Gabriel De Paula^[2]

Palabras clave: geopolítica, recursos naturales estratégicos, desarrollo sostenible, seguridad estratégica, defensa nacional.

1. Introducción

La geopolítica como disciplina en el ámbito académico y la geopolítica aplicada en el diseño de políticas y la toma de decisiones (tanto en el sector público como el privado) tienen un valor a resaltar: la posibilidad de proyectar. Para esto, existen varias técnicas de análisis, las más novedosas (a criterio del autor) son las incluidas en los estudios de futuros.

El futuro como tal es desconocido; en una visión lineal, es una porción de tiempo que está por venir o que aún no ha ocurrido. Pero, si bien no conocemos el futuro, sí podemos inducir los futuros, teniendo como horizonte reducir la incertidumbre. Siguiendo a un especialista sobre el tema, Bob Frame (2019), decimos que los futuros son exploratorios, ya que no tienen el objetivo de predecir, sino de permitir la consideración de posibilidades con miras a prepararse para lo plausible, planear lo preferible y evitar lo indeseable. En otras palabras, los futuros como herramienta para la toma de decisiones, diseño de políticas y estrategia son fundamentales para la planificación, el desarrollo de las capacidades y la asignación de recursos. Una vez planteados, permiten la anticipación y la orientación hacia el futuro esperado o preferible.

Volviendo a la geopolítica, vamos a tomar como guía para explicar la dinámica de Argentina en el sistema internacional actual a la interpretación de Alberto Hutschenreuter (2017), quien plantea dos ideas:

• Un mundo sin códigos geopoliticos: escenario de aumento de la tensión en la dinámica de relaciones de las tres principales potencias. En los hechos lo vemos en la situación estratégico-militar en Europa del Este (por expansión de la OTAN impulsada por EE. UU.), la influencia de Rusia en Venezuela, la guerra comercial con China y la expansión de este país en el mar de China Meridional, la influencia en Asia, África y América Latina. En definitiva, no hay autolimitación geopolítica.
• Actores de geopolítica cero: actores con espacio terrestre mayor, espacio marítimo mayor y espacio aéreo mayor, pero que no desarrollan ni poder terrestre, ni poder naval, ni poder aeroespacial. Algunos actores que entran dentro de esta categoría pueden hacerlo de forma insuficiente, deficiente y, a veces, a regañadientes. Los “PdG-0” son actores ricos en extensión y activos estratégicos, pero por diferentes realidades no desarrollan una cultura geopolítica y de defensa que se encuentre a la altura de su condición geopolítica mayor.

Entonces, la geopolítica aplicada y los futuros nos permitirían pensar y diseñar políticas de largo plazo en función de los intereses u objetivos estratégicos. El mundo de las buenas intenciones se queda en las declaraciones; muy por el contrario, el peso específico de los intereses es el que marca la agenda internacional. Y esto no quiere decir que no haya espacio para la colaboración y la cooperación; al contrario, las haría más eficientes.

2. Perspectivas geopolíticas del desarrollo sostenible

El desarrollo y el crecimiento son dos factores a analizar desde la geoconomía, rama de la geopolítica que se enfoca en las relaciones económico-financieras como instrumentos de política exterior, orientadas a lograr los objetivos políticos. Además, la geoeconomía es útil para analizar en clave de softpower las relaciones de control sobre recursos estratégicos. No obstante, en una relación de asimetría, es necesario considerar que los recursos de poder clásicos sean los que balanceen dicha relación. En otras palabras, en ciertos escenarios, la geopolítica del siglo XIX se enfrenta y complementa con la geoeconomía del siglo XXI, sin demasiados matices. Veremos más adelante el caso de la entrega de zonas de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas, el cual expone y evidencia cómo avanzan las potencias en función de sus intereses estratégicos y cómo fracasan los países que (como Argentina en un momento determinado) no desarrollan políticas basadas en una matriz de intereses a resguardar y defender.

