Leonardo Canciani

La palabra fuerza proviene del latín fortia. Posee una multiplicidad de acepciones. Pero al imprimirle pluralidad, “fuerzas armadas”, su definición deriva en un sentido estrictamente militar al identificar, de forma genérica, a la “gente de guerra y demás aprestos militares” (https://dle.rae.es/fuerza). Sin embargo, esta definición no abarca la diversidad de sentidos y usos que existe en la actualidad. Asimismo, tampoco contiene aquellas instituciones que estuvieron en funciones en tiempos pasados y han sido suprimidas o caído en desuso en las últimas décadas.

Es posible sostener que las fuerzas han tenido diverso carácter, composición y funciones en la historia de América latina. Desde tiempos coloniales se han conformado ejércitos regulares o de línea (de dotación y de refuerzo), milicias disciplinadas y locales (urbanas y rurales), como así también, cuerpos de indios amigos. En ciertos contextos se crearon ejércitos expedicionarios o ad hoc para las guerras de independencia o entre estados americanos. La formación de las nuevas naciones del siglo XIX conllevó a la proliferación de ejércitos y milicias provinciales/estaduales, guardias nacionales y a la consolidación de ejércitos nacionales. El siglo XX trajo la novedad de la conscripción universal para cubrir la necesidad de hombres en estos últimos. A su vez, se crearon cuerpos policiales-militares de carácter híbrido especializados en la seguridad interna y en el control de las fronteras. Se constituyeron fuerzas paramilitares, parapoliciales, milicias y ejércitos revolucionarios que se revelaban ante las autoridades para acceder al poder.

Los estados intentaron consolidar su dominio sobre el territorio y sus fronteras. Por consiguiente, diagramaron y desplegaron fuerzas muy diversas que debieron actuar de forma complementaria para controlar los escenarios en disputa, sus recursos económicos y su población. A través de una mirada histórica de la relación fuerzas-estados-fronteras, se pueden reconocer cambios y continuidades en la conformación de las fuerzas armadas, la militarización y la especialización de diversos organismos de seguridad interior.

Este capítulo se organiza en cinco partes, definidas por un criterio cronológico. En la primera se hará una breve clasificación de las líneas de investigación y los principales autores que han estudiado a las fuerzas. En la segunda parte se presentarán las fuerzas que actuaron durante el período colonial y se describirán las que se crearon para los espacios fronterizos. En la tercera, se analizarán las transformaciones de las fuerzas durante la construcción de los estados nacionales que surgieron en el siglo XIX. En la cuarta, se examinará la militarización que sufrieron las sociedades americanas afectadas por guerras originadas en las fronteras. Finalmente, en la quinta parte se repasarán algunas fuerzas especializadas en la seguridad interior y en las fronteras durante el siglo XX.

Fuerzas en las ciencias sociales

El monopolio de las fuerzas armadas y de seguridad es un atributo constitutivo de los estados nacionales. Una mirada en clave histórica permite advertir que tal condición no fue sencilla de alcanzar. Fue resultado de un proceso teñido de marchas y contramarchas mediadas por la guerra y por conflictos de variada intensidad, como así también por la negociación y las discusiones parlamentarias. Desde mediados del siglo XX, tal complejidad ha sido puesta de relieve por las ciencias sociales, en general, y la historia, en particular. A riesgo de simplificar décadas de investigaciones, es posible reconocer al menos cuatro grupos.

En primer lugar, se encuentran aquellos como Sotelo (1977), O’Donnell (1982) y Rouquié (1984), que se han interesado por explicar la constitución de un poder militar en América Latina durante la etapa formativa de los estados nacionales. Asimismo, buscaron entender la proliferación del militarismo y la intervención institucional del ejército en la política y en los gobiernos durante el siglo XX.

Por otro lado, autores como Centeno (2002), Ortiz Escamilla (2005) y Garavaglia et al. (2012), han evaluado la militarización, el peso de las guerras y de las diversas fuerzas militares y milicianas durante los años de dominio español y en la conformación de los estados nacionales independientes.

Desde la historiografía brasileña, Castro et al. (2004), Possamai (2012) y Fuccilli et al. (2018), entre otros, han abordado la relación de las fuerzas armadas y de seguridad con el conjunto de la sociedad en tiempos pasados y más actuales.

Por último, se puede mencionar a quienes, como Chust y Marchena (2007), Sabato (2009) e Irurozqui (2015), han examinado la contribución de las milicias y la guardia nacional a la formación de la ciudadanía en el siglo XIX.

Fuerzas en tiempos coloniales

Tras la etapa de las huestes de conquista en el siglo XVI, las compañías de presidio y las milicias urbanas y rurales se convirtieron en los principales elementos defensivos de la monarquía hispánica en América durante el siglo XVII. Las primeras constituían una pequeña guarnición de soldados establecidos en una fortaleza para la defensa de la ciudad. Las segundas reunían a los hombres adultos avecindados que tenían el derecho de armarse para defender sus lugares de residencia y las fronteras (Marchena Fernández, 1992).

