Perspectivas críticas desde América Latina

Dante Ramaglia^[1]

Aun cuando el tratamiento de la temática de la justicia ha atravesado las reflexiones acerca de lo político a lo largo de la historia, es posible observar que constituye una cuestión que viene promoviendo una serie de debates centrales en la filosofía social y política en las últimas décadas. Cabe aclarar que se hará alusión en esta comunicación a la problemática de la justicia social, la cual no se refiere inmediatamente a las formulaciones del derecho positivo o la jurisprudencia, si bien se constata que existe una posible interrelación entre ambas dimensiones, lo cual se muestra factible y necesario en determinadas situaciones, como es el caso referido a la vigencia jurídica efectiva que requieren las declaraciones efectuadas en relación con los derechos humanos. Otra indicación preliminar que debe hacerse tiene que ver con el vínculo estrecho que existe entre las definiciones teóricas de la justicia que se retomarán para realizar una interpretación crítica y las variadas formas de injusticia que se replican en nuestro tiempo. En realidad, puede decirse que la atención al problema de la justicia siempre tiene en su reverso a las lesivas injusticias que se han reproducido frecuentemente en la historia de la humanidad y que se continúan reiterando en el presente.

En consecuencia, la actualidad que reviste la justicia como asunto debatido en el pensamiento contemporáneo puede remitirse a distintos motivos. En buena medida, las discusiones sostenidas hacen referencia principalmente al problema de las desigualdades que se han visto agudizadas con el desarrollo de la globalización bajo un modelo neoliberal hegemónico a nivel mundial, y que contiene asimismo toda una representación ideológica acerca de los modos de organización social, política y económica. Si bien las inequidades existentes son un aspecto que se hace sentir con crudeza en las regiones más pobres y subdesarrolladas, no dejan hoy de presentarse igualmente en otras naciones avanzadas que han desmantelado el Estado de bienestar bajo la oleada globalizadora neoliberal.

En tal sentido, las cifras estadísticas revelan que cada vez sectores con menos recursos pertenecientes a la mayoría de la población mundial tienen dificultades para acceder a servicios esenciales, como la atención en salud y el acceso a la educación, o sufren la no satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación necesaria, el consumo de agua potable y una vivienda digna, por mencionar los casos extremos en que se llega al límite de la supervivencia^[2]. Además de las inequidades socioeconómicas señaladas, el tema de la desigualdad se relaciona con el trato diferente que reciben grupos o personas por su condición social, económica, política, cultural, racial, sexual o religiosa, entre los principales factores que influyen en la reproducción de formas de discriminación, ya sea esta negativa o positiva. En última instancia, se presenta como hecho patente del mundo contemporáneo el predominio de una extendida exclusión social de grandes sectores de la población, que intensifica no solo el reparto desigual de bienes y recursos entre diferentes regiones, lo cual se verifica también al interior de las propias naciones menos o más desarrolladas, sino asimismo la falta de otorgamiento igualitario de derechos ciudadanos a determinados grupos sociales.

Las versiones renovadoras de una teoría de la justicia se tienen que enfrentar a los desafíos que presentan las circunstancias cambiantes de la misma realidad social y política. Desde esta perspectiva, la aparición en escena de manifestaciones de distintos movimientos sociales –como son los asociados a demandas de participación política, de inclusión social, de género, de grupos étnicos, ecologistas, pacifistas, entre otros– requiere de nuevos enfoques para dar cuenta de la heterogeneidad y pluralidad de reclamos, que difícilmente puedan limitarse a la protesta tradicional movilizada por las clases o los sectores sociales bajo intereses estrictamente materiales. De allí que se han producido una serie de propuestas y discusiones teóricas contemporáneas a nivel mundial en torno a la significación de algunas expresiones identitarias y culturales, las cuales se articulan en relación con las denominadas “políticas del reconocimiento”. Ante este enfoque teórico, no deja de sostenerse la necesidad de atender a lo que significa la dinámica de la “redistribución” como instancia decisiva en los casos de las desigualdades socioeconómicas, por lo menos tal como se considera en el caso latinoamericano cuando se tratan de comprender desde un marco conceptual las formas de exclusión que prevalecen en buena parte de nuestras sociedades.

