Juan Fernando Calderón G.^[2]

En las sociedades capitalistas modernas la política como construcción pública compartida supone deliberación y democracia. Supone valores sustantivos, procedimientos y un reconocimiento explícito de pluralidad y diversidad de sus miembros. Hoy la democracia tiene un carácter intrínsecamente plural. Pluralismo que supone reconocimiento de la igualdad en la diferencia y equidad en los actos de habla, supone alteridad y comprensión del otro diferente a uno mismo. ¿Cómo sería la construcción política de la democracia, entendiendo que lo específico de las democracias es la participación inclusiva de lo diverso, mediante mecanismos de representación de los miembros de la sociedad en las instituciones democráticas? Si la política se refiere, en su mínima expresión, a la construcción de un orden, la política democrática necesariamente tiene que referirse a la construcción de un orden institucional que sea plural, conflictivo y abierto. Plural, porque reconoce que actores distintos con diversos intereses hacen política; conflictivo, porque esos actores tienen orientaciones e intereses diversos que entran en el juego político de oposición y reconocimiento; abierto, porque toda institución política está sometida a la lógica de la incertidumbre del juego democrático y de los resultados electorales. La democracia es, como argumentó Claude Lefort, un régimen intrínsecamente inconcluso que se va construyendo y redefiniendo constantemente. Es una invención cotidiana.

Resulta difícil imaginar una gestión progresiva del pluralismo democrático sin acuerdos procedimentales y sustantivos. Por una parte, hay la necesidad del Estado de compartir responsabilidades en cuanto a la fijación de políticas y, por otra, el pluralismo democrático reabre el debate sobre qué contenido último va a tener la democracia y sobre cuánto se puede avanzar en las dos dimensiones que la califican: la de la libertad y estabilidad, y la que tiene que ver con su cualidad, o sea, con el grado de justicia social que alberga. Esta segunda vertiente, por la que también aparece la idea de reconocimiento del diferente y de intervención de los sectores sociales organizados en la fijación de políticas, es la necesidad de ampliar los canales de participación. Es decir, sin ampliación de los canales de participación política no es posible un pluralismo procedimental. Justamente con las expectativas de una democracia que avance progresivamente, lo que se plantea casi inmediatamente es el problema de los alcances de este pluralismo procedimental necesariamente pactado. Ello implica una construcción de consenso sobre valores sustantivos básicos del orden societal que no están asegurados por la mera vigencia del orden democrático institucional o económico.

Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades del quehacer político que permiten ese consenso y, a partir de él, la acumulación de poder democrático y la coherencia necesarias para transitar ese camino?

La privatización de las decisiones por vía de la imposición de un proyecto de individualismo de mercado cerrado, donde predomine solo el cálculo racional-formal de ventajas económicas para los actores individuales, fragmenta la trama social e incrementa la incertidumbre y la desigualdad entre diferentes, así condiciona la crisis y la imposición de una práctica y lógica amigo-enemigo. Hoy, dada la complejidad de las sociedades modernas, no existe por parte de ninguna de las fuerzas sociales y políticas capacidad para imponer hegemónicamente un proyecto de poder democrático sin reconocer el pluralismo de la propia sociedad, sea pluralismo cultural, de clases, político, de género, de territorios etc., y sabiendo los costos de la coerción con cualquier signo político.

Ante este panorama, cabe recuperar una comprensión de la política como un sistema de expectativas y de reconocimientos recíprocos, donde los procedimientos aparecen no como meramente formales, sino como formas comunicativas que establecen normas de reciprocidad. La disponibilidad de los actores sociales organizados para concurrir a la elaboración de una política de gobierno de la economía que regule el comportamiento de todos los actores sociales tiene que ver con esta modalidad. Y eso solo se puede concebir en una intensificación del poder constructivo de la política, del constructivismo simbólico de una política, generadora de nuevas identidades sociales.

Generalmente en la doctrina contractualista se supone que los actores que entran en acuerdos son sectores preconstituidos, esto es, actores que no juegan su identidad en el pacto, pero en realidad –si la modalidad de hacer política plural es la de un intercambio con reconocimientos recíprocos– el acuerdo o el pacto es la ocasión para redefinir identidades sociales y políticas. Esta opción implica interacción y reconocimiento del otro, pero un reconocimiento que conlleva comprender la libertad y la identidad del otro. La política, en este sentido, podrá ser entendida como el arte de lo mejor posible, es decir, tendría que hacerse cargo de la elaboración de esa pluralidad.

Aquí no se trata de argumentar los contenidos de estos proyectos democráticos, los contenidos en cuanto a modelos económicos concretos y a opciones societales plausibles. Más bien se está argumentando en relación con algo subyacente, con la necesidad de cambio en la forma de las relaciones políticas, que en su expresión actual parece tender a un sistema de opciones finales donde el otro es un enemigo al que se derrota o destruye, o con el cual se establece una relación instrumental. En realidad, si no se terminan de superar estas relaciones también se está condicionando la expansión de la violencia.

