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El derecho a la educación superior como proceso histórico, abierto y disputado

Verónica Cruz (FTS-UNLP)

Introducción

El capítulo busca fortalecer la interlocución entre el campo de la educación y el campo de los derechos humanos. En tal sentido, comparte algunos aspectos del debate en torno al derecho social a la educación superior, reconociendo al conocimiento como bien público que debe ser garantizado por el Estado; y a los derechos humanos como principios rectores de toda práctica educativa pública. Asimismo, coloca unas reflexiones acerca de la relación entre educación superior y derechos humanos, inscripta en y configurada por un proceso histórico no clausurado, constitutivamente tensionado en las sociedades capitalistas y particularmente en los países de la región latinoamericana, donde la desigualdad social y las asimetrías persisten y se agudizan.

Con este propósito, el texto considera que los derechos humanos, y puntualmente el derecho a la educación, requieren de un trabajo cultural, político e ideológico que posibilite su resignificación en cada contexto, poniendo en tensión el carácter retórico e instrumental que les impone la dominación neoliberal. Y que, en esta clave de lectura, la Universidad Pública es convocada a desplegar y profundizar estratégicamente sus políticas, reafirmando la transversalidad de los derechos en todas sus dimensiones.

Así entonces, la ponencia desarrolla estas dimensiones en torno del tema, en dos momentos interconectados: en el primero, reflexiona acerca de la educación superior y el conocimiento como bien público y social; y en el segundo, comparte apuestas ligadas a la enseñanza de los derechos humanos en este nivel educativo. Por último, coloca unas apreciaciones que sitúan algunos desafíos para el campo de los derechos humanos en el presente, y sus implicancias en el ámbito universitario.

Los derechos humanos y el conocimiento como bien público y social

La educación superior y el conocimiento son un bien público y social al que le incumbe promover el ejercicio de las libertades fundamentales, reconociendo la plena vigencia de los derechos humanos, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, género, idioma, religión, origen social, procedencia, condición económica u otras. La Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina (en 2008 y recientemente en 2018) y el entramado legal vigente en Argentina, dan sustento a la disposición de la educación pública como derecho humano fundamental, y contribuyen a visibilizarlo desde una perspectiva integral, contrarrestando su instrumentalización e interrogando sus fines y fundamentos.[1]

En la misma dirección, también el Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata define en su artículo 1º los alcances de la educación superior que imparte, enmarcada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos (2008, p. 7). Es decir, asume el compromiso con los valores democráticos y republicanos, con la soberanía, la independencia nacional y la unidad latinoamericana, así como con la búsqueda de respuestas a problemas sociales que afectan principalmente a los sectores vulnerabilizados.

Esta referencia estatutaria inscribe una marca que exige el desarrollo de políticas en docencia, investigación y extensión, que profundicen la lucha contra la impunidad frente a graves violaciones y delitos atroces acaecidos en el pasado reciente, algunas de las cuales persisten y se reproducen actualmente. En ese proceso, se despliega un trabajo político y teórico que indaga y reafirma el carácter histórico de los derechos, problematizando las condiciones que dificultan el acceso a su goce efectivo. O, dicho de otro modo, procura reconocerlos como un campo en disputa que, en el actual contexto, es permanentemente tensionado por la dominación ideológica empresarial que tiende a situar al conocimiento como eje central en el tratamiento de los problemas productivos. En virtud de ese propósito, los sectores de poder buscan incrementar vínculos concretos y simbólicos entre producción, trabajo y universidad, tal como lo enunciara recientemente el documento de AUGM para la Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina.[2]

Siendo esto así, resulta necesario y estratégico poner en juego conocimientos que contribuyan a resolver problemas que afectan a las formaciones sociales de la región, y pensar modalidades de desarrollo que permitan condiciones de vida dignas para la población. O, en términos del citado documento, convocan a consolidar “un proyecto de educación superior que responda a las demandas de democratización, de desarrollo social y que atienda a la misión cívica, cultural e intelectual de las universidades,” retomando el contenido latinoamericanista de la Reforma que sustenta el sentido público de la educación superior, en oposición a todo discurso que pretenda situarla como mercancía. Son precisamente estas consideraciones las que sustentan el derecho social a la educación superior como un proceso constitutivamente histórico, abierto, y disputado; e invitan a reflexionar acerca de cómo trabajar cotidianamente para que el mismo se efectivice.