Igualmente resulta fundamental tener en cuenta las proyecciones de la justicia en relación con la cuestión de la viabilidad de la democracia y el afianzamiento de los derechos humanos. Si, en principio, es posible comprender la estrecha vinculación que debería existir entre estos tres ámbitos –justicia, democracia y derechos humanos– en el plano de las prácticas y los discursos políticos, esto se refleja en una serie de consideraciones que se juzgan como prioritarias para la reflexión. En su lado negativo, la ausencia de un marco de justicia y de respeto a los derechos humanos hace inviables a las democracias, así como torna invivible la cotidianidad de los integrantes de cualquier comunidad política. En tal sentido, han sido reiteradas las experiencias pasadas de interrupción de la vida democrática, asociadas a dictaduras cívico-militares que sumieron en el terror y la miseria a poblaciones cautivas en ese estado de indefensión ante la ausencia del Estado de derecho, lo cual se evidenció como un plan sistemático desplegado en varios países latinoamericanos, pero que no dejó de ser una tragedia extendida a nivel mundial en diversas situaciones que se presentaron con los totalitarismos, las grandes guerras y los genocidios que se produjeron durante el pasado siglo xx.

Asimismo, aun bajo la vigencia de las restauradas democracias en la región de América Latina, la alternancia de gobiernos progresistas y proclives con distintos matices hacia la izquierda con respecto a los representativos de la derecha, conservadores y neoliberales ha evidenciado los modelos que se encuentran en pugna, al mismo tiempo que prosiguen las demandas por desigualdades todavía pendientes de resolución. El reclamo de una justicia “desde abajo” y una mejora en la inclusión social, junto con la extensión en materia de derechos que deberían asistir a distintos sectores postergados o discriminados, constituye los pilares de una tendencia a la profundización democrática que asegure la participación política en función de garantizar la satisfacción de necesidades básicas y de promover el bienestar de las mayorías populares. En consecuencia, no se contempla la cuestión de la justicia como un debate meramente académico, sino que esta discusión se encuentra comprometida en la transformación de las estructuras políticas, lo cual se moviliza a partir de la emergencia de distintos conflictos sociales, en especial teniendo en cuenta lo que se ha afirmado antes acerca de la proliferación de muchas manifestaciones de injusticia que continúan, o se agudizan, en el momento actual.

Asimismo, es posible afirmar que las reflexiones acerca de la justicia en el contexto latinoamericano no se encuentran desvinculadas de la tematización de lo político, que se orientan a examinar las condiciones que ofrecen las construcciones democráticas de la región para atenuar las deficiencias respecto de la participación popular en la toma de decisiones y, por consiguiente, en los beneficios derivados de la implementación de las mismas políticas públicas. En última instancia, la reconfiguración de nuestras democracias está asociada tanto a las crecientes desigualdades que existen en el plano socioeconómico, como a las históricas discriminaciones que han experimentado conjuntos sociales que no se pueden contemplar como minoritarios en la región, tales como las poblaciones indígenas y afrodescendientes o los colectivos de mujeres. En torno a estas últimas agrupaciones, se han conformado nuevos movimientos sociales que han cobrado protagonismo en las últimas décadas, a los que se suman reclamos específicos que provienen de sectores vinculados al sindicalismo obrero, las asociaciones campesinas, las organizaciones de base, los grupos ambientalistas, los movimientos juveniles y estudiantiles, entre otros^[3].

Aun cuando la aparición de distintos movimientos sociales y políticos responda a una serie diversa de reivindicaciones a partir de las cuales han tenido su origen, es posible observar la convergencia de algunos de ellos en demandas comunes a los sistemas democráticos. Incluso en los reclamos que tienen su raíz en motivos simbólicos y culturales, que corresponden a las demandas por el reconocimiento de identidades singulares, no deja de estar presente el aspecto económico o redistributivo, como es esperable debido a las inequidades que traen aparejadas esas formas de exclusión social; y lo mismo sucede a la inversa, en que lo socioeconómico no deja de lado las exigencias efectuadas por diferencias culturales.

Un ejemplo paradigmático está representado por las revueltas sociales iniciadas en Chile en octubre de 2019 a partir de la suba del boleto de metro –sin duda sobre el trasfondo de malestar con respecto a las políticas neoliberales aplicadas desde la época de la dictadura de Pinochet–, que derivaron en una masiva concentración popular en las calles para dar origen posteriormente a una convocatoria a la realización de una convención constituyente con representación de distintos sectores sociales y políticos, siendo electa como presidenta de esta una dirigente de origen mapuche, Elisa Loncón. En esta rebelión terminaron confluyendo distintos reclamos que encontraron un punto de convergencia en un objetivo común, como es la reforma de la Constitución de la República de Chile que provenía de la etapa de la dictadura^[4]. Aunque sea incierto cómo se termina canalizando políticamente de distintas maneras el fenómeno de la indignación popular, resulta generalizada la experiencia de resistencia y movilización que ha dado impulso a la orientación hacia políticas progresistas y a la instauración de gobiernos de izquierda en la región.

