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Securitización de las migraciones

Andrés Pereira y Eduardo Domenech

Los esfuerzos de conceptualización sobre la securitización de las migraciones provienen de la reflexión y el estudio críticos de las transformaciones sociopolíticas acontecidas a nivel mundial con el final de la Guerra Fría y la disolución de la URSS. En particular, la categoría fue producida en el marco del proceso de producción política de la migración como asunto de seguridad a nivel internacional y en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios y fronterizos en la zona del Atlántico Norte, tanto en los Estados Unidos y Canadá como en la Unión Europea. En América Latina su adopción y uso varía de acuerdo con las características que asumen las políticas migratorias y con las diversas formas que ha adoptado la producción de desigualdad y violencia contra los/as migrantes en cada país o región. En términos generales, en México y Centroamérica ha sido utilizada para dar cuenta de la externalización de la política de control fronterizo de los Estados Unidos y de las experiencias de desaparición, secuestro y muerte de migrantes en su itinerario hacia el Norte. En Sudamérica, con algunas excepciones, el uso de la categoría está asociado a los cambios en las políticas migratorias nacionales, especialmente a partir del llamado “giro a la derecha”. En la región prevalece una utilización genérica del término para denotar esquemas de regulación de la migración asociados a la “seguridad nacional” y vinculados con procesos y prácticas de criminalización de la migración.

La securitización de las migraciones como concepto es producto de la renovación del campo de los estudios de seguridad a partir de la incorporación de nuevas “inseguridades” como objeto de análisis durante la década de los noventa, en particular en la disciplina de las Relaciones Internacionales (Huysmans y Squire, 2009). Cualquier posible conceptualización sobre la securitización de la migración varía según el modo de pensar la seguridad. De acuerdo con algunos desarrollos críticos como los de Didier Bigo, la terminología de la seguridad no posee un significado intrínseco o fijo, sino que es un constructo social y políticamente central en las luchas por las decisiones políticas y la justificación de las prácticas de vigilancia, control, castigo y protección (Bigo, 2008). Bigo propone la terminología de la (in)securitización para remarcar que la seguridad es resultado de un proceso de securitización como de insecuritización y para evitar lecturas de la seguridad e inseguridad en los términos de una oposición atrapada en el binomio positivo/negativo.

En algunas formulaciones tempranas sobre la construcción política de la migración como una cuestión de seguridad, la securitización de las migraciones es entendida como un efecto estructural de una multiplicidad de prácticas desplegadas por diversos actores sociales, profesionales y políticos involucrados en dicho proceso (Huysmans, 2000). Otras contribuciones han destacado el papel de la política simbólica en la producción de la securitización de las migraciones y la transformación de las lógicas y mecanismos de control y vigilancia de las migraciones, además de la aparición de nuevas estrategias discursivas y creaciones semánticas (Ceyhan y Tsoukala, 2002). Una de las principales cuestiones que ha sido identificada como central en los estudios sobre los procesos contemporáneos de securitización de la migración es la “migración ilegal” y su producción como amenaza, riesgo, temor o intranquilidad.

Uno de los textos más influyentes sobre la securitización de las migraciones es un artículo de Didier Bigo donde desarrolla lo que llama la gubernamentalidad de la inquietud, publicado en inglés en 2002. Según su planteo, la securitización de la inmigración es una tecnología política, usada como un modo de gubernamentalidad por diversas instituciones para jugar con el malestar (o favorecerlo si aún no existe), así como para afirmar su rol como proveedores de protección y seguridad y enmascarar algunos de sus errores (Bigo, 2002). Para Bigo, asumiendo la noción bourdesiana de campo, la securitización de las migraciones se produce en la intersección entre ciertos “actos de habla” de profesionales de la política que consiguen imponerse, la movilización que crean a favor o en contra de ciertos grupos de personas y el campo específico de los profesionales de la seguridad (policías, gendarmes, agentes de servicios de inteligencia, militares, proveedores de tecnologías de vigilancia y expertos en evaluación de riesgos). Contempla, asimismo, toda una gama de prácticas administrativas (como perfiles de población, evaluación de riesgos, cálculos estadísticos, creación de categorías, etc.) y el habitus del “profesional de la seguridad” con su ethos del secreto y preocupación por la gestión del miedo o malestar (Bigo, 2002).

