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40 Legal

Oscar Luis Pyszczek

Desde el origen de la vida sedentaria y en comunidad, los seres humanos han necesitado tener normas, premisas, principios y reglas que cumplir para la buena convivencia entre pares. En gran parte de la historia esas normas estuvieron modeladas por las creencias religiosas que imponían a las personas modos de proceder. Con el devenir histórico, esos elementos regulatorios de conductas y de vida social, han sido confiados a los diversos sistemas políticos (señores feudales, monarquías y repúblicas). En la actualidad, lo legal y la legalidad de los estados modernos son regulados, principalmente, por el poder judicial, quien se encarga de hacer cumplir lo legislado o convertido en ley.

Etimológicamente, el término legal proviene del latín legis ley y del sufijo -al que indica relativo, concerniente o perteneciente. En su forma completa es traducido como legālis. Según la Real Academia Española RAE, el significado del adjetivo legal alude a tres acepciones principales: “1- Prescrito por ley y conforme a ella; 2- Perteneciente o relativo a la ley o al derecho; o bien, 3- Verídico, puntual, fiel y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo.” (https://dle.rae.es/legal). Las acepciones brindadas presentan ciertas similitudes, las cuales pueden converger en un término específico: correcto o establecido como correcto. Amén de la interpretación que se le diera al adjetivo legal, es requisito para su cumplimiento el denominado consenso social, aceptación y conocimiento de lo reglamentado, explícita o implícitamente. De lo contrario, se caería en la ilegalidad.

El estudio de lo legal es de larga data, constituyéndose en un núcleo temático propio de las ciencias jurídicas, el derecho y la filosofía desde la antigüedad. Las ciencias sociales también se interesaron en esta cuestión, y en la relación entre las fronteras y las manifestaciones concretas de lo (i)legal.

El presente capítulo se estructura en cuatro secciones. En la primera se establecen los lazos que unen a la geografía con las denominadas culturas de la legalidad e ilegalismos. En la segunda se analizan las implicancias de lo legal enfocado desde las fronteras externas. En la tercera sección se propone una lógica similar a la anterior, pero abordada desde las fronteras internas. Finalmente, una cuarta sección evalúa lo legal en relación con las fronteras en tanto objeto de interés académico

Geografía, cultura de la legalidad e ilegalismos

La noción de lo legal ha evolucionado a lo largo de la historia humana. Lo que actualmente se considera legal, en un pasado inmediato no lo era y, por lo contrario, mucho de lo que es considerado ilegal conformaba anteriormente actos o hechos no punibles. Un ejemplo notable ha sido la esclavitud, una actividad vinculada al tráfico y sometimientos de personas, cuyo principal interés era el aprovechamiento de la mano de obra barata y garantizada. Asimismo, representaba un símbolo de estatus que reafirmaba la riqueza y el poder de una familia. La pérdida de la servidumbre era considerada un indicador de decadencia. La abolición de la esclavitud se inició a principios del siglo XIX en Europa, y la práctica fue prohibida gradualmente en todo el mundo durante el siglo posterior. A pesar de ello, hay casos anacrónicos, como por ejemplo Mauritania, país que abolió la esclavitud en el año 1981, pero su práctica fue criminalizada recién hacia el año 2007, como resultado de la presión internacional y de organizaciones no gubernamentales.

Otros casos, en donde lo legal ha virado a ilegal, son: las migraciones libres o inmigraciones abiertas; la lobotomía como procedimiento en los hospitales psiquiátricos muy practicada en la década de 1920 y prohibida en la de 1970; el consumo de alcohol y la conducción de automóviles en simultáneo que fue prohibido en la década de 1990; y el consumo de sustancias psicoactivas, común en la primera mitad del siglo XX.

En este sentido y desde una perspectiva amplia, lo legal e ilegal conforma un sistema dinámico que ha acompañado el derrotero de las sociedades humanas, sus pensamientos y paradigmas. La concepción de lo legal ha derivado en la idea de “cultura de la legalidad” (Andrade, 2016; Contreras Bello, 2010), que es definida como: “(…) el sometimiento de las creencias, los valores, los intereses de una sociedad a las leyes. Más específicamente significa subordinar, en caso de conflicto, los valores sociales y culturales respecto de la Ley” (García Villegas, 2010, p. 15).

