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Representación política
y democracia representativa

Mercedes García Montero[1] y Manuel Alcántara Sáez[2]

Introducción

La noción de representación política se ha convertido en uno de los elementos más debatidos desde la teoría política, lo cual ha generado una serie de controversias, tanto en torno al significado de lo que es representar como, más desde el empirismo, con relación a cómo medir aquello que se está representando y cómo rinden cuentas los representantes.

Si se asume que la representación es el acto mediante el cual un representante actúa en nombre de un representado, los agentes (representantes) deben hacer presentes las opiniones, intereses y perspectivas de los ciudadanos en el proceso político, en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas.

A partir de la emergencia de los Estado-nación se extiende la denominada concepción moderna de la representación política que está en el origen de las democracias representativas. Al no resultar viable un modelo de toma de decisiones que promueva la deliberación directa del conjunto de la población, se construye un sistema político –la democracia representativa– que intenta organizar la diversidad de intereses presentes mediante la elección de unos delegados a los que estará transferida la responsabilidad de la deliberación, aunque éstos mantendrán cierta autonomía en relación con sus representados.[3] Para Dahl (1992), la representación política vino al rescate de la democracia: le dio los instrumentos para ampliarse, arraigarse y poder sobrevivir.

Uno de los elementos más importantes a los que está unida esta concepción moderna de la representación, y a partir del cual se produce su evolución, es la extensión del sufragio. Si los representantes son delegados, la forma de elegirlos –ya no serán nominados ni heredarán su posición tal como ocurría en las formas premodernas de la representación– se convierte en una de las claves de la democracia. En este sentido, Manin (1997) enumera cuatro arreglos esenciales para su configuración: 1) el nombramiento, mediante elección periódica, de aquellos que gobiernan; 2) la independencia de los representantes de los deseos de los electores; 3) la libertad para expresar opiniones por parte de los representados sin estar sujetos al control de los que gobiernan; y 4) el debate de las decisiones públicas.

1. Los debates en torno a la representación política: reglas y actores

Estos cuatro arreglos y su diferente configuración han marcado algunos de los debates más relevantes que se citaban más arriba. Ejemplo de ello es el debate normativo en torno a las reglas del sistema electoral para la designación de los representantes y los efectos que éstas generan en la propia representación de intereses, así como el debate sobre el papel de los partidos políticos, dada su hegemonía en la canalización de la representación. En este sentido, Sartori (1987) habla de partidocracia integral para referirse al predominio de los partidos a la hora de imponer a los electores a quién deben votar, a través de la predesignación de los candidatos a elegir, así como a su poder para imponer cómo deben posicionarse los representantes de sus filas a través de la disciplina. Esto llevaría a la sustitución de la representación de los electores por la representación real de los partidos.

Otra de las cuestiones ampliamente debatidas en torno a la representación son las nociones e implicaciones que ésta engloba y que llevan a que se pueda hablar de diferentes concepciones, como 1) la representación jurídica, que se daría en el momento en que el representado obedece las órdenes emanadas del representante; 2) la representación sociológica, acaecida cuando el que gobierna mantiene características compartidas con los representados –como el género, la etnia, la clase social, etc.–; 3) la representación simbólica que sucede cuando la población acepta emocionalmente a su representante, legitimando su actuación; y 4) la representación política, presente cuando se da la posibilidad de controlar al representante y cuando éste posee incentivos para actuar con responsabilidad porque, de no hacerlo, los ciudadanos pueden retirarle su apoyo.

Si bien las tres primeras nociones pueden estar presentes en regímenes políticos de diferente tipo, la representación política va asociada a la democracia electoral, ya que son las elecciones las que posibilitan los incentivos para que los representantes den respuestas (responsiveness) a las demandas de sus electores, rindan cuentas (accountability) por sus acciones y puedan ser destituidos y/o castigados (removability) a través de la elección. Por tanto, la elección es el mecanismo del que surge la autorización para actuar en nombre de los representados, así como el proceso que fija las responsabilidades de los representantes[4] a la vez que posibilita conjugar el componente jurídico, sociológico y simbólico de la representación.

No obstante, el hecho de que haya elecciones periódicas no asegura automáticamente el control de los gobernantes por parte de los representados, como tampoco asegura que su actuación sea transparente y busque el bien común. De modo que las condiciones para la rendición de cuentas[5] y sus efectos ha sido otro de los grandes debates acontecidos en torno a la democracia representativa.