El desarrollo teórico y empírico del concepto de securitización de las migraciones se originó entre principios y mediados de la década de 1990 a través de un proceso de vinculación dinámico y constructivo entre redes de investigadores y académicos que por diversos motivos fueron categorizadas de manera simplificada y reduccionista como las “escuelas” de Copenhague, Aberystwyth y París (Bigo y McCluskey, 2018; Collective CASE, 2006). Aunque este modo de nombrarlas parece amplificar las diferencias y diluir el trabajo conjunto entre las “escuelas”, lo cierto es que los debates y discusiones comunes enriquecieron una postura constructivista en relación con la (in)seguridad que abría el juego a otras disciplinas y enfoques más allá del neorrealismo y neoliberalismo predominante en la disciplina de las Relaciones Internacionales (Bigo, 2008).

Las primeras discusiones que dieron origen al concepto de securitización tuvieron lugar en Copenhague, en 1994, en torno a un documento de trabajo del Copenhagen Center y en París, en 1996, a través de un debate en el que Pierre Hassener y Didier Bigo discutieron en torno a un texto presentado por Ole Wæver (Bigo y McCluskey, 2018). Dos años después se publicó el libro “On Securitiy”, editado por Ronnie Lipschutz, donde Ole Wæver conceptualizaba la securitización como speech act o acto de habla (Wæver, 1995). Unos años más tarde, en 1998, Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde publicaron “Security. A New Framework for Analysis”, en el que unen la perspectiva sobre los actos de habla y los sectores de seguridad (Buzan, Weaver y de Wilde, 1998). Por otra parte, desde principios de la década de los noventa, Ken Booth y Wyn Johnes también participaron en la discusión de estas redes de académicos a través de una propuesta que entendía la seguridad como un proyecto de emancipación humana (Collective CASE, 2006).

Asimismo, en Francia, entre los años 1997 y 1998, la revista multidisciplinar Cultures & Conflits, creada en 1989 por Didier Bigo, publicó un dossier titulado “Contrôles: frontières, identités. Les enjeux autour de l’immigration et de l’asile” y otro sobre “Sécurité et immigration”. Algunos de los artículos publicados indagaban los modos a través de los cuales las migraciones en Europa eran construidas como un problema de seguridad (Bigo, 1998; Ceyhan y Tsoukala, 1997). Dos años más tarde, Jef Huysmans publicó un artículo sobre la securitización de la migración en la Unión Europea que obtuvo una importante circulación (Huysmans, 2000).

El atentado del 11S a las Torres Gemelas en el año 2001 se constituyó en un acontecimiento que propició el desarrollo de nuevas intervenciones académicas en relación con la securitización de las migraciones. Las discusiones, intercambios y coincidencias entre las redes de investigadores permitieron una consolidación institucional con la creación del colectivo Critical Approaches to Security in Europe (CASE) en 2006. Al año siguiente Dider Bigo y Rob Walker crearon la revista International Political Sociology, la cual constituyó un espacio propicio para la posterior conformación del enfoque denominado como PARIS o Political Anthropological Research for International Sociology. Se trata de una mirada crítica sobre la (in)seguridad en la que convergen perspectivas de la antropología, la sociología y la ciencia política, y a través de la cual se vinculan investigadores de diferentes partes del mundo (Bigo y McCluskey, 2018).

Los estudios críticos de la seguridad comparten en términos generales una perspectiva constructivista sobre los fenómenos sociales. Sin embargo, la diversidad de herramientas teóricas y presupuestos epistemológicos desde los que se posicionan los académicos es reflejada en distintas perspectivas o modos de comprender la noción de la securitización de las migraciones internacionales. En este sentido, existen al menos dos grandes grupos de investigaciones: las que se fundamentan en el análisis discursivo y aquellas que han incorporado otras dimensiones materiales vinculadas a las prácticas de diferentes actores burocráticos, los saberes y las tecnologías de vigilancia (Walters, 2010).

Una primera perspectiva entiende la securitización como un acto de habla, desplegado por actores políticos con autoridad para convertir las migraciones internacionales en una “amenaza existencial” a las identidades colectivas o grupales (por ejemplo, a la identidad nacional) y producir así una respuesta política extraordinaria que es aceptada por la “audiencia” (Wæver, 1995; Buzan, Wæver y de Wilde, 1998). Este modo de comprender la securitización de las migraciones otorga, por un lado, una función destacada a la performatividad del lenguaje y, por el otro, un lugar sobresaliente a las élites políticas como los actores con capacidad para dar origen al movimiento securitario. Como corolario, los análisis que se realizan desde estos presupuestos teóricos identifican la securitización con el despliegue efectivo de medidas extraordinarias o de emergencia cuyo origen y aceptación proviene en buena medida del éxito de los discursos enunciados por los profesionales de la política.

