Isabella Alcañiz^[1]

Los enormes problemas del siglo XXI, como la desigualdad social, el cambio climático y la pandemia Covid-19, requieren tanto de soluciones políticas como técnicas. Para responder a las demandas de la ciudadanía, la capacidad técnica del Estado es clave. También es fundamental que la ciudadanía confíe en la intervención estatal. ¿Cómo se construye y se sostiene una capacidad científica estatal en la que confíen las y los ciudadanos?

No hay una única forma de hacer política científica desde el Parlamento ya que la Legislatura regula la innovación tecnológica de distintas maneras. Esto puede incluir, por ejemplo, la concesión de subvenciones a empresas tecnológicas, la ratificación de tratados internacionales de cooperación técnica con otros países, y el establecimiento de un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la ciencia y la tecnología. Sin lugar a duda, la iniciativa privada juega un rol fundamental en la generación de innovación tecnológica, así como en la formulación e implementación de soluciones técnicas a los grandes problemas sociales. Pero al final es el Estado el que debe legislar y regular las actividades ligadas a la ciencia y, ante todo, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Nada puede reemplazar la capacidad científica del Estado.

Más allá de si los presupuestos son ajustados o deficitarios, la sociedad civil exige cada vez más de sus expertos y espera del Estado una capacidad técnica que le permita resolver problemas urgentes. Esta demanda y necesidad de expertas y expertos bien preparados surge también de los actores políticos:

El rol de la ciencia está cambiando. Los actores políticos les piden a los científicos que contribuyan más directamente a las necesidades de la sociedad. Parte de esta demanda radica en el grado en que los problemas que enfrenta la sociedad tienen alguna conexión cercana con temas de ciencia y tecnología, por ejemplo, en áreas como enfermedades, desarrollo, terrorismo, impactos ambientales, adopción de nuevas tecnologías, etc. Otra razón detrás de esta demanda es que los recursos disponibles para apoyar a la ciencia y la tecnología son limitados (Pielke, 2007: 31).

Los Parlamentos pueden legislar y regular las actividades ligadas a la ciencia y técnica y pueden asumir, además, un rol activo en la articulación de políticas científicas. Un aspecto transcendental de la actividad parlamentaria es producir legislación que ayude a establecer las condiciones institucionales y financieras para que ocurra la innovación tecnológica dentro del Estado.

Hay tres áreas donde el Poder Legislativo puede legislar y regular para contribuir a la capacidad técnica estatal:

1. invertir en forma sostenida en la capacitación de las expertas y expertos del Estado;
2. fomentar la colaboración entre los órganos técnicos del Estado y la sociedad civil;
3. adoptar una perspectiva de género en esta inversión.

Las enormes demandas técnicas al Estado convierten la capacitación técnica de los funcionarios en un valor agregado esencial. El gobierno necesita cada vez más dotar a sus agencias técnicas de personal científico. Las y los expertos necesitan de una formación idónea para diseñar e implementar políticas públicas, así como para monitorear, evaluar y hacer cumplir las regulaciones estatales de naturaleza técnica.

En la era de la información, la tecnología puede volverse obsoleta rápidamente, por lo que las y los científicos deben invertir tiempo y recursos para conocer los nuevos descubrimientos e innovaciones técnicas. Una única inversión inicial en capacitación de los recursos humanos del Estado no es suficiente. La actualización profesional de las y los expertos del Estado es un proceso costoso y continuo, y requiere de apoyo parlamentario.

Una estrategia de actualización profesional menos costosa es promover la participación de las y los técnicos estatales en proyectos, talleres y simposios nacionales, regionales y globales. Estas actividades permiten el acceso a nuevas técnicas y prácticas, y además aumentan la red de conexiones profesionales de los participantes (Alcañiz, 2016). Fomentar la colaboración de las y los expertos del sector público con empresas de tecnología y organizaciones sociales con capacidad técnica debe ser un objetivo de la labor parlamentaria. La cooperación técnica entre el Estado y la sociedad civil potencia el uso de los recursos existentes en el sector público y en el privado, y mejora la adopción y la ejecución de políticas públicas.

Finalmente, el Parlamento debe sancionar la incorporación de la perspectiva de género en la inversión del Estado en ciencia, tecnología e innovación. Esto implica analizar en forma clara cómo las mujeres en el sector público adquieren las herramientas técnicas necesarias para implementar políticas en el área científica. La legislación debe buscar desmantelar los obstáculos a la igualdad de género, así como también derribar otras barreras (por ejemplo, disparidades de clase, étnicas o nacionalidad de origen) de acceso a la ciencia y al conocimiento. En efecto, un estudio reciente sobre la desigualdad salarial de género en el sector público de Argentina muestra cómo a pesar de que empleadas estatales incrementaron sus niveles de educación y capacitación, sus salarios continuaron siendo alrededor de un 25% inferiores a los de sus colegas varones. Esto confirma que cualquier estrategia legislativa para aumentar la formación de capital humano en el Estado debe ser integrada con estrategias que cambien la cultura organizativa de contrataciones, promociones y salarios.

Bibliografía

Alcañiz, Isabella (2016). Environmental and Nuclear Networks in the Global South: How Skills Shape International Cooperation, Cambridge University Press, Cambridge.

Alcañiz, Isabella; Calvo, Ernesto y Rubio, Julia (2016). “Educadamente desiguales: género y salario en el sector público argentino (2003-2010)”, Desarrollo económico, 55 (217), pp. 343-357.

Pielke Jr., Roger A. (2007). The honest broker: making sense of science in policy and politics, Cambridge University Press, Cambridge.

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