En relación con las discusiones más empíricas, es importante resaltar la noción de representación sustantiva propuesta por Pitkin (1967), que pone el foco en el desempeño y la acción de los representantes. De modo que el contenido toma relevancia, y no solo las características de los representantes y reglas de la representación. En ese sentido, bajo el paraguas de esta noción, ha habido avances que tratan de medir empíricamente diferentes cuestiones, como la receptividad,[6] el tipo de mandato,[7] la rendición de cuentas,[8] el rol del representante[9] o la representación de género.

2. La crisis de la representación

Los párrafos anteriores han expuesto de forma muy breve y simple algunos debates que han ocupado a grandes teóricos de la democracia representativa durante décadas. No obstante, hoy es patente la crisis de la representación. Si bien la alusión a su crisis o a la de la democracia representativa es recurrente en la agenda de los académicos y de la opinión pública, aunque no es novedosa, se ha visto agravada en los últimos años por la contracción de algunas democracias a nivel global, el auge exponencial de las tecnologías de la comunicación y de la información y por el crecimiento del populismo unido al de la polarización. Entre los indicadores que aparecen como recurrentes cuando se alude a esta crisis están la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en los partidos políticos, las protestas sociales o el surgimiento de nuevas fuerzas políticas iliberales que llevan a cabo acciones para eludir o acabar con los contrapesos de la democracia representativa. A ello se suman las nuevas formas de intermediación de carácter virtual.

Sin embargo, las alternativas para conformar un sistema nuevo de organización y toma de decisión que sea democrático, o para suavizar el impacto que estos elementos pueden tener sobre la democracia existente, aún son limitadas. Entre estas alternativas está la generación de nuevos mecanismos de representación no electorales para vehicular intereses y propiciar la participación ciudadana en la deliberación o la introducción de instrumentos de democracia directa, a lo que no es ajena la propia expansión de las citadas tecnologías.

Algunos países han avanzado en esta dirección incluyendo herramientas de innovación democrática y deliberación social en la toma de decisiones con más o menos éxito. No obstante, sigue siendo un reto insoslayable la forma de ensamblar la participación de la sociedad civil con los procedimientos elitistas de la democracia representativa. Este escenario en América Latina se complica aún más con la tendencia constante a la personalización de la política azuzada por el presidencialismo que concentra la atención del electorado en los candidatos, lo que contribuye al debilitamiento de los partidos políticos y por ende del Poder Legislativo.

Bibliografía

Dahl, Robert (1992). La democracia y sus críticos, Paidós, Barcelona.

Manin, Bernard (1997). The Principles of Representative Government, Cambridge University Press.

Pitkin, Hanna (1967). The Concept of Representation, University of California Press.

Sartori, Giovanni (1987). Teoría de la democracia, Madrid, Alianza Editorial S.A.


  1. Doctora en Ciencia Política y de la Administración, máster en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca. En dicha universidad se desempeña como profesora titular del Área de Ciencia Política y de la Administración y como investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Ha participado en diferentes proyectos de investigación que han abordado las instituciones políticas, las relaciones Ejecutivo-Legislativo, las elites políticas y los Parlamentos en América Latina.
  2. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático y miembro del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y profesor visitante en la UPB (Medellín). Sus principales líneas de investigación en el ámbito de la política comparada con especial interés en América Latina versan sobre partidos políticos, procesos electorales, problemas de la democracia representativa y élites políticas.
  3. En la noción moderna de la representación política no existen mandatos imperativos. Esta idea está presente en el conocido discurso de Edmund Burke a sus electoras de Bristol en 1774, en el cual se defiende que el papel del representante es ordenar los intereses de los ciudadanos: vuestro representante os debe, no solo su industria, sino su juicio, y os traiciona, en vez de serviros, si lo sacrifica a vuestra opinión.
  4. A esta noción Pitkin (1967) la denomina representación formalista.
  5. Entre las condiciones mencionadas para una adecuada rendición de cuentas están la separación de poderes, la presencia de un sistema político institucionalizado y la existencia de organizaciones fuertes en la sociedad civil.
  6. La receptividad aborda la relación entre las posiciones y opiniones mantenidas por los ciudadanos y las políticas desarrolladas por los gobernantes, y si se producen sanciones entre los electores cuando el resultado de las acciones no es el esperado.
  7. El tipo de mandato trata de captar si el representante es independiente o actúa sobre la base de los deseos de su distrito o partido.
  8. Los estudios sobre rendición de cuentas se han centrado en varios campos, como la congruencia entre electores y representantes, el seguimiento de las propuestas contenidas en los programas electorales o la relación entre los premios y sanciones que dan los electores.
  9. Los trabajos en torno al rol del representante abordan los intereses defendidos (focus de la representación) así como las instrucciones que sigue el representante (estilo de la representación).


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