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1 Ambiente

Bianca De Marchi Moyano y Huascar Ignacio Morales Quintela

La palabra ambiente tiene varias acepciones en el lenguaje cotidiano y en sus aplicaciones dentro la geografía (Reboratti, 2011; Benedetti, 2017) o, incluso, en los estudios ambientales (Morales, 2016). El diccionario etimológico de Corominas (1987) sugiere que el origen del término es la voz latina ambiens, que se refiere a lo que rodea algo. Su derivación verbal es ambiere: cercar, envolver o rodear. En el tesoro lexicográfico de la Real Academia Española (RAE), se halla su primera definición a fines del siglo XVIII como “el aire ʃuave que nos rodea” (Terreros y Pando, 1786). Así, los orígenes de la palabra ambiente evocan el entorno que percibe el sujeto, individual o colectivo, con el que interactúa y al que interpreta. 

Este significado se complementa con otro del actual diccionario de la RAE, que remite a las “condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc. de un lugar, una colectividad o una época” (https://dle.rae.es/ambiente). Finalmente, junto con lo que alguien percibe y siente, en un momento y lugar de la historia, el ambiente también se refiere a “partes con características y funciones diferentes en que puede dividirse una sala o un local”. Esta definición arquitectónica evoca la relevancia de la delimitación en su concepción y de las diferenciaciones espaciales que supone. 

El ambiente, entonces, no es lo que envuelve al sujeto de forma infinita, no es “todo” a su alrededor. Indica la agencia de separar, aprender ciertas interrelaciones y organizarlas, aunque el agente forme parte de lo que separa y ordena para su gestión o conservación. En ese sentido, el uso técnico y reciente de ese concepto ha llevado a complejizar o adjetivar la palabra para su aplicación específica, por ejemplo, cuando se habla de lo “socioambiental” o del “medioambiente”. La necesidad de articular el término en palabras compuestas es una pista de la dificultad en su definición contemporánea y de los profundos problemas que ha buscado designar y coadyuvar a resolver.

Con frecuencia, el ambiente se asocia a la ecología y a su origen en el término griego oikos: espacio habitado o casa (Federovisky, 2011). Supone el estudio de las relaciones que permiten el surgimiento de diferentes formas de vida y que se centró -cada vez más- en la responsabilidad de la humanidad sobre el desarrollo de esas interacciones, en la percepción social sobre el entorno y la concepción de calidad de la vida (de Viana et al., 2000). A ese argumento corresponde el surgimiento del término medioambiente, que algunos autores consideran un barbarismo, asociado a una posición política por una acción humana responsable con la vida, su diversidad y relaciones en el entorno. Para las ciencias sociales, la influencia política de grupos ecologistas a fines del siglo XX fue determinante. La reflexión sobre el tema tuvo un impacto progresivo en la colectividad internacional a partir de la primera cumbre mundial de Estocolmo de 1971, pasando por un momento clave en la de Río de Janeiro en 1992, cuyo espíritu se mantiene hasta la actualidad. 

Con ese contexto, y dentro del desarrollo histórico de las corrientes de pensamiento geográfico, términos como lugar, espacio, territorio, paisaje, naturaleza y medio han sido claves para entender la problemática del ambiente. Sin embargo, el impulso de la geografía ambiental tiene apenas un par de décadas, en las que generalmente se ha aplicado la noción de ambiente como aquella naturaleza transformada por la actividad humana (Bocco y Urquijo, 2013). 

Este capítulo se divide en dos secciones. La primera indaga las fronteras ambientales. El segundo, en cambio, se interesa por los ambientes de frontera.

Fronteras ambientales

La decisión de proteger ciertos entornos por su valor “natural intrínseco” (en términos filosóficos, científicos o sociales) supone el establecimiento de fronteras para resguardarlos, es decir de fajas que permitan la protección de su “riqueza biológica”, aplicando estrategias que diferencian nítidamente el espacio interior y el exterior. 

Esa perspectiva, originada en entornos urbanos e industriales de mediados del siglo XIX, planteó conservar paisajes prístinos, aparentemente libres de la intervención humana, para garantizar su disfrute turístico como enormes espacios públicos. Este enfoque surgió en los Estados Unidos, en paralelo al que emergió en Europa sobre la protección del patrimonio histórico. En ambos casos suponía poner en valor elementos territoriales, símbolos que fortalecieron el carácter de los estados modernos en consolidación. Así, si para Europa eran celebrados los símbolos que venían del pasado, en el continente americano -aparentemente sin historia y con enormes espacios vacíos por conquistar- comenzaron a celebrarse los paisajes salvajes (Franco et al., 2016). 

