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Crisis humanitaria global y gobernabilidad migratoria

Cuando los otros interrogan,
¿qué hace la política?

Vanesa Romina Sola[1]

Palabras claves: crisis humanitaria global, gobernanza migratoria, gobernabilidad migratoria.

1. Introducción

“Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a no ser que el agua sea más segura que la tierra”.
Warsan Shire, “Home”

El escenario internacional es testigo y responsable de la crisis humanitaria que nos convoca e interpela. Los desplazamientos humanos del siglo XXI son permeados –en su origen, trayecto y destino– por un entramado de nuevas lógicas indiscriminadas de violencia y su creciente complejidad: conflictos bélicos, políticos, socioculturales y ambientales; la persecución basada en incomprensibles variantes ideológicas, religiosas y de elección sexual, y la ejecución de políticas económicas que golpean la dignidad humana, excluyendo y marginando. 

El alerta mundial se manifestó a raíz de los sucesos del año 2015: el incremento exponencial de migrantes y refugiados que llegaron a Europa huyendo de la violencia y los miles que se ahogaron en el Mediterráneo. El punto fundamental fue la difusión de la información y su conmoción global, sobre todo con la imagen del cuerpo sin vida de un niño sobre las costas de Turquía[2].

Lamentablemente, no era la primera vez que sucedía. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2015, 1.004.356 migrantes llegaron a Europa y 3.771 murieron en el intento de cruzar el Mediterráneo, cifra que superó los 219.000 del año anterior, con 3.279 que se ahogaron en el mar. La mayor cantidad de muertes se registró en la ruta del Mediterráneo central, entre Libia e Italia, seguida por la ruta del Mediterráneo oriental, entre Turquía y Grecia, y el menor número corresponde a la ruta del Mediterráneo occidental, de Marruecos y Argelia a España.

La ausencia de acción ante lo urgente visibilizó con más fuerza en término de conflicto político-social la situación de miles de migrantes y refugiados y develó la incapacidad de dar soluciones del Estado –principal actor del sistema internacional– no solo como unidad política, sino también, y fundamentalmente, como parte de una unión regional que nuevamente[3] presentaba grietas en la articulación de una solución comunitaria. Asimismo, y como parte de su constitución, se puso en cuestionamiento a las democracias como regímenes participativos, inclusivos y garantes de igualdad.

Paralelamente, la preocupación por la situación migratoria en el Mediterráneo adquirió un mayor énfasis y una reinterpretación en la agenda política global promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y acompañada por diversos actores del sistema internacional.

El entendimiento de la realidad acuciante, el acceso a los canales de demandas, la toma de decisiones, la implementación de políticas, la legitimidad y eficacia gubernamental, la consideración de todos los actores afectados, la articulación entre la acción colectiva y conducción social nos permiten pensar de manera crítica en la gobernanza y la gobernabilidad migratoria de los Estados, proponiendo y enfatizando la importancia de una gestión democrática del conflicto. Asimismo, merece especial atención la conjunción entre política y diplomacia, sobre todo cuando se trata de acordar marcos comunes de cooperación en lo que se denomina “gobernanza mundial”.

Es por ello que se realizará una aproximación al abordaje de las migraciones por parte de la Ciencia Política y la disciplina de las Relaciones Internacionales. 

2. La Ciencia Política y los procesos migratorios

El reconocimiento de la influencia del Estado en el surgimiento y configuración de las dinámicas migratorias recién aparece hacia la segunda mitad del siglo XX en Europa, y hacia finales de época en Estados Unidos. Hasta entonces, solo las teorías migratorias y sus metodologías de abordaje pertenecían a disciplinas como la sociología, antropología, historia y economía.

La ciencia política identificó, en una primera instancia, los modos de intervención del Estado en los procesos migratorios a través del diseño e implementación de políticas públicas que visibilizaban el comportamiento de las autoridades políticas en materia de control migratorio. Si bien el foco de atención estuvo centrado en las instituciones políticas de los países receptores, luego se extendió al desempeño de la estructura gubernamental de las sociedades emisoras, para identificar la manera en la que el poder político podía erigirse en disparador de estos cambios demográficos y sociológicos, tanto en la expulsión como en la atracción, y el comportamiento del Estado al institucionalizarse las corrientes migratorias (Biderbost Moyano, 2010).

Es necesario visibilizar el papel de las políticas migratorias ya que tienen un impacto directo sobre la población de inmigrantes, definiendo a quiénes se incluyen y a quiénes no, lo que no es menor, porque se manifiesta quiénes son sujetos de derecho y quiénes quedan excluidos.

En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el diseño de las políticas migratorias se basó en criterios, esencialmente, utilitaristas a partir de los cuales se identificó la inmigración “deseada” según los intereses y necesidades, económicas y políticas del país de destino. El diseño de una política migratoria enfocada en la lógica nacional, que no considera el contexto regional y global, resulta ineficaz por no considerar la complejidad del fenómeno migratorio y de los factores que inciden en su configuración, por lo cual tiene consecuencias desfavorables en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Sin embargo, el encuentro entre el Estado y los movimientos migratorios invita a no agotar los estudios politológicos a las estructuras institucionales. La incorporación de los inmigrantes a la vida social del país receptor abre nuevos espacios de preguntas y diálogos; por ejemplo, las transformaciones del concepto de “soberanía” y sus implicancias en la seguridad interna de los Estados (eje compartido con las relaciones internacionales), el posible impacto en el sistema político, el ejercicio de la cultura política, su relación con los colectivos migrantes y el rol de la sociedad civil.

En complemento, también importan, no constituyendo un factor menor, los imaginarios sociales construidos a partir de la figura del migrante por parte de la sociedad del país receptor. Como se ha observado en los últimos años, los posicionamientos oscilan entre exclusión y la inclusión, y generaron la consolidación de la ultraderecha a través de partidos, movimientos sociales y de la irrupción en el escenario político de outsiders, la manifestación de movimientos sociales a favor de los inmigrantes, la firma o el rechazo de acuerdos en materia de migrantes y refugiados, e incluso el surgimiento de clivajes en torno a la cuestión migratoria que se evidencian en las elecciones gubernamentales, entre otras acciones que priorizan o descartan el sentido de humanidad.

En síntesis, la ciencia política ha realizado un estudio del desempeño de las instituciones políticas desde lo macro a lo micro, partiendo de la estructura del Estado (emisor-receptor), para luego identificar y evaluar las políticas públicas de gestión de la inmigración y, finalmente, analizando los comportamientos socioculturales y cívicos de la sociedad receptora y de los inmigrantes, reconociendo el impacto que tienen en las configuraciones del sistema político del Estado.

