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El Chacho Peñaloza y la violencia represiva del dictador Lanusse

Escritos en Nuevo Hombre de Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña

Nilda Redondo (Universidad Nacional de La Pampa)

I

En la revista Nuevo Hombre de la primera época, cuando su director era Enrique Walker, Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña escribieron notas denunciando el secuestro, acaecido el 13 de julio de 1971, de Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich de Maestre, pareja militante de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias), y estableciendo la comparación con el tipo de muerte que los liberales del siglo XIX – Sarmiento gobernador de San Juan, Mitre presidente de la República– habían dado a Ángel Vicente Peñaloza en 1863.

Estos dos abogados defensores de presos políticos, entre ellos los de la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972, estaban vinculados a las FAP-PB (Fuerzas Armadas Peronistas- Peronismo de Base) y venían de ser activos en la CGT de los argentinos, de Agustín Tosco-Raimundo Ongaro, constituyendo, entre otros con Rodolfo Walsh, el núcleo de intelectuales que confluían con los trabajadores en esa central alternativa a la burocrática de Vandor (Celesia y Waisberg 2007; Rot 2016).

El momento era de ascenso revolucionario a tal punto que, cuando el 22 de agosto se produjo la masacre de Trelew, el pueblo se embraveció. Los grupos guerrilleros e insurreccionalistas contaban con consenso popular; esta situación prerrevolucionaria había comenzado con el Cordobazo del 29 de mayo de 1969. Sin embargo también se advertía un nivel de represión estatal notable por parte de la dictadura: los casos de secuestros denunciados por Duhalde y Ortega Peña anticipan las prácticas genocidas que adquieren ritmo paroxístico desde la masacre de Ezeiza producida en oportunidad del regreso de Juan Domingo Perón, el 20 de junio de 1973.

Respecto del siglo XIX debemos decir que el Chacho Peñaloza fue asesinado en un contexto de acoso y derrota puesto que la resistencia federal que encarnaba contra los liberales del gobierno central que consideraba ilegítimo –él consideraba que su presidente legítimo había sido Justo José de Urquiza y su sucesor Santiago Derqui– estaba en situación de aislamiento; acorralada en La Rioja y con un vecino salvajemente violento como el gobernador de la provincia de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento. Además, el accionar de este caudillo era público y gozaba de amplio apoyo entre los y las pobres de los llanos. Su montonera, treinta años atrás, había sido la que reinaba con Facundo Quiroga, caudillo que lo había formado. La Confederación Urquicista, organizada entre 1852 y 1861, había sido un estado federal liberal en el que se reconocía e integraba a los gauchos, quienes se expresaban políticamente a través de la montonera federal (De la fuente, 2014; Viñas, 2014). En cambio, en 1972 había ascenso desde el Cordobazo. A partir del golpe de Estado de 1955 que había derrocado el 2° gobierno de Perón, la democracia había sido un simulacro aún para la concepción liberal burguesa, porque los peronistas y comunistas habían estado proscriptos. El poder paralelo, por otro lado, estaba siendo construido más en el deseo que en la realidad aunque la potencia era intensa.

La semejanza sobre la que trabajan Duhalde y Ortega Peña es en la manera de criminalizar la violencia revolucionaria que tiene el Estado represor. No se le reconoce el carácter de insurgencia política y se los presenta como delincuentes; delincuentes subversivos o delincuentes terroristas subversivos se dirá ya en pleno genocidio durante la dictadura de Videla-Viola-Galtieri-Bignone. Estas argumentaciones habían sido desarrolladas a cara descubierta por D.F. Sarmiento en su libro en el que se encubre del asesinato del Chacho Peñaloza del cual había sido responsable político.

Caso Maestre: vida, secuestro y muerte

En Nuevo Hombre Año I, N° 2 del 28 de julio al 3 de agosto de 1971 (2015: 65) se anuncia en la tapa, con su título, el tema principal de la revista: “Caso Maestre. Vida, Secuestro y Muerte”; además, se enuncia el contenido de las notas: “Nota exclusiva de Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña”; “Las organizaciones parapoliciales”; “¿Quién era realmente Juan Pablo Maestre?”; “Opiniones, encuestas, investigaciones, comunicados”.