Como mencionamos ya hace algunos años conjuntamente con Mario dos Santos, una discusión para el fortalecimiento de una democracia plural y sustantiva tendría tres dimensiones relevantes de reforma política: en primer lugar, el compromiso nacional tiene que ser visto como un proceso de intercambio entre actores sociales y políticos capaces de movilizar sus identidades; en segundo lugar, exige relegar o reconvenir los caminos rupturistas o maximalistas de transformación social o del orden y, en tercer lugar, acentuar los contenidos éticos de la democracia.

En cuanto a lo primero, está relacionado con una tesis sociológica, a saber, que las identidades de los sujetos sociales se construyen y reconstruyen desde los otros, en relación con otros y, fundamentalmente, en el contacto cara a cara. Hay relaciones básicas de intercomunicación entre los actores, fuera de las relaciones de dominación a las cuales pueden estar sometidos, pero tal vez esa interrelación por sí misma y en sí misma, a pesar de ser central, sea insuficiente ante la dinámica y las características tan heterogéneas de la sociedad. Y un nuevo compromiso histórico no es simplemente un espacio de reafirmación de los actores sociales, sino un espacio de reconstrucción de los sujetos en sus metas y en sus intereses.

Un segundo elemento que nos parecía importante es el rechazo a cualquier forma de autoritarismo, sea de izquierda o de derecha, comunitarista o elitista, con lo cual se imponga resolver bien el problema de la representación y de la participación, de las mediaciones entre sociedad y Estado. Esto lleva a repensar los frustrados intentos de establecer sistemas hegemónicos de una clase sobre el resto de las clases (sea esta el proletariado o sea la burguesía), de una región sobre el resto de las regiones, o de ciertas élites estatales sobre partidos y fuerzas sociales, en definitiva, a reconsiderar el campo popular como un problema de articulación.

En tercer lugar, se justifica una preocupación por la instauración de reglas del juego político que no determinen como única posibilidad de intercambio entre los sujetos políticos y sociales una oposición de fines últimos: el reconocimiento del otro como alguien legítimo reclama la presencia o la persistencia de valores y de normas éticas en la democracia, pero también se reclama una crítica de la experiencia histórica.

Por otra parte, y pese a lo dicho, también sería necesario valorar la negociación como espacio de regateo o de intercambio de intereses entre diferentes, práctica no ajena a la realidad latinoamericana. En la medida en que toda organización social es multifuncional, la especialización en objetivos exclusivamente económicos no existe en ninguna de ellas, combinándose siempre en el accionar intereses y propuestas de orden social, o sea, reivindicaciones económicas y objetivos políticos. Intereses y pasiones –en la terminología de Albert Hirschman– son ambos constitutivos de la realidad social.

Si es cierto que todo proyecto de poder y desarrollo requiere un núcleo de intercambio económico, tecnológico, productivo y cultural relativamente autónomo, se deben valorar especialmente entonces los procesos de integración simbólica de la sociedad como base de otros procesos de integración. Y retomando lo antedicho, tanto las negociaciones económicas como las políticas (entendidas ambas como manifestaciones de intercambio político) pueden ser ocasión de integración simbólica. Esto no equivale, evidentemente, ni a la anulación de los conflictos ni a la disolución de las identidades sociales y políticas; podría implicar, sí, reconstitución de esas identidades.

La superación de las trabas al desarrollo propias de la situación de crisis, dependencia y de atraso tienen como límite una gobernabilidad sistemática progresiva (en los planos económico y político) y esa gobernabilidad no resulta accesible sin reconstitución de identidades y de comportamientos. La acumulación de poder social y político para transitar con éxito un camino de consolidación y profundización de la democracia requiere asumir de diferente manera responsabilidades sociales y nacionales de los distintos actores, pues con ello tiene que ver su capacidad de articulación. Y quizá el problema del pluralismo procedimental, en este contexto, no sea sino el de, a partir de agrupamientos fundados en intereses, lograr en un proceso de intercambio político que los actores sociales y políticos, sobre todo estos últimos, impulsen transformaciones en el plano de la institucionalidad democrática, reinterpretando en primer lugar la naturaleza de la legitimidad para incidir inmediatamente en la regulación de la economía. En síntesis, la apuesta, en este lado de la balanza, es muy clara, se trata de que se potencien al máximo la capacidad de transformar metas en resultados y la agencia política de la sociedad y sus sistemas de representación.

Ahora bien, ¿qué pasa si esto no pasa? Es decir, si la dinámica de los actores y del Estado se descompone y se desinstitucionaliza, y se tiende a una fragmentación acelerada de conflictos impulsada o acompañada por actos de violencia, fenómenos muy cercanos a ciertas tradiciones históricas, a la nueva lógica de ciertos intereses corporativos, a comunitarismos cerrados y, muy especialmente, al tema de las economías perversas y a la corrupción del Estado.

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