José María Hernández Vallejo^[1]

El término Parlamento abierto ha implicado, tradicionalmente, una interacción entre la ciudadanía y los Poderes Legislativos para fomentar la apertura, la transparencia y garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y altos estándares de ética y probidad.

Ante las diversas realidades y contextos de los Parlamentos en el mundo y lo ambicioso del proyecto de transformación podríamos decir que no hay un diseño único para materializar la idea de Parlamento abierto. Cada órgano legislativo encontrará, de acuerdo con sus funciones y sus características específicas, las herramientas necesarias para garantizar su realización, incorporando la experiencia, las ideas más innovadoras, los recursos más recientes que aportan las tecnologías de la información y comunicación y las buenas prácticas observadas en otras partes del mundo y en todos los sectores.

Desde esta visión, en los últimos diez años, casi todas las instituciones parlamentarias del mundo han incorporado esta nueva filosofía para atender la cosa pública y han buscado colocar en el centro de su quehacer a los representados con el fin de socializar y compartir las decisiones bajo el entendido de que la democracia representativa no debe limitarse al ejercicio del sufragio, sino que las personas deben involucrarse en la acción parlamentaria y hacer que ésta responda a las necesidades de todas y todos.

Esta nueva esencia del funcionar de los órganos legislativos, en principio, busca dar respuesta, sin lugar a duda, a la crisis de confianza y de legitimidad y a una necesidad generalizada de diseñar una agenda pública más amplia, participativa y justa que incluya todas las visiones de un país y sus deseos de transformar su realidad desde un nuevo estilo de desarrollo.

La consolidación del Parlamento abierto, desde su ámbito de acción, ha continuado con su proceso evolutivo desde diversas aristas y, tal vez, una de las más importantes es la que se da a partir del contexto de la globalización cuando se entiende que el ejercicio de los poderes públicos se construye desde la interacción de lo local con lo global y lo global con lo local, lo que da paso a agendas públicas construidas desde la participación de todos los actores globales involucrados en la construcción de un mundo más justo y sostenible.

Este nuevo Parlamento abierto-Parlamento global a través de diversas funciones –que en un momento no tan lejano pasaron desapercibidas o fueron consideradas subsidiarias de las funciones principales–, como la diplomacia parlamentaria y la cooperación internacional, ha desarrollado un importante campo de acción autónomo y coordinado con los demás poderes públicos para la atención de los intereses nacionales y, a su vez, para el logro de los anhelos más apremiantes de todas las personas del mundo.

Estas funciones primordiales son el vehículo a través del cual se fortalece la relación y la acción multilateral desde el Parlamento para alcanzar importantes acuerdos, dentro de los que me gustaría resaltar los que tienen que ver con el diseño, la implementación y consolidación de las agendas globales, que son compromisos adquiridos por varios Estados en contextos internacionales, que representan hojas de ruta para alcanzar objetivos ambiciosos y se construyen a través de una amplia participación y concertación entre todos los miembros de los países, además de que tienen la ventaja de que incluyen esquemas de cooperación, alianzas y solidaridad para que todos puedan alcanzarlas. Como ejemplos representativos de ellas tenemos al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, agenda visionaria que comprende acciones para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en todas sus dimensiones.

Sin embargo, la agenda global más representativa hoy es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 2015, y que constituye un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En su diseño participaron, prácticamente, todos los gobiernos del mundo, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y los sectores privados, por lo cual cuenta con una amplia legitimidad y fuerza de acción común.

Dicha agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. En sentido estricto, solo el objetivo 16 nos habla sobre “Paz, justicia e instituciones sólidas”, lo cual estaría estrechamente vinculado con la reforma, consolidación y modernización del Parlamento como institución necesaria para la democracia. Sin embargo, en un sentido más amplio, la Agenda 2030 (y todas las demás) necesita para su implementación que todas las funciones constitucionales del Poder Legislativo se ejerzan desde una visión de compromiso amplio, innovador, participativo y eficaz, lo cual nos lleva a la necesidad de que actúe desde nuevos paradigmas: Parlamento abierto.

Aquí es donde debemos poner el acento ya que el Parlamento está llamado a cumplir, desde esta nueva filosofía de Parlamento abierto, con esta agenda desde su papel constitucional representando los intereses de todas y todos a nivel local y a nivel global; diseñando legislación y presupuestos que aceleren su implementación y realizando la función de fiscalización y control para que los gobiernos no se aparten de la ruta que los lleve a la consecución de los objetivos.

En conclusión, el Parlamento abierto es ese ente transformado y transformador que desde todas sus dimensiones y funciones es capaz de potenciar acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de todas las demás agendas globales. Es, sin miedo a equivocarme, el vehículo más fortalecido y preparado para contribuir de la mano de todas y todos al logro del desarrollo sostenible y de un mundo más justo, persiguiendo el incansable anhelo de “no dejar a nadie atrás”.

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