Mario Valero Martínez

El conflicto, un tópico que alcanza vasto interés multidisciplinario, se estudia como un instrumento conceptual útil para comprender otras facetas de las relaciones sociales, especialmente se destaca en la importancia que tiene para observar las prácticas socioespaciales de los grupos humanos en la configuración de sus organizaciones, convivencias y relacionamientos. En estos contextos se presta atención a las posiciones, acciones y presiones que afloran en los variados intereses de los sujetos generadores de objeciones, desacuerdos y antagonismos que derivan en la conformación de campos de confrontación a partir de los cuales se buscan establecer las interacciones, los mutuos reconocimientos entre las partes discordantes, así como los mecanismos disuasorios y los complejos procesos de concertación con el objeto de dirimir las diferencias. 

Desde este punto de vista, la valoración del conflicto no se restringe a los encuadres de lo positivo o lo negativo, pues se entiende que forman parte de las situaciones y acciones de los grupos sociales. Como apunta Silva (2008), “el conflicto social no es anómalo, en realidad no es por definición ni bueno ni malo, es una consecuencia histórica y social natural de las relaciones sociales” (p. 41). En otra perspectiva se señala que en determinadas situaciones de conflictividad –políticas y geopolíticas, nacionales e internacionales- al radicalizarse y solidificarse las posiciones contrapuestas, escalar en su intensidad y generar posturas irreconciliables entre las partes discrepantes, se podrían llegar a desencadenar enfrentamientos de difícil solución y forzar eventos de violencia. En estos ámbitos el conflicto se considera como factor constructivo o destructivo, dependiendo de sus orígenes, características y las condiciones en que se desarrolla, pero también del manejo del problema en cuestión, junto a los logros acordados en las negociaciones para su desenlace. 

Aunque suele advertirse que, obviamente, los conflictos son de diversa naturaleza, diferenciada intensidad y singulares manifestaciones contextuales, en términos globales se definen como expresiones de eventos y circunstancias que envuelven las discrepancias, disconformidades, insatisfacciones, rivalidades que se presentan de manera permanente en los grupos sociales, instituciones, así como en otros ámbitos de poder. Es, en esencia, el reflejo del significado y la razón etimológica de la palabra conflicto, proveniente del latín conflictus: choque, disputa, combate, turbar, inquietar, ser maltratado, atormentado y, confligio: chocar, confrontar, entrechocarse, luchar, combatir, estar en conflicto. En el Diccionario de la Lengua Española se establecen cinco acepciones descriptas como: 1. Enfrentamiento armado. 2. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 3. Problema, cuestión, materia de discusión. 4. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustias y trastornos neuróticos. 5. Momento en que la batalla es más dura y violenta, en este caso se indica el desuso del significado (https://dle.rae.es/conflicto). También se refiere al conflicto colectivo, ejemplificado en las relaciones laborales como enfrentamiento de los representantes de los trabajadores y los empresarios. 

Más allá de estas acepciones, han surgido diversos enfoques teóricos que tratan el tema del conflicto orientado a las interpretaciones y análisis de las controversias presentes en las relaciones sociales, en las actividades económicas, políticas, geopolíticas, culturales, individuales. De manera especial se extienden a los procesos de ocupación y organización de los territorios y junto a ellos a los sensibles asuntos relacionados con los límites y las fronteras. 

En este capítulo se harán algunas consideraciones sobre la temática en cuestión, abordadas en cuatro secciones. En la primera se revisan los aspectos fundamentales en que se trabaja el conflicto. La segunda sección se presenta una perspectiva de la relación entre territorio y conflicto en diferentes ámbitos y múltiples escalas geográficas. La tercera se dedica específicamente a su aplicabilidad en los dilemas limítrofe-fronterizos. Y en la cuarta sección se ofrecen unos puntos de vistas de las relaciones entre los conflictos y los espacios de fronteras no limitados exclusivamente a las fronteras convencionales.

El estudio de los conflictos

En los enfoques expuestos por estudiosos y especialistas, con sus matices y diferencias, se trazan planteamientos teórico-metodológicos tendientes a ponderar el conflicto como un factor permanente y en cierto modo determinante en los tejidos relacionales de los grupos humanos. Coser (1961) subraya la importancia del conflicto en áreas fundamentales de las relaciones sociales y la positiva valoración en la lucha con respecto a valores y derechos sobre los estados, poderes o recursos escasos, así como el papel que desempeña en la interacción social. Para el citado autor, más que un factor negativo que disocia, el conflicto puede realizar muchas funciones específicas en los grupos humanos y en las interrelaciones personales.