En el artículo “Análisis de los métodos de secuestro” (2-3; ed facs. 66-67) se enumeran los seis operativos de secuestros producidos desde inicios de 1971, con el fin de demostrar que han sido llevados adelante por un mismo grupo político que está vinculado al aparato estatal derechista y que tienen por objetivo atacar a las fuerzas de izquierda revolucionaria.

Las personas atacadas son desconocidas para la opinión pública; se ha elegido la vía pública para perpetrar el secuestro; en la mayoría de los casos, han secuestrado abogados defensores de presos políticos; en el operativo sólo participan hombres; a los acompañantes de los secuestrados también se los “levanta”; no hay comunicados posteriores asumiendo la autoría.

Los secuestrados en 1971 son Alejando Baldú, en marzo, “miembro de un grupo guerrillero, es detenido por la policía y nunca más aparece” (3; 67); en mayo, “Alejo Collazo, un periodista que hostigaba con sus notas al intendente de Merlo, es secuestrado y muerto a golpes”; en julio un grupo de vecinos desbarata el secuestro del Dr. Norberto Quieto, “atacantes y víctima van todos detenidos” (3; 67) pero el grupo secuestrador es puesto en libertad y Quieto queda a disposición del Poder Ejecutivo; en San Juan, en julio, desaparece el matrimonio Verd “vinculado presumiblemente a actividades políticas clandestinas” (3; 67); a los pocos días es secuestrado el matrimonio Maestre: “En plena vía pública los secuestradores tirotearon al esposo que pretendió huir. Más tarde el cadáver apareció en una zanja. Eran militantes políticos de tendencia peronista” (3; 67).

Esta secuencia de secuestros había comenzado antes: en agosto de 1962, “Felipe Vallese, dirigente de la juventud peronista; se comprueba que es bárbaramente torturado y luego desaparece. Se lo ve por última vez en un calabozo de la seccional San Martín de la policía.” En marzo de 1970, la policía federal intenta secuestrar al diplomático ruso Pivovarov. En diciembre de ese año son secuestrados y desaparecidos el Dr. Néstor Martins y su cliente Zenteno.

En la nota se sostiene que los responsables de los secuestros son “clandestinos institucionales” y no “clandestinos populares” y se desarrolla la argumentación en el siguiente sentido: los clandestinos populares para hacer propaganda armada, necesitan secuestrar figuras prominentes o significativas; realizada la operación, comunican lo hecho a la opinión pública; les interesa tener testigos y por lo general actúan a cara descubierta, “o a lo sumo maquillados o con pelucas” (2; 66) por la razón del consenso político que buscan; las mujeres tienen una activa participación cosa que no sucede en los clandestinos institucionales; se persigue a abogados defensores de presos políticos porque son peligrosos adversarios de las investigaciones policiales al denunciar torturas o buscar el procesamiento de policías complicados en ellas.

Se llega a la conclusión de que esta policía no es brava sino feroz; pero el dato más significativo del análisis es que se asume como legítima la existencia de grupos clandestinos populares los cuales, se sobreentiende, están del lado de la justicia real, del territorio amigo.

En la parte inferior de las mismas páginas 2-3 (ed facs. 66-67) se realiza una encuesta dirigida a sociólogos, gremialistas, novelistas y ensayistas, a saber: Jorge Abott, “profesor de sociología de la Universidad de El Salvador”, y Juan Carlos Portantiero, “profesor de sociología de las Cátedras Nacionales”; Dante Oberlin “dirigente del gremio gráfico”; Germán García, “autor de Nanina y Cancha Rayada”; y Héctor Schmucler, “director de la revista Los Libros”.

Las preguntas están asentadas todas en el presupuesto de que el fenómeno de organizaciones parapoliciales, que en muchos casos de llaman “Escuadrones de la Muerte” como en Brasil, Guatemala y México, se están extendiendo por América latina, incluida Argentina.

Los dos sociólogos responden que los grupos para policiales aparecen cuando se da un nivel alto de enfrentamiento por parte de los sectores populares; el Estado actúa legal militarizándose, e ilegalmente a través de estas bandas armadas. Abott advierte que es también una manera de provocación para aislar a del pueblo los grupos revolucionarios; recuerda que la “justicia popular sólo podrá ejercerse legítimamente con el pueblo en el poder, y nadie debe olvidar que el ritmo de la marcha sólo el pueblo lo impone” (2; 66).

