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Subjetividades comunitarias[1]

La diversidad como eje de la política

Alba Rueda[2]

La diversidad como eje de la política en Argentina no es una novedad, se encuentra en nuestra historia LGBT, en los feminismos, e implica un posicionamiento sobre las desigualdades basadas en la naturalización de la diferencia sexual.

En los últimos años, vivimos un enorme aporte a la calidad democrática al incorporar normativas centrales en la agenda LGBT+ y en los movimientos transfeministas, en temas como matrimonio igualitario, identidad de género e interrupción legal del embarazo. Estas legislaciones son ejemplos del resguardo estatal de intereses generales que no suponen la imposición de un arquetipo universal de sujeto. La garantía de esos derechos no implica obligación de contraer matrimonio, ni de cambiar los datos registrales, ni de interrumpir un embarazo.

La tensión de considerar subjetividades políticas como parte de aspectos normativos universales demanda el esfuerzo por sostener una vigilia crítica y desarmar modelos únicos de ciudadanía. Esta tensión obliga a advertir, toda vez que apelamos a les sujetes, qué nociones de lo humano estamos sustentando y sobre qué exclusiones se construyen. Desde esta disidencia, es posible problematizar el statu quo de muchas prácticas parlamentarias que se instituyen emulando el fantasma del sujeto moderno.

Sujeto universal

La organización estatal se basa en la figura de un sujeto jurídico construido sobre características propias de la cultura moderna. Es un sujeto erigido en la individualidad de su conciencia racional, desde la que puede actuar con plena voluntad.

Desde el siglo XIX, por lo menos, la filosofía ofrece vigorosas posiciones intelectuales en confrontación conceptual y política con esa noción paradigmática de sujeto. La corriente de pensamientos feministas se alinea en la crítica al sujeto universal advirtiendo que éste ejerce un efecto normalizador sobre las posibilidades de vida y subjetivación. Además, los feminismos agregan que la normalización se sostiene implícitamente en las características de un conjunto restringido de varones cis occidentales, adultos, blancos, heterosexuales, burgueses, capaces y magros.

Hacia la década de 1990, la crítica al sujeto es cuestionada por quienes consideran imprudente atentar contra esa idea precisamente en el momento de auge de las políticas identitarias. Lo que se señala entonces son los riesgos en la imposibilidad de forjar una identidad de sujeto que sea efectiva para la organización política. ¿Cómo pensar la representación política sin categorías identitarias fijas? ¿Cómo articular proyectos de transformación política sin la apelación a posiciones de sujeto estables? La riqueza de ese debate da lugar a interrogantes sobre el vínculo entre política y subjetividad: ¿qué aspectos de la subjetividad se constituyen en la política? ¿Es posible articular la individualidad distintiva de la subjetividad moderna en propuestas que superen los intereses particulares? ¿Cómo conciliar reclamos identitarios en una organización igualitaria, plural y diversa?

Subjetividades políticas

En Argentina, los debates sobre el sujeto se conjugan en clave de agenda feminista. Con la aprobación de la Ley de Cuotas Femeninas (24.012/91), la igualdad de género en la representación política se comprende como clave para la garantía del ejercicio ciudadano. La organización de mujeres autoconvocadas por el derecho a decidir en la Asamblea Constituyente de 1994 y la exigencia de travestis organizadas para la descriminalización de la prostitución son acontecimientos que marcan emergentes feministas en el clima de discusiones sobre sujeto, igualdad y política de aquella década. Para los primeros años de 2000, esas discusiones se fortalecen atendiendo a la interseccionalidad de los territorios. Sectores sociales donde las mujeres adultas no tenían voces igualmente legítimas, piqueteras, manzaneras de sectores populares cuestionan el sesgo sexista, el racismo y clasismo de las políticas estatales. Estas críticas habilitan el resquebrajamiento de la tradición de las políticas públicas y su transformación hacia una que permita desjerarquizar los géneros y fortalecer el entramado de organizaciones sociales.

La acción parlamentaria debe entenderse en la amplificación de las voces de les destinataries de las políticas, quienes viven históricamente en los márgenes de la administración pública, de la economía y de la institucionalidad. Esto implica que el Estado en su conjunto defina una nueva lógica que posibilite el protagonismo de quienes construyen las agendas. La participación de todos los sectores subalternizados es imprescindible en la representación política: no solo son voces a ser escuchadas, sino que son partícipes actives de esa construcción. La representación política debe adquirir esa significación: les destinataries son actoris de las políticas.

Una nueva lógica estatal exige también una reforma judicial que acabe con la criminalización de la pobreza y el punitivismo penal que oprime principalmente a la población travesti-trans. Esto incluye no solo las violencias más inmediatas de la vida pública sino también las violencias institucionales, todos los mecanismos por los que las instituciones del Estado quiebran la igualdad entre las personas. La mención en la Ley de Identidad de Género (26.743/12) de la garantía de trato digno advierte sobre la violación a derechos fundamentales que suponen procesos típicos y habituales como la judicialización, la criminalización y la patologización de las personas travestis y trans.

Interseccionalidad transfeminista

Las propuestas de la quinta ola del feminismo aportan sentidos de lo popular y lo comunitario que permiten reconocer las intersecciones de clase, etnias, racialización y territorios que condicionan a les sujetes. Los transfeminismos populares enriquecen las nociones de subjetividades y ciudadanía al poner en primer lugar la diversidad de nuestros cuerpos.

Desde la perspectiva de la diversidad, es ineludible situar toda acción parlamentaria y política desde las múltiples intersecciones de la desigualdad social. Esto implica asumir lo comunitario en la integración de redes y organizaciones LGBTI+, considerar la soberanía de los cuerpos en la responsabilización de la criminalización racista y pensar la paridad en términos que superen el binarismo sexogenérico blanco del lenguaje estatal. La perspectiva de la diversidad opera en una transformación de la lógica estatal en función de posibilitar el movimiento subjetivo desde la autopercepción –personal, íntima, individual– hacia la autodeterminación –política, jurídicamente resguardada, colectiva–.

Pensar las subjetividades hoy, desde el compromiso con la igualdad democrática y la perspectiva de la diversidad, requiere actuar en la ambivalencia. Desde este posicionamiento, atender a la relación entre las subjetividades y la política implica, por una parte, resguardar el reconocimiento de les sujetes que forman parte de la comunidad humana. Y, por otra, admitir en el mismo acto las posibilidades de exclusión de quienes no se ajustan a la norma que da sentido a lo humano. La perspectiva de la diversidad invita a pensar y construir en esta ambivalencia para advertir y reparar los efectos excluyentes de las nociones de humanidad, sabiendo que todo vacío político implica el riesgo de hacer lugar a la violencia y a la marginación y, en definitiva, ejerce un atentado contra las posibilidades democráticas.


  1. Este trabajo no podría haberse llevado a cabo sin la colaboración y el compromiso de Malena Costa, a quien le agradezco mucho su inagotable pedagogía.
  2. Activista trans. Es subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Es integrante de Noti Trans y Mujeres Trans Argentina. Es investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini e integrante del Consejo Asesor del Observatorio de Género en la Justicia, Consejo de la Magistratura de CABA.


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