María Jimena López^[1]

El sistema de géneros vigente está inmerso en un profundo cuestionamiento. Tradicionalmente hemos hablado desde un enfoque biologicista de mujeres y hombres para luego, de la mano de la sociología, comenzar a considerar el impacto de los cambios sociales en la construcción de nuestras identidades, y así pasamos a hablar de roles femeninos y masculinos gestados a partir de la repetición de ideas, esquemas, creencias y estereotipos de un período histórico y cultural determinado. El significado que nuestra cultura otorga a nuestros cuerpos sexuados.

Esta representación social ha sido históricamente dicotómica, opuesta, excluyente y jerárquica. Hemos interiorizado, a través de procesos de socialización diferencial, posiciones de poder asimétricas, donde quien domina es la posición masculina y la posición subordinada es la femenina. Es esa mirada androcéntrica la que pretendía explicar todo el mundo, ese modelo patriarcal y binario que pulseamos por derribar.

También hemos sido sometidxs culturalmente a una idea de sexualidad fija, estable, que no puede cambiar y según la cual la heterosexualidad se presenta como la norma. ¿Pero cómo definir y categorizar algo tan subjetivo como los patrones de atracción sexual? Las orientaciones del deseo son diversas y múltiples. Las etiquetas y las construcciones sociales que buscan categorizarnos nunca definen todas las formas que tenemos de ser, identificarnos o sentir.

Por eso es necesaria una transformación del orden simbólico que habilite el reconocimiento social hacia quienes sienten que su sexo, género y deseo no se alinean con los modos predominantes desde una perspectiva estadística. Los puntos de vistas son infinitos y las nuevas subjetividades, aunque también generadas en determinados marcos sociales, crecen en un mayor respeto de las libertades y aceptaciones individuales, en el quiebre del patriarcado, en el rebelarse ante lo impuesto.

Las visiones de quienes han sido marginalizadxs por las regulaciones heteronormativas y que probablemente registren con mayor claridad los aspectos opresivos del marco legal vigente deben ser sumadxs como voces autorizadas en un diálogo político y social. Las diferencias de estilos subjetivos aportan riqueza al intercambio social.

Diversidades y trabajo legislativo

Uno de los desafíos más importantes que tenemos es construir una democracia basada en los principios de inclusión y pluralidad. Ello implica avanzar en la igualdad social y garantizar el respeto a la diversidad, reconociendo que las necesidades e intereses de las personas y grupos que integran nuestra sociedad son distintos.

La inclusión de las demandas de las mujeres en la agenda pública ha tenido en las últimas décadas un avance importante a partir de la lucha constante llevada a cabo para lograr mayor igualdad en un mundo patriarcal que nos había relegado a un rol secundario en la gran mayoría de las funciones sociales que se realizan puertas afuera de nuestros hogares. Por supuesto que el camino por recorrer es arduo, pero también es necesario incluir en él las voces, intereses y demandas de otros grupos identitarios. Debemos trabajar en pos de lograr la mayor participación de estos colectivos y comunidades en todos los ámbitos institucionales y sociales. Y fundamentalmente atender sus reclamos y necesidades.

En ese sentido, debemos transversalizar la perspectiva de la disidencia, y propongo el término como una manera de ruptura también, dado que la diversidad puede ser enunciada y entendida como ”minoría”. La excepción a una política asimilista es la disidencia como un posicionamiento político de resistencia a toda forma de normalización. La disidencia en la labor legislativa es una tarea urgente. Debemos avanzar en el reconocimiento legal e institucional de esa disidencia y en la generación de marcos jurídicos que garanticen la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos y las oportunidades de todas las personas. Es necesario incluir las voces, intereses y derechos de los diferentes grupos identitarios en las iniciativas legislativas promovidas.