Oberlin acusa a la CGT de acuerdista con el poder, el mismo que reprime al pueblo y asesina a los Maestre. Advierte que esa dirigencia corre el riesgo “de los Alonso, Vandor y Aramburu”; de esta manera reivindica el accionar de grupo armados de la izquierda peronista que se supone han “ajusticiado” a los traidores del pueblo y represores del sistema.

García dice que el Escuadrón de la Muerte es lo que necesita el poder para perpetuarse; sostiene que, además, hay una “implementación de la muerte por parte de las ideologías que actúan en su interior” (3; 67); se refiere específicamente a la actividad “periodística” y cómo distintas figuras políticas del sistema tratan de despegarse del crimen, como por ejemplo Arturo Mor Roig, Cáceres Monié o La Opinión.

Schmucler afirma que los Escuadrones de la Muerte exhiben, en su nombre, la labor que realizan, coherente y complementaria a la de la burguesía, que la ejerce “mediante mecanismos más sutiles.”

En la página 3 (ed. facs. 68) encontramos la nota firmada por Eduardo Luis Duhalde y Ortega ¨Peña: “Pablo, sos el pueblo”, es la frase que le dedica su hermano cuando logran enterrarlo luego de reconocer su cuerpo por una quemadura en el hombro izquierdo.

Juan Pablo Maestre y Mirta Misetich de Maestre están en la serie de los muertos del pueblo como antes Vallese o Martins. Son símbolos que remiten a lo colectivo, “a un pueblo en marcha que no admite falsas conciliaciones, los oprimidos despiertan, los opresores quedan desvelados” (4; 68). La contracara de la reivindicación de este “mártir popular” (es curioso que Mirta Misetich es permanentemente olvidada en el texto) es la declaración del gobierno de la dictadura cuyo comunicado se transcribe:

Los agentes de la subversión y aquellos que proclaman su fe democrática, pero no confían en la expresión soberana de la voluntad popular, han lanzado una campaña para impedir la conciliación, pretendiendo utilizar en su beneficio político e ideológico hechos que condenamos con la energía que se merecen. Nosotros repudiamos todos los crímenes sin detenernos en la ideología de sus víctimas. Nunca lucramos y jamás lo haremos con los sentimientos que generan las muertes (4; 68)

En la página siguiente encontramos “Carta abierta a S.E. el señor Presidente de la Nación” en la que se plantea

En momento en que su gobierno proclama una política de Acuerdo Nacional, fuerzas represivas de cuya acción usted es responsable descargan sobre sectores de oposición una campaña de secuestros, torturas y asesinatos capaz de avergonzar a cualquier comunidad civilizada (5; 69)

Los firmantes están convencidos de que se trata de “organismos represivos parapoliciales o paramilitares”. Le recuerdan al presidente de facto que ha sostenido que el país está en guerra; sin discutir ese concepto le preguntan cuáles son los métodos de la guerra que la parcialidad que representa considera “válidos y legítimos y si entre esos métodos se encuentra la ejecución sin proceso de cualquier opositor.” Advierten que no se están respetando ni siquiera las leyes de la guerra a las que el país ha adherido en conferencias internacionales. Si los responsables no son condenados, el gobierno de las FFAA que preside quedará ante la historia como aquel en el cual los disidentes tienen el destino de Vallese, Baldú, Martins, o Verd, Quieto, Maestre o Misetich.

Las firmas ponen en evidencia el amplio espectro de la intelectualidad que abarcaba este movimiento como así también su diversidad dentro de la izquierda peronista y marxista, sobre todo de nueva izquierda[1].

En la misma página, bajo el título “Imágenes de un funeral” se pone al nivel de un acto de celebración el funeral al que llegan palmas de flores de Juan Domingo Perón, FAP, FAR y Montoneros y además, Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Los cánticos que se entonan son de confluencia de ambas tendencias, enlazadas por la revolución y la lucha armada: “Perón, Perón, revolución”, “Maestre, Guevara, Perón en la Rosada”, “Lucha, lucha armada, viva el Che Guevara”, “Evita si viviera, sería montonera”, “Maestre, Pampillón, revolución”, “Perón, Guevara. Viva la lucha armada”. En este funeral “de un combatiente”, como se dice al inicio, al que asistieron unas dos mil personas, predominó la juventud. Culmina el relato con una escena de “expropiación de un arma” a un policía de civil.

Esta nota pone en evidencia el tono político de la época y a la vez la tendencia de Nuevo Hombre que expresa la confluencia de peronismo revolucionario y marxistas guevaristas.

