Cristóbal Padilla Tejeda^[1]

Introducción

A partir de las escenas registradas en los estallidos y las movilizaciones de Chile, Ecuador y de otros países de América Latina donde las ciudadanías movilizadas han puesto en jaque a muchos gobiernos, algunos estudiosos de los procesos sociales e historiadores estimaban que Colombia no era un país de grandes marchas y movilizaciones, pero donde sí se habían generado algunos acontecimientos que marcaban importantes referencias de cambios históricos en él.

Hechos sociales y políticos como el derrocamiento del presidente Rafael Reyes (año 1909) por sus excesos en la persecución política y propósitos de perpetuarse en el poder, donde el estudiantado en marchas multitudinarias jugó un papel protagónico, la masacre de las bananeras, cuando trabajadores y campesinos de las plantaciones de banano de la United Fruit Company reclamaban mejores condiciones económicas (año 1929), la marcha del silencio convocada por el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, que denunciaba la persecución y los asesinatos de sus seguidores y retó a la oligarquía nacional (año 1948), y los paros y las marchas que se registraron en la dictadura del general Rojas Pinilla (año 1954), impulsados por el movimiento estudiantil. Sin embargo, se resalta que, hasta el momento, la protesta más grande que se haya vivido en la historia de las movilizaciones sociales en Colombia fue el paro de 1977 convocado por las centrales obreras. En la historia más cercana, se dieron fenómenos de movilización auspiciados por jóvenes y aprovechados por los gobiernos de turno, como las marchas contra las Farc en el año 2008 y más recientemente las movilizaciones estudiantiles “Mesa amplia nacional estudiantil” contra el proyecto de ley de reforma a la educación (año 2011) (Semana, 2019). Hasta el momento se podía decir que el paro del 77 impulsado por las centrales obreras y las marchas estudiantiles contra el proyecto de ley de reforma a la educación constituían las movilizaciones más numerosas en Colombia, hasta que se registró el hecho que se evidenció con el paro nacional del 28 de abril del 2021 y que se convirtió en un verdadero estallido social nunca visto en la historia de Colombia.

En este sentido, nos atrevemos a decir, considerando un principio de continuidad del movimiento social en Colombia, que el actual panorama político nacional que queremos resaltar en este texto obedece indudablemente a la acumulación del malestar social producto del modelo neoliberal –que ha aumentado las brechas de desigualdad en nuestro país poniendo en peligro nuestra democracia– y a las resistencias progresivas que mantuvieron una chispa de la protesta aunque en momentos se hayan replegado, pero no se apagaron, y que fueron avanzando quizás con mayor certeza de que el actual sistema económico no funciona para la mayoría de los ciudadanos y que nuestro sistema político ha sucumbido a los intereses económicos que han trastornado y desviado los principios de la democracia liberal y a un poder político que se concentra en grupos que controlan la corrupción, el narcotráfico y las bandas criminales que han hecho de Colombia una sociedad sitiada y militarizada.

Finalmente, esta premisa sintética representa una base interesante a los efectos de analizar en este caso de estudio que se presenta en este texto las razones del estallido social y los mecanismos de acción colectiva que se produjeron durante él, al tiempo que nos permite evaluar sus efectos e incidencias en un cambio de modelo político colombiano.

¿Por qué el estallido social en Colombia?

Colombia presenta una de las desigualdades estructurales más desiguales del mundo, según el informe del Banco Mundial “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”, que nos dice:

El alto nivel de desigualdad en Colombia es una limitación fundamental para el crecimiento económico y el progreso social. El país tiene uno de los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo; el segundo más alto entre 18 países de América Latina y el Caribe (ALC), y el más alto entre todos los países de la OCDE (Banco Mundial, 2021).

La pandemia acentuó la desigualdad y elevó los índices de pobreza, además de frenar la dinámica económica con efectos prolongados, lo cual dejó al descubierto todos los problemas del sistema de salud pública cuando este fue desmontado por un modelo de delegación de la garantía del derecho a la salud a unos agentes prestadores del servicio como son las empresas prestadoras de salud EPS, que lucran con esta intermediación. Sumado a eso, el gobierno de Duque pretendía introducir una nueva reforma al sistema que buscaba un ajuste y una profundización del modelo de aseguramiento con competencia regulada, la cual tenía el rechazo de los trabajadores de salud, que consideraban que no eran más que cambios superficiales a un modelo de privatización, pero que no recogían las directrices de la corte constitucional en su sentencia T-760, que había reconocido la salud como un derecho fundamental autónomo y ordenado al Congreso una ley estatutaria que definiera el núcleo esencial de este derecho (Hernández, 2021).

Colombia se ha encontrado durante décadas en una profunda inestabilidad institucional y desequilibrio de poderes, con un régimen presidencialista que ha deslegitimado al Estado social de derecho, desvirtuando todas las garantías constitucionales y llevando a una quiebra de la democracia en su separación de poderes, tanto que todos los entes de control y el Legislativo están en consonancia con el Poder Ejecutivo, lo que ha producido un escenario tiránico y de primacía del interés particular sobre el general, que captura al Estado para incluso cambiar leyes a favor de una minoría en detrimento de la mayoría. Todo esto aunado a una violencia sistemática que sigue cobrando vidas y a la corrupción de la elite tradicional, que, en medio de la crisis, pretendía imponer un paquete de reformas a un pueblo estremecido.