En este marco, el estudio de las políticas migratorias se ha tornado relevante no solo por visibilizar los intereses del Estado en el plano nacional, sino porque, además, constituyen su visión de la política internacional. Es aquí donde interviene la disciplina de las relaciones internacionales, complejizando el abordaje al aportar elementos enriquecedores para el análisis de la situación migratoria.

3. La internacionalización de las políticas migratorias

Las dinámicas del escenario internacional, generadas y fortalecidas por la globalización, instan a la cooperación entre los Estados como condición de supervivencia, desarrollo y bienestar. Desde el análisis de las Relaciones Internacionales, se identifica una tendencia hacia la internacionalización de las políticas migratorias diseñadas por los Estados. Esta respondería a estrategias de convivencia con países limítrofes, a la adhesión a tratados y declaraciones internacionales, a la participación de los Estados en proyectos de integración regional y como miembro de organismos internacionales.

Es decir que los planes, programas o políticas que diseña, desarrolla e implementa un Estado no sólo están impregnados por variables de la coyuntura nacional, sino que, también, pueden cumplir con requisitos políticos y/o económicos de instancias supranacionales.

Los planes, programas o políticas diseñados por un Estado y con aplicación en los espacios de su soberanía no solo corresponderían a la coyuntura nacional, sino que en su elaboración e implementación pueden estar cumpliendo con requisitos de instancias supranacionales políticas o económicas.

Aunque se considere que una política solo tiene incumbencia doméstica, no deja de ser una herramienta de comunicación de los principios de la política exterior que defiende un Estado y que define su posicionamiento en la arena de la política internacional. En este sentido, resulta menester, como señala Lascano y Vedia (2007), una relación consensuada entre la política interna y la política exterior; la política y la diplomacia en miras al diseño y ejecución de una política institucional[4] hacia el mundo.

Una política migratoria se instituye a partir de reglas y procedimientos de admisión y selección de los no ciudadanos, de los dispositivos que integran a los inmigrantes en la sociedad de destino, lo concerniente a la nacionalidad, la regulación de la salida de emigrantes y su protección en el extranjero (López Sala, 2005). A esto sumamos que la política migratoria puede responder a una política de Estado o conformar la estrategia de una política gubernamental de corto plazo.

En la praxis, el vínculo entre las relaciones internacionales y las migraciones puede adquirir diferentes aristas, entre las cuales se encuentra el impacto de las políticas migratorias nacionales en la política exterior y, consecuentemente, en el entramado de la política internacional.

Las relaciones internacionales han intervenido en la configuración de los desplazamientos humanos, por lo cual no están absueltas de responsabilidad. En este sentido, Mitchell (1989) señala que las relaciones internacionales han sido partícipes del surgimiento y consolidación de diferentes corrientes migratorias, a partir, por ejemplo, de intervenciones bélicas.

Asimismo, y por último, es la inmigración la que puede estar al servicio y tener injerencia sobre los objetivos de la política exterior de un determinado país, lo cual se evidencia en la creciente relevancia que adquiere la cuestión migratoria en la agenda y en los tratados bilaterales que llevan adelante tanto países emisores como receptores de migrantes (Mitchell, 1989).

4. Cuando el término sí importa: visibilizar realidades y pensar acciones

Se presentan con formas de escape, pero cada concepto alberga sus particularidades, develando y alertando sobre sus necesidades particulares. La confusión de los términos solo actúa como un agravante de los problemas.

4.1. Migrante

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “migrante” es “toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones (laborales, educativas, sociales, etc)”, y el término comprende

una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objeto de tráfico; así como las personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales.

La migración puede constituirse en una elección o, como señala Pérez Sáinz (2019), ser una respuesta a la marginación social.

La OIM señala que el término “migrante” no se encuentra definido en el derecho internacional y que tampoco encuentra consenso en la comunidad internacional bajo una definición universalmente aceptada. Es por ello por lo que cada país trata a los migrantes conforme a su propia legislación y procedimientos en materia de inmigración, más allá de los esfuerzos de las Naciones Unidas por crear un marco de cooperación global en materia migratoria.

El concepto “migrante” no distingue nivel socioeconómico, lo que da lugar a que su utilización encubra situaciones contrapuestas en cuanto al origen, trayecto y destino migratorio. Esto es importante, porque, como señala Adela Cortina (2018),

es imposible no comparar la acogida entusiasta y hospitalaria con la que se recibe a los extranjeros que vienen como turistas con el rechazo inmisericorde a la oleada de extranjeros pobres. Se les cierran las puertas, se levantan alambradas y murallas, se impide el traspaso de las fronteras.

En este sentido, la xenofobia no explicaría en forma acabada el posicionamiento aversivo de líderes políticos y sectores de la sociedad, ya que no molestaría el extranjero por el hecho de serlo. La autora propone el concepto de “aporofobia”, el miedo al pobre, para describir, analizar e interpelarnos sobre el accionar hacia los extranjeros. Cortina afirma: “Y es que es el pobre el que molesta, el sin recursos, el desamparado, el que parece que no puede aportar nada positivo al PIB”. Esta visión es fomentada por la mercantilización y la seguridad nacional, a partir de las cuales el extranjero constituye una amenaza, sea inmigrante o refugiado.

En un contexto de grandes desplazamientos, pueden darse corrientes mixtas integradas por refugiados y migrantes que se trasladan por motivos diferentes, pero que siguen rutas similares. Esto, claramente, no los convierte en sinónimos.

4.2. Refugiado

El refugiado huye de conflictos armados, la persecución y la violencia, incluido el terrorismo, hacia otros países cercanos en busca de seguridad, preservación y el reconocimiento internacional de su situación.

A diferencia del migrante, el derecho internacional define y protege a los refugiados a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y la Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África de 1969. En relación con esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) dice: “Uno de los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional es que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a las situaciones en las que sus vidas y su libertad puedan verse amenazadas”. Este principio es responsabilidad de los Estados, como así también lo es brindar el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, y promover medidas que garanticen que los derechos humanos básicos sean respetados mientras ayudan a los refugiados a encontrar una solución a largo plazo. Por lo mencionado, la situación de refugiado tiene un abordaje desde el derecho internacional y desde la legislación nacional de los países receptores.