Por tanto, lo legal/ilegal implica no solo practicar lo socialmente pautado y visibilizado en las leyes, sino que se trata de un intento para avalar un fin mayor: el cumplimiento de los deberes ciudadanos. El denominado civismo involucra la regulación de los principales actores sociales de todo estado de derecho: gobernantes y gobernados.

En el mundo contemporáneo, la cultura de la legalidad coexiste junto con un sector no convencional de ilegalismos, que se erigen, en el sentido dado por Durkheim en su obra de 1893, como “anomia” en la jurisprudencia vigente. En ciertos casos los ilegalismos son aceptados. Uno de los ejemplos más comunes son las denominadas “zonas de tolerancia” o “zonas rojas”, en la cual la prostitución, como actividad ilegal posee fronteras contenedoras impidiendo la diseminación de su práctica por el resto de la ciudad. De esta forma, la cultura de la legalidad y los ilegalismos, cobran singular relevancia en los estudios latinoamericanos, fundamentalmente en las primeras dos décadas del presente siglo, con singular mención a las respectivas conceptualizaciones, y enfocados en casos particulares como la venta ambulante, recolección informal entre otras.

La cultura de la legalidad constituye un objeto de estudio eminentemente interdisciplinario, cuyo conocimiento sería parcial si es abordada desde la individualidad de las ciencias modernas. Aquí la geografía, cuya vocación espacial es emprendida de manera conjunta desde la dimensión física, biológica y antrópica, resulta primordial. En términos geográficos, las fronteras y lo legal constituyen categorías que poseen una misma esencia: lo político. Al igual que los sistemas legales, los límites y fronteras conforman voluntades y decisiones políticas que operan en el espacio geográfico. Los límites pueden considerarse líneas imaginarias para dividir territorios distintos y las fronteras, en sentido amplio, espacios de transición y traslapes entre dos sistemas legales, culturales y/o administrativos diferentes. En la actualidad los procesos de integraciones regionales latinoamericanos, como la Comunidad Andina de Naciones, conforman interesantes ejemplos sobre las vertientes políticas que pueden incidir en los procesos de cambio que adquieren las fronteras.

Lo (i) legal en las fronteras externas

Las áreas de fronteras de un estado nacional presentan una dinámica muy singular en comparación con otros espacios. Según Zambrano Rodríguez (2014), esas áreas sufren un movimiento dado por los mismos influjos de las comunidades fronterizas que resignifican las identidades, valores de pertenencia, tenencia, herencia y potencia, todos aspectos que conforman la territorialidad.

La teoría referida a estos espacios alude a procesos identitarios desplegados en la comunidad fronteriza, que podría denominarse híbridos, pues en su interior se mezclan y fusionan características culturales de los estados limítrofes que poseen igualmente una consolidación y manifestación inherente en estos sitios. Simultáneamente, esos procesos identitarios y de resignificación fronteriza, pueden estar mediados por tensiones territoriales reales latentes en los estados, vivenciadas en las fronteras, y cuyos límites ayudan a contenerlas.

En la Figura 1 se observa una cuestión de legalidad/ilegalidad vinculadas a las fronteras externas de dos estados sudamericanos: la presencia de estructuras criminales armadas en el límite colombo-venezolano. En esta extensa área, de más de 2.200 km, se superponen territorialidades de seis estructuras criminales, entre las que se destacan los disidentes de la FARC (aquellos que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016) y el ELN, sigla que deriva de Ejército de Liberación Nacional, organización guerrillera insurgente de extrema izquierda en Colombia.

Los conflictos generados a partir de la superposición o traslape de territorialidades de estas organizaciones ilegales se vinculan al control territorial y a las economías criminales, como por ejemplo la producción de cultivos considerados ilícitos por Colombia, que se exportan a diferentes partes del mundo. Según el Informe mundial de drogas 2019 de la UNODOC (Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen), Colombia ha impulsado el mercado de la cocaína con un incremento en su producción (tanto del clorhidrato de cocaína como de la hoja de coca). Se ha estimado que el 70 % de esta producción mundial con una pureza del cien por ciento procede de Colombia.