La fuerza de la acción colectiva marcó un nuevo rumbo

Destacamos en esta acción de protesta del 28 de abril del 2021 el empoderamiento de un pueblo que asumía su soberanía en el marco del derecho a la participación establecida en la Constitución de 1991, aprovechando, por un lado, el pretexto perfecto para reiniciar las movilizaciones como fue la propuesta del gobierno nacional de la reforma tributaria, que afectaba especialmente a la clase media y que fue el detonante de lo que ya venía organizándose desde finales del 2019, año que se puede recordar como el año que pasará a la historia en materia de movilizaciones, como el 21N, que fue como se denominó el paro nacional convocado a partir del 21 de noviembre en distintas ciudades del país. Dos meses que hablan de unas 12 mil movilizaciones en 787 municipios sellaron el cambio de la vida en Colombia (Martínez, 2021).

El vacío generado por otros actores de la sociedad, como es el caso de los partidos políticos que estuvieron ausentes y del Congreso de la república, que se mantenía de espaldas al estallido social que se expresaba en todo el territorio nacional, permitió al movimiento ganar protagonismo y auge en muchos sectores, como los estudiantiles, de juventudes barriales y de la sociedad en general. La conducción del movimiento obtuvo tres resultados, a saber: en primer lugar, darle reversa al paquete de reformas y a la renuncia del ministro de Hacienda; en segundo lugar, detener y fracturar el centro de poder político de extrema derecha; y, por último, definir la política nacional y la reconfiguración del espectro partidista y electoral del 2022.

Tres momentos podrían definir el estallido social en Colombia: el primero de ellos es el llamado a la movilización nacional que fue convocada por el comité del paro nacional, enfocada en detener las reformas de salud y la reforma tributaria; un segundo momento en que se descentralizó la protesta y los jóvenes rompieron el silencio y se asumieron como motor dinámico del paro, jugando un papel protagónico y de presencia local en los puntos que denominaron “puertos de resistencia”, en primeras líneas como parte de una organización local muy originaria desde los barrios y las esquinas de las ciudades más importantes del país, las cuales enfrentaron la dura represión (Martínez, 2021), pero que enarbolaron las banderas del cambio y el sentimiento de apoyo de una sociedad que usualmente no se movilizaba en Colombia; y un tercer momento que apostaba a consolidar una estrategia organizativa/participativa de tipo popular-comunitaria, más allá de los convocantes del paro, que no solo buscaba una negociación con el gobierno nacional, sino que, a través de asambleas populares y cabildos, permitía definir reivindicaciones para establecer diálogos con alcaldes y gobernadores en cada uno de los territorios.

¿Hacia un cambio de modelo político colombiano?

No hay duda de que el estallido social tejió los hilos que permitieron un cambio político en Colombia a partir de la victoria por primera vez de un presidente y una vicepresidenta afrodescendiente de corte progresista que se sintonizan con el mandato de las reformas propuestas por las ciudadanías en las calles del país. Esto sumado a los acuerdos construidos con otros sectores políticos que en una gran coalición coadyuvaron al triunfo político.

Este gobierno de coalición que asumió el 7 de agosto de 2022 recibió un país con altos niveles de pobreza y desigualdad y un gran reto para lograr la paz. El primer mensaje que ha dado es la construcción en primera instancia de un gobierno de acuerdo nacional que logre superar décadas de exclusión política y social, reduzca la polarización extrema y garantice gobernabilidad. Vale señalar que en Colombia quienes ganaban la guerra configuraban las instituciones, cometiendo el error histórico de la exclusión política, que desencadenaba hechos de polarización política que recrudecían la violencia.

Por otro lado, este gobierno comenzó a establecer canales de interlocución con la ciudadanía a través de lo que ha denominado los “diálogos regionales vinculantes”, en un intento de cerrar las brechas de la ausencia de participación democrática de los ciudadanos y las ciudadanas, de las regiones y los sectores sociales en los asuntos de interés como es, en este caso, el Plan de Desarrollo Nacional, el cual en su diseño se propone habilitar diálogos en cada uno de los territorios, y cuya aprobación se constituirá en la ruta de navegación de este gobierno en materia de desarrollo y política pública para el periodo 2022-2025.

En síntesis, podríamos decir que las perspectivas de un cambio de modelo político en Colombia pasan por un programa de transición anclado al cumplimiento de la Constitución en términos de pacificación y reconciliación, y al desarrollo de una relevante vocación de inclusión política y social que se traduzca en un gobierno de acuerdo nacional, dado el giro radical de tendencia generado de manera increíble después de más de 200 años de la proclamación de Independencia, con la elección de un presidente de izquierda elegido para el periodo 2022-2026.

Bibliografía

Banco Mundial (2021). Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia.

Hernández, M. (2021). ¿Por qué estalló Colombia?: Salud y estallido social, Editorial Controversia, pp. 9-28.

Martínez, H. (2021). El Mandato ciudadano por la reforma. En publicación.

Semana (2019). Memoria. Grandes marchas y paros en la historia de Colombia. Disponible en t.ly/VVmY.

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