Oscar Gracia Landaeta y Andrés Laguna-Tapia

El reconocido filólogo, lexicógrafo y etimólogo español Joan Corominas, en su Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (1983, pp. 277-280) y en su Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (1987, p. 539), apunta que la voz soberanía, cuyo primer uso retrocede a 1490, deriva de la palabra latina superius, que significa “más arriba”. Esta última, a su vez, procedería del término superānus (“superior” o “que está por encima”), de donde también proviene la palabra castellana “soberano”, cuya aparición ocurrió en torno a 1220-1250. A este término, por otro lado, también pueden ajustarse la palabra italiana soprano o sovrano y la francesa souverain. 

Inicialmente, en la Europa medieval, estos vocablos se utilizaban para significar el poder y la autoridad del monarca o del gobernante supremo, algo que, por supuesto, cobró especial importancia durante la época del absolutismo. Para comprender el uso que se le da a la palabra en el castellano del siglo XVII, un interesante ejemplo se halla en Don Quijote de la Mancha. En este texto, el Caballero de la Triste Figura redacta una carta a Dulcinea del Toboso, a quien saluda como “soberana y alta señora” (Cervantes Saavedra, 2016, p. 245). Por el contexto en que se usa el término, se puede inferir su empleo como sinónimo de autoridad irrestricta: la mujer amada es el poder supremo que somete al caballero andante. 

Evidentemente, el concepto de soberanía evolucionó posteriormente y pasó a referir al poder supremo y la independencia de un estado o nación en la toma de decisiones internas y externas, con exclusión de toda interferencia exógena. La idea de soberanía nacional, por otro lado, comenzó a extenderse a partir del siglo XVI, con la emergencia de los estados-nación y el surgimiento del derecho internacional. 

Su uso jugó un papel fundamental en la historia de Hispanoamérica. En el período colonial, el concepto de soberanía estaba principalmente ligado al poder absoluto de la Corona española sobre los territorios colonizados, en los que la autoridad y el ejercicio del gobierno se encontraban centralizados en la metrópoli (Kinsbruner, 2005). Luego, durante el proceso de independencia, esta palabra adquirió un nuevo significado, vinculándose a la idea de autodeterminación y emancipación proclamada por distintos sujetos colectivos respecto de los poderes coloniales. En este sentido, quienes lideraron las gestas independentistas lucharon por lo que, a la postre, sería el ejercicio de la soberanía política como núcleo de la formación de estados nacionales independientes (Sábato, 2000). 

De manera general, después de las guerras de independencia, los países hispanoamericanos se enfrentaron al desafío de consolidar y gestionar estatalmente su recién obtenida soberanía en medio de conflictos internos, luchas políticas y desafíos externos. Fue durante ese largo proceso que surgieron debates y reflexiones sobre la soberanía popular, el poder del estado y la construcción de la identidad nacional (López-Alves, 2011). 

A lo largo del siglo XX, la discusión en torno a la soberanía estuvo presente como elemento central de las complejas relaciones internacionales latinoamericanas, tanto a partir de temas como la defensa de la autonomía de los países de la región como en las discusiones relativas a los desafíos implicados por fenómenos tan complejos como la globalización o la integración regional (Skidmore y Green, 2005).

Debe comprenderse que la voz soberanía (y sus derivaciones conceptuales de corte político, cultural o económico) constituyó, desde hace varios siglos, una de las nociones más decisivas para entender el despliegue de la historia latinoamericana pre y postcolonial. Su empleo en la actualidad sigue siendo determinante para entender las distintas problemáticas y procesos políticos que definen la fisonomía contemporánea de la región y, en especial, los sentidos de la territorialidad y de las fronteras jurídicas e imaginadas. 

Este capítulo se divide en cuatro secciones. La primera analiza históricamente el surgimiento del concepto de soberanía en conexión con la formación del estado moderno y con un sentido de territorialidad determinado por fronteras. La segunda, por su parte, valora el sentido de la soberanía en relación con el fenómeno de la nación, la conciencia nacional y la apropiación simbólica del territorio. El tercer apartado del capítulo reflexiona en torno al proceso histórico de formación de la estatalidad, la nacionalidad y la soberanía en el contexto latinoamericano, mientras que la cuarta y última sección revisa el desarrollo y consolidación de la soberanía territorial de los estados de la región con un énfasis específico en el concepto de frontera. 

Soberanía: estado y fronteras 

Ya sea en su sentido jurídico o político, el concepto de soberanía se halla íntimamente ligado al de frontera y al contexto histórico de la modernidad, definido institucionalmente por la creciente preeminencia del estado como unidad política fundamental. Por otra parte, dentro de este marco de consideración histórica resulta claro que los planos jurídico y político expresan dimensiones complementarias de un complejo proceso de transformación estructural, el mismo que trastocó las condiciones sociales y políticas del mundo medieval.

