Ana Irene Rovetta Cortés
Política diseñada para gestionar el arribo y el proceso de adaptación inicial de población desplazada forzosamente, implementada en algunos estados occidentales sobre la base de argumentos humanitarios y económicos. Consiste en una colaboración entre, por un lado, representantes y trabajadores del Estado y, por otro, grupos de ciudadanos y/o representantes de organizaciones de la sociedad civil (a menudo religiosas). Dicha colaboración público-privada estriba en que los primeros conceden un permiso de entrada y residencia a la población desplazada, y los segundos, los denominados “patrocinadores”, la reciben, le facilitan una primera vivienda, ayuda en los gastos iniciales de manutención y acompañamiento en el proceso de inserción laboral/educativa durante un período de tiempo, generalmente, pre-acordado.
El patrocinio de refugiados ha sido definido en la literatura especializada como una ruta privatizada de reasentamiento, apoyo e integración y también como una vía complementaria de admisión de refugiados. La primera definición ha sido predominante en países como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, donde la población desplazada patrocinada ha obtenido, desde su ingreso al territorio, el estatuto de refugiado, un permiso de residencia permanente y acceso a los mismos derechos que los demás residentes del país. La segunda acepción ha prevalecido en países de la Unión Europea, en los cuales la población admitida no ha recibido, automáticamente, ni reconocimiento de refugio ni permiso de residencia permanente, lo que ha repercutido en un acceso diferencial a sus derechos.
Con frecuencia, el concepto patrocinio de refugiados ha ido acompañado de uno de los siguientes adjetivos: privado o comunitario. El primero altera, según Macklin y colaboradores (2018), el sentido original del término para aludir, no al sector privado o empresarial, sino a colectivos sin ánimo de lucro conformados ad hoc con el fin de facilitar la llegada y adaptación de la población desplazada. El segundo evoca, a lo Tönnies, la idea de una sociedad receptora armoniosa, conformada por un conjunto de personas que comparten valores y creencias. Si bien ambos calificativos pueden problematizarse, el segundo –cada vez más extendido en la literatura especializada– resulta particularmente controvertido, pues éste oculta, bajo un manto de cohesión social, tanto las asimetrías de poder entre las personas patrocinadas y las patrocinadoras, como las motivaciones o intereses políticos, morales, afectivos y/o económicos que pueden guiar el accionar de éstas últimas.
El primer país en vincular el patrocinio con el refugio, en diseñar y en implementar este tipo de estrategia fue Canadá. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, grupos de ciudadanos canadienses y representantes de organizaciones religiosas (en su mayoría judeo-cristianas) comenzaron a promover y financiar el arribo de algunos refugiados (principalmente europeos), y dicha práctica quedó formalmente respaldada (y ampliada a población de otras procedencias) con la aprobación de la Ley de Inmigración de 1976. Desde entonces, esta iniciativa se ha mantenido y han llegado al país más de 327.000 personas por esta vía. El segundo país en lanzar un programa de patrocinio fue Australia, en 1979. Dicha iniciativa estuvo en vigor durante veinte años y favoreció el arribo de unas 30.000 personas.
A lo largo de la última década han ido apareciendo, a veces con intermitencia o por tiempo limitado, nuevos programas de patrocinio de refugiados en Alemania, Suiza, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, Francia, Bélgica, España, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Con la excepción de Alemania, que recibió a más de 23.000 personas, y de Suiza, Portugal e Italia, que superaron el millar de llegadas, el resto ha permitido el patrocinio de menos de 500 personas en sus territorios.
Esta proliferación de políticas de patrocinio ha estado influenciada, en parte, por la promoción internacional que siguió a la Asamblea General de ONU de 2016, en la que se adoptó la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes y se crearon: la Iniciativa Global de Patrocinio de Refugiados (GRSI por sus siglas en inglés) y el Mecanismo de Apoyo Conjunto para Países de Reasentamiento Emergentes (ERCM).
