como tal, y donde la atención médica se constituía como mercancía o caridad según el sector social al que se perteneciera (Testa, 2020; Spinelli, 2022).

Fue a partir de 1946 cuando se transformó el sentido de la presencia estatal en las políticas sociales y se reforzó la centralización en la provisión de ciertos servicios, entre los que se encontraba la salud. A partir de ese año, el Estado financió programas verticales contra enfermedades endémicas, creó centros de salud ambulatorios y expandió la oferta de servicios en establecimientos propios, mientras que se impulsó la formación de entidades mutuales de trabajadores por rama de actividad, organizadas de manera voluntaria y por convenio colectivo (obras sociales). Este proceso puede leerse como la emergencia de un proyecto sanitarista estatal, inspirado tanto en modelos internacionales como en desarrollos locales. Ramón Carrillo, como primer ministro de Salud, retoma en su concepción a autores como Henry Sigerist, quien afirmaba que el Estado debía asumir la responsabilidad activa de garantizar la salud como función esencial (Sigerist, citado en Spinelli y Arakaki, 2020).

En este periodo, que inició en 1946 y culminó en 1955, el Estado Nacional adquirió gran presencia como prestador y, pese a que la Constitución no le otorgaba atribuciones explícitas, nacionalizó hospitales y desplazó a las sociedades de beneficencia y a prestadores privados con y sin fines de lucro. Las ideas, prácticas y transformaciones del sistema de salud en Argentina de ese entonces deben leerse en un clima de época marcado por el debate internacional sobre el papel del Estado en la organización de la prestación de los servicios sanitarios, como lo ejemplifica el caso inglés con el Informe Beveridge (1942) y la posterior creación del Servicio Nacional de Salud. Este modelo apuntaba a la universalidad de la cobertura y a la construcción de una solidaridad nacional.

En ese marco, el trabajo de Ramón Carrillo estuvo orientado al desarrollo de una red de hospitales, a la ampliación de la infraestructura sanitaria –que pasó de 63.000 camas en 1946 a 108.000 en 1955– y a la profesionalización del equipo de salud (Rovere, 2004; Veronelli, 2004). Carrillo impulsó una política sanitaria que combinaba criterios técnicos con una visión social de la medicina, apoyado en sistemas de información epidemiológica, mapas sanitarios y planificación por necesidades territoriales. En su libro Política Sanitaria Argentina (2018), sostiene que “detrás de cada enfermedad hay un problema social” y que el sanitarismo debía intervenir sobre las causas estructurales del malestar. No obstante, su propuesta de centralización reforzó la figura del hospital como centro del sistema, con una fuerte presencia del médico como autoridad terapéutica, reproduciendo el modelo médico hegemónico (Testa, 2020; Menéndez, citado en Spinelli, 2020).

Todas estas transformaciones sanitarias se produjeron en una época en la que Argentina experimentó la consolidación de un amplio Estado de bienestar, con políticas orientadas a la redistribución de las riquezas. Se promovió la industrialización como estrategia de expansión del mercado interno y se ampliaron significativamente derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Sin embargo, este ciclo se vio interrumpido en septiembre de 1955 con el golpe de Estado que derrocó a Juan D. Perón. Este golpe no solo interrumpió un ciclo de ampliación de derechos sociales, sino que también implicó un giro en las políticas de salud, que desarticuló el proyecto sanitarista nacional y abrió paso a una mayor fragmentación del sistema, con fuerte presencia del subsistema de obras sociales y creciente peso del sector privado (PNUD, 2011; Rovere, 2004). Como plantean Spinelli y Testa, este fue el inicio de una tensión estructural que aún persiste: entre un sistema que reconoce a la salud como derecho y otro que la regula como mercancía, dejando al Estado atrapado entre ambas racionalidades.