Como sintetiza Cairo (2001), si “la frontera de un Estado” es, jurídicamente, “el límite del ejercicio de su soberanía”, este hecho debe leerse dentro del horizonte de una transformación general que, a partir del siglo XVII, hizo del territorio estatal “un espacio cerrado dotado de soberanía dentro de unas fronteras nacionales controladas y protegidas de la agresión exterior” (p. 35). Esta referencia al siglo XVII apunta, concretamente, a la firma de los tratados de la llamada Paz de Westfalia (1648). Con ellos, al final de la Guerra de los Treinta Años, se puso en evidencia que Europa se hallaría, de ahí en adelante, dividida en “Estados soberanos y distintos, cuyas fronteras se definirían por acuerdo internacional” (Tilly, 1975, p. 45).

De tal modo, la noción jurídico-política de soberanía se consolida mano a mano con la formación de un incipiente sistema interestatal, cuyos actores centrales se reconocían mutuamente una independencia de base territorial signada por límites fronterizos objetivos. El Diccionario de la lengua española confirma este vínculo histórico entre estatalidad y soberanía al apuntar que este último término designa el “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente” (Real Academia Española, s.f.).  Por otra parte, el Diccionario jurídico elemental de Cabanellas (2006) parece complementar y ampliar esta idea al señalar que la soberanía es la “manifestación que distingue y caracteriza al Poder del Estado, por la cual se afirma su superioridad jurídica sobre cualquier otro poder, sin aceptar limitación ni subordinación que cercene sus facultades ni su independencia dentro de su territorio y posesiones” (p. 439). 

En este sentido, es importante entender que el estado se consolidó a partir de un conjunto de cambios históricos de índole social, cultural y económica, que se insertan dentro de las transformaciones estructurales propias del periodo moderno, definiendo el surgimiento de una forma de poder sin precedentes en la historia previa. Este nuevo horizonte político, cuyo surgimiento tuvo su espacio y tiempo concretos en la Europa occidental de los siglos XVI y XVII, está marcado por algunos procesos centrales que, posteriormente, se extenderían al mundo entero. Entre ellos podría mencionarse: 

la consolidación del control territorial, la diferenciación de los gobiernos nacionales de otras organizaciones, la adquisición de una autonomía creciente (y el mutuo reconocimiento de la misma) por parte de tales gobiernos, la centralización y la coordinación de la administración sobre cada territorio particular (Tilly, 1975, p. 70).

Claramente, la dimensión geográfica es una de las facetas esenciales de la soberanía estatal y depende, en su circunstancia histórica, de un tipo peculiar de espacialidad que puede comprenderse a partir del concepto de territorio. El surgimiento del territorio como correlato del poder del estado depende de una serie de procesos de integración material y concentración de medios coercitivos iniciados por los monarcas absolutos en los siglos XVII y XVIII (Tilly, 1990). Este nuevo horizonte de comprensión del espacio estatal quedó adecuadamente expresado por la aparición de los mapas modernos que comenzaron a “representar el mundo como rigurosamente dividido en territorios con límites fronterizos claros (clear borders) en lugar de vagas regiones de frontera (vague frontiers)” (Calhoun, 1997, p. 13). 

Por supuesto, el crecimiento y expansión de la economía mercantil constituye el trasfondo propio de este marco general de reconfiguraciones que dieron lugar al surgimiento conjunto del estado, de su poder soberano y de su singular sentido de territorialidad. Los primeros teóricos de la soberanía fueron Jean Bodin (siglo XVI) y Thomas Hobbes (siglo XVII), quienes se nutrieron, de manera importante, del horizonte de posibilidades abierto por las nuevas condiciones materiales de la modernidad capitalista (Bauer, 2000). 

Soberanía, soberanía popular y nación 

Los procesos materiales y simbólicos de unificación del territorio y de consolidación tanto del poder soberano del estado como de su aparato administrativo fueron heredados, por medio de las revoluciones de los siglos XVIII y XIX, a los estados-nación y su nuevo concepto de soberanía popular. 

Debe entenderse que esta transformación histórica fundamental no afectó tanto a la estructura de la soberanía como a su horizonte de sentido y a la legitimación de los actores autorizados para ejercerla. Como afirma Kohn (1946) en su paradigmático estudio sobre la nación, para el siglo XVIII la figura del monarca había perdido legitimidad como el centro de justificación de la sociedad: “La soberanía del príncipe, que había sido uno, fue reemplazada por la soberanía del pueblo, que debía volverse uno en un sentido más alto de la palabra” (p. 237). Sería el nacionalismo el que, según el autor, ofrecería progresivamente la fuerza integradora que transformaría el panorama político del mundo, empezando por Francia y su Revolución.