Décadas atrás estos grupos ilegales se encontraban atrapados entre el frente del ejército colombiano y el control fronterizo de Venezuela. Desde la década de 2010, la situación experimentó un giro inesperado, impulsado fundamentalmente por el cambio de políticas y normativas de la nación bolivariana. Así, la mayoría de estas organizaciones criminales encontraron asilo en suelo venezolano y, de hecho, el anuncio del rearme de facciones disidentes de la FARC en 2019 fue realizado desde este país.

El caso expuesto puede extrapolarse a otras situaciones similares en diferentes fronteras latinoamericanas, quedando en evidencia el rasgo coyuntural y dinámico de la (i)legalidad en este tipo de áreas. El tiempo en que se modifican las condiciones y normatividades, puede oscilar desde un cambio de gobierno, hasta un viraje repentino dentro de la normatividad durante un mismo mandato.

La complejidad de lo legal/ilegal en las fronteras externas o exteriores de los estados, está dada por diferentes factores investigados por las ciencias sociales: las diferencias en los sistemas de leyes que regulan los estados; las modificaciones de los sucesivos gobiernos a las normatividades; la mayor o menor presencia de población en las áreas fronterizas que suelen actuar como efectivos de control denunciando actos ilegales y fundamentalmente la cultura como aspecto rector de las conductas de fronteras. Si la cultura local fronteriza es permisiva con conductas que se encuentran fuera de lo legalmente estipulado, infructuosos serán los esfuerzos de un estado para corregir dicha situación como, por ejemplo, el contrabando de mercancías que contribuye a los mercados informales de muchos países de América Latina. Autores como Soto Acosta (2017), hacen hincapié en las nociones más humanas de las dinámicas fronterizas, vistas desde el enfoque de fronteras políticas, económicas, lingüísticas entre otras.

Figura 1
Presencia de estructuras armadas en la frontera colombo-venezolana

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2018).

Lo (i) legal en las fronteras internas

Si se analizan las fronteras internas, es decir, aquellas que se erigen hacia el interior de un estado nacional, se pueden encontrar un sinnúmero de territorialidades que fluctúan entre lo legal y lo ilegal. A diferencia de las fronteras externas, las internas se encuentran insertas dentro de un mismo sistema normativo por lo que depende exclusivamente de los poderes republicanos hacer cumplir la ley. Las fronteras internas, en muchos casos, pueden generarse en pos de una mejor gestión territorial, derivadas de las decisiones político-administrativas de las provincias, los departamentos y demás figuras de administración subnacional. En otros casos, se emplazan por acción de actores sociales particulares que generan una apropiación del territorio empapándolos de semióticas y símbolos propios.

En América latina, son comunes las fronteras urbanas o intraurbanas. Al decir de Augé (1992): “La simbolización del espacio es un proceso que remite al establecimiento de límites, fronteras y umbrales, proceso íntimamente ligado a la identidad y a la diferencia, a la relación del sí mismo/nosotros con los otros” (p. 19).

Es así como se erigen sectores urbanos cargados de simbolismos, semiótica, estigmas y con fronteras definidas, no oficiales, pero conocidas e interiorizadas por la ciudadanía. En este sentido se puede citar, como ejemplo, las emblemáticas favelas de Río de Janeiro, cuyo bagaje discursivo ha generado a su alrededor sensaciones encontradas. Las imágenes oscilan desde lugares tenebrosos e inseguros dominados por las organizaciones de narcotraficantes a otras, asociadas con sitios pintorescos y emblemáticos, dignos de ser visitados.

En Bogotá, un caso distintivo lo ha representado el Barrio del Bronx o Cartucho, ubicado en el centro de la ciudad, a pocos metros de la sede del gobierno colombiano. El sector era conocido también como “La Caldera del Diablo”, “la Letra” o “la L” (por su similitud a una “L” que se formaba por las zonas de dominio y operación de actos ilegales). Era considerado como una “olla” por ser escenario común de la delincuencia, consumo y venta de drogas de todo tipo, actividades vinculadas a los secuestros y asesinatos de personas siendo la legalidad establecida por los cabecillas de las bandas criminales que allí operaban en connivencia con las fuerzas policiales encargadas de patrullar el sector. El Bronx en Bogotá ha alcanzado un nivel de reconocimiento urbano de tal magnitud que la ciudadanía y los medios de comunicación lo consideraban como un área independiente a la misma ciudad: “República independiente del crimen” (Diario El nuevo siglo, mayo 22, 2017), con fronteras urbanas establecidas. En mayo de 2016 el Bronx fue desmantelado por la Alcaldía de Bogotá mediante la intervención de 2.500 efectivos de la fuerza pública.