Reformas y retrocesos en la política sanitaria del periodo 1955-1976

A partir de 1955 y hasta 1983, el país atravesó un periodo de marcada inestabilidad política e institucional, caracterizado por la proscripción del peronismo, que generó tensiones sociales y un movimiento de resistencia en fábricas y barrios. En menos de dos décadas, se sucedieron ocho presidentes, en su mayoría militares, junto con breves gobiernos democráticos. Esta combinación de proscripción, represión y resistencia acentuó la fragilidad institucional y la conflictividad social, en un contexto de profundos cambios políticos, sociales y económicos (Romero, 2017).

Durante este ciclo se fue consolidando una estructura sanitaria signada por la fragmentación entre niveles del Estado, obras sociales sindicales, prestadores privados y organizaciones confesionales, lo que Mario Testa definirá más adelante como “sistema de no sistema” (Testa, 2020). Esta configuración institucional respondía a un doble movimiento: mientras el Estado nacional se retraía, emergían nuevos actores con intereses propios, entre ellos los sindicatos y la industria médica privada.

De este modo, el periodo que se abrió en 1955 significó un retroceso en la centralización estatal de la salud ya que se sostuvo que la salud pública debía ser considerada una función esencialmente provincial. Ello llevó al Estado Nacional a transferir progresivamente la gestión de hospitales a provincias, municipios y el sector privado, lo cual inició un proceso de descentralización que impactó en la disponibilidad de personal, equipamiento y presupuestos (Belmartino, 1994). Como plantean Merhy y Franco (2023), estos procesos de descentralización no necesariamente implican mayor democratización o cercanía con la comunidad, sino que muchas veces responden a estrategias de redistribución del gasto público que debilitan la rectoría estatal.

Al mismo tiempo, se amplió el uso de la cooperación internacional mediante convenios con la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud, y se implementaron programas verticales, incluyendo la salud rural. En este contexto, se sancionó la Ley n.º 17.102 de hospitales de comunidad y, hacia fines de la década del sesenta, la primera Ley de Obras Sociales (Belmartino, 1994). Estos programas verticales, aunque ampliaban la cobertura en ciertas áreas, muchas veces reproducían una lógica tecnocrática y fragmentada que desatendía la integralidad del cuidado. Como señalan Spinelli y Arakaki (2020), la planificación en salud fue dominada por matrices tecnocráticas que priorizaban indicadores y metas por sobre procesos de participación o atención situada.

A pesar de esta tendencia descentralizadora, hubo algunos intentos particulares de recuperar la centralidad del Estado nacional. Durante el gobierno democrático de Arturo Illia (1963-1966), el ministro Arturo Oñativia impulsó iniciativas que buscaban recomponer la capacidad regulatoria estatal, que finalmente terminaron fracasando frente a las presiones de la industria farmacéutica (López, 2025). Este caso es paradigmático para comprender los límites estructurales de la regulación estatal sobre intereses corporativos en salud. Como advierte Hugo Spinelli (2020), el campo sanitario es un campo de disputa, y cualquier intento de planificación encuentra resistencias por parte de actores con poder económico y simbólico.

También, en 1974, bajo el tercer gobierno democrático de Juan Domingo Perón, se creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que otorgaba al Estado un rol de financiador y garante económico de un sistema único e igualitario, con posibilidad de incorporar provincias, universidades y al sector privado a través de convenios. El SNIS no prosperó por la falta de apoyo de las organizaciones sindicales y del sector privado. El fracaso del SNIS expresa una tensión histórica en el sistema argentino: la dificultad de construir mecanismos de articulación entre subsistemas con lógicas institucionales y políticas muy disímiles, en un contexto sin conducción sanitaria única. Este obstáculo, como destaca Testa (2024), sigue vigente hasta hoy.