Anderson (1933) definió de manera célebre a la nación como “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (p. 23). El componente imaginativo de la misma dependería de una base material (territorial) de rutinas capitalistas de intercambio y consumo de bienes simbólicos (especialmente prensa y literatura) que define un marco colectivo de representación de lo común. En este sentido, es importante entender que, en buena medida, el significado de la identidad nacional surge de la mano de las transformaciones operadas por la estatalidad. Las poblaciones que se han consolidado bajo un “órgano común de gobierno” adquieren una “conciencia común” que constituye la precondición para la formación de la “nación” (Finer, 1975, p. 88).

El carácter soberano de la comunidad imaginada se da en virtud de que la autoconciencia nacional aparece en un momento histórico marcado por la Ilustración y la Revolución francesa y, de tal forma, los “sueños” populares de libertad y autodeterminación solo pueden ser asegurados por un estado soberano (Anderson, 1993). Es por esta importante relación entre la conciencia nacional y el deseo popular de autoafirmación política que los conceptos de soberanía nacional y de soberanía popular han ido usualmente de la mano. Sobre esta última noción, Eduardo Haro (1995) indica que, siendo la soberanía el ejercicio del poder en un estado, “la democracia entiende que es sólo el pueblo el que debe ejercer esa soberanía, oponiéndose así a la idea clásica del soberano, o monarca” (p. 395). 

Con el desarrollo progresivo tanto de la comunidad imaginada como de la vocación popular de autodeterminación soberana, el sentido de posesión territorial desarrollado con el estado moderno quedó importantemente reconfigurado, convirtiéndose en la experiencia nacional de pertenencia a un espacio propio. Esto supone que, al margen de la acepción jurídico-política específica que define la soberanía en el plano institucional, esta adquiere también un significado concreto como vivencia social, esto es, como representación colectiva del derecho exclusivo que se tiene sobre un territorio nacional que es experimentado como nuestro. En este sentido, en el estado-nación “la soberanía ha descendido desde el cielo hasta la tierra, desde las nubes hasta el suelo de la patria y al cuerpo colectivamente invocado de sus habitantes” (Billig, 1995, p. 29).

Estado, soberanía y nación en Latinoamérica

Como ha señalado Goldman, el término soberanía constituyó, en el contexto hispanoamericano de fines del siglo XVIII e inicios del XIX, el núcleo de un arduo debate centrado en los principios legitimadores del poder político. Ello se dio en medio de la acelerada decadencia del dominio español sobre el Nuevo Continente y de la proyección del surgimiento de nuevas entidades políticas autónomas: “la preocupación por determinar cuál era el espacio o el sujeto soberano predominó sobre cualquier otra, condicionando la cuestión de saber quiénes iban a componer esas nuevas colectividades políticas y cómo se limitaría el ejercicio de la soberanía” (Goldman, 2014, p. 16). 

Durante el siglo XVIII, se llevaron adelante las reformas borbónicas, que intentaron consolidar el carácter absoluto de la estructura y la administración española sobre sus dominios. En ese contexto, el término soberano designaba concretamente el carácter irrestricto del mando real, mientras que el término soberanía era, en términos generales, inusual. 

La crisis del Imperio, iniciada a partir de 1808 con la invasión francesa de la península ibérica y el cautiverio del rey Fernando VII, cambió de modo importante este formato previo. El principio de retroversión de la soberanía (colectivizado en las interpretaciones jurídicas hispanoamericanas de la época) postulaba que, frente a la pérdida del rey, el poder retornaba al pueblo. Esto motivó, como sugiere la citada autora, que diversos sujetos colectivos (ciudades, provincias, juntas) proclamasen, en aquella circunstancia, su soberanía. 

Fue en tal contexto que la noción de soberanía empezó a vincularse en la región a las ideas de pueblo y nación. En este último caso, sin embargo, como Chiaramonte (2004) ha estudiado detalladamente, la idea de nación no remitía, en la época, a una determinada identidad étnica o cultural. Se refería, en cambio, más bien al mero hecho de la unidad colectiva de un conjunto de individuos bajo un mismo gobierno.

