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La representación política
en el siglo XXI: de la ciudadanía universal a la representación de grupo

Leticia Vita[1]

I. Delimitación conceptual

La noción de representación política aplica tanto al régimen político en su conjunto (la democracia representativa) como a una institución política en particular (el Parlamento) (Cotta, 1993). Desde la perspectiva de la teoría política lo primero nos remite al célebre texto ¿Qué es el tercer Estado?, escrito por Emmanuel Sieyès en 1789. Allí realiza la operación de pasar de la (no susceptible de representación) voluntad general roussoniana a una voluntad nacional que va de la mano del derecho de todo ciudadano a ser representado, y a que su representación no sea “una fracción de la representación de otro” (Sieyès, 2003: 112).

Cuando nos referimos, en cambio, a la representación en un sentido restringido, ponemos el foco en la institución política representativa por excelencia: las asambleas parlamentarias. Estas han sido vistas como el ámbito más proclive para ejercer la representación, ya que permiten reflejar la pluralidad de quienes son representados. La llamada “presidencializacion” de las democracias, predominio de la figura del Ejecutivo por sobre la del Legislativo, no estaría dando lugar aesa diversidad, lo que agrava el déficit democrático (Rosanvallon, 2015).

Etimológicamente, el concepto nos remite a hacer presente algo faltante. En esa línea, se inscriben la idea de evocación simbólica y de representación como espejo, que son algunas de las dimensiones del concepto de representación que identifica el trabajo clásico de Hanna Pitkin (1967). Por la primera, quien representa puede ser tanto una persona individual, como un Parlamento. Evoca una unidad. Por la segunda, se trata de reproducir las características de quienes son representados en sus representantes. Aquí es donde cobran importancia las discusiones sobre qué características son las que deben ser reproducidas (Cotta, 1993) y cómo es posible hacerlo. Ya sea desde el punto de vista sociológico (la representación de clase, estatus, etnia y género), como desde la representación de opiniones particulares (en cuya tarea los sistemas electorales proporcionales han sido la herramienta predilecta).

Otras dimensiones de la idea de representación política reconocen una filiación jurídica, ya que responden al modelo de representación del derecho privado. Son la representación como cesión de autoridad o formalista (en la que las acciones del representante valen por las del representado), la representación que implica la responsabilidad del representante (dimensión procedimental o accountability) y la representación como actuación en interés de alguien que no puede actuar por su cuenta (Pitkin, 1967). En estas últimas, la actuación se define (y limita) por el interés del representado. Allí se ubican las nociones más liberal-democráticas de la representación política. En la idea de representación como cesión de poder, en cambio, las de corte autocrático.

II. ¿Ciudadanía universal o representación de grupo?

Entre las discusiones más recientes sobre nuestra manera de entender la representación democrática se encuentra la planteada por la teórica política feminista Iris Marion Young (1996). Ella nos invita a repensar la idea de ciudadanía universal que organiza nuestras instituciones. Según esta, al ejercer su ciudadanía, todos los ciudadanos/as deberían asumir el mismo e imparcial punto de vista, que trasciende todos los intereses, perspectivas y experiencias particulares.

Para Young esto es un mito, ya que las personas “necesaria y correctamente consideran los asuntos públicos en términos influidos por su experiencia y su percepción de las relaciones sociales” (Young, 1996: 106). Diferentes grupos sociales tienen disímiles necesidades, culturas, historias, experiencias y percepciones de las relaciones sociales que intervienen en su razonamiento político.

El problema de la ciudadanía universal es que en la práctica, sostener que la ciudadanía es la misma para todos se traduce en el requisito de la homogeneidad, lo que necesariamente es excluyente. Sobre todo en sociedades desiguales. Allí donde algunos grupos son privilegiados mientras otros están oprimidos, seguir insistiendo en que las personas asuman un punto de vista general refuerza los privilegios de clase, género, etnia, etc., puesto que las perspectivas e intereses de los privilegiados tenderán a dominar la discusión pública.