Esa perspectiva mantiene vigencia hasta la actualidad con algunas variaciones. Su aplicación se ha tecnificado y estandarizado con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otras iniciativas multilaterales. Su expresión principal son las áreas protegidas en sus diversas categorías, consideradas ambientes representativos de la diversidad biológica del planeta “para ser mantenidos a perpetuidad” (Andrade, 2009, p. 50) y que suponen diferentes pistas analíticas vinculadas a las fronteras.

En Sudamérica, las Islas Galápagos son un ejemplo emblemático. Fueron reconocidas como patrimonio natural por la UNESCO en 1978. Sin embargo, las primeras medidas ecuatorianas de protección datan de 1930, cuando se buscaba ratificar la pertenencia del archipiélago al Ecuador frente al Perú (Martínez Iglesias, 2018). Así, una primera asociación entre frontera nacional y áreas protegidas se da en el marco del nacionalismo territorial, de la afirmación por momentos bélica y conflictiva, que caracterizó parte de las relaciones limítrofes sudamericanas (Lois y Cairo Carou, 2014). La declaración de la protección de algunos territorios buscó afirmar la pertenencia de ciertos espacios ante los vecinos, como fajas que amortizaban la amenaza potencial de los países fronterizos (Steiman, 2011).

En el caso de las Galápagos es clave la llegada de Darwin en 1839 y del mito que se construyó sobre el rol del archipiélago en el desarrollo de la teoría de la evolución (Sevilla Pérez, 2018). Aunque los aportes de Darwin apuntan a la transformación genética de las especies como base de la adaptación, la conservación en las Islas hasta la actualidad busca evitar los cambios en sus sistemas biológicos (Cuvi, 2016). Incluso el desarrollo del turismo en Galápagos, iniciado en la década de 1960 como una industria “sin chimeneas”, fue señalado como perturbador de sus ciclos biológicos (González y Cubero, 2010). En gran medida eso justificó la declaratoria de “patrimonio mundial en peligro”, en 2007, a partir del informe “Galápagos en Riesgo” de la Fundación Charles Darwin. Así, aunque las islas dependen de la institucionalidad y los subsidios estatales ecuatorianos, están en el centro de una preocupación ambientalista de escala global (Ospina, 2001; Martínez Iglesias, 2018).

Muchas veces las medidas de conservación se dan a ambos lados de una frontera internacional. Eso ha permitido que en las últimas décadas los organismos multilaterales privilegien el desarrollo de áreas protegidas transfronterizas, desde una concepción que prioriza la protección de las dinámicas biológicas sobre la territorialidad estatal (Steiman, 2011; Porcaro et al., 2018). Incluso, ese tipo de propuesta se ha aplicado para promover la pacificación, como ha sucedido con el Parque Cóndor, entre Ecuador y Perú, en 1998. También se conocen casos de medidas de gestión ambiental transfronterizas en regiones de triple frontera, como el caso de Iguazú entre Brasil, Argentina y Paraguay (Pires do Rio y Name, 2017). En su estudio se reportan las dificultades de coordinar diferentes intereses e institucionalidades, desde turísticos y urbanísticos hasta hidroeléctricos (Ferrero, 2018). Otras regiones con áreas de protección en tres países son menos exitosas, como se observa entre Bolivia, Argentina y Chile en la región circumpuneña, donde se ha intentado aplicar un sitio de protección de humedales RAMSAR sin lograr concretarlo (Pires do Rio y Name, 2017; Porcaro et al., 2018).

La discusión de las últimas décadas también se ha concentrado en quién y para quién se gestionan las áreas protegidas. Dado el interés conservacionista global, los actores internacionales son transversales a su control y delimitación, pero igualmente se ha reivindicado a las comunidades locales, en rechazo a la idea de que las áreas protegidas estaban vacías y en reconocimiento de los derechos territoriales colectivos (Diegues, 2000; Laurín et al., 2018). Así, desde fines del siglo XX se han impuesto modelos de gestión que suponen la participación de comunidades indígenas y tradicionales, bajo la premisa de que cierto tipo de sociedades son más apropiadas para vivir en armonía con la naturaleza que otras, aunque se trate de un enfoque bastante discutido (Andrade, 2009; Ferrero, 2018). Varios autores sugieren que los habitantes de los espacios urbanos debieran ser sujetos legítimos de la conservación de la naturaleza y, por lo tanto, estar dispuestos a compensar por su protección o por incorporar la conservación de ambientes de diversidad biológica en las mismas ciudades.