Así entonces, los fragmentos que componen este apartado del texto comparten algunos aspectos de la experiencia construida con los programas implementados por el equipo de trabajo de la Prosecretaria de Derechos Humanos de esta Universidad, junto a integrantes de Facultades, Colegios y Dependencias.

Una de las dimensiones de esa experiencia institucional es conformada por las políticas de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación, que contribuyen a construir colectivamente las memorias del genocidio. Por una parte, buscan aportar a la efectivización del juicio y castigo a los perpetradores del genocidio para que esa experiencia social traumática no se repita. Y a la vez, despliegan estrategias de reconstrucción de las identidades de los compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, asesinadas y/o exiliadas producto del terror implantado por fuerzas militares y de seguridad ─incluso en momentos previos al Golpe de Estado de 1976─. Estas estrategias reconocen los efectos de las disputas por el sentido del pasado reciente, y se disponen a revisar críticamente las interpretaciones construidas socialmente para avanzar en resignificaciones desde las siguientes líneas programáticas:

  • Reconstrucción, reparación y digitalización de legajos de quienes estudiaron, se graduaron y/o trabajaron en esta casa de estudios, y fueron víctimas del terrorismo de estado. En esta línea, la reparación deviene un acto simbólico necesario si se comprende que la institución no sólo fue víctima, pues a la vez actuó como responsable al ser conducida por funcionarios interventores cuyas “gestiones” respondían a esa lógica represiva.
  • Constitución de la UNLP como querellante en los Juicios por delitos de Lesa Humanidad, reconociendo que el ámbito jurídico es un terreno de disputas, donde fue posible demostrar que existió un plan sistemático de represión estatal, y castigar a quienes lo perpetraron, calificando lo sucedido como genocidio. Ese proceso permite objetivar los efectos directos e indirectos que tales prácticas provocaron en la sociedad y en particular, en la comunidad universitaria.
  • Realización anual del Proyecto “Mes de la Memoria en la UNLP”, que nuclea propuestas de diferentes actores universitarios con relación al tema, problematizando la categoría “terrorismo de Estado” y el papel histórico que ha tenido el Estado en la Argentina. Las acciones impulsadas en este programa revalorizan el concepto de genocidio en tanto práctica social constitutivamente compleja, que destruye y reorganiza estructuralmente las relaciones sociales (Feierstein, 2017), e interpelan discursos “negacionistas” o “simplificadores” que deshistorizan y despolitizan los hechos, generando consecuencias nefastas para la reconstrucción de un entramado social justo e igualitario.

La promoción permanente del debate público sobre las violaciones a los derechos humanos, en el pasado reciente y en la actualidad, es otra dimensión estratégica de la política institucional de derechos humanos. La misma parte de asumir colectivamente la lucha simbólica entre definiciones retóricas e interpretaciones legítimas, desarrollando un trabajo cultural y político a partir de acciones y dispositivos tales como:

  • La conformación de espacios institucionales que abordan específicamente la temática de los derechos humanos en facultades y colegios preuniversitarios.
  • La construcción de una política institucional que toma los aportes del movimiento feminista y de los estudios en género, buscando que la perspectiva transversalice la formación profesional, y permita erradicar la discriminación y la violencia de género del ámbito universitario. Para ello se cuenta con un Programa Institucional y un Protocolo específico de actuación, que enmarca el trabajo de promoción y protección de derechos realizado por equipos interdisciplinarios conformados como “unidades de atención” en la Prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad, y en siete facultades, en articulación con diferentes instancias impulsadas desde el cogobierno.
  • La constitución del Programa de Acompañamiento a Estudiantes en Cárceles que, en forma conjunta con la Prosecretaria de Bienestar Universitario y en diálogo con el estado provincial y con el poder judicial, trabaja sistemáticamente por el derecho social a la educación de estudiantes privados de su libertad, alojados en las dieciocho unidades penitenciarias de La Plata y distritos aledaños.
  • La creación de un espacio de intercambio interdisciplinario en relación a infancias y juventudes, impulsada por docentes, investigadores y extensionistas con vasta trayectoria, que vienen construyendo un debate argumentado en torno de expresiones de la violencia institucional y de la justicia penal juvenil. Esas propuestas identifican las complejidades inherentes al tema, y la importancia de producir y comunicar conocimientos que favorezcan iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales respetuosas de los derechos de los y las jóvenes.