Respecto a las perspectivas a incorporar en nuestro análisis del desarrollo en clave geopolítica, el centro de gravedad está puesto en la explotación económica sustentable de recursos naturales. Puesto en contexto internacional, el desarrollo sustentable o sostenible es un objetivo planteado en el marco de Naciones Unidas. En el año 2000 se denominaron “objetivos de desarrollo del milenio” y en 2015 se renombraron “objetivos de desarrollo sostenible”. De cualquier forma, estos 17 objetivos contemplan una agenda amplia pero de escasa efectividad; basta con una observación general para saber que los problemas de la contaminación, la preservación de los ecosistemas, la explotación de los mares, el hambre o la pobreza siguen siendo un desafío creciente para la comunidad internacional.

En cuanto a los recursos naturales estratégicos, podemos decir que están integrados por dos componentes: natural y estratégico; el primero se refiere a los bienes físicos procedentes de la naturaleza, susceptibles de ser utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades. A partir de esta definición general, podemos hacer una clasificación entre renovables y no renovables, dependiendo de su posibilidad de agotamiento. En segundo lugar, el componente estratégico de los recursos se refiere a su carácter vital para el mantenimiento del sistema productivo de un país que funciona sobre la base de esos recursos y cuya supervivencia peligra sin su uso.

Continuando con nuestro esquema de análisis, nos vamos a enfocar en las dimensiones que forman parte de la matriz geopolítica que proponemos para posicionar a la Argentina en el escenario internacional, y realizar una apreciación de las políticas y estrategias de otros actores que presentan oportunidades de cooperación, intereses contrapuestos con posibilidad de conflicto en distintas escalas. Estas dimensiones son: integridad del Estado y calidad de vida de los habitantes. La variable que incluye esas dimensiones es la seguridad estratégica, entendida además como objetivo de largo plazo. Para el logro de este objetivo (parte integrante del futuro esperable), es necesario trabajar en la anticipación de riesgos y amenazas. Pero antes de este ejercicio, pasemos al desarrollo de las dimensiones antes señaladas.

Cuando hablamos de integridad del Estado en las relaciones internacionales, reconocemos la influencia de distintos tipos de actores, como ser otros Estados, los organismos internacionales, instituciones del tercer sector y actores privados. Cada uno de estos actores articula intereses que se catalizan en políticas y acciones específicas que eventualmente pueden poner en riesgo los intereses del Estado. A partir de estas premisas, podemos decir que la integridad del Estado se traduce como gobernanza y control de los recursos o intereses nacionales, la aplicación de la ley, y el monopolio del uso de la fuerza.

En segundo lugar, la calidad de vida de los habitantes es una variable clave del desarrollo en la cual se incluyen dimensiones como nivel de pobreza e indigencia, equilibrio entre los actores económicos de la estructura productiva, deuda externa, crecimiento y distribución de la riqueza. La calidad de vida también incide en la gobernabilidad, en tanto y en cuanto una mayor calidad de vida implica una mejor respuesta a la demanda social. Por su parte, la demanda social insatisfecha genera inestabilidad en el sistema político, lo que puede derivar en dos acciones diametralmente opuestas: el cambio de políticas con el objetivo de contener e incluir a las bases sociales, o reprimir la demanda social. Analicemos brevemente el caso de las últimas protestas masivas en Chile.

En octubre de 2019, se iniciaron protestas por el incremento en el valor del transporte, pero esta fue solo el impulso inicial de las movilizaciones que abrieron paso a una serie de demandas económicas y de género que dieron la vuelta al mundo. En Chile las masas empezaron a reclamar por el sistema previsional, la salud pública, el acceso al agua potable, la educación, la movilidad social y contra la corrupción. En el mismo contexto, merece especial atención el movimiento feminista en Chile, que expuso una serie de situaciones de abuso contra las mujeres y otras identidades sexuales. La fuerza de las protestas replicadas en los medios masivos de comunicaciones nacionales e internacionales obligó al Gobierno de Sebastián Piñera a revisar algunas de las políticas. Si bien las protestas continúan, a febrero de 2020 bajaron la intensidad.