En la actualidad igualmente se ciernen otras amenazas derivadas de las políticas neoliberales extendidas a nivel global, que han suscitado distintas formas de resistencia popular. En relación con la región latinoamericana, las amenazas de la globalización responden principalmente a dos causas: económicas y ambientales. En el primero de los casos, las rebeliones de los movimientos sociales en varios países, ya sean organizados o espontáneos, se han dirigido contra las políticas vinculadas a medidas de ajuste, el avance en las privatizaciones, la pérdida de beneficios de seguridad social y subsidios estatales, así como la implementación de tratados de libre comercio que han atentado contra la subsistencia precaria de puestos laborales o la debida remuneración de estos. En el segundo de los casos, el deterioro de las condiciones ecológicas por las políticas económicas extractivas que, por ejemplo, impulsan la desforestación de grandes extensiones rurales o generan contaminación ambiental por la explotación minera ha dado lugar a resistencias que, desde un origen local, han pasado a ser amplificadas por el conjunto de la sociedad, al alcanzar cada vez una mayor conciencia de la gravedad de la situación que se enfrenta ya en un corto o mediano plazo^[5].

Como es posible advertir, debido a la situación que se presenta en el complejo contexto contemporáneo, las democracias se encuentran tensionadas por una fractura ideológica que confronta a las tendencias que impulsan cambios sustantivos orientados hacia la inclusión social con las posiciones regresivas que condenan a una gran parte de la humanidad solo a sobrevivir, mientras una porción reducida genera una acumulación desmedida de riquezas. Este conflicto se manifiesta en el marco de la hegemonía capitalista neoliberal a nivel global, al que se suma el resurgimiento alarmante de la extrema derecha en muchos países, lo cual ha dado lugar al cuestionamiento realizado desde fuerzas sociales y políticas que pugnan por alcanzar formas de convivencia democrática que aseguren condiciones dignas de vida para todos y todas. El desafío que enfrentan las democracias a partir de esta polarización de perspectivas e intereses resulta visible a nivel mundial, así como encuentra en América Latina un escenario que viene siendo objeto de una lucha política que se ha acentuado en las últimas décadas.

Las alternativas que se han generado desde la apertura democrática al promediar la década del ochenta del siglo pasado, la cual sustituyó a la declinación de las dictaduras cívico-militares instaladas especialmente en la mayoría de los países del Cono Sur, revelan que esas reconstrucciones de la vida civil y política se erigen ante condicionamientos internos y externos persistentes. Los resabios del autoritarismo, las deudas económicas y sociales contraídas, la desarticulación de los movimientos sociales y partidos políticos, la anulación de las instituciones democráticas y la fuerte represión desatada contra la población, que constituye un atentado criminal contra los derechos humanos básicos, dieron por resultado un panorama amplio de injusticias a las que se tienen que enfrentar las restauraciones emprendidas en los sistemas políticos de la región. Esto es lo que se conoce como la etapa de transición democrática, que resulta llevada adelante con diferentes intensidades según cada realidad nacional, en algunos casos produciendo más avances institucionales, jurídicos y políticos que permitieron un cambio estructural y en otros casos con mayores dificultades para una reforma profunda de la herencia autoritaria.

A ese momento de transición, le seguiría una etapa refundacional de democracias participativas que coincidiría con la llegada al poder de fuerzas políticas progresistas, de izquierda o de orientación socialista con el comienzo del nuevo siglo. La convergencia de estos nuevos gobiernos que se erigieron principalmente en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, en alianza con otros países de la región, impulsó políticas de inclusión social, el fortalecimiento de las democracias, la soberanía e independencia de los Estados nacionales y la profundización de los lazos de integración latinoamericana, como se refleja en el cambio de rumbo con respecto a los acuerdos limitados al libre comercio, como es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para dar espacio también a otras iniciativas de cooperación regional, como la fundación en 2008 de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la creación en 2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Los objetivos comunes alcanzados en estas experiencias políticas han contribuido a una disminución de las desigualdades e inequidades existentes en nuestros países, afianzando procesos de participación popular y de ciudadanías activas que colaboran en la radicalización de las prácticas políticas para superar la instalación de democracias formales o las estrategias que tienden a mantener los privilegios sectoriales minoritarios. El entrelazamiento de la consolidación de democracias inclusivas con los procesos de integración regional resulta paradigmático de la potenciación de ambos aspectos que se verifica en esta conjunción, independientemente de que el ideal de la unidad en la diversidad ha sido un anhelo largamente buscado en nuestra historia y se mantiene aún en la actualidad como horizonte utópico.