En “Efectos que producen estos casos en la población” Ernesto Warnes señala que

es una forma de manifestarse de un sistema social en crisis cuya superación sólo se logrará mediante la estructuración de una sociedad en la que la justicia y la libertad se universalicen y no un conjunto de racionalizaciones destinadas a encubrir las relaciones de dominación vigentes (7; 71)

Este tipo de situaciones no se producen de un momento a otro pero se ha llegado a un punto final en el sistema de relaciones sociales. Los sistemas jurídicos, económicos y simbólicos habituales, siendo que siempre son violentos, se rigidizan aún más con el objeto de “procurar la estabilización de relaciones sociales que han entrado en un período crítico.” Se considera que el momento que se vive es excepcional y que aumenta la tendencia a la “identificación con el agredido” por lo que cabe la pregunta: “¿quiénes y por qué (sic) código está juzgando a cada ciudadano?” (7; 71).

Este es un punto central para el análisis de la situación prerrevolucionaria que se vive subjetivamente, porque abre la brecha entre lo legal y lo legítimo. Tal como en la época de las montoneras del siglo XIX.

Al pie de las páginas 6 y 7 (ed.facs.70-71) aparecen comunicados de solidaridad con los secuestrados emitidos por el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo por Capital y Gran Buenos Aires, la Coordinadora de Periodistas Antiimperialistas; FATRAC (Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura) sector periodistas y de la CGT de los argentinos. Los primeros señalan que el origen de la violencia está en que los sucesivos gobiernos de facto que ejercen su autoridad apoyados en la fuerza de las armas, privilegian a grupos minoritarios, profundizan la dependencia del país y despojan a los más desposeídos; advierten que “el día del juicio está cerca”. La segunda “invita a los periodistas argentinos a incluirse y trabajar organizadamente en una trayectoria que acompañe la marcha del pueblo combatiente.” La tercera “convoca a todos los sectores culturales a resistir y participar en la lucha por la liberación que libra la vanguardia del pueblo.” La CGT de los argentinos se solidariza “combativa e incondicionalmente con los familiares de los matrimonios Verd y Maestre, y con los de todos los militantes encarcelados, torturados y asesinados por el régimen”; destacan su decisión de nutrirse de las bases populares “hasta que sea devuelto al pueblo el ejercicio de poder.” Se puede observar el abanico de solidaridades hacia los agredidos que despierta la represión: cristianos de base, perreteanos, sindicalistas de base combativos; vanguardistas, y basistas: todos contra el régimen de opresión y explotación.

Sobre el lado derecho de la página 7 (ed. facs.71): “Métodos para evitar ser secuestrados”.

El recorrido de sus seis ítemes[2] –el último dice “va en esto su vida”– produce una sensación de escalofrío porque pone en evidencia el nivel de inseguridad que están teniendo los militantes revolucionarios: el terror a ser secuestrados, sumidos en un oscuro pozo de tortura y barbarie. Sin embargo presumo que, en ese momento histórico, la perspectiva era distinta porque el pueblo estaba embravecido. Por eso el relato del sepelio, a pesar de ser de una muerte, es una glorificada y dadora de vida.

Finalmente, al cierre de este informe titulado “Caso Maestre”, se encuentra la nota “Quién era Juan Pablo”. Ha desaparecido Mirta Misetich, la efectivamente secuestrada.

La voz que nos refiere quién era es la de las FAR, quien ha enviado a las exequias un comunicado sin firma personal, que es leído por el ex mayor Bernado Alberte. Juan Pablo era hijo de Buenaventura Luna quien murió cuando Juan Pablo tenía 9 años. Conoció con su mamá a Evita Perón, a la que vieron para pedirle ayuda dado que eran pobres: su mamá la jefa de hogar y siete hijos en total. Juan Pablo tuvo gran pasión por la lectura de historia, lo político y lo social; estudió e hizo cine y luego ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar sociología. Allí tuvo noticias de la revolución Cubana y del Che Guevara pero su militancia no fue estudiantil; ingresó a las FAR y como “jefe de grupo de combate participó en Garín, Pilar y otros hechos de la organización.” Se destaca su búsqueda de unidad de los revolucionarios:

Impulsó con fuerza la confluencia de su organización con los otros grupos armados peronistas (FAP y Montoneros), y con las otras agrupaciones clandestinas. Vio la posibilidad de crear, siguiendo el camino Sanmartiniano y montonero, un ejército del pueblo que derrote a la dictadura de los Lanusse y los López Aufranc, en la idea de crear una patria justa, libre y soberana, Patria Socialista. (8; 72)

Vemos así cómo se retoma la tradición de lucha popular del siglo XIX: la montonera, recuperada por la izquierda peronista y la sarmantiniana, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).