Consideramos estas movilizaciones de interés geopolítico para analizar la integridad del Estado bajo la presunción de que un análisis estanco en el corto plazo que no anticipe riesgos puede generar limitaciones a la gobernanza del largo plazo.

En el caso de Argentina, ubicamos la calidad de vida de los habitantes como parámetro dependiente del reparto equitativo de los recursos naturales, especialmente los alimenticios y energéticos. En la actualidad, tanto en Argentina como el resto del mundo, lo que está en discusión son los modelos de desarrollo, y la pregunta clave es hasta qué punto la promoción de una economía abierta e integrada al mundo sin restricciones resguarda los intereses de la población en su conjunto.

3. Inseguridad energética e inseguridad alimentaria en la agenda global y local

La energía y el hambre ocupan los primeros lugares de la agenda internacional. Es clave entender que ambos problemas tienen conexidad con otras cuestiones y se manifiestan en conflictos específicos. Por ejemplo, la seguridad energética como objetivo estratégico de EE. UU. ha impulsado políticas que tienden al control sobre recursos hidrocarburíferos en Medio Oriente. En Irak y Afganistán, así como en los procesos que se desarrollaron en la última Primavera Árabe, podemos encontrar la energía como variable transversal en la decisión de iniciar acciones bélicas. La cuestión del hambre o la seguridad alimentaria tiene otra lectura. El acceso a los alimentos genera desplazamientos internos y migraciones masivas dependiendo de la gravedad de la situación. Además, el hambre puede ser una consecuencia directa de otros conflictos y en el mediano plazo deriva indefectiblemente en la emergencia humanitaria. Desde un punto de vista estructural, en algunas zonas de América Latina, África o Asia, la mal nutrición es un problema endémico, que afecta al desarrollo integral de esos países.

Analicemos en primer lugar la inseguridad energética. Tal como planteamos anteriormente, la matriz energética a nivel global sigue estando determinada por los hidrocarburos, al menos hasta que las energías limpias, la generación hidroeléctrica, o la energía nuclear tengan un crecimiento tal que suplanten al petróleo. Mientras que esto no ocurra, debemos tener en cuenta criterios como la valoración, disponibilidad y escasez de recursos naturales, los cuales son relativos al acceso y capacidad de explotación.

En nuestra matriz de análisis (de geopolítica, análisis estratégico y proyección de futuros), es más apropiado hablar de inseguridad energética. Tomando el modelo de un trabajo realizado sobre los biocombustibles en la matriz energética argentina (De Paula, Lorenzo, 2009), consideramos que la idea de inseguridad se ajusta mejor que la idea de seguridad, en cuanto que la primera tiene un alcance estructural, mientras que la segunda representa más bien un tipo ideal, estático. Dicho esto, podemos afirmar que la inseguridad energética es susceptible de adquirir diferentes niveles (que se manifiestan a nivel coyuntural). En forma gráfica, en aquel artículo se proponía construir una escala con valores entre 0 y 1, donde el 0 es la situación de seguridad absoluta (el tipo ideal) y el 1 es la crisis, y entre 0,1 y 1 estarían representados los valores que constituyen los diferentes niveles de inseguridad. Nos interesa particularmente detenernos en el valor 1 referido, ya que representa el nivel máximo de inseguridad energética. La crisis tiene lugar dentro de la coyuntura; son picos máximos en el nivel de inseguridad energética tolerable o esperable, y su emergencia como fenómeno implica cambios cualitativos en dichos niveles.