Las décadas del 60 y 70 se caracterizaron por la disminución de camas públicas y la expansión de la capacidad instalada privada, consolidando un modelo pluralista, segmentado y desigual de planificación sanitaria (Veronelli, 2004; PNUD, 2011). Este proceso consolidó lo que Jairnilson Paim denomina un “modelo liberal de segmentación estructural”, donde el acceso a los servicios de salud depende del ingreso, del tipo de cobertura y de la pertenencia institucional del usuario (Paim, 2010). A ello se sumó un proceso de creciente especialización ligado a la tecnología diagnóstica y la aparatología, que encareció los costos de atención y generó desequilibrios financieros en las obras sociales. Este fenómeno, explicado internacionalmente como “demanda inducida por la oferta”, implicó que el aumento de especialistas, camas y equipos complejos estimulara un aumento de la demanda no siempre ajustada a las necesidades de los pacientes (Belmartino, 2005). Desde una perspectiva crítica, autores como Merhy y Franco advierten que este fenómeno técnico-financiero no es neutral: la expansión de la tecnología sin regulación favorece a los sectores corporativos, profundiza las inequidades y debilita los procesos de cuidado centrados en el sujeto (Merhy y Franco, 2023).

Reformas, influencias y construcción del campo de la salud mental en Argentina

En lo vinculado a las políticas de salud mental a nivel global, a comienzos del siglo XX, ya se habían formulado críticas a la psiquiatría clásica y al hospital psiquiátrico tradicional, aunque fue recién en el escenario de posguerra de la Segunda Guerra Mundial cuando el panorama comenzó a transformarse de manera significativa. Fueron varios los factores que confluyeron y que posibilitaron dicha transformación. Entre ellos, se incluyen el crecimiento de las posiciones humanistas surgidas tras la guerra, que revalorizaron la defensa de los derechos humanos; la entrada en la escena política de sectores populares, progresistas y democráticos que se mostraron dispuestos al cambio; el acelerado desarrollo de la psicofarmacología, que proveyó una herramienta para privar de soporte argumental a las internaciones prolongadas; y la necesaria y acelerada reconstrucción de los sistemas de salud devastados tras la guerra en el marco de los Estados de bienestar (Galende, 1994; Stolkiner, 2003; Stolkiner y Solitario, 2007). Tal como plantea Sigerist, el desarrollo de la medicina social y la ampliación de la noción de salud fueron inseparables del surgimiento del Estado moderno y de su papel en la organización de los servicios sanitarios, donde la salud comenzó a pensarse como un derecho colectivo y no solo como una cuestión individual (Sigerist, 2024).

De este modo, hacia fines de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto del desarrollo de los Estados de bienestar keynesianos, se consolidó en los países centrales capitalistas lo que se ha denominado “movimiento de salud mental”. En este periodo la Organización Mundial de la Salud comenzó a insistir en la transformación de los hospitales psiquiátricos en comunidades terapéuticas y en la búsqueda de alternativas a la institución asilar, promoviendo la prevención y la salud mental comunitaria. Este giro coincide con lo que Desviat (2015) describe como la emergencia de un paradigma de la atención comunitaria, que desplaza el eje del hospital hacia el territorio, en un intento de romper con la “institucionalización de la locura” y con el encierro como forma de control social. Con este marco, se desarrollaron procesos de reforma en distintos países. Entre ellos, se destaca el movimiento de atención comunitaria en Inglaterra promovido por la Mental Health Act (1959); el de la psiquiatría comunitaria y preventiva de los Estados Unidos, con la “Ley Kennedy” (1963); la política del sector salud en Francia y la reforma psiquiátrica italiana encabezada por Franco Basaglia (1978).

La política del sector en Francia promovía la atención territorializada, organizada en sectores geográficos con equipos de salud mental responsables de todas las dimensiones de la atención –prevención, tratamiento, rehabilitación y seguimiento– y de la relación con la comunidad. Los principios de integración social del enfermo, trabajo en red y continuidad en la atención orientaron tanto la organización del sector como la promoción de la internación en hospitales generales, concebidos como parte de una red sanitaria articulada con la comunidad (Galende, 1990). Esta lógica sectorial anticipa la noción contemporánea de redes de atención en salud mental, donde el sujeto se reconoce como parte de un entramado social y no como un cuerpo aislado, tal como lo subraya Caponi (2024) al referirse al pasaje “de la locura como representación individual al poder psiquiátrico sobre la población”.