Entre las funciones significativas se presta atención a las contribuciones del conflicto social en el sustento y el engranaje tanto de las relaciones sociales como de las estructuras sociales. Esto se interpreta como un factor facilitador para alcanzar la cohesión del grupo social, incluso cuando se ve menoscabado su equilibrio, afinidad y adaptación antes el surgimiento de amenazas internas o externas.

No se descarta la aparición del lado destructor del conflicto, pero se advierte que, ante esa amenaza, en la propia estructura social se encuentra la defensa de la base consensual de la cohesión social, definida en el reconocimiento institucional y la tolerancia otorgada al conflicto. Por otra parte, se asume que el aprovechamiento de las ventajas del conflicto, así como su plena utilidad están directamente relacionados con las sociedades flexibles puesto que contribuyen crear y modificar las normas, asegura su continuidad bajo nuevas condiciones. Esto facilita la resolución de conflictos. Lo contrario ocurre en sistemas rígidos que, al evitar conflictos, sofocan una señal de alarma que podría serles útil, aumentando así el peligro de una ruptura catastrófica. Esta diferenciación, flexibilidad-rigidez frente al conflicto, se interpreta en la relación directa con la estructura política de la sociedad, expresada en la contraposición entre democracia y autoritarismo/dictadura. 

Desde el punto de vista de Dahrendorf (1996) el conflicto social es componente medular de la sociedad humana y su aceptación comporta saludables beneficios a los grupos sociales. El conflicto social constituye una circunstancia supraindividual. Aunque se propone la búsqueda de su origen estructural (roles, grupos, sectores, sociedades agrupaciones supraestatales) y se señalan las múltiples expresiones establecidas entre los diferentes participantes (iguales frente a iguales, superiores frente a inferiores, todo frente a parte), se enfatiza en las relaciones de dominio generadas en algunas unidades de la organización social. 

En la conceptualización del conflicto social se parte de la caracterización de dos elementos en oposición: objetivo-latente y subjetiva-manifiesta. Para su exteriorización o cristalización deben cumplirse totalmente determinadas condiciones identificadas como técnicas (personales, ideológicas, materiales), sociales (reclutamiento sistemático, comunicación) y políticas (libertad de asociación). Para este autor, todo conflicto se desarrolla en tres etapas. La primera tiene un punto de partida estructural, es decir, el fondo causal de los conflictos dados: se diría que es la gestación, razón y motivo del conflicto, pero que permanece en estado latente. La segunda etapa corresponde a la manifestación o exteriorización del conflicto. La tercera etapa se refiere a los conflictos ya desarrollados que constituyen siempre diferencias entre naciones, entre agrupaciones políticas, etc. Además, hay otras dos dimensiones del conflicto: la intensidad y la violencia. Su exacerbación se alcanza cuando una de las partes enfrentadas es capaz de organizar o disponer de las condiciones sociales y técnicas necesarias, pero se les niega al mismo tiempo esa organización, es decir, faltan las condiciones políticas. 

En la representación latinoamericana de Entelman (2005) la teoría de los conflictos se presenta como un paradigma que busca diferenciarse de los enfoques que abordan el tema en ámbitos específicos y especializados. En tal razón se ofrece un instrumental conceptual general para el uso de todos los que manejan estos temas. El conflicto se concibe como un tipo de relación social que expresa propósitos discrepantes entre distintos actores de una determinada relación grupal. Es, según el autor, como un fenómeno bipolar, que encierra a todos sus actores en dos campos enfrentados por la incompatibilidad de sus objetivos; esas discordancias cohabitan con otras áreas donde los actores tienen objetivos compatibles o comunes que generan los actos de cooperación o coincidencia.

En esa perspectiva se plantea el conflicto como un proceso dinámico sometido a constantes cambios en sus componentes. A medida que se va desarrollando, simultáneamente incide en la transformación de las percepciones y las actitudes de sus actores que, en consecuencia, modifican sus conductas. A partir de allí, toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder; a menudo llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar objetivos. Esto induce a reafirmar su importancia en la búsqueda permanente del equilibrio en las relaciones sociales. 