Otro de los conceptos que define escenarios y es utilizado para el diseño de políticas es la valoración, entendida como la percepción que los actores globales tienen sobre la importancia de un recurso natural estratégico (De Paula, 2009). Claramente, esta percepción también adquirirá diferentes valores, dependiendo del actor e influenciada por sus intereses y objetivos. Entonces, la valoración estaría determinada por la lectura (función de la percepción) que cada actor haga de la escasez de un determinado recurso. Si consideramos la escasez de los recursos naturales estratégicos como una variable, es posible dividirla en dos dimensiones, que tomaremos de la geografía económica: escasez relativa y escasez absoluta (D’Entremont, 1997: p. 16). En otras palabras, será posible contar con parámetros de interrelacionamiento del componente cuantitativo y cualitativo de la valoración de los recursos.

La escasez absoluta está determinada por la cuantía o volumen de un recurso determinado. Es el caso de algunos minerales, ciertas especies animales o vegetales cuyas reservas o cantidad son limitadas, y que pueden correr el riesgo de agotamiento, al ritmo actual de explotación, desgaste o consumo. La segunda dimensión es la escasez relativa. Un recurso puede ser abundante cuantitativamente, pero de acceso restringido, por costos, tecnología, o por concentración en el control por parte de un actor. Es el ejemplo de las reservas de hidrocarburos en el Polo Norte, en el Atlántico Sur o las explotaciones no convencionales como Vaca Muerta, en cuanto a disponibilidad en función de los costos necesarios para explotarlos. Tenemos, entonces, la escasez absoluta como parámetro cuantitativo y la escasez relativa como parámetro cualitativo. Tal como afirmamos anteriormente, las percepciones y la valoración sobre los recursos inciden en la formulación de estrategias y políticas sectoriales. La percepción, combinada con factores exógenos como la relación de fuerzas, el entorno y la historia común, definirá si esas políticas y estrategias tienden al fomento de alianzas o de confrontación.

Al respecto de esta última afirmación, volvemos brevemente al caso de EE. UU., dado que es posible que estemos en el contexto actual frente a un cambio en la política energética de ese país. En el libro War by Other Means. Geoeconomics and Statecraft, los autores citan a Meghan L. O’Sullivan, profesor de la John F. Kennedy School of Government (Harvard University), quien plantea que gracias al bum de la explotación no convencional de gas y petróleo, EE. UU. está cambiando su “larga y sufrida vulnerabilidad” de importador de energía en favor de un nuevo activo estratégico (Blackwill y Harris, 2016, p. 204). En el mismo capítulo, se plantea que la política exterior y la estrategia de seguridad nacional de EE. UU. han sido delineadas a partir de la necesidad energética, lo que genera en ocasiones alianzas incongruentes y obligaciones complejas, siguiendo el interés de asegurar el acceso a la energía a un precio razonable.

Esta situación de vulnerabilidad también existe en Argentina por otras razones: precios dolarizados de la energía y carencia de una estrategia nacional de largo plazo que resguarde y contemple los intereses del país y su población. Al igual que en EE. UU., el fracking en Argentina se presenta como una oportunidad sin parangón para el autoabastecimiento energético, y en nuestro país se suma la posibilidad del ingreso de divisas en niveles que permitirían al país lograr estabilidad macroeconómica. En segundo lugar, el país tiene potencial en la explotación offshore en el Atlántico Sur, complementando un escenario promisorio en el plano energético para la Argentina.