También se implementan estrategias institucionales que fortalecen la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, identificando los desafíos de la sociedad contemporánea en relación al campo de los derechos humanos y exigiendo al Estado el cumplimiento de su responsabilidad al respecto. Este eje se concretiza mediante un trabajo coordinado con el Consejo Social en diversas temáticas, en el diálogo con la sociedad civil y con los poderes del estado. Y también con las acciones desplegadas por la Dirección de Discapacidad, Inclusión y Derechos Humanos, con el sostenimiento de la Comisión Universitaria de Discapacidad y el trabajo de referentes de las unidades académicas y administrativas. Este programa trabaja en la construcción permanente de condiciones de accesibilidad académica, edilicia y comunicacional para quienes estudian y/o trabajan en la Universidad, propiciando su inclusión.

El ingreso y la permanencia de niños y niñas con derechos vulnerados en las sedes de las facultades, que pasan varias horas también en las calles de la ciudad, es otra problemática abordada. Permanentemente los equipos de esta Universidad y de las unidades académicas demandan y coordinan intervenciones con los efectores públicos de la política de infancias. En estas iniciativas, la interlocución de saberes de diferentes campos disciplinares y el compromiso ético-político e intelectual asumido por sectores de la Universidad Pública frente a las violaciones y vulneraciones de derechos, disputando el sentido y la direccionalidad de las prácticas institucionales, devienen dimensiones sustantivas.

La promoción del respeto a la multiculturalidad, a la identidad de género, a las libertades fundamentales y a la democracia, a partir de su instalación y visibilización como contenidos curriculares, de investigación y de extensión, es otro desafío asumido en el trabajo cotidiano en el campo de los derechos humanos, apostando a fortalecer una universidad pública que forme intelectualidades críticas, que no naturalicen las injusticias y desigualdades sociales.

La coordinación de un trabajo inter-institucional con Áreas de derechos humanos de universidades nacionales en el marco de las Redes Interuniversitarias de Derechos Humanos, de Género y de Discapacidad, como con las organizaciones sociales, sindicales, con organismos de derechos humanos y con los poderes del Estado, es otra línea que fortalece proyectos y permite colectivizar preocupaciones, visibilizando la relevancia del trabajo en torno del reconocimiento y la ampliación de derechos.

En la trayectoria de esta Universidad, los sucesivos equipos de gestión han desarrollado muchas de las estrategias de promoción y protección de derechos que hoy se llevan adelante. Y ello es posible en el marco de un proyecto político y académico donde ─no sin tensiones y disputas─ se historizan, se repolitizan, se recrean y se crean propuestas a partir del aporte y demandas de diferentes actores, que van consolidándose en el tiempo y en un diálogo permanente con los contextos. Sin embargo, al mirar los procesos formativos en clave de derechos, la enseñabilidad y la dimensión curricular de los mismos, parece estar insuficientemente desplegada aún, cuestión a la que refiere el siguiente apartado.

La enseñanza de los derechos humanos: apuestas en la educación superior

La transmisión de las memorias y de saberes en torno de los derechos, requiere de una reivindicación de la presencia de aquello que hoy pugna por ser expulsado del lenguaje, desde prácticas negacionistas que fragmentan los procesos de simbolización y obturan la enunciación de preguntas. Invita también a desplegar un trabajo de “delegación” con los recién llegados, que permita hilvanar relatos y experiencias para habitar la historia en primera persona, evitando oposiciones binarias en un juego denso donde, en un movimiento constante, las ausencias y las presencias “cobran vida” y animan la historia social colectiva.

El desafío como trabajadores de la educación, se inscribe entonces en esa trama intergeneracional donde se ponen en escena memorias en disputa, en un ejercicio de reinterpretación de nuestras convicciones, que habilite espacios para la comprensión crítica de la realidad. Este movimiento traza itinerarios y produce subjetividades reconociendo la implicación de los derechos humanos y la dimensión política de su apropiación, desde propuestas educativas que dejen marcas, que muestren contrapuntos, que protejan contra el olvido y generen condiciones para recorrer esos aprendizajes en nombre propio.