En el informe publicado por el PNUD-UNIR (2011) sobre los conflictos sociales en América Latina se propone un enfoque constructivista del conflicto priorizando su procesamiento asociado a la promoción de estrategias de desarrollo, inclusión social e innovación productiva. En este contexto se asume, con alguna variante, la propuesta de Cadarso (2001) al definir el conflicto como “un proceso de interacción contenciosa entre actores sociales e instituciones movilizados con diversos grados de organización y que actúan colectivamente de acuerdo con expectativas de mejora, de defensa de la situación preexistente o proponiendo un contraproyecto social” (p. 30). 

En el denso informe que abarca el estudio en 17 países de la región, se argumenta que el conflicto social tiene su origen en la inconformidad o malestar colectivo que se manifiesta de manera hostil o discrepante a través de demandas, exigencias o peticiones y en algunos casos ejerciendo medidas de presión violentas contra alguna institución pública o privada que consideren responsables de la situación conflictiva. Aunque en el informe se aclara que la definición de conflicto se limita su ámbito de estudio conformado por un determinado número de países, enfocándose en los agentes, las tipologías y las formas de conflicto que se gesta entre el estado y la sociedad civil, de igual manera destacan la importancia que tiene el conflicto en todos los ámbitos de las relaciones sociales. 

Sin embargo, se aclara que la aplicación de la definición de conflicto es restrictiva al campo investigativo propuesto, focalizándose en “los agentes, las tipologías y las formas de conflicto que encarnan directamente las relaciones entre estado y sociedad civil en particular entre instituciones y movimientos sociales, como expresión organizada, activa y movilizada de la sociedad civil” (Cadarso, 2001, p. 337).  En esta propuesta se insiste de manera permanente en el valor integral que ejerce el conflicto en todos los ámbitos de las relaciones sociales. 

Conflicto y territorio

El conflicto como categoría de análisis se extiende a variados campos del saber y se despliegan tipologías atinentes al abanico de situaciones como los dilemas asociados a la personalidad de los individuos con sus experiencias territoriales, a las reivindicaciones y los reclamos protagonizados por los movimientos sociales, a las confrontaciones ocasionadas por los intereses económico-productivos, a los cuestionamientos de las actividades extractivas, a los dilemas presentes en las identidades culturales, a las discusiones que giran en torno a la problemática ambiental y el cambio climático, los enfrentamientos bélicos y sus juegos geopolíticos, a las diatribas sobre límites y fronteras entre otras cuestiones.

Observado desde la perspectiva territorial estos conflictos se presentan en diversas escalas y variados escenarios geográficos que involucran el entrecruzamiento de las discrepantes y antagónicas situaciones de naturaleza multifactorial, surgidas de los divergentes intereses entre diversos actores (sociales, institucionales, comunitarios, públicos, privados, vecinales, nacionales, internacionales, etc.) en sus permanentes prácticas socioespaciales. El territorio no se concibe sólo como un soporte físico-natural ni exclusivamente como ámbito jurídico de demarcación administrativa. En un enfoque más amplio, se considera como el resultado del proceso de ocupación, organización y reconfiguración socioespacial. Por lo tanto, es un complejo sistema de convivencias con sus formas organizativas ciudadanas en las que entran en juego las concertaciones, las solidaridades, así como el reconocimiento de las diferencias, discrepancias y conflictos sociales. 

La convivencia es, asimismo, la concreción socioespacial de la tolerancia que tiene implícito el respeto a la diversidad cultural, el derecho a disentir, a elegir, al disfrute de las libertades individuales, a las opciones y modos de vida. También, implica el cumplimiento de un conjunto de deberes concertados. Esta visión se corresponde con el establecimiento de sociedades abiertas y sistemas políticos democráticos (Valero, 2014). Así, el territorio es un ámbito de cohabitación y relaciones intersubjetivas, de potencialidades productivas, de los vínculos de identificación y afecto que inciden en la construcción de las territorialidades. En este contexto se comparte la apreciación de Jordán (1996) al definir la territorialidad como “el deseo del sujeto (individuo o grupo) de marcar un territorio dentro del cual el sujeto cree que tiene derecho legítimo para definir reglas, por ejemplo, de acceso y utilización del mismo (este territorio es mío/nuestro)” (p. 33).

Es, en suma, un ámbito cultural que no está exento del surgimiento constante de eventos conflictivos. 