Sin embargo, la visión estratégica brilló por su ausencia en estos proyectos, principalmente porque no tuvieron en cuenta el interés nacional, sino una apreciación extemporánea que planteó la eficiencia como valor fundamental, y la apertura y desregulación del mercado de hidrocarburos como generadora de inversiones. En el caso de la explotación offshore en la Cuenca de Malvinas, con el Decreto Nacional 872/2018 firmado por el expresidente Mauricio Macri, se llama a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación en la zona de la plataforma continental argentina y adyacencias de Malvinas. Mediante las resoluciones de la Secretaría de Energía 65/2018 y 276/2019, se otorgó el título de los permisos de exploración y explotación a favor de las empresas Tullow Oil y Equinor, las cuales están relacionadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Actualmente están en curso dos amparos para anular dicha concesión, uno de los cuales está en la Corte Suprema de Justicia; estos amparos plantean que esas empresas deberían haber sido excluidas de la licitación por su relación con el Gobierno kelper. Llegado el caso de que estas empresas lograran empezar a explorar y explotar, se encontrarían con un segundo obstáculo para operar, ya que se les podría aplicar la denominada Ley Gaucho Rivero si tocaran puerto en las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz. En caso de controversia, el citado decreto y resoluciones establecieron la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros para la solución de diferencias.

En el caso de Vaca Muerta, la cuestión es más compleja. Las empresas que exploran y explotan tienen como base un marco de negocios afectado por el precio internacional del petróleo y las condiciones impositivas del país. Desde otras perspectivas, se afirma que la variable de ajuste se dio en las normas laborales y medioambientales, que afectan la seguridad del yacimiento y sus adyacencias. Sin entrar en detalle en estas cuestiones de coyuntura, lo que se evidencia es una preeminencia de la lógica de mercado por sobre la estrategia nacional que puede ser muy negativa en el largo plazo para el país.

Es innegable que Vaca Muerta es un activo estratégico sobre el cual el país genera expectativas positivas, y, tal como venimos afirmando, es clave el modelo de desarrollo a partir del cual se lleve adelante la explotación del yacimiento para que no se convierta en un caso de neoextractivismo. Este concepto es aplicable a otros recursos naturales estratégicos; en efecto, lo tomamos de Geopolítica del Litio (2015), trabajo en el cual se afirma que se da el neoextractivismo

en la medida en que la explotación primaria tradicional en América Latina (minería, petróleo, agronegocio, etc.) continúa siendo promovida con el fin de generar una mayor exportación, aunque ahora buscando también nuevos tipos de “derrames”, como pueden ser una mayor integración regional, algunos derivados productivos y –sobre todo– que los Estados puedan captar parte de la renta extractiva para aplicar medidas distributivas (Fornillo, 2015, p. 52).

Sin embargo, siguiendo el mismo planteo, el neoxtractivismo no garantiza ni el derrame ni las medidas distributivas, y los Gobiernos de América del Sur se plantean ante el riesgo del saqueo de sus recursos naturales.

Continuando, desarrollaremos algunos aspectos de la seguridad alimentaria abordados desde la geopolítica. En 2008 Raj Patel publicó un interesante libro titulado Obesos y famélicos, en el cual expone cómo afecta el negocio de la alimentación, el marketing y las cadenas productivas a un mundo cada vez más desigual. Si bien el libro está catalogado como literatura antiglobalización, como material de análisis merece ser estudiado por el planteo que hace de los actores intervinientes en el comercio global de alimentos. Desde la geopolítica podemos afirmar que el hambre es un problema estratégico vinculado a las cadenas de valor en las cuales el extractivismo, tal como en la explotación de otros recursos naturales, marca la agenda de inversiones y productividad, pero dejando a la población de lado, la cual deja de ser un recurso de poder para los países.

“Argentina es un país que puede darle de comer a 400 millones de personas”. Recurrentemente se escucha esta afirmación por parte de la dirigencia (política, empresaria, sindical), aunque no está debidamente sustentada desde lo estadístico. Pero poco importa, ya que la inseguridad alimentaria en el país es igual de grave si la producción de alimentos alcanzara para 200 millones, 100 o 40. En el informe de 2019 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación), la Argentina acusa un 4,6 % de personas con hambre para el período 2016-2018. Según el Observatorio Social de la Deuda Social Argentina de la UCA, en 2018 fueron un 7,9 % de argentinos que sufrieron inseguridad alimentaria severa, unos 3,5 millones de personas. Es decir, que en el país la producción de alimentos es una variable independiente de las necesidades de la población.