El trabajo de transmisión y enseñanza de los derechos humanos supone reconocer el carácter ético, político e interdisciplinar de toda proposición educativa, así como la generación de condiciones de enunciación y de escuchas atentas, que enlacen sentidos en torno de lo público, lo común. Asimismo, requiere de soportes materiales, dispositivos con anclajes situados para comprender la multiplicidad de temporalidades y construir cartografías de las memorias, que fortalezcan una actitud reflexiva desde la cual disputar colectivamente sentidos respecto del pasado reciente.

A modo de ejemplo podemos mencionar las experiencias de participación de estudiantes de esta Universidad en los juicios por delitos de lesa humanidad, que se instituyen como vector de verdad, movilizando búsquedas a partir de los modos de narrar e institucionalizar los hechos. También la producción del libro de cátedra “Enseñanza del pasado reciente” realizada por docentes de la Escuela Graduada. O proyectos de reconstrucción de memorias desde la producción colectiva de murales, o la recuperación de relatos e historias como las relacionadas a los espacios físicos de la Facultad de Trabajo Social cuya sede es el ex Distrito Militar, o de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación emplazada en el predio del ex BIM 3; y áreas específicas de formación en seminarios, entre otras, que desandan desmemorias y construyen memorias.

Esas iniciativas interpelan los silencios sociales e institucionales ─en tanto operatoria política hegemónica que encubre la impunidad del genocidio─, y posibilitan otras narrativas a ser propiciadas desde el trabajo en las aulas, en un contexto adverso donde el discurso hegemónico banaliza lo ocurrido, intentando reponer la teoría “recargada” de los dos demonios (Feierstein, 2017). A la vez, expresan la importancia de profundizar desde la universidad pública, un trabajo pedagógico que no permita la privatización de la memoria social, que problematice discursos negacionistas, que seleccione, ordene y produzca relatos, desde una formación profesional que contribuya a transformar la cultura y la sociedad.

Esa tarea invita a repensar, por un lado, la identidad y el trabajo docente, reafirmando la transmisión en tanto construcción social que entrama, anuncia y denuncia, inaugurando legados. Y por otro, a generar escenarios que propicien marcos sociales de la memoria, visibilizando los “puntos ciegos” de los relatos sobre el pasado reciente, donde lo traumático pueda reelaborarse a partir de diferentes recursos y lenguajes, en un ámbito que propicie vivencias de reconocimiento y ampliación de derechos.

En virtud de estas apuestas cobran relevancia preguntas acerca de ¿qué sentidos se construyen alrededor de la idea de hacer memoria y cómo se apropian de ellos las nuevas generaciones?, ¿qué valoraciones están en juego en el proceso de recordar el pasado?, ¿qué estrategias despliegan docentes y estudiantes a la hora de pensar la enseñanza y transmisión del pasado reciente?, ¿qué relaciones se construyen con respecto a las vulneraciones de derechos del presente? Si se coincide en que la transmisión es siempre (in)conclusa, la posición enseñante requiere ser puesta en tensión desde perspectivas pedagógicas políticamente sensibles, que aporten al despliegue de otros itinerarios posibles, de marcos interpretativos que promuevan derechos.

De este modo, disponer de espacios curriculares específicos para problematizar las huellas del pasado y los procesos vulneración de derechos del presente ─expresados en prácticas de discriminación que desconocen el respeto a la diversidad sexual, a la condición socio-económica, a la discapacidad, a la etnia entre otras─, es una estrategia política que desnaturaliza construcciones sociales y culturales. Asimismo, esa problematización posibilita resignificar saberes, viabilizando la producción de una cultura institucional de derechos, indispensable para contribuir a la construcción de sociedades más democráticas, justas e igualitarias.

Consideraciones finales

Las ideas compartidas en esta ponencia reconocen que los siglos XX y XXI, atravesados por una carga significativa de violencia, constituyen el contexto donde surgen y cobran vigencia los derechos humanos, tensionados por la dominación capitalista. Esta “marca de origen” permite comprender el constitutivo carácter histórico, no clausurado y disputado de los derechos en la sociedad argentina y latinoamericana, signada por el neoliberalismo como formación histórica del capitalismo, que promueve un tipo de subjetividad bajo lógicas segregativas que impiden inscripciones fuertes en proyectos políticos colectivos.