En las últimas décadas el Estado nacional comenzó a reconocer algunas de las demandas del movimiento de diversidad sexual, que sostuvieron y reclamaron en sus muchos años de organización política. Así, en 2010, se sancionó la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y dos años después la Ley 26.743 de Identidad de Género. También se aprobaron las Leyes 26.862, de Reproducción Médicamente Asistida (2013); y 26.994, de Código Civil y Comercial Unificado (2014); y el Decreto de Necesidad y Urgencia 1006/2012, de Reconocimiento Legal de Hijos e Hijas de Familias Comaternales, entre otros.

Pero tenemos una gran deuda que el Congreso de la Nación debe tratar este año: la ley de cupo e inclusión laboral para personas travestis y trans, que ya tiene dictamen de las Comisiones de Mujeres y Diversidad, de la Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La necesidad de su sanción cobra aún más relevancia en el contexto actual de pandemia, ya que esta agravó las condiciones de exclusión y violencia histórica y estructural que atraviesa la población travesti-trans de nuestro país.

El porcentaje de personas travestis y trans que están insertas en el mercado formal de trabajo es menor al 10 por ciento y para la gran mayoría el ejercicio de la prostitución sigue siendo la principal fuente de ingresos. Un alto porcentaje, además, no pudo concluir sus estudios debido a la discriminación y al no reconocimiento identitario, y muchas de estas personas, incluso, fueron expulsadas de sus hogares. La esperanza de vida de la población trans va de 35 a 40 años.

En setiembre de 2020, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 721 que destina un cupo del 1% en los cargos del personal del sector público nacional “para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. Pero contar con una ley significaría una garantía y un avance en el marco legal de este derecho. El proyecto de ley, además, incorpora otros aspectos fundamentales, como la obligación de contratar a personas de ese colectivo en el ámbito del sector privado.

Algunos puntos destacados de la iniciativa son:

• Las empresas que cumplan con el cupo tendrán prioridad en las contrataciones del Estado y otros tipos de incentivos, como por ejemplo que las contribuciones patronales generadas a partir de la contratación de personas del colectivo travesti y trans puedan ser tomadas como pago a cuenta de impuestos nacionales.
• En el caso de que las personas aspirantes a los puestos no hayan completado sus estudios secundarios, se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos. El Estado debe arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero.
• Para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Asimismo, los antecedentes penales de las/os postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
• Deben promoverse acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales, con el fin de una efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los puestos de trabajo.

• El Banco de la Nación de la República Argentina debe promover líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero.

Este proyecto de ley cuenta con el respaldo de una gran cantidad de organizaciones que reúnen a personas travestis y trans, y es fruto de un amplio trabajo de consenso de las diputadas y diputados porque unifica quince iniciativas distintas sobre la temática. La idea es que este sea el primer paso, y se seguirá trabajando en otras necesidades del colectivo como la inclusión educativa, el acceso a la vivienda y el derecho a la salud, entre otros aspectos.

Otros de los proyectos de ley que el año pasado fueron girados para su tratamiento a la Comisión de Mujeres y Diversidad y que atienden la problemática de este colectivo tienen que ver con el acceso a la vivienda a través de un cupo mínimo en los planes de vivienda del gobierno nacional.

También la diputada Mara Brawer, con el acompañamiento de numerosas legisladoras y legisladores que integramos el bloque Frente de Todos, presentó una iniciativa para crear una pensión monetaria mensual no contributiva –equivalente a una jubilación mínima– en reconocimiento de la deuda histórica con la comunidad travesti-trans por haber padecido la exclusión social, la negación de su identidad y la violación de sus derechos humanos durante la mayor parte de sus vidas.

Para mejorar la calidad democrática de un país es necesario que todxs puedan sentirse parte de él, gozar de un piso de seguridad social y similares condiciones de inicio de vida, ese es el gran desafío para la Argentina de los próximos cincuenta años; mientras alguien quede por fuera del sistema, la democracia no está alcanzando a todxs de la misma manera, y para hablar de desarrollo debemos repensar en claves de inclusión real las políticas públicas.

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