Entonces, es preciso preguntarse qué otros elementos de la inseguridad alimentaria pueden ser analizados desde la geopolítica. En primer lugar, en el largo plazo una población carente de nutrientes está en desventaja física e intelectual respecto de aquellas sociedades bien alimentadas. En segundo lugar, algunos países con escasez de recursos buscan en los que tienen disponibilidad oportunidades de abastecimiento. En este sentido, esos países intentarán explotar al máximo las ventajas, que por acción u omisión proveen los países productores de alimentos a gran escala.

En Argentina la explotación no sustentable ocurre en el mar y en la tierra. En el Atlántico Sur las flotas pesqueras que siguen al calamar en la milla 201 están depredando la zona económica exclusiva. En tierra, la extensión de la frontera explotada por el sector agroexportador desafía el equilibrio hídrico de las cuencas que abastecen los grandes conglomerados urbanos y otras zonas productivas. A este problema se suma el uso de pesticidas. Y en un plano estructural del negocio, están las empresas que desarrollan modificaciones genéticas en semillas, lo cual abre una cuestión adicional respecto de la investigación, desarrollo y patentes que son propiedad de corporaciones privadas.

4. Los futuros posibles frente a la posibilidad de diseñar el futuro

Aquellos países que cuentan con trabajos de anticipación de riesgos y amenazas los tienen porque cuentan con una visión de largo plazo. Desde el punto de vista estratégico (del análisis), la anticipación no solo es útil para detectar problemas y desarrollar acciones preventivas, sino también para diseñar políticas tendientes a lograr los objetivos estratégicos que debieran estar definidos por el Gobierno. Es decir que, si un país no tiene visión de largo plazo, difícilmente pueda anticiparse a los riesgos y amenazas, y mucho menos establecer objetivos estructurales que se mantengan a pesar de la coyuntura. El análisis estratégico y los organismos responsables de desarrollar este tipo de productos cobran relevancia en cuanto proponen escenarios y futuros en el largo plazo, en segunda instancia esta información debe utilizarse para el diseño de políticas de corto y mediano plazo, y como instancia de control de gestión.

En este sentido, la estrategia, el diseño de políticas y su implementación deberían ser el resultado de un análisis previo que comprenda:

1. El estudio del pasado para identificar variables, actores o fenómenos, y explicar cómo se comportan ante estímulos determinados.
2. El abordaje del presente desde una perspectiva aplicada, a fin de dar respuesta clara a los hechos y fenómenos que impliquen riesgos, amenazas u oportunidades para la gestión.
3. El desarrollo de futuros con el objetivo de prever situaciones que permitan mantener o reorientar el desenvolvimiento organizacional en cualquiera de sus niveles.

En función de lo expuesto anteriormente respecto de la seguridad energética y alimentaria, Argentina se encuentra frente al enorme desafío de establecer un futuro y un rumbo para alcanzarlo.

En este marco, el sector de defensa y el sector de seguridad nacional tienen la responsabilidad de velar por estos intereses. Pero Argentina aún se encuentra entre los PdG-0 (países de geopolítica cero), y su capacidad de defender sus intereses es muy limitada. La pregunta clave es cómo revertir esta situación.

En primer lugar, se hace necesaria una revisión de los objetivos de la política de defensa. En un escenario en el cual, por la coyuntura económica, se administra la escasez, es preciso repensar la configuración del sector de defensa y priorizar zonas estratégicas. Actualmente el presupuesto para las Fuerzas Armadas alcanza básicamente para el pago de salarios y cubrir las necesidades elementales del equipamiento. El material es obsoleto, el adiestramiento de las distintas ramas de las fuerzas es limitado y la inversión es muy baja, incluso en el mantenimiento de los recursos materiales, por lo cual se expone a los efectivos a accidentes que pueden ser fatales. Cuando nos referimos a una revisión de los objetivos, no implica desviarse de la misión principal, sino trabajar en la adaptación de las Fuerzas Armadas para que contribuyan con misiones subsidiarias a la seguridad estratégica nacional. Por ejemplo, en el caso del Atlántico Sur, la Armada Argentina debería desarrollar capacidades de vigilancia marítima y aérea a fin de disuadir las embarcaciones que ingresan sin permiso (licencia) a la zona económica exclusiva. Estaría cumpliendo de esta forma con la función de ocupación efectiva del espacio marítimo, contribuyendo a la soberanía y gobernanza de los recursos naturales pesqueros.