En las próximas notas de Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña, se profundizará en la relación con determinadas montoneras del siglo XIX: las del Chacho Peñaloza y Felipe Varela.

Del asesinato del Chacho al caso Maestre

En este artículo de Nuevo Hombre N° 4 del 11 al 17 de agosto de 1971, Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña vinculan la situación vivida por el campo popular revolucionario en 1971 con la de 1863 durante la presidencia de Bartolomé Mitre, que finaliza con el asesinato de Ángel Vicente Peñaloza, el Chacho, el 12 de noviembre de ese año. Para establecer la semejanza utilizan expresiones típicas de ese período del siglo XX para caracterizar las formas de gobierno del siglo anterior, tales como Gran Acuerdo Nacional[3], dicen “Gran Acuerdo de Mitre” (15; 111); Sandes, ejecutor de la guerra de policía, determinada por Mitre y dirigida por Domingo F. Sarmiento contra el Chacho, es llamado “jefe del escuadrón de la muerte” (15; 111). Por otro lado, el montonero federal Peñaloza, es homologado, en su carácter de montonero, a los del siglo XX cuando al cierre del artículo se dice: “si Evita viviera, sería montonera…Como el Chacho, como Varela, como Facundo” (15; 111). De esta manera los tiempos se fusionan; podríamos decir que desaparece el trabajo comparativo que establece semejanzas pero también diferencias, y todo se homologa.

En el artículo, el pueblo peronista y el campo revolucionario son igualados al movimiento insurreccional de las montoneras del Chacho Peñaloza, Felipe Varela, Facundo Quiroga e incluso, durante las luchas independentistas, la línea política y militar del libertador General San Martín. Por otro lado Mitre presidente y Sarmiento gobernador de San Juan en 1863, quedan homologados al dictador Lanusse en una lectura que invierte las pautas ideológicas del liberalismo y su relato de la historia.

La comparación fundamental, tal como lo indica el título del escrito, es con la forma y el encuadre político que se le da al asesinato del Ángel Vicente Peñaloza. Se destaca toda la argumentación desplegada por Mitre y Sarmiento para colocar en el rango de delincuente común a alguien que es un insurgente político, a los efectos de matarlo en el lugar en que es prendido.

Ortega Peña y Duhalde hablan de “odio colonial del opresor al oprimido” que se expresa en esa violencia estatal que se comenzó a ejercer en el siglo XIX y que se siguió ejerciendo en el presente del artículo, 1971. Presente en el que esa filosofía es reelaborada y a la que caracterizan como de neo-colonial. La política del Gran Acuerdo de Mitre significaba “la entrega de la economía a Inglaterra, de la soberanía al Brasil y de la conciencia al liberalismo” (15, 111). Para abundar en esta anticipada Doctrina de la Seguridad Nacional –que con ese nombre se comenzó a desplegar en Argentina a fines de los 50 del siglo XX– citan a Sarmiento:

Cuando a ciertos hombres no se les conceden los derechos de la guerra, entran en el género de los vándalos, de los piratas, es decir, de los que no tienen comisión ni derecho para hacer la guerra y la hacen contra los usos de todas las naciones, y es por la propia seguridad de estos usos que es permitido quitarles la vida donde se los encuentre. (15; 111)

Sandes es caracterizado como el jefe del Escuadrón de la Muerte: es el torturador, el que goza con el sufrimiento de los prisioneros y actúa con “naturalidad”, como quien realiza el deber que le corresponde (15; 111).

Nótese cómo Ortega Peña y Duhalde intencionadamente dicen “los montoneros” porque en el siglo XIX se decía “la montonera”. Es una intencionalidad comparativa y de asimilación de la montonera federal con los montoneros de los 70 del siglo XX.

Luego, para afirmar esta primera vinculación del asesinato de Maestre con el asesinato del Chacho, se recurre a la tradición asentada por San Martín, Facundo Quiroga y Eva Perón. El “antagonismo entre pueblo y antipueblo” había sido creado, sostienen, por San Martín quien en una carta a O´Higgins había dicho que “para que el país pueda existir es de absoluta necesidad que uno de los dos partidos desaparezca” (15; 111); destacan, además, que nunca desautorizó la violencia popular.