La reforma italiana transformó los hospitales psiquiátricos en comunidades terapéuticas, promoviendo la participación de pacientes, profesionales y la comunidad. Específicamente, la ley 180 de 1978 consolidó la desinstitucionalización al trasladar gran parte de la atención a centros comunitarios y a los servicios de psiquiatría de hospitales generales, con el objetivo de integrar la salud mental en el resto del sistema de salud y promover la reinserción social de los pacientes (Galende, 1990). Rotelli (2014) retoma esa experiencia mostrando que la desinstitucionalización no implicó solo el cierre de los manicomios, sino la invención de nuevas formas institucionales abiertas, inclusivas y democráticas. Según el autor, “vivir sin manicomios” significó sustituir el paradigma de la peligrosidad por el de la existencia sufriente y su relación con el cuerpo social. Desviat (2015), por su parte, enfatiza que el proceso italiano no se limitó a una reestructuración administrativa, sino que configuró una verdadera transformación ética y política de la atención, en la que la libertad del paciente se volvió un criterio terapéutico.

En Estados Unidos, los objetivos de la reforma se orientaban a acercar los servicios a la comunidad, usando hospitales generales como sedes para integrar salud mental y atención médica. Inspirados en la intervención en crisis de Lindeman y la prevención de Caplan, combinaban atención ambulatoria, hospitalización parcial, programas psicoterapéuticos y psicoeducativos, promoviendo la participación profesional y comunitaria. Fue central la figura de los centros de salud mental comunitaria. Como señala Lonigro (en Vallejo et al., 2022), estas transformaciones internacionales influyeron en América Latina, donde las políticas de salud mental se articularon con proyectos de democratización y con la emergencia de nuevos actores sociales, lo que en Argentina se tradujo en una disputa por el sentido mismo de la práctica psiquiátrica.

Estos procesos de reforma, aunque con matices propios, encontraron eco en nuestro país, donde los movimientos y las políticas de salud mental comenzaron a delinear un camino particular. En esta misma dirección, ya en la década del 40, Carrillo había comenzado a incorporar la cuestión de la salud mental en su planificación sanitaria. Según señala Di Nanno, “reorganizó los establecimientos de internación, planificando las camas de salud mental de modo que permitiera a los internados estar más cerca de sus familias como un factor tendiente a evitar la cronificación” (Di Nanno, 2008, p. 156). En esta etapa inicial, puede observarse la continuidad del paradigma higienista y moralizador que, como describe Lonigro (2022), había fundado el dispositivo manicomial en Argentina en el siglo XIX, y que recién comenzaba a ser cuestionado por nuevas concepciones de la locura y del cuidado.

Con este antecedente, algunos autores señalan 1957 como un hito que transformó cualitativamente el campo de la salud mental en Argentina (Carpintero y Vainer, 2004). En ese año, se creó el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), que no solo estableció el rol político activo del Estado Nacional en los problemas del campo, sino que además nominó oficialmente lo que hasta ese momento se entendía como “psiquiatría”. Entre sus fines, figuraban prevenir las enfermedades neuropsiquiátricas, prestar asistencia integral a quienes las padecían y contribuir a su recuperación y rehabilitación social (Chiarvetti, 2008). Esta institucionalización puede leerse como parte del proceso de profesionalización del campo médico que Sigerist (2024) caracteriza históricamente: el pasaje del médico individual a una práctica social regulada por el Estado y orientada al bienestar colectivo.

También en 1957 se creó la Comisión Argentina Asesora de Salud Mental, con el objetivo de actualizar permanentemente un programa de atención de la salud mental para todo el país, teniendo entre sus integrantes al Dr. Mauricio Goldenberg y al Dr. Jorge García Badaracco. En la primera conferencia anual de esta Comisión, se planteó la urgencia de dejar atrás el modelo de la psiquiatría y avanzar hacia un abordaje amplio, que permitiera intervenir en la vida comunitaria e identificar los factores sociales que impactaban de manera negativa sobre la personalidad. En esa línea, la propuesta de instalar consultorios de psiquiatría en los hospitales generales expresaba la voluntad de integrar la especialidad al conjunto de la medicina, rompiendo con la segregación manicomial que la mantenía aislada, y al mismo tiempo habilitar un camino hacia la prevención (Chiarvetti, 2008). Se trataba de un hito, y se trataba de estar en consonancia con lo que estaba pasando en términos globales.