Considerando en el mediano o largo plazo la posibilidad de conflictos por el control de recursos naturales, también es necesario contar con un sector de defensa consolidado en capacidad de defender la integridad del Estado y la soberanía sobre esos recursos. Una vez más, hablamos de disuasión. Naturalmente, esto implica una revalorización del elemento de tierra y aéreo, la inversión en equipamiento, y el adiestramiento necesario frente a actores que eventualmente pueden tener más capacidades operativas y tecnológicas.

Respecto de la seguridad nacional, es imperioso revisar los planes de los organismos encargados de desarrollar estrategia. Tal como decíamos anteriormente, es vital trabajar en la anticipación para tener una mayor capacidad de gestionar las crisis. Pero para que haya anticipación es preciso que la seguridad nacional no solo se encargue de la coyuntura, sino también de los desafíos estructurales que van a definir el futuro del país.

Con los breves ejemplos que presentamos, podemos apreciar que una política sectorial que afecte recursos naturales puede afectar el interés colectivo si no está trazada en función de un horizonte de largo plazo. O bien, si no se detectan los intereses selectivos y particulares de otros actores que influyen (negativamente) en la toma de decisiones, también se ve amenazado el bienestar general.

5. Reflexiones finales

Llegados al final de las ideas expuestas, se hace evidente que es necesario incorporar líneas de acción que contribuyan a la toma de decisiones en Argentina: los estudios estratégicos de nivel nacional y la conformación de equipos multidisciplinarios y transdiciplinarios que piensen los problemas actuales y los proyecten. El objetivo es lograr un sistema que trabaje sobre la anticipación de riesgos y amenazas, tal como existen en países desarrollados, en potencias regionales y en el marco de organizaciones internacionales.

Aplicando los componentes del análisis vertido a lo largo del artículo, llegamos a una serie de apreciaciones, las cuales deberíamos tomar como diagnóstico a partir del cual redefinir la estrategia nacional. Siguiendo esta lógica de trabajo, es posible afirmar que en Argentina hay falta de estrategia nacional y de determinación de intereses, lo que afecta además la lectura de las relaciones de cooperación y conflicto potenciales; como consecuencia de lo anterior, se multiplica la imprevisibilidad, que desenfoca sistemáticamente la política nacional obligando a operar constantemente en el corto plazo. Es claramente un país de geopolítica cero, ya que desde la perspectiva más tradicional no desarrolla factores de poder. Finalmente, como consecuencia, se deriva en la falta de integración de políticas de largo plazo en temas de recursos naturales, ciencia y tecnología, Atlántico Sur, cooperación regional, e inserción comercial.

A causa del desorden interno frente a la configuración del orden geopolítico en las diferentes regiones del globo, nuestro país se encuentra en una pérdida de gobernanza y control sobre los recursos naturales estratégicos.

En este escenario, y como corolario, es importante destacar que los Gobiernos no son los únicos responsables de la integridad del Estado. Las comunidades profesionales y epistémicas tienen también su parte, en la que deberían involucrarse en la estrategia de seguridad nacional desde su lugar (centros de estudios, universidades, institutos de investigación). Esto debería ser incorporado como una responsabilidad que implica articular el debate, presentar enfoques y generar insumos para la toma de decisiones.

Bibliografía

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