Como suele ocurrir en muchos casos, una parte del territorio o la territorialidad podría involucrarse indirectamente en un conflicto social o político dado, al entrar en el juego del posicionamiento, control de espacios y lugares emblemáticos, protagonizado por uno de los actores enfrentados con el objeto de hacer pública la situación conflictiva, o como mecanismo de presión en la búsqueda de su solución o desenlace. Un ejemplo es un movimiento sindical para alcanzar una reivindicación laboral, la lucha en determinados sectores sociales en combinación con grupos políticos por la conquista de la democracia, el respeto a los derechos humanos, un reclamo vecinal en la busca de mejores condiciones de vida. Pero el territorio también puede ser objeto de disputa en la conflictividad generada por las acciones de grupos violentos –paramilitares, guerrilleros, bandas delictivas- que buscan el control territorial para desplegar sus fechorías, demostrar fortaleza y poder.

Otra tipología se identifica cuando el ámbito territorial se involucra directamente en el conflicto y afecta el hábitat de los grupos sociales. En este caso se hace referencia, por ejemplo, a la conflictividad ambiental. Folchi (2001) señala que la situación generadora de “un conflicto de contenido ambiental” se origina al tensionarse la estabilidad histórica entre una comunidad y su hábitat. Esto podría ocurrir cuando se introduce la acción de algún agente extraño que altera o pretende alterar las relaciones preexistentes entre una comunidad y su ambiente o a la inversa, cuando una comunidad decide modificar su vínculo con el ambiente afectando los intereses de alguien más. Se diría entonces que territorio y ambiente ocupan el escenario principal del conflicto. Un caso específico, por la importancia que tiene a escala planetaria, proviene de la intervención desmedida y la conflictividad denunciada en el territorio de la Amazonía, causada por “un proceso de degradación que se expresa en deforestación creciente, pérdida de biodiversidad, contaminación de agua, pueblos indígenas y valores culturales en deterioro y degradación de la calidad ambiental en las áreas urbanas” (PNUMA, 2009, p. 12).  

Otro ángulo de la conflictividad territorial se observa con el surgimiento en la década de 1980 y la posterior expansión del Movimiento Sin Tierras en Brasil. En sus orígenes fue un movimiento social que se trazó como objetivo la ocupación de tierras y la reforma agraria como forma de lucha contra los grupos privados e instituciones estatales. Luego derivó en un movimiento político con precisas orientaciones ideológicas que, tal como se señala en su sitio web (https://mst.org.br/quem-somos/), se propone, entre otros aspectos, la lucha por la transformación estructural del Brasil, reclamando políticas de estatización y prácticas gubernamentales para garantizar, según su enfoque nacionalista, la soberanía sobre el territorio, las riquezas naturales, minerales, el agua, la biodiversidad, todo esto, sustentado en la intervención y el control del Estado con la participación de la sociedad y de los trabajadores y de las empresas estratégicas para la generación de riquezas. 

Ejemplos con implicaciones territoriales lo conforman, el surgimiento de organizaciones no gubernamentales que canalizan los conflictos nacionales y los observatorios de apoyo a las comunidades y demás organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/). Se define como un espacio de estudio del contexto venezolano con el objetivo de identificar e interpretar la protesta social, los conflictos, las tensiones y luchas populares. En sectores más específicos se organiza el Observatorio de los Conflictos Mineros de América Latina surgido en el año 2007 con motivo del encuentro de diversas organizaciones que se proponen en sus objetivos diseñar estrategias de resistencia al extractivismo minero, denunciando sus impactos negativos para el ambiente y las comunidades, intentado vencer las hostilidades de la implementación de políticas públicas para la explotación minera y fomentar alternativas específicas sustentadas en estrategias para lograr concertaciones con otros movimientos sociales en sus particulares experiencias territoriales. (https://www.ocmal.org). No son pocas las organizaciones en América Latina que se orientan al estudio y canalización de los conflictos sociales, políticos o ambientales. Algunas, incluso, con sus sesgos político-ideológicos, intentan imponer versiones parceladas de determinadas situaciones conflictivas. 

Territorio: límites, fronteras y conflictos

La relación territorio y conflicto se estudia de igual manera, en una de las facetas más sensibles en la configuración de las territorialidades nacionales como es el binomio límites y fronteras. Sobre estas categorías conviene previamente, hacer una disquisición conceptual, no como simple connotación semántica, pero necesarias para la comprensión de sus complementarias funciones territoriales, así como en sus específicos eventos asociados a la conflictividad.