En la América portuguesa la estructura militar era similar. Había tres tipos de fuerzas. En primer lugar, estaban las regulares. Eran pagas y venían desde la metrópoli. En segundo lugar, se encontraban las ordenanças. En ellas, los colonos y terratenientes estaban obligados a prestar su servicio de armas ante la insuficiencia de las tropas de línea. Se pueden mencionar, por último, las fuerzas irregulares. Se organizaban ad hoc ante eventualidades. Además, en 1739 se crearon tercios de auxiliares, que eran fuerzas milicianas para acompañar a las tropas regulares (Ribeiro, 2005).

La formación del sistema defensivo en América se produjo con las reformas militares del siglo XVIII. Las compañías de presidio se transformaron en unidades regulares dotadas de plana mayor y servicios de guarnición. Se constituyó una oficialidad militar y se dictaron reglamentos de plaza (desde 1718) y de milicias (desde 1769), que pervivieron más allá del período colonial. Se redefinieron tres tipos de fuerzas. El ejército de dotación eran las unidades fijas, constituidas en su mayor parte por criollos, que estaban establecidas en los principales puertos y guarniciones. El ejército de refuerzo eran las unidades compuestas por peninsulares enviadas temporalmente desde España. Las milicias comprendían a la mayor parte de la población masculina libre entre 18 y 45 años. Eran la base de la defensa territorial. Las compañías sueltas, organizadas de forma local, se denominaron urbanas. Las disciplinadas fueron organizadas en regimientos y debían estar al mando de oficiales y una plana mayor veterana. Se pretendía que prestaran servicios en espacios más amplios que la propia localidad y que quedaran subordinadas a los mandos del ejército (Marchena Fernández, 1992; Kuethe, 2005).

Además de estas fuerzas que se desplegaron en todos los dominios americanos de la monarquía, se formaron cuerpos específicos para las zonas de frontera. Los indios amigos del norte de México integraron campañas militares de conquista. Durante los siglos XVI y XVII, contribuyeron a la expansión de la ocupación española en el reino de Nueva Vizcaya (Giudicelli, 2009). Las milicias de guaraníes se formaron en las misiones jesuitas del Paraguay. Durante los siglos XVII y XVIII, tuvieron un rol clave en la defensa de la frontera con los portugueses. A su vez, participaron de expediciones militares al Río de la Plata y a los territorios del Gran Chaco aún no conquistados (Avellaneda y Quarleri, 2007). Los blandengues se crearon en el siglo XVIII en Santa Fe, Buenos Aires y Montevideo para el cuidado de la frontera sur del imperio español. Fueron una fuerza de caballería especializada en el combate contra los indígenas soberanos (Fradkin, 2009).

Fuerzas en la formación de los estados iberoamericanos

Los cambios políticos generados por la revolución hispánica y la creación de nuevos países durante las primeras décadas del siglo XIX no implicaron grandes transformaciones en el carácter de las fuerzas que se han reseñado. La revolución engendró la guerra y ésta acrecentó de forma exponencial la militarización de la sociedad (Halperín Donghi, 1972). La consiguiente multiplicación de unidades militares y la extensión del servicio de armas a sectores cada vez más amplios de la población se correspondieron con el impresionante crecimiento de las “fuerzas de guerra” reclutadas por los gobiernos (Rabinovich, 2012). Las fuerzas debían ser garantes de la soberanía de las nuevas naciones. Los ejércitos de línea dejaron de responder al rey para hacerlo a los encargados de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales en Hispanoamérica y al emperador en Brasil. Las milicias se subordinaron a los gobernadores estaduales o de provincia y a los cabildos o ayuntamientos locales (Chust y Marchena, 2007).

Años más adelante, durante la etapa de construcción de los estados-nación, los gobiernos iberoamericanos crearon la Guardia Nacional para remplazar a las milicias. Estas últimas quedaron asociadas a los gobiernos provinciales y a los caudillos locales. La Guardia Nacional fue una fuerza de carácter miliciano, integrada por ciudadanos, que debía guardar el orden y la institucionalidad en las naciones (Sabato, 2009; Hernández Chávez, 2012). Su nombre deviene de la tradición francesa. La Garde National fue creada luego de la revolución de 1789, como la manifestación visible y armada de la fuerza opositora al absolutismo. Su misión era mantener y preservar el nuevo orden surgido de la revolución (Rosanvallon, 1992). Este espíritu se replicó en América. Año tras año, sus países dieron origen y organizaron esta fuerza. Brasil y Chile en 1831, México y Colombia en 1832, Uruguay en 1835, Perú en 1839, Bolivia en 1842, Ecuador en 1843, Paraguay en 1845, Buenos Aires en 1852 y la Confederación Argentina en 1854.