El llamado de San Martín es de guerra contra el ocupante colonialista pero asentada en esa violencia popular que, en los 70 del siglo XX, se recupera bajo la forma de guerra de guerrillas. De Facundo se recuerda la carta que escribe al general Paz el 10 de enero de 1830, en la que sostiene la necesidad de dar la guerra contra los que invaden las provincias y de luchar hasta morir para no ser esclavos: “Estamos convenidos en pelear una sola vez para no pelear toda la vida. Es indispensable que ya triunfen unos u otros de manera que el partido feliz obligue al desgraciado a enterrar sus armas para siempre” (15; 111).

Se va cerrando el círculo con las citas de Eva, Leopoldo Marechal y el Chacho: Eva dijo: “El espíritu oligarca se opone completamente al espíritu del pueblo (…)”; Marechal en su novela Megafón y la guerra: “no hay lucha real sin peleadores activos”; el Chacho, montonero federal al oficial mitrista “Puedo decir yo y usted, pero nunca nosotros” (15; 111). Es decir no hay reconciliación posible y la única posibilidad es el enfrentamiento armado, la violencia popular.

II

En 1868, en Nueva York, encontrándose Domingo Faustino Sarmiento en el último tramo de su campaña presidencial, aparece su Ángel Vicente Peñaloza. Último caudillo de la montonera de los llanos. Episodio de 1863. Aquí, a través de la descalificación socio-étnica y política de su oponente y recurriendo a la falsificación estatal de la fecha del crimen, el ex gobernador de la provincia de San Juan intenta quitarse la responsabilidad de su intervención en el asesinato del Chacho, ocurrido antes del 8 de noviembre de 1863, fecha que Sarmiento coloca en 12 de noviembre. Pero, además, y en esto se asienta el vínculo que queremos establecer con la forma de tratamiento recibido por los insurgentes de los 60-70 del siglo XX por parte del Estado argentino, se dedica en toda la última parte de su escrito, a demostrar que no debe reconocérseles estatus político y que debe colocárselos en el territorio de la delincuencia, de salteadores comunes. En este sentido lo que hace es llevar adelante la orden de su presidente Bartolomé Mitre (Viñas, 2014).

Ángel Vicente Peñaloza, el Chacho, era un caudillo federal de amplio reconocimiento entre los gauchos, así llamados los pobres del campo o la gente del campo; en La Rioja, específicamente del llano. Su pertenencia política venía desde la época de Facundo Quiroga, su maestro, y cuyo auge había sido entre 1820 y 1835 en que fue asesinado por los hermanos Reinafé. Facundo, Peñaloza y Felipe Varela constituyen una sucesión de resistencia federal a los gobiernos centrales que se extiende desde el 20 hasta fines de los 60 del siglo XIX. En el caso de Chacho, su anticentralismo lo llevó a ser antirrosista a quien veía, además, como el posible responsable político del asesinato de Facundo Quiroga.

No fue un caudillo opulento, ni aumentó su caudal de pertenencias a propósito de su ascenso político, tal como fueron e hicieron, respectivamente, Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga; o el finalmente traidor a la causa federal, Justo José de Urquiza. El Chacho fue muy querido por los gauchos federales; tenían por él respeto pero no los dominaba con la violencia ni el autoritarismo y compartía con ellos sus juegos, sus rituales, sus pertenencias y su guerra. Los unitarios, que, en términos generales, pertenecían en la zona a las clases altas (Ariel de la Fuente, 2014) o, mejor dicho, a las clases herederas de los colonos españoles que habían arrebatado las tierras y las aguadas a los indígenas preexistentes, sabían de la potencia política del federalismo y en particular, el ascendiente de Chacho entre las masas rurales indias, negras y mestizas. El más lúcido de los unitarios-liberales, Domingo Faustino Sarmiento, sabía que consenso no tendrían: sólo les quedaba gobernar por el terror. Y así lo hicieron: la manera en que es asesinado Peñaloza, mientras descansa, cómo se lo apuñala, se lo lancea y finalmente se exhibe su cabeza en la pica de la plaza pública de Olta, busca aterrorizar a la población: que vean cómo termina su querido jefe, cuán frágil es; de qué son capaces sus enemigos si se rebelan o simplemente quieren ser tratados con dignidad. Es más, si exigen que se cumpla la Constitución de 1853 en lo que tiene que ver con el debido respeto a las autonomías provinciales.