Los límites y las fronteras son dos componentes complementarios inherentes a las diferentes organizaciones del hábitat humano, establecen sus territorialidades no inmutables, por tanto, forman parte de sus dinámicas históricas y geográficas. La demarcación y en consecuencia la configuración de fronteras han sido procesos controversiales, también conflictivos, derivados de múltiples intereses, sociales, políticos, económicos, culturales por el dominio y control territorial que, en el mundo contemporáneo definen el espacio geográfico de una de las principales organizaciones político-administrativas de la sociedad: el estado nación. En esta escala el trazado limítrofe cumple la simultánea función de cohesión socioespacial. Es la geo-referencia del ámbito jurídico-político nacional; al mismo tiempo, es linde internacional de separación territorial. Como construcción social y cultural es el ámbito de la convivencia de grupos humanos en los que establecen pautas, valores, deberes, derechos que definen las relaciones sociales no exentas de discrepancias, conflictos, y se crean y reconfiguran las identificaciones, identidades y arraigos socio-territoriales (Valero, 2014).

En América Latina estas demarcaciones se gestaron en los procesos de ocupación, colonización, reparto y organización territorial protagonizados por España, Portugal, en menor medida Gran Bretaña, Francia y Holanda. Se desarrollaron en complejas, conflictivas y prolongadas negociaciones desde el siglo XIX, cuando se declararon las independencias nacionales y se buscó la consolidación de las soberanías territoriales. Los mecanismos y métodos implementados en la resolución de las discrepancias heredadas de esas organizaciones político-administrativas coloniales, tales como los tratados y los arbitrajes internacionales no fueron en todos los casos los más justos o adecuados, y en escasas situaciones extremas, derivaron en conflictos bélicos (Valero, 2002). 

Estas circunstancias dejaron su huella negativa en varios ámbitos nacionales, conllevando a generar otros ambientes antagónicos reflejados en las dificultades históricas para el desarrollo pleno de relaciones bilaterales, en brotes xenofóbicos binacionales, o en el manejo inescrupuloso de esas discrepancias territoriales por parte de las élites políticas, de algunos actores gubernamentales y grupos nacionalistas casi siempre con fines electorales asociado al intento de estimular el fervor patriótico. Esta fue una constante actitud, durante el siglo XX, por ejemplo, entre Chile-Perú, Guyana-Venezuela, Venezuela-Colombia, Costa Rica-Nicaragua, Guatemala-Belice, Perú-Ecuador, Argentina-Gran Bretaña. 

En la segunda década del siglo XXI latinoamericano aún quedan alrededor de diez reclamos puntuales sobre posesiones y delimitaciones territoriales y marítimas. Es una conflictividad que en algunas partes permanecen latentes, en otras han aflorado a tal extremo de poner en vilo las relaciones bilaterales. Estas no son simples reclamaciones jurisdiccionales. Su conflictividad involucra también otros intereses geopolíticos como, por ejemplo, el control de recursos naturales (Venezuela y Guyana), mar territorial (Chile-Perú. Argentina-Gran Bretaña, Nicaragua-Colombia, Venezuela-Guyana), rutas de salidas a mercados internacionales (Bolivia-Chile), el valor estratégico de aguas fluviales (Nicaragua-Costa Rica, Honduras-El Salvador), entre otros. 

Los límites fronterizos demarcan los territorios. Desde la perspectiva geográfica también se considera umbral para la configuración de los espacios de fronteras que, de igual manera, se conciben como ámbitos organizados que forman parte de las estructuras territoriales y se interpretan como espacios valorados en sus atributos biofísicos, ambientales, económico-productivos y culturales, así como en la importancia que tienen los espacios construidos y demás organizaciones en el establecimiento de interacciones, intercambios y relaciones socioespaciales transfronterizas. Esta es una caracterización que define, asimismo, los espacios fronterizos en la mayoría de los países de América Latina. 

Sin embargo, son espacios que están sometidos a permanentes tensiones conflictivas, unas originadas en las políticas nacionales, como por ejemplo las políticas de cierre de fronteras que ha liderado Estados Unidos en las fronteras con México, materializada en la construcción de los muros fronterizos justificada en el control de la migraciones; o los inverosímiles decretos gubernamentales de Venezuela en la segunda década del siglo XXI ordenando el cierre de las fronteras con Colombia, sustentados en supuesto combate al contrabando binacional. En ambos casos, las inconcebibles decisiones no sólo han incrementado la problemática, también han generado otras actividades ilícitas y generan nuevos conflictos. Dahrendorf (1996) advertía:

En la medida en que es posible la movilidad social, sobre todo entre las partes en disputa, pierden los conflictos en intensidad y la revés (…), los conflictos nacionales aumentan en intensidad en la medida en que se cierran las fronteras entre las naciones (y al revés: los viajes aminoran la intensidad de los conflictos nacionales). (p. 351).