Siendo esto así, y en pos de avanzar en la construcción de proyectos contrahegemónicos, concierne puntualizar la relevancia de reflexionar en torno de cómo se reconfiguran actualmente las tres tensiones que atraviesan la política de derechos humanos, señaladas por Boaventura de Souza Santos (2014).

La primera tensión es la que se da entre la idea de regulación social estatal ─puesta en jaque a partir del quiebre del “Estado de Bienestar”─ y la de emancipación social, sacudida frente al declive de ideas revolucionarias y del socialismo como modos de transformar la sociedad. Ambas dimensiones se encuentran presentes en los derechos humanos que, por una parte, son positivizados en normas internacionales que deben ser cumplidas por los Estados; y por otra, portan un horizonte emancipatorio de protección y libertad de los y las ciudadanas frente al Estado.

La segunda tensión se manifiesta entre los ámbitos del Estado que tienden a ejercer una regulación cada vez más extensa de la vida social, y de la sociedad civil propiamente dicha. Los derechos humanos expresan esa tensión al demandar al Estado su protección en tanto garante, pero reconociéndole el poder de violarlos, lo que da lugar a una procesualidad conflictiva.

La tercera tensión se encuentra entre los Estados nacionales, encargados de la regulación social y de enmarcar la emancipación social, circunscripta a luchas de grupos sociales que pugnaban por sus derechos en los límites de un país, y la globalización neoliberal que trastoca las dinámicas estatales nacionales y limita la toma de decisiones.

Frente a este escenario, los sistemas de derechos humanos permiten desplegar movimientos reivindicativos, sustentados en una política progresista que fortalezca el carácter de constructo cultural local, nacional y transnacional, reconociendo que existen tanto globalizaciones impulsadas “desde arriba” como “desde abajo,” que muestran formas alternativas de organizarse y defender intereses comunes. El desafío es precisamente lograr que los derechos humanos, desde una lógica emancipatoria, profundicen las luchas “desde abajo” en un diálogo multicultural que tensione la idea de “lo universal” en relación con la igualdad y con la diferencia. O, dicho de otro modo, que contribuya a forjar una red de significados locales, desarrollando procesos contrahegemónicos en los cuales haya un encuentro entre culturas semejantes, sin que una domine a las otras y donde el conocimiento sea liberador en lugar de producir regulaciones.

En este marco, es fundamental desde la Universidad Pública, continuar profundizando debates estratégicos que “desde abajo” contribuyen a visibilizar los sentidos de la educación superior como un derecho social, ineludiblemente tramado a la institucionalidad democrática y al conjunto de derechos que posibilitan su efectivización. A la vez, resulta ineludible reconocer escenarios donde entran en juego experiencias pasadas y horizontes de expectativas futuras, que pugnan por instituir marcas desde políticas de memorialización pública que fortalezcan proyectos sociales y educativos emancipatorios.

Bibliografía

CRES (2018). Declaración Final. Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina y el Caribe. Disponible en: https://bit.ly/2QAIUJd

De Souza Santos, B. (2014). Derechos humanos, democracia y desarrollo. Bogotá. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, De justicia.

Documento Regional de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM, presentado ante la CRES 2018 bajo el título “Aportes a la III Conferencia Regional de Educación Superior”. Disponible en: https://bit.ly/355sk9K

Feierstein, D. (2018). Los dos demonios (recargados). Buenos Aires: Marea editorial.

Feierstein, D. (2017). Exposición en Panel “Genocidio y negacionismo. Disputas en la construcción de la memoria.” UNLP. Publicado en Aletheia, volumen 8, número 15, octubre 2017 – ISSN 1853-3701.

Jelín, E. (2017). La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

OEI (2008). Declaración Final. Conferencia Regional de la Educación Superior de América Latina y el Caribe.

Legislación consultada

Ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

Ley 26.206 de Educación Nacional.

Ley 26.320 Gratuidad Universitaria.

Ley 27.204 de Responsabilidad del Estado en Educación Superior.

Estatuto de la UNLP, 2008.

Resoluciones de la UNLP.


  1. Entramado legal conformado por las leyes 26.075 de Financiamiento Educativo, 26.206 de Educación Nacional, 27.204 de Responsabilidad del Estado en Educación Superior y 26.320 que fija la gratuidad de la Enseñanza Universitaria.
  2. Documento Regional de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, AUGM, presentado ante la CRES 2018 bajo el título “Aportes a la III Conferencia Regional de Educación Superior”.


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