Una revisión de la literatura existente permite: (a) identificar que la mayor cantidad de estudios sobre el patrocinio de refugiados se ha publicado en Canadá y (b) distinguir dos perspectivas ante el patrocinio. Por un lado, se encuentran los escritos de quienes denomino “defensores” y, por otro, los de los “detractores”. Si bien los textos científicos e institucionales no siempre reflejan la posición de quienes los escriben, propongo esta distinción por tratarse de investigaciones comprometidas con una causa: lo que en inglés se conoce como advocacy research.
La postura predominante es, sin lugar a duda, la de defensa de este tipo de iniciativas (entre otros: Bond y Kwadrans, 2019; Macklin et al., 2018; Alfaro y Lettieri, 2017). El principal beneficio del patrocinio se plantea en términos de compromiso cívico. Quienes respaldan el patrocinio de refugiados sostienen que éste habilita y promueve el involucramiento y la participación de los integrantes de la sociedad civil (occidental) ante las “emergencias humanitarias” que provocan las actuales “crisis de los refugiados”.
Dicho argumento es acompañado por otro en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Alemania (entre 2013 y 2018) y Argentina (entre 2014 y 2019): aquel conocido como “nominación privada” (Labman, 2016). Esta consiste en que son los propios patrocinadores, y no los representantes de los Estados receptores, quienes seleccionan a quién(es) desean recibir y acompañar. Cabe matizar, sin embargo, que tal selección acata los criterios impuestos por los representantes políticos de estos Estados. Es decir, tal y como ocurre en los demás países, existen condicionantes a la hora de permitir el acceso al territorio de población con necesidad de protección internacional, en función de características tales como la nacionalidad de origen (pudiéndose patrocinar, por ejemplo, prioritaria o únicamente a nacionales de determinados países, como Siria o Irak) y/o en función de características sociodemográficas específicas (como la edad, el género, la composición familiar, la confesión religiosa, el grado de vulnerabilidad, el dominio del idioma y/o la experiencia laboral).
Finalmente, los defensores canadienses del patrocinio de refugiados han señalado como ventajoso el llamado “principio de adicionalidad”, que consiste en añadir, a la cifra total de individuos reasentados estipulada cada año por el gobierno, una cifra igual o menor de personas patrocinadas; algo que no se ha cumplido en los demás países que han implementado este tipo de iniciativas.
Los detractores del patrocinio (entre otros: Good Gingrich y Enns, 2019; Ritchie, 2018; Indra, 1993) argumentan en su crítica que éste es un mecanismo de privatización de la responsabilidad estatal que promueve un modo particular de compromiso cívico, basado en la caridad. La premisa es que, con el patrocinio, se ayuda a quienes sufren, pero no se promueve un análisis estructural sobre las causas políticas, económicas o de otra índole del padecimiento de quienes se ven forzados a desplazarse y, por tanto, no se aborda el origen del problema.
A través de estas iniciativas se contribuye, además, según estos autores, a la localización y a la despolitización de la consciencia. El foco de la atención se centra en el accionar de diversos actores de la sociedad civil de los países de destino, considerando que éste contribuye a solucionar un problema internacional (el del aumento de desplazamientos), sin contemplar, entre otros, los nexos e intereses geopolíticos y económicos entre los Estados de origen y destino.
Desde esta perspectiva crítica se reprueba también el carácter moral de los programas de patrocinio y su repercusión en la capacidad de agencia de la población a la que se dirigen. Pues es frecuente que quienes se encuentran en zonas de conflicto o en campos de refugiados, sin recursos para emprender autónomamente un desplazamiento, anhelen ser trasladados a países occidentales y, sabiendo que los procesos de selección para ser patrocinados dependen en gran medida de la compasión ajena que puedan despertar, perciben que deben presentarse como víctimas merecedoras de dicha conmiseración y no como seres con derechos y capacidad de reclamarlos.
En el contexto latinoamericano, el primer país en lanzar un programa de patrocinio de refugiados fue Argentina. Lo hizo en 1979, durante la dictadura militar de Videla. Si bien otros autores han calificado el programa de refugio para población del sudeste asiático que lanzó el gobierno golpista como un programa de reasentamiento (Bond y Kwadrans, 2019), su diseño encaja mejor en la definición de patrocinio de refugiados debido a que el ingreso al territorio de población procedente de Laos, Camboya y Vietnam se basó en una colaboración entre los militares golpistas y representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y ciudadanos y empresarios argentinos a quienes se les pidió la provisión de alojamiento y trabajo (Dirección Nacional de Población, 2012).