No son los únicos casos, en varios países Latinoamericanos suelen encontrarse otras políticas públicas que obstaculizan y atizan los conflictos bilaterales. 

Otras relaciones entre conflicto y frontera

Otros campos de la conflictividad en Latinoamérica surgen de los procesos de militarización de las fronteras y la incompatibilidad de sus acciones represivas, con las prácticas socioespaciales de la cotidianidad transfronterizas. Un caso particular de la conflictividad fronteriza se define en la violencia ejercida por grupos violentos –guerrilleros, paramilitares, bandas armadas- que buscan el control territorial binacional como centro de sus operaciones delictivas. Ejemplos representativos se presentan en las fronteras de Venezuela y Colombia, protagonizadas por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de Fuerzas Armadas de Cooperación Revolucionarias (FARC), Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), grupos narco-paramilitares conocidos como los Urabeños, los Rastrojos, y las Águilas Negras, que se disputan el control territorial fronterizo. 

Para Centroamérica, Moya (2013) analiza la situación de violencia en las fronteras y advierte sobre el surgimiento de nuevos conflictos fronterizos. Son matrices de conflictos permanentes en fronteras definidas y reconocidas, pero a menudo no controladas y que sirven como teatros de operaciones para actores del crimen organizado o como áreas de refugios para los grupos paramilitares. En su perspectiva amplía razonablemente su argumentación a las vulnerabilidades socioeconómicas, ambientales y de seguridad que generan conflictividad y en consecuencia la violencia.

A pesar de estas circunstancias, en la mayor parte de los espacios fronterizos latinoamericanos se generan amigables intercambios e interacciones transfronterizas entre sus habitantes, y aunque no están exentos de las discrepancias cotidianas, las propias relaciones socioespaciales se encargan de regular. Esta es otra faceta positiva del conflicto, al contribuir a mantener cierto equilibrio en las relaciones transfronterizas, teniendo en cuenta que los diferentes contextos socioespaciales y territoriales están conformados por las desavenencias y competitividades reflejadas en las interacciones entabladas entre agentes que buscan de manera permanente en reequilibrio para mantener la cohabitación. “Las fronteras geográficas adquieren una fuerte carga simbólica y significado emocional en los conflictos territoriales, puesto que las partes vivencian los límites geográficos como límites entre el orden y el caos, la seguridad y la amenaza” (Jordán, 1996, p. 32). 

En las dinámicas socioespaciales, las fronteras, no restringida a su concepción convencional, emerge como factor que se incorpora a los controversiales eventos territoriales al establecer ámbitos diferenciados de las conflictividades, proyectados en las convivencias humanas y sus configuraciones organizativas. Como ejemplo se podrían exponer el control del poder político de los espacios que surge de las protestas sociales contra la institucionalidad establecida reclamando cambios sustanciales en la gobernabilidad, tal como han proliferado en América Latina en estas dos décadas del siglo XXI, desde México hasta la Argentina, pasando por la intensidad conflictiva en Venezuela y Chile.

Las segmentaciones socioespaciales urbanas que también se materializan en la construcción de muros al interior de las ciudades para demarcar las separaciones vecinales. Ghilardi y Benedetti (2019) proponen la frontera como instrumento heurístico para abordar cualquier otro fenómeno que involucre procesos de fragmentación, diferenciación en entidades geohistóricas específicas, con especial atención en los muros, las barreras y los bordes que se construyen en las ciudades. Es una apuesta a observar la otra faceta de las acciones humanas que se movilizan entre el acuerdo y el imperceptible conflicto urbano. Y no se deben dejar de lado, los contrastantes paisajes que permiten observar las segmentaciones socioespaciales entre la opulencia y las precarias condiciones de vida tan comunes en la conflictiva geografía humana de América Latina. 

Figura 1
 Barrera en la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira. Venezuela

Fuente: Valero (2019). Archivo fotográfico propio.

Bibliografía

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Ghilardi, M., y Benedetti, A. (2019). Fronteras en la vida cotidiana del Área Metropolitana de Mendoza (Argentina). En: Valero M., Superi E., Porto J. Las ciudades entre miradas diversas. (pp. 50-69) Editora UNIPAF, Macapá. 

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