Así, Young recupera los trabajos de Jane Mansbridge (1976) en los que analiza el funcionamiento de las asambleas y reuniones de un gobierno municipal de Nueva Inglaterra y observa cómo las mujeres, las personas negras, las personas de clase trabajadora y las personas pobres tienden a participar menos y por lo tanto, a tener menos representados sus intereses que los hombres blancos y profesionales de clase media, aun cuando todos tengan el mismo derecho de participar y tomar la palabra. La premisa por la universalidad no contempla que algunos grupos están más acostumbrados a interrumpir, argumentar en público, o que simplemente se sienten con autoridad para monopolizar el debate.

Este y otros ejemplos demuestran que cuando las estructuras democráticas, en las que se incluyen los Parlamentos, definen a la ciudadanía en términos universales y unificados, tienden a reproducir la opresión grupal existente. La manera de modificarlo es bregar por un ámbito y un sector público heterogéneos, en los que las diferencias se reconozcan y acepten como irreductibles. El llamado es a resolver la “paradoja de la democracia”, según la cual el poder social hace a algunos/as ciudadanos/as más iguales que otros/as y, en paralelo, la igualdad de ciudadanía convierte a algunas personas en ciudadanos/as más poderosos/as.

Young propone pensar en medios institucionalizados para el reconocimiento y la representación explícita de los grupos oprimidos. La única forma de lograr que se expresen, escuchen y tomen en consideración todas las experiencias y perspectivas sociales es tenerlas específicamente representadas en el sistema de gobierno. La representación de grupo es, así, la mejor forma de promover resultados justos en los procesos democráticos de toma de decisiones. Al mismo tiempo, maximiza el conocimiento expresado en la discusión porque promueve la “sabiduría práctica”, ya que los miembros de diferentes grupos sociales saben cosas diferentes y aportan visiones diversas a la discusión política.

La representación específica de grupos, finalmente, no remplaza las estructuras de representación regional de partido, sino que coexiste con ellas. Tampoco es necesaria siempre. Esto debería contemplarse cada vez que la historia y la situación social del grupo proporcionen “una perspectiva particular sobre estos asuntos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros y, (…) cuando sea improbable que sus percepciones e intereses puedan expresarse de no contar con dicha representación” (Young, 1996: 116).

III. La diversidad y los desafíos a la representación política en el siglo XXI

El dilema planteado es una las aristas centrales de una disyuntiva a la que se enfrenta la representación política en la actualidad y que tiene que ver con repensarse en la diversidad: ¿cómo representar lo que no es homogéneo? ¿Qué mecanismos institucionales fomentan la representatividad? ¿Qué se representa y qué se juega cuando eso no es representado?

No es casual que el planteo por una ciudadanía diferenciada de Young provenga de una concepción feminista acerca de la política y el Estado. La teoría feminista contemporánea ha hecho contribuciones fundamentales para reformular el debate de las “promesas incumplidas” de la democracia. Ha cuestionado marcos teóricos que, aunque muy progresistas, partían de las mismas premisas universalistas y homogeneizantes. Repensar la representación desde quienes no son representadxs por los marcos institucionales hegemónicos es, tal vez, uno de los mayores desafíos pendientes.

En el plano global, pero especialmente en el local, el movimiento feminista ha demostrado que cuando la representación política es deficitaria, la voz de las personas afectadas llega igual a los recintos deliberativos. Más tarde o más temprano se hace escuchar. El aprendizaje que generan estos procesos y la posibilidad de atender a nuevos marcos de sentido de la idea de representación es, sin duda, todavía una tarea pendiente.

Bibliografía

Cotta, Maurizio (1993). “Parlamentos y representación”, en Pasquino, Gianfranco (comp.), Manual de ciencia política, Madrid, Alianza Editorial.

Mansbridge, Jane (1976). “Conflict in a New England Town Meeting”, The Massachusetts Review, 17 (4), 631-663.

Pitkin, Hanna Fenichel (1967). The concept of representation, Berkeley, University of California Press. Versión en español: (1985). El concepto de representación política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.

Rosanvallon, Pierre (2015). El buen gobierno, Buenos Aires, Manantial.

Sieyès, Emmanuel (2003). ¿Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios, Madrid, Alianza.

Young Iris Marion (1996). “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal”, en Castells, Carme (coord.), Perspectivas feministas en teoría política, pp. 99-126.


  1. Abogada y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Derecho por la misma universidad. Es profesora regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET e investigadora formada del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales A. L. Gioja, de la Universidad de Buenos Aires.


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