4.3. Desplazados internos

Dentro del desplazamiento forzado mundial, no solo ubicamos a los refugiados, sino también a los desplazados internos. Los conflictos armados, la violencia y la persecución por razones de política, ideología, religión, etnia, sexo, entre otras, son los motivos que generan la huida, al igual que en el caso de los refugiados. La diferencia radica en que un desplazado interno abandona su territorio sin atravesar las fronteras de su país de origen.

4.4. Apatridia

Por último, en las nuevas dinámicas demográficas se hace presente la apatridia, condición bajo la que se encuentran millones de personas. Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, un apátrida es “toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. Como señala la ACNUR: “La apatridia a veces permanece como un invisible porque las personas apátridas a menudo son inadvertidas y no son escuchadas”. No son considerados sujetos de derechos al no estar legalmente reconocidos. Esta situación “no solo impacta a las personas afectadas, sino también a la sociedad como un conjunto ya que la exclusión de todo un sector de la población puede provocar tensiones sociales y perjudicar significativamente el desarrollo económico y social”.

5. Cifras globales: migrantes, refugiados y desplazados internos

En el año 2019, un informe de la ONU identificó un aumento considerable de migrantes, cuyo número alcanzó los 272 millones a nivel global, cifra que indica un crecimiento más rápido que la población mundial. Asimismo, su distribución arroja datos a considerar; en su mayoría, los migrantes se desplazan entre los países ubicados dentro de la misma región: el 80 % en África subsahariana, el 83 % en Asia oriental y suboriental, el 63 % en Asia central y meridional y el 73 % en América Latina y el Caribe proceden de la región en la que residen. Otro punto importante es la mayor concentración que se encuentra liderada por Europa con 82 millones de migrantes, seguida por América del Norte, que alberga a 59 millones, y África del Norte y Asia occidental, con 49 millones. Aquí, resulta interesante que, si bien Europa y América del Norte hospedan al mayor número de migrantes, la población desplazada al norte de África, el Asia occidental y el África subsahariana creció más rápidamente. En cuanto a los países que recibieron mayor número de migrantes, se identifican: Estados Unidos con 51 millones, Alemania y Arabia Saudita con unos 13 millones respectivamente, Rusia con 12 millones, el Reino Unido con 10 millones, y los Emiratos Árabes Unidos con 9 millones.

Y si hablamos de datos, la humanidad se enfrenta a la mayor crisis de desplazamientos forzosos desde la Segunda Guerra Mundial. Según la ACNUR, 70,7 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus países: 25,9 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son niños; 41,3 millones de desplazados internos; y 3,5 millones de solicitantes de asilo. Son parte de estos datos los 3,9 millones de apátridas registrados, pudiendo ser muchos más los que superan esta cifra. Por día, 37 000 personas se desplazan a la fuerza.

Con respecto a la distribución demográfica, el mayor porcentaje de refugiados, representando el 67 %, provienen de la República Árabe Siria (6,7 mill.), seguido por Afganistán (2,7 mill.), Sudán del Sur (2,3 mill.), Birmania (1,1 mill.) y Somalía (900 mil). Los países receptores son Turquía (3,7 mill.), Pakistán (1,4 mill.), Uganda (1,2 mill.), Sudán (1,1 mill.) y Alemania (1,1 mill.).

En el caso de desplazados internos, el mayor número se ubica en Colombia (7,8 mill.), seguido por Siria (6,1 mill.), República Democrática del Congo (4,5 mill.), Somalía (2,6 mill.), Etiopía (2,6 mill.), Nigeria (2,1 mill.), Yemen (2,1 mill.), Afganistán (2,1 mill.), Sudán del Sur (1,8 mill.), Sudán (1,8 mill.), Irak (1,8 mill.), Ucrania (800 mil), Camerún (668 500), Azerbaiyán (620 400), Birmania (370 300) y Georgia (282 400).

6. Las alertas en América Latina y el Caribe. Relectura de desplazamientos y números críticos

La región se ha caracterizado por ser área de origen, tránsito y destino de migrantes. Sin embargo, al tratarse de un proceso social en su esencia, ha manifestado fluctuaciones que invitan a una relectura del estado de la situación.

Al conocido desplazamiento migratorio hacia los Estados Unidos desde México y América Central, se le ha sumado la emigración desde países del Caribe y América del Sur. Podemos hablar aquí de una crisis migratoria que se refuerza a partir del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por los Gobiernos de Estados Unidos, a cargo de Trump, y de México, bajo la gestión de López Obrador.

Entre los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)[5], se identifica a Belice, El Salvador y Costa Rica como principales países de destino de la población proveniente de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Además, desde el año 2015, se incrementó el flujo de migrantes extrarregionales provenientes de Cuba, Haití y del continente africano. Según la OIM (2016), la población de estos últimos lugares está más expuesta a vulnerabilidades por el idioma, la falta de redes de apoyo, la xenofobia y la ausencia de representaciones diplomáticas de sus países de origen a lo largo de la ruta, lo que prácticamente imposibilita que puedan recibir asistencia consular y documentación, entre otras cosas.

Además, se identifican las tendencias de feminización de la migración, el incremento de casos de niños migrantes y la migración de familias en grupos tipo “caravanas” (OIM, julio de 2019).

La situación crítica de Venezuela, que se manifiesta en sus dimensiones políticas, económicas y sociales, tuvo por consecuencia la emigración de más de 3 millones de venezolanos[6] hacia otros países de América Latina y el Caribe. Según la ACNUR,“es el mayor éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo”.

Por su parte, en Argentina se incrementa el número de inmigrantes provenientes de África, Europa del Este y Asia.

De los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, las personas huyen de la violencia, las pandillas y el crimen organizado hacia México, Costa Rica y Nicaragua. La ACNUR identificó 11 000 personas que solicitaron el reconocimiento como refugiados en México y Estados Unidos, y se registró un aumento del número de mujeresen en este grupo.

Como fue señalado, en nuestro continente se encuentra el país con más desplazados internos en el mundo. Según las ACNUR (2018), Colombia registró 7,8 millones de personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares, retirándose a zonas más seguras dentro del territorio por consecuencia, principalmente, de los conflictos armados, representando el 17,14 % de la población.

En cuanto a los apátridas, el mayor número de casos se encuentra en el Caribe. Aquí se incluyen a los nuevos apátridas: 200 000 personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana. El origen: una ley que priva de la nacionalidad dominicana a las personas de origen haitiano nacidas en el país entre 1929 y 2010 dictada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana en el año 2013. Esta medida fue catastrófica si se tiene en cuenta que en el censo del 2012, el 11 % de la población de República Dominicana eran de ascendencia haitiana, es decir, 1,1 millones de personas.