En ese escenario el Dr. Mauricio Goldenberg creó en 1957 uno de los más conocidos servicios de psicopatología y neurología dentro de un hospital general (Gaudio, Maldonado y Steinberg, 1995). Goldenberg sostenía que la práctica psiquiátrica, por su complejidad, requería de un enfoque ecléctico, que incorporara avances disponibles en el campo e integrara elementos de la psiquiatría clásica, del psicoanálisis y de la psiquiatría comunitaria. Sus postulados se orientaban en la necesidad de instalar consultorios externos y servicios de psiquiatría en hospitales generales, ya que estos facilitaban el acceso y permitían que los pacientes no fueran diferenciados de quienes padecían otras enfermedades. Además, consideraba que las internaciones debían ser de corta duración, con el objetivo de favorecer una rápida reinserción social y laboral. Cabe recordar que el Policlínico de Lanús, donde Goldenberg inauguró el servicio, había sido creado en 1952 como uno de los últimos establecimientos de la gestión de Carrillo. Se trataba de un hospital de alta complejidad, de cinco pisos y con 450 camas de internación (Carpintero y Vainer, 2004)

En 1967, durante el gobierno militar de Onganía, se puso en marcha un Plan de Salud Mental que contemplaba la incorporación de comunidades terapéuticas en los hospitales psiquiátricos. El modelo de las comunidades terapéuticas se implementó de manera piloto y con resultados dispares. Tal como explica Desviat (2015), muchas de estas experiencias se vieron tensionadas por la contradicción entre el ideal participativo de las comunidades terapéuticas y los marcos autoritarios en los que debían desenvolverse, generando procesos de “contrarreforma” temprana. Un ejemplo fue la experiencia encabezada por Raúl Camino en la Colonia Federal, en Entre Ríos, que logró sostenerse hasta la dictadura de 1976. En contraste, la iniciativa de Ricardo Grimson en el Hospital Estéves (Buenos Aires) fue interrumpida de manera abrupta en 1971 bajo el gobierno de Levingston. Tal como señala Chiarvetti (2008), los principios que orientaban a las comunidades terapéuticas –la democratización, la libertad de comunicación y la centralidad de la asamblea comunitaria– chocaban de lleno con la lógica autoritaria de los gobiernos militares que se sucedían en ese momento. Sin embargo, resulta paradójico que los primeros intentos de reforma democrática en salud mental en la Argentina hayan emergido precisamente en el contexto de gobiernos de facto. En ese mismo marco, se habilitó también la participación de psicólogos en colonias de distintas provincias del país, lo que marcó un cambio en la configuración del campo profesional.

A fines de la década del 60, en el contexto del Cordobazo^[1], el campo de la salud mental también experimentó cambios significativos. Se creó la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, integrada por psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogos, que lideró diversas luchas gremiales y políticas, orientándose cada vez más hacia los valores del psicoanálisis y distanciándose del modelo alienista (Chiarvetti, 2008; Vainer, 2019; Galende, 1990). Estos movimientos pueden entenderse como expresiones locales de lo que Caponi (2024) denomina “psiquiatría ampliada”: un proceso en el que los saberes y las prácticas psi se desplazan de la patología hacia la gestión de la población, generando resistencias críticas frente al poder disciplinario. Paralelamente, la Federación Argentina de Psiquiatras se constituyó como un movimiento amplio que llegó a reunir a más del 80 % de los psiquiatras del país. Junto con la Confederación de Psicólogos de la República Argentina, con la participación de psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, organizaciones sindicales y el respaldo de algunos partidos políticos, se promovió una reestructuración del sistema de atención de salud mental en la dirección de lo comunitario.

