Claudio Fernández^[1]

La socialización del conocimiento es, sin duda, uno de los principales desafíos del siglo XXI. Al hilo de esta realidad, los Parlamentos tienen como reto primario el de saber mantener su carácter representativo en una sociedad moderna que en este siglo emerge como sociedad digital y del conocimiento. Acorde con ello, durante las últimas décadas los Parlamentos han sido epicentro de profundas transformaciones tecnológicas para adaptarse a la nueva normalidad.

La llegada de las distintas innovaciones tecnológicas modificó desde la frecuencia de las reuniones parlamentarias –condicionada en un principio por las distancias y acceso a los medios de transporte– hasta la naturaleza del debate parlamentario, dirigido ya no solo al par parlamentario sino al público, al pueblo, convertido en espectador y árbitro del debate. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) permitió mejorar la administración y el funcionamiento interno de los Parlamentos, haciendo foco principalmente en la información de los procesos y la digitalización de la información. A su vez, el desarrollo de las bases de datos en los sistemas de documentación y archivo, con el fin de organizar la gran cantidad de recursos de información requeridos por las Cámaras, promovió el uso de las herramientas digitales como medio para acceder a dicha información.

Estas mejoras se tradujeron en una optimización de los servicios más que en una verdadera transformación política. Más recientemente, con la aparición de los sitios web parlamentarios y la implementación de sesiones remotas se logró una mayor transparencia informativa, a la vez que con la irrupción de las redes sociales los Parlamentos asistieron a una verdadera eclosión de la comunicación con los ciudadanos, lo que amplió y diversificó el abanico de herramientas promotoras de la participación ciudadana. En este contexto, requiere de especial atención el rol de las redes sociales, que implican un auténtico reto para el Parlamento de cara a la sociedad digital en virtud del demostrado poder de estas plataformas para eclipsar al Parlamento como protagonista del debate político y, en definitiva, de la vida política.

Otra de las variables que se han constituido como un signo característico en el proceso de modernización de los Parlamentos es el conocimiento científico. Para abordarlo, es necesario partir de la siguiente base conceptual: toda política pública y cada ley poseen una dimensión científica, un conocimiento científico asociado. Así, la política informada en el conocimiento científico constituye un proceso en el cual la evidencia científica ofrecida de manera rigurosa, objetiva, contrastada, neutral e independiente es considerada como una de las fuentes de información para la toma de decisiones políticas. En el caso del Poder Legislativo, estas decisiones transitan por el ámbito del debate parlamentario, la redacción y la aprobación de leyes. El asesoramiento científico legislativo ocurre, de hecho, en un contexto político plural caracterizado por una tónica fuertemente discursiva y deliberativa. En este marco, si bien es de esperar que los grupos parlamentarios tomen decisiones políticas acordes con sus posicionamientos ideológicos, es necesario que lo hagan a partir de los datos y las evidencias que ofrece la ciencia acerca de los temas de debate.

Para hacer posible este escenario, los Parlamentos modernos se ocuparon primero de promover y generar –de manera sostenida y permanente– espacios de confluencia, de conexión, de interacción, de debate, de entendimiento y empatía entre los ámbitos de la ciencia, la política y la sociedad en general, a fin de hacer público el estado del conocimiento científico en cualquier asunto de interés social o político a legislar. La dinámica de la conexión ciencia-política-sociedad requirió además, en el contexto de modernización parlamentaria, de la implementación de ejercicios de prospectiva, que como tal posibilitaron que los legisladores pudieran documentarse acerca de los nuevos retos sociales, conocimientos científicos y disrupciones tecnológicas con el fin de identificar posibles escenarios de futuro sobre los que conviene adelantarse, y preparar legislativamente al país para un mejor aprovechamiento de las oportunidades y para prevenir riesgos en un porvenir siempre cambiante. Así, a nivel internacional son varios los Parlamentos modernos que disponen al día de hoy de herramientas de asesoramiento científico con este perfil innovador. Se trata de las Oficinas Parlamentarias de Asesoramiento Científico y Tecnológico, que se ocupan de publicar informes técnicos, realizar ejercicios de prospectiva y mediar encuentros y reuniones entre científicos, políticos y sociedad en general.

Más allá del formato en cuestión, es oportuno destacar que el asesoramiento científico legislativo no debe concebirse como un diálogo exclusivo entre élites políticas y científicas: ocurre en el centro de la soberanía popular; en consecuencia, debe servir de enlace entre la ciudadanía con el conocimiento científico y, especialmente, con el funcionamiento de las instituciones democráticas. De esta manera, el asesoramiento científico legislativo resulta un auténtico ejercicio de transparencia, que fortalece la participación ciudadana en el ámbito del Poder Legislativo, democratiza el acceso al conocimiento científico y enriquece el debate parlamentario haciéndolo amplio y mejor informado. Y especialmente, contribuye a mejorar la calidad de las instituciones democráticas, dotando al Poder Legislativo de herramientas capaces de disparar procesos de aprovechamiento y desarrollo del conocimiento en todas las áreas de la sociedad.

Recientemente, una campaña española denominada ¿Quién decide tu futuro?, destinada a concienciar sobre la importancia del asesoramiento científico parlamentario, hizo uso del lema “La ciencia no debe ser invisible a los ojos de quien gobierna”, con el cual se interpela a la sociedad y a los legisladores acerca de la transversalidad que adquiere la ciencia. En este sentido, es importante destacar que la ciencia no viene a suplantar las instituciones democráticas, sino a fortalecerlas: “la decisión última siempre es política”. El concepto de asesoramiento científico legislativo significa poner la ciencia a disposición de la sociedad, del pueblo, desde el propio interior del Parlamento, no a través de los científicos, sino de los representantes parlamentarios, para conseguir leyes más justas y democráticas.

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