Alejandra Saudino^[1] y Sofía Ema Balestrini^[2]

El camino hacia la igualdad de género no es una meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un nuevo modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que reconozca a todas las personas, independientemente de su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio.

 

PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 1995

Incorporar la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas y en la labor parlamentaria es una necesidad que se ha tornado imperativa en la agenda política. Lejos de ser simplemente un tema de actualidad, es una invitación a observar y a examinar en profundidad el complejo entramado de nuestra sociedad y a cambiar la mirada en la búsqueda de soluciones inclusivas e igualitarias. Legislar con perspectiva de género no se limita a solucionar los problemas de las mujeres, las identidades feminizadas y las diversidades, sino que requiere la aplicación de los principios de igualdad de trato y oportunidades para todas las personas, y la deconstrucción de las estructuras tradicionales de la sociedad mediante el diseño de herramientas que equilibren las desigualdades y contribuyan a construir un nuevo contrato social libre de estereotipos y roles basados en el género. Borrar las causas de la discriminación es esencial para tener una comunidad mejor en términos de calidad de vida para todas las personas. Es un trabajo y una construcción que llevará generaciones y requiere del motor y el impulso institucional del Estado.

Los Parlamentos, en todos los niveles de poder, deben adoptar un rol activo en este trabajo. Es necesario desplegar una actividad inclusiva en todos sus ejes de manera transversal. La incorporación del enfoque de género involucra a todo el quehacer parlamentario, es transversal a toda la agenda pública.

Planteadas estas bases, cabe preguntarse: ¿para qué legislar con perspectiva de género? Una primera aproximación nos lleva a preguntarnos: ¿somos una sociedad viable en términos de desarrollo si una parte de la población no alcanza estándares mínimos de derechos y calidad de vida? Una vida sin violencia, recursos económicos para satisfacer las necesidades esenciales, igualdad de oportunidades, de trato y de derechos, un ambiente saludable que permita el desarrollo de la persona y su familia, todo ello forma parte de la idea de lograr un desarrollo sostenible que, en palabras de las Naciones Unidas, es “el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones…”.

Alcanzar la igualdad para todas las personas, eliminar la discriminación, equilibrar los roles, disolver los estereotipos son imperativos para tener una sociedad plena, inclusiva, igualitaria y con desarrollo sostenible. En ese marco, legislar con perspectiva de género se torna una necesidad primordial para el Estado, si queremos alcanzar un desarrollo homogéneo y equitativo.^[3]

¿Cómo incorporar la perspectiva de género al ámbito parlamentario?

La tarea implica principalmente cambiar la mirada y visibilizar la situación de mujeres y de todo el colectivo de las diversidades. Se trata de buscar soluciones inclusivas e igualitarias y de regular situaciones y relaciones que requieren ser balanceadas, para que la persona a la que va dirigida la disposición reciba un trato digno, igualitario y no discriminatorio. Es un mecanismo para corregir desigualdades en los vínculos y superar –mediante su identificación previa– los estereotipos, las relaciones y los roles de género de nuestra sociedad; así, tiene como objetivo la equidad.

Los procesos de socialización y la organización social han sentado las bases para una reproducción de asimetrías entre los géneros, puesto que se ha ubicado a los varones, mujeres y diversidades en un diferente estatus social. En ocasiones, la legislación presenta una “ceguera” de género. Esto significa que no tiene en cuenta los mandatos sociales y las expectativas puestas sobre cada persona de acuerdo con una identidad de género que puede no sentir como propia. Esta ceguera condiciona el acceso a las políticas y proyectos legislativos. Legislar con perspectiva de género es contemplar que las relaciones sociales son jerarquizadas, otorgan privilegios y posicionan a un género por sobre otro. Incorporar este enfoque aumenta la representatividad al reconocer que existen diversas subjetividades que tienen diferentes deseos y necesidades.

La incorporación de las amas de casa sin aportes al Régimen de Jubilaciones y Pensiones es un claro ejemplo de aplicación de la perspectiva de género que replantea una norma o política de Estado. Hoy, pasados quince años desde su implementación, solo el 11,2% de las mujeres en edad jubilatoria cuentan con más de 20 años de aportes.^[4] Estos datos permiten apreciar las brechas existentes en el mercado laboral que impiden el acceso igualitario a las prestaciones de la seguridad social derivadas del trabajo formal. Valorar los posibles efectos de la medida contribuye a la eficacia de la legislación, ya que contar con información desagregada facilita la evaluación concreta del impacto que la norma tendrá en su aplicación y facilita ex ante el replanteo de la iniciativa para darles lugar a situaciones que quizás no estaban planteadas en el diseño del proyecto, como en el mencionado caso de las jubilaciones de amas de casa. Realizar este análisis de la legislación contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de todo el proceso legislativo. También permite a los actores no gubernamentales monitorear el desempeño del gobierno en diversas áreas y exigir responsabilidades a los funcionarios públicos en el cumplimiento de la legislación sancionada.

En resumen

Cuando se legisla con perspectiva de género se producen efectos de gran impacto. Al superar las brechas mediante una nueva regulación, se genera una fuerte reasignación de derechos, obligaciones e incentivos y se posibilita la transformación cultural a través de normas de nueva generación. Las normas que acompañan la transformación cultural de la sociedad y que promueven la ampliación de derechos suponen una mayor motivación para las personas a cumplir con su contenido en la medida que producen una identificación en la disposición.

Ahora bien, ¿estamos preparados y preparadas como sociedad para llevar adelante la transformación cultural que exige alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo? ¿Qué acciones podemos imaginar para que nuestro Parlamento inicie la tarea? Modificar reglamentos, crear unidades técnicas especializadas, capacitar, establecer mecanismos, producir nuevas reglas y sensibilizar son algunas de ellas. ¿Tiene nuestro Congreso la decisión política de concretarlo? ¿Contamos puertas adentro con una cultura inclusiva que posibilite la transversalización de la labor parlamentaria en todas sus etapas? Como muestra destacamos que al día de hoy no contamos con una ley que regule los presupuestos públicos con perspectiva de género, que establezca el derecho de la ciudadanía a acceder a información plena acerca de las políticas públicas destinadas a cerrar brechas de desigualdad y los recursos que se le asignan con ese fin. Tarea para el hogar, que sin dudas constituirá un paso fundamental en el proceso de legislar con perspectiva de género.