El siguiente programa argentino para el patrocinio de refugiados se propuso en 2014 y se destinó, en exclusiva, a población afectada por el conflicto armado en Siria (Organización Internacional de las Migraciones, 2019; Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, 2018). Esta iniciativa de patrocinio ha sufrido numerosas modificaciones en su normativa (Disposiciones DNM 3915/2014, 4499/2015, 4683/2016 y 1025–2019), pasando, gradualmente, de permitir el patrocinio únicamente de familiares de ciudadanos sirios a autorizar que sean personas, organizaciones de la sociedad civil, congregaciones religiosas, gobiernos provinciales y/o empresas quienes faciliten el ingreso y primer año de adaptación de los recién llegados. Si bien este programa continúa en vigor -pues su duración está entrelazada con el cese del conflicto en Siria-, desde que se declarara el inicio de la pandemia COVID-19, el arribo de población desplazada se encuentra paralizado.
Recientemente, en mayo de 2022, el gobierno argentino ha lanzado una nueva propuesta, un programa para personas mexicanas, centroamericanas y caribeñas desplazadas por desastres socio-naturales a quienes pueden patrocinar entidades (empresas, congregaciones, universidades…) inscritas en el Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros (Disposición DNM 891/2022).
En lo relativo al alcance de los dos programas de patrocinio anteriores, cabe destacar que, a través del programa de refugio para población del sudeste asiático, arribaron al país unas 1300 personas entre 1979 y 1981, y, a través del programa de visado humanitario para población siria, llegaron 481 personas entre 2014 y 2020. En ambos casos, la población recibió permisos de entrada y residencia temporaria renovables.
Si bien el programa argentino de patrocinio para población siria precedió la campaña de promoción global del patrocinio de refugiados de Naciones Unidas de 2016, una vez que la misma arrancó, éste comenzó a contar con apoyo financiero y técnico de la GRSI, el ERCM y la Unión Europea. Dicho apoyo fue coordinado por representantes del ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que procedieron a publicitar este mecanismo en países vecinos, como Brasil, Chile o Uruguay. Debe advertirse, no obstante, que en dichos países, a diferencia de Argentina, se encuentran en vigor programas de reasentamiento (públicos) a los que pueden acceder, sin necesidad de patrocinadores, personas desplazadas forzosamente con procedencias más variadas.
Bibliografía
Alfaro M. y Lettieri, M. (2017). In search of sustainable refugee resettlement solutions for Latin America. Revista Jurídica de Buenos Aires, 42(95), 229–244.
Bond, J. y Kwadrans, A. (2019). Resettling refugees through community sponsorship. Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 35(2), 86–108.
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Dirección Nacional de Población (2012). Refugiados del sudeste asiático en la Argentina: 30 años de historia. Recuperado de: https://mininterior.gob.ar/poblacion/pdf/Documento07.pdf
Figari Costa, N. y Penchaszadeh, A. P. (2017). Protección internacional e integración local en Argentina hoy. Contrastes entre los programas de visados humanitarios y el sistema de asilo. Revista Jurídica de Buenos Aires, 42(95), 273–292.
Good Gingrich, L. y Enns, T. (2019). A reflexive view of refugee integration and inclusion: A case study of the Mennonite Central Committee and the private sponsorship of refugees program. Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 35(2), 9–23.
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Indra, D. M. (1993). The spirit of the gift and the politics of resettlement: The Canadian private sponsorship of Southeast Asians. En V. Robinson (Ed.) The international refugee crisis (pp. 229–254). Londres: Palgrave Macmillan.
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Macklin, A.; Barber, K.; Goldring, L.; Hyndman, J.; Korteweg, A.; Labman, S. y Zyfi, J. (2018). A preliminary investigation into private refugee sponsors. Canadian Ethnic Studies, 50(2), 35–57.
Organización Internacional de las Migraciones (2019). Memoria institucional Programa Siria 2014-2019. Recuperado de: https://www.migrationportal.org/es/resource/memoria-institucional-programa-siria-2014-2019/
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