A la vez, ese Estado liberal incipiente debe guardar algunas formas: para imponer su derecho debe organizar el discurso estatal y el tiempo en que se dan las órdenes, para constituir lo legal que consiste exactamente en este concepto: es aquello que está escrito tal como lo desean los que gobiernan el Estado y dictan las leyes escritas. Quien denuncia este tipo de maniobra de manera contemporánea al asesinato del Chacho, es José Hernández en su Vida del Chacho. Rasgos biográficos del general Vicente Peñaloza, de 1863 (González, 2012).

El discurso historiográfico liberal oficial sepultó la disidencia, no sólo a través de la imposición de un Estado nacional centralista y oligárquico, luego del aplastamiento de los federales, la guerra del Paraguay y la Conquista del llamado “Desierto”, sino constituyendo una versión científica sociológica a la que aportó como texto fundante D.F. Sarmiento y su Facundo, Civilización y Barbarie, de 1845. Aquí se establece el carácter bárbaro de los gauchos y la ominosidad de los indígenas de la Pampa Central a la Patagonia; pero el eje está en los gauchos seguidores de Facundo y luego, como el extremo de la violencia sanguinaria y sistemática, Juan Manuel de Rosas; ahí adjudica el ejercicio de la violencia a los federales, en cambio, en los unitarios o la joven generación a la que él pertenece, todo acto de derramamiento de sangre es presentado como una necesidad histórica en nombre de la paz y de la civilización[4].

Esta impronta se mantiene en su biografía de Chacho pero hay aspectos diversos que constituyen una vuelta de tuerca de la exclusión y de la práctica estatal de la violencia; se trata de un escritor –Sarmiento– que ha estado en el ejercicio del poder como gobernador de San Juan durante el aplastamiento y asesinato de Chacho; y en el momento de la producción del texto, ejerciendo como ministro plenipotenciario del país en los Estados Unidos adonde ha sido enviado por Mitre, puesto que “su carrera no ha sido muy feliz en San Juan” (Sarmiento, 1999: 170). Su Ángel Vicente Peñaloza va a ser publicado de manera conjunta con la tercera edición de Facundo (Pagliai, 2013) por D. Appleton y Cía en Nueva York, cuando Sarmiento ya ha sido elegido presidente de Argentina. Hay dos perspectivas significativas ligadas al momento histórico y al momento de constitución del Estado: la proximidad de la “Conquista del Desierto”; será la decisión tomada por Sarmiento presidente y votada por su parlamento, la que culmine con la llegada de Julio Argentino Roca a la isla de Choele Choel el 25 de mayo de 1879; ésta le permite al texto el ensañamiento con las culturas indígenas. Por otro lado, reconocer que existe la guerrilla, como la de España contra la invasión napoleónica, pero a su vez negar el carácter de guerrilleros a las montoneras de Peñaloza, es anticipar la Doctrina de la Seguridad Nacional de mediados del siglo XX en Argentina, que culmina en el genocidio último, que se preanunciaba en 1971 en Nuevo Hombre.

El texto que analizamos ahora, el de Sarmiento, es además un texto enemigo de la insurrección popular prolongada que se desplegó en Argentina y Uruguay durante sesenta años entre 1811 y casi 1870. Los textos con los que establecemos la comparación al siglo XX, de Eduardo Luis Duhalde y Ortega Peña, son, en cambio, amigos; expresan la voz colectiva de una insurgencia en ascenso; ellos van a disputar el concepto de doble poder, de poder popular y van a retomar la categoría de lo legítimo por sobre lo legal, tal como sucedió en el siglo anterior durante las luchas federales.

Bibliografía

Celesia, F. y Pablo W. La ley y las armas. Biografía de Rodolfo Ortega Peña. Buenos Aires, Aguilar, 2007.

De la fuente, A. Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado nacional argentino (1853-1870). Buenos Aires, Prometeo, 2014.

Duhalde, E. L. y R Ortega Peña “Caso Maestre. Vida, secuestro y muerte”. Nuevo Hombre año I, n° 2, 1971, pp. 2-8.