Después de un complejo y amplio proceso de disputas y controversias por el sentido del término (que caracteriza las distintas facetas de lo que llegaría a ser la narrativa independentista) los conceptos de soberanía de la nación y soberanía del pueblo llegaron a constituir el polo opuesto a la antigua noción de soberano, que atribuía el dominio legítimo y absoluto únicamente al rey. Por supuesto, al dejar atrás el marco de tensiones propio de las guerras de independencia, el término adoptó un nuevo sentido a lo largo del siglo XIX. Hacia fines de este, “se perfilaba ya en Iberoamérica la evolución hacia una concepción jurídica y abstracta de la soberanía nacional identificada con la específica función estatal” (Goldman, 2014, p. 41). 

Durante el periodo posterior a las gestas independentistas, los conceptos de soberanía y soberanía nacional se entrelazaron con la función estatal. Por ello, su significado quedó estrechamente ligado a los procesos de construcción y consolidación de la estatalidad desarrollados por los países latinoamericanos. Soifer (2015) resalta el hecho de que los pasos decisivos de este proceso a nivel regional se dieron bien entrado el siglo XIX, después de que la inestabilidad de los conflictos por la independencia había pasado. El autor concluye, en este sentido, que, hacia el año 1900, Uruguay y Chile habían logrado el más alto nivel de estatalidad, mientras Brasil, Argentina y México se encontraban ligeramente por detrás. Perú, Bolivia y Paraguay, por otra parte, constituían los estados más débiles de la región.

Orden estatal-soberano y fronteras en el contexto latinoamericano

Los criterios empleados por Soifer para establecer la anterior clasificación están referidos precisamente a las principales funciones estatales: administración de la educación primaria pública, capacidad para movilizar milicias y captación de ingresos a través de los impuestos. Esto permite reconectar con la cuestión de la territorialidad y las fronteras. Cada uno de estos factores determina, en última instancia, la capacidad estatal tanto de imponerse en su propio territorio como de excluir cualquier injerencia externa, esto es, de mantener la impermeabilidad de sus límites fronterizos en el sentido más amplio. La soberanía, en esta acepción específica, supone un ideal regulador desde el cual un estado concreto puede representar el grado de cumplimiento de su doble función territorial de imposición interna y exclusión externa. 

A esta primera dimensión, además, se suma el hecho de que la formación de la comunidad imaginada depende de los factores de la estatalidad (especialmente de la educación y del grado de integración territorial y económica). Ello implica que la experiencia “soberana” de una nación sobre su territorio-hogar se despliega en correlación con la extensión y solidez de estas funciones estatales. Tal proceso se dio no solo con diferentes niveles de complejidad en todos los estados latinoamericanos entre los siglos XIX y XX, sino que constituye una dinámica constante de afirmación institucional de la propia soberanía que se desarrolla hasta el presente. 

Finalmente, puede mencionarse que, desde una perspectiva diferente, se ha pensado la soberanía a partir de su contexto y formas de enunciación. En este sentido, sería un acto discursivo destinado a afirmar (o reafirmar) la posición legítima de autoridad plena de una entidad como la estatal: “la soberanía se hace importante en tiempos en los que la habilidad de los Estados para asegurar su mandato interno efectivo o su libertad de interferencia externa se percibe como puesta en cuestión” (Werner y De Wilde, 2014, p. 287).

Esto impulsa a pensar la soberanía (antes que como una realidad “material”) como un elemento de la discursividad público-política que permite responder a aquello que se percibe como una amenaza al dominio legítimo del estado o la nación. En el contexto latinoamericano, esto hace posible considerar las diferentes formas en que se da un sentido específico a las distintas declaraciones de “soberanía” frente a condiciones económicas, políticas, culturales o demográficas que parecen comprometer la autoridad del estado dentro de sus fronteras. En tal sentido pueden entenderse los enunciados más variados, desde las declaraciones de soberanía nacional o soberanía territorial frente a fenómenos como la migración, el contrabando o el crimen organizado, hasta ideas más concretas como las de “soberanía energética”, “soberanía monetaria” o “soberanía alimentaria”.

En relación, por ejemplo, con esta última idea, Mançano (2017) ha propuesto entender la soberanía alimentaria como una práctica política en virtud de la cual los gobiernos democráticos pueden poner frenos a la hegemonía de la agroindustria transnacional. En este sentido, el autor entiende que dicho ejercicio político es productor de un “territorio inmaterial” que es asumido colectivamente y que establece un límite entre el adentro y el afuera de la nación. Esto muestra el carácter dinámico y complejo que pueden adquirir las fronteras en la actualidad: como límite político objetivo en torno al cual se territorializa el poder soberano de un estado y como experiencia simbólico-imaginada de una comunidad respecto a su derecho soberano al autogobierno frente a agentes externos. 

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