7. Gobernanza migratoria global

Se trata de un llamado a la comunidad internacional que busca un acuerdo en materia migratoria que vele por los migrantes como sujetos de derechos. Se entiende por “gobernanza de la migración” el diseño y aceptación de

marcos conjuntos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así como de estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e internacionales), y procesos pertinentes que regulan y determinan la actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas sus formas, abordando los derechos y obligaciones y fomentando la cooperación internacional (OIM).

En la primera instancia de la participación, la gobernanza global necesita coordinación y acuerdo institucional al interior de los Estados, sobre todo en aquellos federales. Como señala el documento elaborado por la Unión Interparlamentaria, la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos) (2015):

En materia de migración, se debería adoptar un enfoque que hiciera partícipe a la “totalidad del gobierno” o a un “gobierno unido”, porque la mejor manera de abarcar todas las cuestiones relacionadas con la migración es implicar a todos los ministerios competentes, incluidos los ministerios de Interior o Asuntos Internos, Asuntos Exteriores, Empleo o Trabajo, Educación y Salud, de todos los países (de origen, tránsito y destino).

Además, deberían participar la diplomacia parlamentaria, organismos nacionales y regionales y actores no gubernamentales con injerencia en temas migratorios.

La urgencia de una gobernanza global responde a las nuevas configuraciones e incrementos de los desplazamientos humanos que discurren en el escenario de violencia estructural que presenta el sistema internacional, donde se identifican las víctimas y se difuminan los victimarios. Al respecto, Galtung (2016) afirma:

La violencia puede ser vista como una privación de los derechos humanos fundamentales, en términos más genéricos hacia la vida, eudaimonía, la búsqueda de la felicidad y prosperidad, pero también lo es una disminución del nivel real de satisfacción de las necesidades básicas, por debajo de lo que es potencialmente posible.

Claramente, como señala Su Santidad el papa Francisco, estamos ante la globalización de la indiferencia producto del individualismo combinado con el utilitarismo y viralizado a través de la red mediática, que se constituye y desarrolla desde las sociedades económicas más avanzadas y desarrolladas. En este contexto,

las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y las víctimas de la trata se han convertido en emblema de la exclusión porque, además de soportar dificultades por su misma condición, con frecuencia son objeto de juicios negativos, puesto que se las considera responsables de los males sociales. La actitud hacia ellas constituye una señal de alarma, que nos advierte de la decadencia moral a la que nos enfrentamos si seguimos dando espacio a la cultura del descarte[7].

En este marco, la gobernanza global se traduce en una necesidad. Su concreción debe ser resultado de la diplomacia profesional, entendida como una herramienta prioritaria. Cuestión de la que careció el primer intento global de gobernanza migratoria: el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular del año 2018. Para llegar a su abordaje, se propone, a continuación, una revisión de sus antecedentes:

8. Marco de Gobernanza sobre la Migración

A los fines de colaborar con los Estados en la definición de sus políticas migratorias bien gestionadas, la OIM diseñó un Marco de Gobernanza de Migración (MIGOF) en el año 2015, basado en los principios de adherirse a las normas internacionales y respetar los derechos de los migrantes, formular políticas con base empírica y aplicar un enfoque integral de gobierno, y forjar asociaciones para encarar la migración y las cuestiones conexas. A partir de esto, la mayor o menor gobernanza migratoria estaría dada por el cumplimiento de objetivos específicos, como fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y la sociedad, abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis, y asegurar una migración ordenada, segura y digna. Estos lineamientos serían la base para la formulación de indicadores de gobernanza.

8.1. La Agenda 2030: nuevo paradigma migratorio

El 25 de septiembre de 2015, la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, con epicentro en Nueva York, fue escenario de la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible “La transformación de nuestro mundo: la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030”, que reconocía las contribuciones positivas de los migrantes y su papel fundamental en el desarrollo sostenible.

La Declaración, firmada por los Estados miembros de las Naciones Unidas, constituye una guía de acción basada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[8] con 169 metas que, poniendo énfasis en las personas, el planeta, la prosperidad, la justicia y la paz, enfrentan los desafíos en materia social, económica y ambiental que presenta la actual globalización. Para la OIM, la inclusión de la migración en los ODS constituyó un hito y corrigió su ausencia en los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos por las Naciones Unidas en el año 2000.

La Agenda 2030 es un llamado de alerta a la comunidad internacional que compromete a los Estados, pero que al mismo tiempo alienta la cooperación para el diagnóstico, elaboración e implementación de políticas, planes y programas que enfrenten la pobreza y las desigualdades, que velen por los derechos humanos con énfasis en la igualdad entre los géneros, que garanticen una conciencia y protección del medio natural para lograr, en consecuencia, sociedades más justas, inclusivas y pacíficas. Los ODS se configuran en una propuesta global, pero su abordaje depende de los retos específicos que tenga cada país y de los recursos que disponga para enfrentarlos.

En este marco, la Agenda 2030, cuyo principio ha sido “no dejar a nadie atrás”, permitió la reinterpretación de la migración en un mundo conmovido por grandes desplazamientos humanos, considerando su contribución al desarrollo sostenible. En el objetivo 10, por ej., se busca reducir la desigualdad en los países, y entre las metas que se propone, la 10.7 es clara: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. En el “objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, resulta importante señalar la meta 8.8: “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”.

Según el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, elaborado por las Naciones Unidas, la mayoría de los países cuenta con políticas que facilitan una migración ordenada, segura, regular y responsable, pero queda mucho por hacer para proteger los derechos y el bienestar socioeconómico de los migrantes. El Indicador 10.7.2 “Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas que facilitan la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas” perteneciente a la meta 10.2, se basa en seis dominios de políticas: capacidad institucional y políticas; derechos de los migrantes; migración segura y ordenada; migración laboral y costos de reclutamiento, alianzas internacionales, y crisis humanitarias y política migratoria, permitiendo el análisis de situación en 105 países con datos disponibles. Si bien el 76 % contaba con políticas para una migración segura, un poco más de la mitad, el 54 %, tenía políticas sobre derechos de los migrantes, y el 57 % elaboró políticas para el bienestar socioeconómico de los migrantes.

En sintonía con la Agenda 2030, la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas coincidieron en el plano discursivo, visibilizando y reconociendo a través de acuerdos la contribución positiva de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible.