Sin embargo, este impulso reformista fue severamente diezmado durante la última dictadura militar (1976-1983), cuando muchos servicios retornaron a la rutina de sus antiguos rituales y numerosos profesionales implicados debieron exiliarse (Galende, 2008). Específicamente, los servicios de salud mental de hospitales generales sufrieron grandes modificaciones en ese periodo, por la persecución, tortura y desaparición de sus trabajadores o bien por normativas establecidas por las nuevas autoridades; todas ellas ampliamente documentadas (Carpintero y Vainer, 2003; Visacovsky, 2001; Dulitzky, Grela y Rodiño, s/f). Rotelli (2014) advierte que los retrocesos autoritarios en los sistemas de salud mental suelen reponer la lógica del control y la exclusión bajo formas renovadas de institucionalización, recordando que “las reformas solo viven en la medida en que se practican cotidianamente”.

Siete experiencias: huellas y recorridos de la internación en hospitales generales

Tal como señalamos al comienzo, los lectores del libro encontrarán en este primer apartado las valiosas experiencias de siete servicios pioneros en la internación por motivos de salud mental en hospitales generales, en el periodo comprendido entre 1956 y 1983. Las experiencias son heterogéneas, aunque en la lectura se podrán apreciar algunas de las características del periodo en que se originó la internación en dicha institución y cómo las “huellas” de esta etapa que recién describimos marcaron la forma actual en que se configura el servicio y, en particular, la internación. Leeremos desde la voz de psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y enfermeros algunos de los retos y las dificultades que persisten a la fecha, así como también las potencialidades del trabajo desde el hospital general.

El capítulo que inaugura este apartado es el del Hospital Evita de Lanús, el pionero en la incorporación de la salud mental dentro de los hospitales generales, desde una perspectiva de salud mental comunitaria en Argentina. Su valor no reside solo en el presente que describe, sino también en la memoria de su origen: una creación en tiempos del primer peronismo, cuando el Estado de bienestar se expandía con fuerza y la salud pública se concebía como derecho. El recorrido histórico del capítulo transita este impulso inicial con las transformaciones posteriores que acompañaron la inestabilidad política y la descentralización de las décadas siguientes, hasta llegar a su actual situación como hospital provincial.

Seguidamente, los lectores encontrarán el trabajo que trata sobre el Hospital Piñero de la Ciudad de Buenos Aires, el cual permite observar cómo la internación por Salud Mental en hospitales generales data de hace casi un siglo, pero que en sus orígenes respondía a una lógica similar a la de los hospitales psiquiátricos tradicionales, y no al modelo que se fundó en el país con el servicio del Evita de Lanús. Además, se destaca en este capítulo el que se reciban en el servicio las derivaciones de hospitales psiquiátricos para la atención de mujeres que cursan embarazos, planteando aún en la actualidad desafíos para la atención integral en salud mental en el hospital general.

El capítulo del Hospital Perrando en Chaco permite al lector visualizar las transformaciones de la salud mental en los años 70 que se abordaron en el apartado anterior. Nos introduce a la dimensión histórica de los servicios, mostrando cómo, desde 1972, con recursos iniciales de Nación, el servicio se organizó como comunidad terapéutica: un internado a puertas abiertas, con orientación psicodinámica y comunitaria, donde se priorizaban los espacios colectivos y las asambleas. El capítulo nos hace apreciar cómo estas bases fueron transformadas durante la dictadura, dejando rastros visibles en la configuración actual del hospital.

El capítulo del Hospital Carrillo en Chaco y el del Hospital Padre Ángel Buodo de La Pampa nos muestran cómo originalmente, a pesar del clima de época, se trató de instituciones para alojar “la cronicidad”, es decir, cercanas a la lógica de trabajo en hospitales psiquiátricos, con camas destinadas a pacientes sin red de contención y con escasas posibilidades de reinserción social. En este sentido, el caso del Hospital Padre Ángel Buodo en La Pampa constituye un analizador privilegiado de cómo los procesos de reforma en la década del 60 se pensaron con un enfoque territorial, orientado a “devolver” a las personas a sus comunidades de origen. Si bien hoy podemos comprender a los hospitales generales como un servicio más dentro de una red con distintos niveles de atención, que deben propiciar la continuidad de cuidado y la integración social, esta lógica no era evidente, funcionando el Hospital General como centro de alojamiento con una orientación territorial incipiente.