— “Del asesinato del Chacho al caso Maestre”. Nuevo Hombre, año I, n°4, 1971, p. 15.

González, H. “(La metodología del escarnio: Sarmiento, Alberdi y José Hernández)”. Lengua del ultraje. De la generación del 37 a David Viñas. Buenos Aires, Colihue, 2012, pp. 138-174.

Hernández, J. “Vida del Chacho”. El Chacho, dos miradas. Buenos Aires, Ameghino, 1999, pp. 9-44.

Pagliai, L. “Sarmiento en campaña presidencial: El Chacho, último caudillo de la montonera de los llanos. Episodio de 1863 (la escritura del crimen argumentado)”. Cuadernos Lírico, n°9, 2013. bit.ly/3iLbtBl

Rot, G. Itinerarios revolucionarios. Eduardo L. Duhalde-Haroldo Logiurato. De la Resistencia Peronista al Partido Revolucionario de los Obreros Argentinos. La Plata, De la campana, 2016.

Sarmiento, D. F. “El Chacho”. El Chacho, dos miradas. Buenos Aires, Ameghino, 1999, pp. 45-172.

Viñas, D. “El Chacho y las montoneras”. De los montoneros a los anarquistas. Buenos Aires, Santiago Arcos, 2014, pp. 21-42.


  1. Firman, entre otros y otras: Norma Aleandro, Héctor Alterio, Alfredo Alcón, Ramón Alcalde, Carlos Aznarez, Miguel Bonasso, Miguel Briante, Osvaldo Bonet, Juana Bignozzi, Roberto Cossa, Ricardo Carpani, Haroldo Conti, Roberto Carri, Josefina Delgado, Julio de Grazzia, Eduardo Duhalde, Lilia Ferreyra, Risieri Frondizi, León Ferrari, Juan Gelman, Juan Carlos Gené, Gerardo Goloboff, Luis Gregorich, Rogelio García Lupo, Juan Carlos Garavaglia, Liliana Heker, Ignacio Iconicoff, Noe Jitrik, Arturo Jauretche, Eduardo Jozami, Federico Luppi, Marta Lynch, Tomás Eloy Martínez, Tununa Mercado, Enrique Molina, Rodolfo Ortega Peña, Justinio O’ Farrell, Marcelo Pichon Riviere, Juan Carlos Portantiero, Germán Rozenmacher, León Rozitchner, Rodolfo Rabanal, Cecilia Rossetto, Héctor Schmucler, Jorge Federico Sábato, Beatriz Sarlo Sabajanes, Rodolfo Terragno, Francisco Urondo, Oscar Varsavsky, David Viñas, Rodolfo Walsh, Victoria Walsh, Enrique Walker, Álvaro Yunque, Vicente Zito Lema, Susana Zanetti.
  2. En “Métodos…” el atacante es un grupo de policías de civil; ante cualquier intento de secuestro, se debe pedir auxilio al comando radioeléctrico, a los medios de difusión, a los vecinos; no acercarse a vehículos desconocidos en la vía pública; informar a los familiares y amigos el lugar en el que uno se encuentra; y si se es testigo, se insta a colaborar con la víctima impidiendo el secuestro y buscando que el procedimiento cobre un carácter oficial.
  3. El Gran Acuerdo Nacional es al que estaba convocando el general Alejandro Agustín Lanusse, presidente de facto desde el 26 de marzo de 1971 al 25 de mayo de 1973, el último período de la dictadura iniciada por el general Juan Carlos Onganía con un golpe de Estado, el 29 de junio de 1966. Era rechazado por las organizaciones revolucionarias y por el peronismo debido a que planteaba una salida a la autodenominada Revolución Argentina. Esa misma dictadura es la que estaba implementando los llamados “Escuadrones de la Muerte”, es decir organizaciones paraestatales, pero amparadas en esos Estados dictatoriales, con el fin de secuestrar o matar en vía pública a las y los activistas revolucionarias/os, tal el caso de Misetich y Maestre.
  4. La contravoz es el texto de Hernández Vida del Chacho: “Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran en estos momentos la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos, más valientes que ha tenido la República Argentina. El partido federal tiene un nuevo mártir. El partido unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñaloza ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo, fuerte por la santidad de su causa, el Viriato Argentino, ante cuyo prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en su propio lecho, degollado, y su cabeza ha sido conducida como prueba del buen desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento.“El partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso, acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas.” (1999: 11).


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