8.2. Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes

Lamentablemente, la conciencia internacional sobre los migrantes que, huyendo de la violencia, se encuentran con la muerte en el Mediterráneo no fue suficiente para evitar 3 800 decesos por ahogamiento en el 2016, cifra superior al año anterior y que resultó alarmante tomando como referencia a las 327 846 personas que arribaron a costas europeas; es decir, disminuyó considerablemente el número de migrantes que llegaron, pero fueron más los muertos en el trayecto. En este marco, los Estados miembros de las Naciones Unidas expresaron su voluntad política de salvar vidas, proteger derechos y compartir la responsabilidad a escala mundial mediante la firma de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes el 19 de septiembre de 2016. Entre los compromisos que se plantearon, los Estados manifestaron la necesidad de plantear directrices sobre el trato de migrantes en situaciones de vulnerabilidad, tratamiento de urgencia para el incremento de menores no acompañados en tránsito. En complemento, establecieron el diseño y desarrollo de un pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada y regular, a los fines de guiarse por un conjunto de principios y enfoques comunes, y la elaboración de un pacto mundial sobre refugiados que estableciera la responsabilidad de acoger y darles apoyo, para el año 2018.

8.3. Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular

Desde la Declaración de Nueva York, se intensificaron los flujos migratorios en el Mediterráneo y adquirieron preocupación las caravanas de migrantes que viajan de Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos. En este contexto, los Estados miembros de la ONU cumplieron con el compromiso de aprobar el primer acuerdo global sobre migraciones en la Conferencia Intergubernamental que se desarrolló en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre de 2018.

En sus orígenes, el pacto pretendía representar un marco de cooperación internacional para un abordaje completo del proceso migratorio, incentivando el multilateralismo, y, si bien fue aprobado, varios países no ajenos a la problemática lo rechazaron. A pesar de no ser un acuerdo legalmente vinculante, Estados Unidos, Israel, República Checa, Hungría y Polonia votaron en contra del Pacto. Se abstuvieron: Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liechtenstein, Rumania, Suiza y Singapur. Y se ausentaron: Eslovaquia, Lituania y República Dominicana. Entre los fundamentos de su posicionamiento, señalan la incompatibilidad con la soberanía nacional y que podría incentivar la inmigración ilegal.

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular estableció 23 objetivos que respondían a los siguientes principios rectores, transversales e interdependientes, a saber: centrarse en las personas; cooperación internacional; la soberanía nacional; Estado de derecho y garantías procesales; desarrollo sostenible; derechos humanos; perspectiva de género; perspectiva infantil; enfoque pangubernamental; y un enfoque pansocial.

8.4. La respuesta de la Iglesia a la globalización de la indiferencia

En el entendimiento de lo esencial de la cooperación internacional dialogada, y ante la urgencia de respuestas y soluciones, la Santa Sede, en el año 2017, creó la “Sección Migrantes y Refugiados” como parte del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, destinado a orientar las acciones de la pastoral a nivel mundial con relación al acompañamiento de los migrantes y refugiados, a las víctimas de la trata y a la esclavitud de seres humanos. Esta iniciativa, dirigida por su Santidad el Papa Francisco, complementa la labor que ha sido realizada por la Iglesia y, al mismo tiempo, es sustancial del actual Pontificado que ha convertido la crisis humanitaria de la inmigración en uno de sus pilares de trabajo fundamentales.

La Sección Migrantes y Refugiados, luego de consultar a diferentes Conferencias Episcopales y a ONG católicas especialistas en las temáticas de referencia, elaboró un documento titulado “20 puntos de Acción para los Pactos Mundiales”, que realiza un llamado a poner en práctica una serie de recomendaciones en pos del cumplimiento de los Pactos sobre “migración segura, regular y ordenada” y “refugiados” propuestos por las Naciones Unidas. El documento invita a establecer lazos con la comunidad internacional a los fines de “promover y adoptar medidas eficaces destinadas a proteger la dignidad, los derechos y las libertades de todas las personas en situación de movilidad humana, incluidos los migrantes forzados, los solicitantes de asilo, los refugiados y los desplazados internos”.

La Iglesia católica comprendió que los pactos mencionados constituían “una oportunidad única para articular una respuesta conjunta, en términos de cooperación internacional y de responsabilidad compartida”. No solo representaban un accionar entre actores internacionales, sino también, y fundamentalmente, abría la necesaria capacidad de diálogo a nivel intraestatal con la participación de la sociedad civil. Es por ello por lo que se plantean 20 puntos concretos y tangibles que –articulados en las actitudes de acoger, proteger, promover e integrar que resultan fundamentales para asegurar el respeto por los derechos humanos– proponen:

  • Acoger: aumentar las vías seguras y legales para los migrantes y refugiados. Entendiendo que la migración debe ser segura, legal y ordenada, y que la decisión de migrar debe ser voluntaria, se propone que los Estados prohíban las expulsiones arbitrarias y colectivas, respetando el principio de no devolución que debe priorizar el nivel de seguridad que cada individuo puede tener efectivamente y no la evaluación del estado general de seguridad de un país. Se incentiva a los Estados y otros actores implicados a ampliar el número y la variedad de canales jurídicos a través, por ejemplo, de visados humanitarios o, en el caso de su existencia, con su expansión entendida como prioridad política nacional. Se proponen los visados estudiantiles para todos los niveles educativos, los visados de reunificación familiar (incluyendo abuelos, hermanos y nietos), y adoptar programas de corredores humanitarios y políticas nacionales que permitan a las personas obligadas a huir de conflictos armados, persecuciones o violencia generalizada en sus países de origen ser inmediatamente acogidas por Estados vecinos, con la garantía, por ejemplo, de un estatuto de protección temporal. Se sugiere legislar y diseñar políticas en materia de integración local a través del patrocinio privado y comunitario por parte de ciudadanos, comunidades y organizaciones, y generar programas de acogida responsable y digna de los migrantes y refugiados, reconociendo que los grandes asentamientos exacerban las condiciones de vulnerabilidad. El documento también señala la necesidad de lograr un equilibrio entre la seguridad de cada persona que se encuentra en situación vulnerable y las preocupaciones de la seguridad nacional de cada Estado, para lo cual se propone la formación y capacitación en materia de derechos humanos y de asilo para las autoridades que trabajan en áreas fronterizas, la adopción de políticas nacionales que generen el acceso a los servicios básicos antes de analizar la cuestión de la situación jurídica del solicitante, el acceso a servicios jurídicos de forma que se garantice la protección de quienes huyen de la guerra y la violencia, y el diseño de soluciones alternativas a la detención para aquellos que entran en un país sin autorización.
  • Proteger: garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes y de los refugiados, constituyendo un llamado a los Estados con importantes salidas migratorias a adoptar políticas y prácticas que protejan a los ciudadanos que deciden emigrar, como por ejemplo, la creación de sistemas nacionales de información y de formación prepartida para alertar y educar a la sociedad civil y a las autoridades estatales en áreas fronterizas sobre indicios de trabajo forzado o tráfico, la creación de un departamento gubernamental para la diáspora, y el ofrecimiento de asistencia consular y protección en el extranjero. En el caso de los Estados receptores, estos tienen la responsabilidad de legislar y adoptar políticas que enfrenten la explotación, el trabajo forzoso y la trata de personas, por ejemplo, a través de la prohibición de la retención de documentación de identificación, del acceso a la justicia para garantizar el cumplimiento a sus derechos humanos sin miedo a represalias (como la detención y la deportación), y de políticas socioeconómicas como la apertura de cuentas bancarias personales y la regulación en el acceso al salario mínimo. Además, se alienta a los Estados receptores a adoptar políticas que garanticen ayuda en los niveles económico (como realizar transacciones financieras), burocrático (en cuanto a los permisos de trabajo) y comunicacional (generando el acceso y uso de la telecomunicaciones). Asimismo, se recomienda el diseño de programas que alienten la inserción en las comunidades locales y de reinserción laboral en sus países de origen. El documento insta a los Estados a buscar soluciones alternativas a la detención de migrantes menores de edad que entran a un país sin autorización, como el ofrecimiento de custodias temporales u hogares de crianza para menores no acompañados o separados, la creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias, el registro obligatorio de todos los nacimientos, y la garantización del acceso a la educación y a la seguridad social, incluyendo los servicios de atención primaria de salud, independientemente de su situación migratoria e inmediatamente después de la llegada.
  • Promover: favorecer el desarrollo humano integral de los migrantes y refugiados en el país receptor, no solo para su bienestar, sino también para contribuir al progreso y beneficio de la comunidad local. En este sentido, se propone que los Estados promuevan la libertad de circulación de los migrantes y la libertad de elegir su lugar de residencia, que adopten políticas que proporcionen acceso a clases y formación en la lengua y costumbres locales, que elaboren y aprueben normativas, políticas y prácticas que promuevan y preserven la integridad, el bienestar de la familia y su reunificación (de ser necesaria) independientemente de su estatus migratorio, y que diseñen e implementen políticas que proporcionen a todas las personas con discapacidad el acceso a equipos de asistencia de su condición, independientemente de su estatus migratorio.
  • En pos del desarrollo humano integral, el documento alienta a la comunidad internacional a que aumente su participación en la asistencia de emergencia a los Estados que albergan y apoyan grandes afluencias de refugiados y migrantes, por ejemplo, a través del desarrollo de la infraestructura de servicios médicos, educativos y sociales en las áreas de recepción. Otro punto de importancia, que hace a la integridad de las personas, es la libertad de religión tanto en la creencia como en la práctica que debe ser garantizada por los Estados.
  • Integrar: enriquecer a las comunidades locales por medio de una mayor participación de migrantes y refugiados. El respeto a los valores, tradiciones y leyes de la comunidad receptora y el aprendizaje cultural de las poblaciones ingresantes permiten una interacción solidaria e inclusiva. Contribuye a este posicionamiento la adopción de programas que promuevan activamente una narrativa positiva sobre los migrantes y los refugiados, como también la publicación de anuncios informativos en el idioma de origen de los grupos más amplios.

9. La gobernanza migratoria regional

América Latina y el Caribe han presentado diferentes esquemas de integración regional (SICA, CELAC, CAN, ALBA-TCP, CARICOM, Unasur, Mercosur, Alianza del Pacífico) que, a los fines de situaciones compartidas, sobre todo cuando son constantes los flujos intrarregionales, han sido oportunidades de diálogo para mancomunar estrategias e implementarlas.

En América del Sur, marcó un hito en materia migratoria el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile firmado en el año 2002 y reglamentado en el 2009, al que posteriormente adhirieron Colombia, Ecuador y Perú.

Aún queda mucho camino por recorrer, entendiendo las dificultades de articulación con el nivel nacional.

9.1. La gestión y la gobernabilidad migratoria en América Latina y el Caribe

Cuando estamos hablando de un fenómeno que trasciende fronteras, resulta ingenuo pensar en una respuesta unilateral y diseñada a nivel doméstico. Sin embargo, el principio de soberanía de los Estados fomenta un abordaje endogámico. La respuesta implica gestión, no necesariamente basada en un paradigma de derechos.

Según la OIM, la gestión “remite a los enfoques planificados para la aplicación y puesta en práctica de los marcos normativos, legislativos y administrativos elaborados por las instituciones encargadas de la migración”.

Gestión y ejecución, principalmente por los Estados en el marco de los sistemas nacionales o a través de la cooperación bilateral y multilateral, de un conjunto de actividades que abarca todos los aspectos de la migración y la incorporación de las consideraciones relativas a la migración en las políticas públicas.

9.2. Centroamérica y los acuerdos de “tercer país seguro”

Un claro ejemplo de gestión en materia migratoria son los acuerdos de “tercer país seguro” propuestos por Estados Unidos. Se trata de acuerdos bilaterales a través de los cuales se busca impedir que los migrantes de América Central y el Caribe soliciten asilo en el país del norte. Su fundamento recae en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) que indica que un Estado puede rechazar la solicitud de asilo de una persona, remitiéndola a un tercer país considerado “seguro”. EE. UU. firmó este tipo de acuerdos con Guatemala, seguido por Honduras y El Salvador. A modo de ejemplo, el Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Honduras para la Cooperación en el Examen de las Reclamaciones de Protección establece que Honduras tiene la responsabilidad y obligación de recibir migrantes cuya solicitud de asilo fuera rechazada por los EE. UU.

Las críticas con respecto a este tipo de acuerdos recaen en la peligrosidad de la región y la violencia endémica que sufren los países mencionados, producto de las pandillas y el crimen organizado.

9.3. Gobernabilidad migratoria

Según Mármora (2010), la gobernabilidad migratoria es “el ajuste entre las percepciones y demandas sociales sobre las causas, características, y efectos de los movimientos migratorios; y las posibilidades e intencionalidad de los Estados para dar respuestas a dichas demandas en un marco de legitimidad y eficacia”.