Ambientes de frontera

En las ciudades la naturaleza construida, es decir intervenida y controlada, cobra una importancia singular en la planificación urbana con un efecto espacial contundente (Aguilar y Moncada, 2010), que desborda la idea de naturaleza prístina. Luego de la influencia planificadora francesa de Haussmann y de la construcción de jardines como el de Versalles, o del modelo inglés de la “ciudad jardín” y de los jardines botánicos municipales, se planteó una suerte de democratización del acceso a la naturaleza y a los espacios verdes. Con ese impulso surgen los grandes parques urbanos centrales, que suponen facilitar el disfrute de áreas verdes a través de jardines públicos. Se inserta la naturaleza en el tramado urbano como bien colectivo y, por lo tanto, gestionado, planificado, protegido y diferenciado del resto de la ciudad (Gold, 1984). 

Estas áreas urbanas y sus fronteras están presentes como ambientes bajo protección, pero también como espacios de distinción social y cultural. La experiencia de pasar de un ambiente a otro, de percibir sus fronteras es cotidiana en las ciudades, pues es usual encontrar códigos de conducta específica, costos de ingreso, horarios de visita o incluso el cercamiento para impedir su uso irrestricto y posible degradación. En ese marco, se propone un análisis sobre los ambientes de frontera, que se experimentan desde una escala de proximidad y recuperan un enfoque vinculado a los sujetos en la cotidianidad urbana.

Figura 1
Naturaleza adentro, comerciantes afuera: el caso de La Plaza San Antonio
en Cochabamba, Bolivia

Fuente: Morales Quintela, H. Elaborado a partir de Imagen Satelital. Esri, DigitalGlobe, GeoEye, arthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS Community” (24/09/2020).

En Cochabamba, la tercera ciudad más poblada de Bolivia, la plaza San Antonio de Padua es el único espacio verde en la zona de comercio popular de La Cancha. Esa plaza, desde 2004, está defendida por rejas y en ellas se apoyan diversos puestos de venta fijos y comerciantes ambulantes sobre la calzada. Es una frontera que se abre lo menos posible ya que los dirigentes del barrio consideran que el área verde está bajo amenaza (Los Tiempos, 2019). Esa situación remite a la apropiación de ideas similares a las de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan contar con al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante en las ciudades como garantía de calidad del aire. Pero también la OMS relaciona estas áreas con el esparcimiento del conjunto de la población, lo que sí difiere con el caso citado: en Cochabamba el uso del área verde no es para todos, principalmente no es para los comerciantes. 

En la actual sociedad global crecientemente individualizada, las opciones de acceso y elección a ciertos ambientes implican la capacidad y el derecho colectivo de disfrutar paisajes naturales, transporte público seguro, calles iluminadas y aseadas, plazas entretenidas, etc. y de obligar a los gobiernos de proveer estas opciones y oportunidades a todas y todos (Harvey, 2014).

En otro sentido, el entorno urbano -también percibido como paisaje- es identificado como diferenciador social, como símbolo de determinados “estilos de vida”, y contribuye a percibir ciertos ambientes de estigmatización social. Así, surgen zonas enteras que se reservan para unos ciudadanos o para otros y constituyen fronteras dentro de la ciudad. En ese sentido, la comprensión del ambiente, y el de frontera en particular, está ligada tanto a las prácticas sociales como a las características físicas del espacio mismo. Eso se experimenta cuando un determinado grupo se recluye e implementa mecanismos de control para negociar intercambios con otros. 

Existen ambientes donde algunos individuos se ven enfrentados a un entorno fronterizo hostil. Las fajas donde el control y el miedo se convierten en parte esencial de la experiencia de las personas, ya sea internacional y entre estados, o local y entre barrios y zonas urbanas. Incluso pueden ser personales, ya que el cuerpo es la última frontera. 

Algunos lugares donde se concentra el control -y la capacidad de generar temor por su ejercicio- son aquellos donde la característica común es la vigilancia de la movilidad. Las características del concepto necropoder colaboran a explicar lo que es un ambiente hostil de frontera. En primer lugar, está la dinámica de la fragmentación territorial que conlleva la disminución de la movilidad y al aislamiento, luego está el control y creación de infraestructuras que impiden el contacto entre grupos en el espacio. La tercera característica es la existencia de espacios de violencia (Mbembé y Meintjes, 2003). Así, ambientes de frontera como el borde entre Estados Unidos y México, la franja fronteriza entre Colombia y Venezuela, las favelas de Río de Janeiro, el parque de cualquier ciudad que es controlado por cierto grupo social o la mirada fija del dueño del parqueo reservado en el edificio, son ejemplos no sólo del control territorial ejercido con fuerza, sino del ambiente donde el control y el miedo efectivizan ambientes de frontera palpables.

Bibliografía

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