Desde un punto de vista complementario, que no descarta la importancia de los actos de habla y el rol de los profesionales de la política en la securitización de las migraciones, se cambia el énfasis hacia el estudio de las prácticas producidas por los profesionales de la seguridad, los policías, los agentes de control fronterizo y los militares, así como también de las tecnologías de control y vigilancia. En este marco, existen perspectivas que incorporan elementos teóricos bourdesianos (campo y habitus) y foucaultianos (gubernamentalidad) para comprender los procesos de securitización. Así, la securitización es vista como resultado de los efectos producidos por el campo transnacional de profesionales de la gestión de la inquietud (Bigo, 2002; Bigo y Tsoukala, 2008). Además, la aproximación sociológica de Bigo ofrece la posibilidad de identificar distintos universos sociales involucrados en los controles fronterizos y la conceptualización de las fronteras que está detrás de metáforas que aluden a entidades sólidas, líquidas o difusas (Bigo, 2014). Por otra parte, algunos estudios que recobran aportes foucaultianos proponen comprender los procesos de securitización a partir de la noción de “racionalidades de la seguridad” que llevan el foco de análisis desde el discurso hacia las prácticas de seguridad entendidas como técnicas de gobierno de la libertad (Huysmans, 2006).

En América Latina, la reflexión sistemática sobre la relación entre migración y seguridad reconoce algunos primeros antecedentes producidos en relación con el contexto mexicano y centroamericano (Artola, 2005; Castillo, 2005; Sandoval Palacios, 2006). En el contexto sudamericano, en particular, la discusión académica sobre el nexo entre migración y seguridad ha estado relacionada mayormente con la legislación y las políticas nacionales de migración amparadas en la seguridad nacional. En Argentina, algunos trabajos han abordado también la relación entre inmigración limítrofe y seguridad a través del discurso policial (GEADIS, 2002; Courtis, Pacecca y Pita, 2009). Sin embargo, la terminología de la securitización de las migraciones recién adquirió mayor atención en los últimos años. Durante largo tiempo, como hemos sostenido en otro lugar (Domenech, 2017), numerosos estudios sobre los cambios en las políticas migratorias dieron por sentado que, a diferencia de lo acontecido en el hemisferio norte, la experiencia sudamericana había quedado al margen de las ideas y prácticas securitarias que circulaban a escala global. En buena medida, las características singulares que tuvieron las reformas migratorias en los diversos países sudamericanos durante el ciclo político llamado “giro a la izquierda” impidieron reconocer la coexistencia entre las medidas de ampliación y protección de derechos de los migrantes y las prácticas securitarias, coercitivas o no, que han operado en diversos espacios, a diferentes escalas y a través de múltiples actores en el ámbito regional sudamericano durante las últimas dos décadas.

Recién en los últimos años han surgido algunas investigaciones que han hecho uso de algunas de las herramientas teórico-conceptuales que ofrecen los estudios críticos de la seguridad para indagar la producción de la cuestión migratoria como un asunto de seguridad en contextos nacionales sudamericanos. Por ejemplo, en Brasil, Guilherme Mansur Dias ha problematizado la relación entre migración, crimen y seguridad a partir de un análisis sobre las políticas contra la trata de personas a escala nacional e internacional (Mansur Dias, 2017, 2019). Por otro lado, en el contexto académico argentino, Clara Dalmasso ha identificado narrativas y actores involucrados en el proceso de construcción del “migrante irregular” y del “migrante forzado” como amenaza terrorista (Dalmasso, 2016). Andrés Pereira, por su parte, ha estudiado la política migratoria argentina en el período 1990-2015 y ha dado da cuenta de la cambiante relación entre migración, seguridad y derechos humanos a partir de las especificidades del contexto político, económico y social del país (Pereira, 2019). En 2018, un dossier coordinado por Jacques Ramírez y publicado por la revista ecuatoriana URVIO reunió diversas contribuciones sobre la relación entre migración y seguridad en algunos países sudamericanos como Argentina, Chile y Perú.

Bibliografía

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