En este marco, el autor identifica tres modelos –tipos ideales– de gobernabilidad migratoria, a saber:

  • Securitización: basado en el paradigma de la seguridad nacional, se criminaliza la figura del migrante. “El migrante es visto como una amenaza potencial debido a su posible vinculación con el terrorismo internacional, o bien al narcotráfico, a la delincuencia en general”. Asimismo, se percibe como amenaza desde el punto de vista sociocultural, si conserva su identidad y prácticas culturales ajenas al país receptor. Se militarizan las fronteras y se ejercen mayores controles de residencia de extranjeros. La irregularidad es sinónimo de ilegalidad, e ilegalidad es igual a delito en muchos países, por lo cual recibe pena.
  • Beneficios compartidos: para este modelo las migraciones pueden brindar beneficios a los Estados emisores y receptores, aunque Mármora afirma que “siempre que sean ordenadas y regulares”. Este modelo se encuentra atravesado por la dimensión económica, haciendo hincapié en la igualdad de oportunidades y trato en el mercado laboral.
  • Desarrollo humano para las migraciones: aquí el migrante es sujeto de derecho. La política migratoria debe diseñarse y aplicarse en función de los derechos de libre circulación, residencia y retorno, y el acceso a la justicia social. Las políticas migratorias no forman parte del terreno de la seguridad: “El modelo no acepta el calificativo de ‘ilegal’ para el migrante en situación irregular, considerando esta última una contravención administrativa y no un delito”.

Estos modelos, si bien el autor los trabaja en la región sudamericana, nos sirven como instrumentos de análisis para identificar lo que está pasando en otros países del continente americano.

10. Legislación migratoria: críticas al norte y ¿en casa cómo andamos?

Las medidas políticas económicas de los Estados neoliberales presentes en América Latina y el Caribe en las últimas décadas del siglo XX impulsaron la emigración de miles de personas hacia Estados Unidos y Europa en busca de mejores condiciones de vida.

Sin embargo, en su mayoría se encontraron con respuestas restrictivas por parte de los países de destino, caracterizadas, como señala Ceriani Cernadas (2011), “por el aumento de los dispositivos de control y sanción, así como por el recorte de derechos humanos con base en la nacionalidad o la condición migratoria de las personas”. A esto se suma, teniendo en consideración a la mayoría de los migrantes, los trayectos signados por la violencia y el horror, cuya manifestación extrema es la muerte.

Este panorama habilitó, y de manera creciente, las críticas de las sociedades latinoamericanas y caribeñas hacia dichas políticas, abogando por los derechos humanos de los migrantes, lo cual promovió espacios de diálogos y declaraciones regionales en su defensa.

No obstante, y aquí radica el centro de interés, la región presenta la cohabitación entre políticas migratorias de apertura basadas en los derechos humanos y aquellas restrictivas que criminalizan la migración irregular. A esto se suma la tragedia de los trayectos hacia los países de destino dentro de la región, ya que la violencia en sus múltiples dimensiones no es patrimonio exclusivo del mar Mediterráneo y del desierto de Sonora. La OIM, a través del Proyecto de Migrantes Desaparecidos, que releva datos de muertos y desaparecidos en el proceso de migración, identificó más de 3 800 decesos en el periodo 2014-2019, siendo este último el año que más casos registró. El panorama se complejiza por la incapacidad de los países ante el accionar de actores no estatales como las pandillas y grupos del crimen organizado.

No necesariamente políticas migratorias y normativa actúan al unisono: las detenciones y deportaciones arbitrarias no solo son contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, sino también a la legislación migratoria nacional, y no son ajenos a esta panorama diversos países de la región.

Las políticas migratorias en varios países de América Latina y el Caribe presentan, en términos generales, los siguientes problemas identificados por Ceriani Cernadas (2011): enfoques y discursos excluyentes que se apoyan en una idea de soberanía nacional desfasada, que es incluso contradictoria con aperturas efectuadas en el plano económico y comercial que han generado mayor pobreza y emigración (políticas neoliberales); invisibilización de la niñez y la perspectiva de género; uso de eufemismos para hacer referencia a ciertos mecanismos de control migratorio que tienden a legitimar el desconocimiento de garantías de debido proceso, como, por ejemplo, la utilización de alojamiento, retención o aseguramiento para denominar medidas privativas de la libertad, o repatriación para encubrir la expulsión o deportación; enfoque securitario de la política migratoria, que entiende la migración como un problema antes que como la consecuencia de procesos estructurales de exclusión y como una oportunidad y un factor de desarrollo económico, social y cultural para los países de destino; conflictos bilaterales que complejizan el abordaje migratorio y refuerzan discursos y posiciones teñidos de xenofobia que se amparan en supuestas nociones de patriotismo; la ausencia de políticas de integración social de los migrantes en los Estados de destino; mecanismos débiles de protección y asistencia consular desde una perspectiva de derechos; y el uso político-electoral de la inmigración, mediante posiciones de discriminación étnica apoyadas en mitos y prejuicios difundidos por actores políticos y medios de comunicación.

Como se mencionó en el apartado de estudios politológicos, no necesariamente existe coherencia entre la legislación migratoria y la implementación de políticas. Incluso en países con normativas que tienen como eje los derechos humanos, la aplicación de políticas no es totalmente ajena a los problemas mencionados anteriormente. La oscilación pareciera darse entre el paradigma de la seguridad nacional y el paradigma de los derechos humanos, aparentemente dos extremos, pero que albergan variedad de grises en el medio. Asimismo, la política instrumental cobra un papel fundamental.

Como esquirlas del posicionamiento de Estados Unidos bajo el Gobierno de Trump, en América Latina y el Caribe se tomaron tendientes al control y exclusión de la figura del migrante.

México, en términos normativos, se encuentra en estos grises con la sanción de la ley migratoria del año 2011. Como señala Castilla Juárez (2014): “Por una parte, se busca potenciar la presencia de los derechos humanos, pero, por otra parte, se sigue viendo a la migración como un problema de orden público y seguridad nacional”. Las dinámicas a nivel global, regional y nacional desafían a la normativa en vigencia, implementando políticas que responden a intereses económicos y políticos. La presidencia de López Obrador que pretendía ser antítesis del Gobierno de Peña Nieto (2012-2018), marcando un fuerte compromiso social, inauguró una política migratoria de puertas abiertas en la frontera sur. Esto se tradujo en un incremento de la población migratoria proveniente del Caribe, África y Asia. La reacción de EE. UU. se constituyó en la amenaza de imponerles aranceles a todos los productos mexicanos si no frenaba la ola migratoria centroamericana tendiente a establecerse en suelo norteamericano. Con una economía cerca de la recesión, López Obrador respondió endureciendo los controles migratorios y batiendo récords de deportaciones y detenciones.