Relacionado con esto, el capítulo del Hospital Evita de Lanús y el de Sáenz Peña, Chaco, nos invitan a pensar las tareas aún pendientes respecto de la disponibilidad de una adecuada red de servicios con base comunitaria, es decir, dispositivos que contengan en el “afuera hospitalario”, de modo de evitar lo que en ambos capítulos se nombra como “internaciones prolongadas”.

Estos dos capítulos, junto con el del Complejo Hospitalario René Favaloro en Santa Rosa de La Pampa y el del Hospital Perrando de Chaco, nos ayudan a abrir la discusión en torno a la medicación; ya sea por su disponibilidad, por su centralidad en las prácticas clínicas o por las dificultades que genera su ausencia, la cuestión farmacológica aparece como un eje que atraviesa la atención en salud mental. Más allá de las particularidades de cada servicio, los relatos nos invitan a reflexionar sobre el valor de la disponibilidad de medicación para garantizar una atención adecuada en momentos de crisis y, al mismo tiempo, para sostener los procesos de cuidado en el marco de una salud mental comunitaria. Desafío aún pendiente.

En estos dos capítulos y en el del Hospital Pablo Soria de San Salvador, Jujuy, se pone de relieve un desafío central y aún pendiente en el campo de la salud mental: la creciente demanda de internación por consumos problemáticos, que aumenta año tras año y plantea dificultades particulares, sobre todo cuando no existen salas específicas. La lectura de estos capítulos invita a reflexionar sobre cómo los hospitales generales enfrentan estas nuevas demandas y sobre las posibilidades de repensar las prácticas en el marco de salas generales.

Todos los capítulos de este apartado nos invitan a reflexionar sobre el lugar que ocupa la salud mental, tanto en términos de la estructura edilicia de los servicios como de los espacios físicos donde se interna. En su mayoría, los servicios se ubican en los márgenes: en edificios antiguos dentro del predio hospitalario, rodeados de sectores en condiciones de demolición –como la morgue o Kinesiología y Rehabilitación–, o en construcciones contiguas pero separadas del edificio central, lo cual genera la sensación de “estar y no estar” al mismo tiempo. Incluso cuando los edificios se unifican mediante pasajes o una gestión administrativa común, la internación en salud mental queda en un espacio diferenciado del resto de la institución. En algunos hospitales, además, los servicios funcionan en casas donadas fuera del predio principal, lo que refuerza la idea de una localización periférica. La única excepción la constituye el Hospital Evita, donde el servicio de salud mental fue incorporado plenamente a la estructura central del hospital, mostrando un modelo distinto de integración. Esta diversidad invita a preguntarnos hasta qué punto el lugar físico que ocupa la salud mental en el entramado hospitalario refleja –y al mismo tiempo produce– el lugar simbólico y político que se le asigna dentro del sistema de salud.

Para cerrar, encontrará el lector en estos capítulos una referencia constante y permanente al hospital general como espacio de prácticas subjetivantes y de cuidado. Ya sea durante internaciones breves, en las que el sentirse contenido y alojado constituye un componente terapéutico esencial, o en las instancias de urgencia que se transforman en oportunidades para nombrar el sufrimiento e iniciar un trabajo posterior, emerge la necesidad de un cuidado ético, hecho desde la ternura y desde el deseo de los profesionales. Como recordaba Ulloa, el cuidado no se limita a una técnica, sino que implica una posición ética frente al otro (Ulloa, 1995)

La invitación, entonces, es a que el lector se sumerja en los capítulos que siguen, donde estas experiencias cobran voz propia y permiten reconocer en lo concreto de las prácticas hospitalarias la potencia de la salud mental en el hospital general. Más aún, en el contexto histórico actual de la Argentina, en el que se debaten y redefinen las políticas públicas de salud en general y salud mental en particular y el lugar de los hospitales generales dentro de ellas, recuperar estas experiencias ofrece una oportunidad valiosa para pensar alternativas de cuidado posibles y necesarias, como así también los desafíos aún pendientes en nuestro campo.

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