La otra dirección principal que se emprende para una reformulación de lo político se liga a la dimensión jurídica y a la recuperación del Estado de derecho en nuestros países. Esto se produce especialmente a partir de la significación otorgada a los derechos humanos en las reconstrucciones democráticas y su vigencia en las actuales circunstancias, que impulsan a mejores condiciones de vida, afirmadas desde el principio normativo de la dignidad humana^[6]. En este sentido, el fundamento de los derechos humanos se encuentra en que el sujeto sea reconocido como tal antes de ser sujeto de derechos. Y esto también se revela frente a formas de desconocimiento y de alienación que pueden provenir de un determinado sistema jurídico. Existe así un derecho injusto, apoyado en la fuerza o la violencia, que se transforma por este motivo en discriminatorio, lo cual es precisamente el hecho que intenta revertir la concreción de los derechos humanos, en cuanto por su universalidad tratan de superar toda discriminación, marginación, exclusión, diferenciación o preferencias, es decir, satisfacen únicamente a la condición humana. Podría decirse que su realización progresiva se ha afianzado precisamente en la resistencia que se va oponiendo a las distintas formas injustas del derecho.

Como se ha afirmado anteriormente, las teorizaciones sobre la justicia en el pensamiento filosófico latinoamericano resultan inescindibles de las consideraciones que se realizan acerca de la profundización de la democracia, los procesos de integración regional y la vigencia de los derechos humanos. En las renovadas direcciones que asume lo político instituyente en nuestros países, reviste un rol clave el afianzamiento de los movimientos sociales articulados a fuerzas políticas progresistas. Las observaciones sobre estos fenómenos contemporáneos cambiantes de América Latina resultan abordadas en distintas elaboraciones teóricas desde una perspectiva crítica, que encuentra un campo específico en los desarrollos de la filosofía social y política, remitiéndose también a una fundamentación desde la ética que se destaca especialmente en algunos autores como Arturo Roig o Enrique Dussel, entre los principales referentes teóricos, a los que se podrían sumar los nombres de otros pensadores y pensadoras actuales.

Cabe observar que las diversas reflexiones sobre la justicia, relacionadas con la vigencia efectiva de la democracia y los derechos humanos, se producen en el pensamiento crítico latinoamericano al calor de las luchas sociales y políticas, no sin dejar por esto de presentar una fundamentación teórica y marcos categoriales que aspiran a una determinada universalidad, pero en los que se tiene en cuenta la situación particular de donde parte el discurso filosófico. Desde esta perspectiva, puede decirse que la radicalización que se verifica en esas proposiciones filosóficas contiene una potencia teórica que se vuelve necesaria en el marco de una situación mundial en que se han profundizado las desigualdades sociales.

En líneas generales, tiene un peso decisivo el papel movilizador representado por actores sociales y políticos para promover las transformaciones de órdenes injustos, que comúnmente han tenido repercusiones profundas en la configuración de los sistemas políticos de la región. Esta situación se ha visto modificada con la aparición de procesos de participación popular que han dado lugar a la construcción de democracias con un mayor grado de inclusión social, ampliación de derechos y cambios institucionales significativos para revertir distintas formas de disciplinamiento y dominación que son históricas, que vengan ya sea del pasado reciente de las dictaduras o de siglos de opresión de determinados sectores sociales, como son las que afectan a las comunidades indígenas y afrolatinoamericanas, las mujeres y otros grupos discriminados o excluidos que integran nuestras sociedades. En este marco histórico y contextual, se elaboran las consideraciones actuales sobre la justicia, en las cuales sigue siendo un impulso fundamental la utopía de la construcción de sociedades más equitativas, que tiendan a la reparación de las injurias cometidas y la concreción de una vida comunitaria más plena orientada por el principio constitutivo de la dignidad humana.

Bibliografía

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Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión. Madrid: Trotta.

Dussel, E. (2006). 20 tesis de política. México: Siglo xxi Editores/ Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe.

Dussel, E. (2016). 14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico. Madrid: Trotta.

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Roig, A. (1981). Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica.

Roig, A. (2002). Ética del poder y moralidad de la protesta. Respuestas a la crisis moral de nuestro tiempo. Mendoza: EDIUNC.

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