Por ejemplo, Argentina, a pesar de contar con una ley migratoria, sancionada en el 2003 y reglamentada en 2010, de referencia regional al interpretar la migración como derecho humano, no fue ajena a la utilización político-electoral de la inmigración. Como consecuencia, un decreto presidencial del año 2017 realizó un giro sustancial estableciendo un paradigma de control y exclusión que criminaliza la migración.

Brasil, a pesar de haber sancionado una ley migratoria en el año 2017, reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sustituir el Estatuto del Extranjero de 1980 (periodo dictatorial), en enero del 2019 se retiró del Pacto Mundial para la Migración de la ONU argumentando su soberanía en la elección de los migrantes.

Arrastrando una ley migratoria desde 1975, el Gobierno de Chile ha puesto en práctica otros mecanismos en respuesta a las transformaciones migratorias, siendo el país latinoamericano con un considerable incremento del número de inmigrantes desde el 2014, en su mayoría provenientes de Haití y Venezuela. La propuesta de reforma de la ley vigente y la utilización del decreto administrativo han sido parte de las políticas migratorias para “ordenar la casa” de la gestión de Piñera, que, como señala el director social del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, “se aleja completamente de las expectativas que tenían las organizaciones de migrantes y pro migrantes de tener por fin una legislación con enfoque a derecho”.

11. A modo de cierre

Los grandes desplazamientos humanos del siglo XXI plantean muchos interrogantes y pocas respuestas.

Para el presente artículo, resultó de interés realizar una aproximación sobre cómo interviene la política en la complejidad de los procesos migratorios consolidados y que se están gestando, en particular, en América Latina y el Caribe. En tal sentido, es de amplio conocimiento su consolidación como escenario de origen, tránsito y destino de migrantes. Sin embargo, la identificación de refugiados, víctimas de desplazamiento interno y apátridas retrotrae la mirada hacia nuestra región; un llamado a la conciencia y, necesariamente, a la acción.

Como se señaló, el terreno de la praxis no es sencillo, ya que en él convergen las decisiones de política nacional, regional e internacional; asimismo, los enfoques y principios detrás del diseño e implementación de mecanismos como respuesta son variados, oscilando entre la seguridad nacional y los derechos humanos.

Se intentó realizar una aproximación a la cuestión migratoria desde la ciencia política y las relaciones internacionales, no solo identificando los estudios realizados, sino también como campos de acción, entendiendo la política y la diplomacia como herramientas de cambio.

Las descripciones realizadas sobre los desplazamientos en América Latina y el Caribe y las respuestas brindadas por los Estados nos dan señales de que no existiría crisis de gobernabilidad migratoria, ya que los Estados responden priorizando su legitimidad política, seguridad nacional y económica. Por esta razón, proliferan las políticas migratorias utilitaristas, que se diseñan e implementan dependiendo de la reacción del electorado y de las asimetrías de poder, sorteando cualquier normativa nacional y compromisos regionales e internacionales.

No obstante, sí está en crisis la gobernanza mundial migratoria. No hay acuerdo general avalado por todos los Estados. El pacto mundial sobre migración es, lamentablemente, ejemplo de ello: el día de la votación, Estados que trabajaron en su desarrollo lo rechazaron, se abstuvieron o se ausentaron. A esto se suma que algunos firmantes, como Brasil y Chile, se retiraron tiempo más tarde por darse cuenta de que no respondía a los intereses de sus países. Importante aclarar es que el pacto era no vinculante. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente se pone en juego en las respuestas ante las migraciones? Retomando, una posible respuesta sería la pérdida de legitimidad política a nivel nacional y de costos políticos y económicos a nivel internacional. Pero, también, es necesario recordar que se ponen en juego vidas al ser vulnerados derechos fundamentales.

Ahora, cuando los “otros” –migrantes, refugiados, desplazados internos y apátridas– interrogan desde sus muertes, asesinatos, violaciones, abusos y existencia frágiles a la conciencia y accionar de la humanidad, ¿qué hace la política?

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  1. Doctoranda en Ciencias de la Educación y licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador (USAL). Estudios superiores en Desigualdades y Políticas Públicas distributivas (FLACSO). Colaboradora académica y coordinadora de la Diplomatura Universitaria en Seguridad Pública con enfoque en Seguridad Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales-USAL. Profesora universitaria de Introducción al Pensamiento Científico (UBA) y Taller de Tesis (USAL), donde también se desempeñó como docente en las asiganturas: Seminario América Latina y Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales. Investigadora del Instituto en Ciencias Sociales (IDICSO-USAL). Se ha desempeñado en la gestión pública como investigadora y asesora en organismos gubernamentales nacionales y municipales. Correo electrónico: romina.sola@usal.edu.ar.
  2. Aylan Kurdi, de origen sirio, representó la cruel realidad de muchos niños que forman parte de los desplazamientos humanos. Lamentablemente, años después de su muerte, el número de casos de niños y niñas que se ahogan en el mar continúa creciendo.
  3. Se hace alusión a la crisis financiera del 2008.
  4. El autor define y encuadra a la política institucional hacia el mundo, afirmando que “la política institucional de un Servicio Exterior es aquella política dirigida a la absorción por parte de la política exterior del Estado, de los elementos de política interna que influyen en los intereses nacionales e internacionales” (Lascano y Vedia, 2007, p. 94).
  5. Integrada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
  6. Ver informe de la ACNUR, “Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2018”.
  7. Discurso del papa Francisco “No solo se trata de migrantes” en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del año 2019. Ver https://bit.ly/3ckG6JK.
  8. 1. Fin de la pobreza, 2. hambre cero, 3. salud y bienestar, 4. educación de calidad, 5. igualdad de género, 6. agua limpia y saneamiento, 7. energía asequible y no contaminante, 8. trabajo decente y crecimiento económico, 9. industria innovación e infraestructura, 10. reducción de las desigualdades, 11. ciudades y comunidades sostenibles, 12. producción y consumo responsables, 13. acción por el clima, 14. vida submarina, 15. vida de ecosistemas terrestres, 16. paz, justicia e instituciones sólidas y 17. alianza para lograr los objetivos.


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