Situación similar ocurre en otras latitudes latinoamericanas como por ejemplo La Villa 31, asentamiento ilegal ubicado en el barrio El Retiro de la ciudad de Buenos Aires. Su característica principal es la inseguridad, instaurada por el crimen organizado, bajo la forma del narcotráfico (Emmerich, 2015 p. 94). Otras tantas ocurren en México, Brasil y Centroamérica.

Legal como objeto de interés académico

De lo manifestado en los párrafos precedentes, es posible identificar numerosas líneas de investigación donde las ciencias sociales podrían brindar sus pertinentes miradas integradoras y holísticas. Las que poseen mayor potencial e interés académico son principalmente dos: (1) la reflexión e investigación del rol de las fronteras con relación a las categorías de legalidad e ilegalidad; (2) La gestión integral de las áreas de fronteras.

En cuanto a la reflexión e investigación del rol de las fronteras con relación a las categorías de legalidad e ilegalidad, Zambrano Rodríguez (2014) menciona que las fronteras adquieren diferentes funciones entre las que se encuentra la función legal donde prevalecen las normas que reglamentan todas las actividades e instituciones. La identificación de la materialización espacial de las funciones de las fronteras comprende un amplio campo de estudio geográfico que aún ha sido poco explorado por el mundo académico.

La gestión integral de las áreas de fronteras, conforma una temática cuya extensión abarca la administración sostenible y sustentable de los recursos naturales nacionales e internacionales, el conocimiento y gestión de la dimensión social de las poblaciones de fronteras, el estudio de la cultura y costumbres singulares que rigen las conductas de los habitantes de cada una de las áreas de fronteras, la normatividad en relación a la circulaciones de personas, bienes y servicios que puede involucrar varios niveles de la división administrativa estatal, la lucha conjunta y colaborativa contra las actividades criminales transnacionales, entre otras; todo ello, sostenido en las complejas redes de decisiones que conforma todo proceso de gestión territorial.

El análisis de lo (i)legal en las fronteras abordados desde el enfoque de los sistemas adaptativos complejos, podría conformar un marco teórico con gran potencialidad para el conocimiento integral de estas áreas tan singulares. Así mismo, el abordaje temático desde las percepciones y vivencias de las minorías que incurren en la ilegalidad en las áreas de fronteras aportaría a la pluralidad del conocimiento en pro de gestionar, de la mejor manera posible, la cotidianidad de estas áreas.

Bibliografía

Andrade, V. (2016). La cultura de la legalidad como objeto interdisciplinario. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad. 10, 34-56.

Augé, M. (1992). Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Editorial Gedisa.

Contreras Bello, Y. (2010). Cultura de la legalidad en Colombia: Importancia de la participación ciudadana. Logos, Ciencia & tecnología, 2 (1), 98-106.

El Nuevo Siglo. (22 de mayo de 2017). El Bronx, en Bogotá: un año de retos y esperanzas.

Emmerich, N. (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Toluca. México.

García Villegas, M. (2010). Introducción: la cultura del incumplimiento de las reglas. En: Normas de papel. La cultura de incumplimiento de reglas (págs. 15 -48). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODOC). (2019). Informe mundial sobre las drogas 2019. Resumen, conclusiones y consecuencias en materia de políticas. New York: UNODOC.

Soto Acosta, W. (2017). Repensar las fronteras, la integración regional y el territorio. Ed.- Heredia, Costa Rica: CLACSO, IDESPO, Universidad Nacional de Costa Rica.

Zambrano Rodríguez, C. (2014). Límites/fronteras y elementos. Manual Atalaya de apoyo a la gestión cultural del Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya. Capítulo Territorio 4.1. Cádiz, España.



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