Por otro lado, los gobiernos avanzaron en pos de la profesionalización de las fuerzas regulares. Una de las medidas más importantes fue la creación de colegios o escuelas militares para la formación de los jefes y la oficialidad de los ejércitos de línea. Estas academias fueron fundadas en México en 1823, Brasil en 1840, Chile en 1843, Argentina en 1869, Guatemala en 1873, Uruguay en 1885, Bolivia en 1891 y Perú en 1896. Asimismo, desde finales del siglo XIX, se implementaron medidas que apuntaron a modernizar los ejércitos nacionales con técnicas y material bélico de origen europeo. Además, se redefinieron los mecanismos de reclutamiento. Algunos países optaron por mantener el alistamiento voluntario hasta entrado el siglo XX o la actualidad. Otros sancionaron el servicio militar obligatorio para los varones jóvenes a inicios del siglo XX. Chile lo hizo en 1900, Perú y Argentina en 1901, Ecuador en 1902, Bolivia en 1907 y Brasil en 1916 (Rouquié, 1984).

Militarización: guerras internacionales y definición de límites

En Norteamérica, en la frontera septentrional de México, en la Amazonia, en el Gran Chaco y en Pampa-Patagonia se libraron disputas seculares por el control de los espacios fronterizos y las tierras de los indígenas soberanos hasta finales del siglo XIX. Fue entonces cuando estados más consolidados pudieron someterlos, expulsarlos o exterminarlos.

Las fuerzas militares y milicianas también intervinieron en conflictos que se produjeron en diversos lugares de Iberoamérica. A las guerras civiles que afectaron la post-independencia, se pueden sumar otras entre estados que se desarrollaron en las fronteras y/o tuvieron consecuencias en la definición de límites. A modo de ejemplo se pueden mencionar las guerras entre Brasil y las Provincias Unidas por la Banda Oriental (1825-1828), la Confederación Peruano-Boliviana contra Chile y la Confederación Argentina (1837-1839), México y Estados Unidos (1846-1848), Paraguay y la Triple Alianza (1864-1870), del Pacífico (1879-1884), del Chaco (1932-1935) y peruano-ecuatoriana (1941-1942).

La guerra entre México y Estados Unidos se produjo como consecuencia de las disputas territoriales que protagonizaban ambos países. La incorporación de Texas a la Unión, en 1845, derivó en una escalada de conflictos diplomáticos que llevaron a la guerra. La victoria estadounidense obligó al gobierno mexicano a renunciar a su reivindicación sobre Texas y a ceder los territorios del norte del país, que actualmente forman los estados de California, Nevada, Arizona, Nuevo México y Utah, así como parte de los de Colorado y Wyoming.

En los prolegómenos de la contienda, los dos ejércitos regulares eran similares. Estaban compuestos por hombres a los que la población civil despreciaba. No los consideraban ciudadanos. Su alistamiento no había sido motivado por “patriotismo”, sino por la miseria económica que los aquejaba o contra su voluntad. No formaban unidades nacionales, pues esa condición estaba en plena construcción. El 40% del ejército regular estadounidense estaba conformado por inmigrantes europeos recién llegados al país. El mexicano debió ser completado con unidades milicianas que tenían fuerte identidad local (Guardino, 2018).

Los ejércitos no disponían de los efectivos necesarios para llevar a cabo esta guerra. Estados Unidos debió movilizar 31.000 soldados regulares y reclutar a 59.000 milicianos. Una vez terminado el conflicto, estos últimos retornaron a la sociedad civil. México también recurrió a los guardias nacionales para remontar su ejército. Estos se reclutaron de forma local y remitían a identidades políticas dispares, de allí que se produjeran enfrentamientos entre sí en el marco de la guerra. Pese a estas adversidades, en menos de un año 40.000 hombres se habían movilizado para defender a su país de la invasión. Al mismo tiempo, los mexicanos llevaron adelante una guerra de guerrillas, compuestas por cuerpos irregulares que atacaban las zonas ocupadas por Estados Unidos (Guardino, 2018).

La guerra que enfrentó a Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay (Triple Alianza) fue el conflicto internacional de mayor envergadura en la historia de América, después de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865). Paraguay fue derrotado. El 60% de su población perdió la vida y cedió el 40% del territorio que antes de la guerra reivindicaba en Mato Grosso, Chaco y Misiones. Los países intervinientes emplearon todos los recursos a su alcance para constituir sus ejércitos y militarizar a la población. En 1865, Paraguay disponía de 38.173 soldados regulares, pero era capaz de movilizar a cerca de 150.000 guardias nacionales. El gobierno puso en armas a la mayor parte de los hombres entre 16 y 50 años, pero a causa de las pérdidas sufridas, el presidente Francisco Solano López debió movilizar niños y ancianos en los años finales de la guerra. La militarización se volvió total para mantener viva la resistencia paraguaya (Capdevila, 2010; Whigham, 2016).

Brasil aportó la mayor proporción de fuerzas aliadas. Su capacidad militar residió en la Guardia Nacional. Debido a que estaba bajo el control de los poderes locales, impuso serios límites a la capacidad de movilización imperial. Pese a ello, Brasil fue capaz de poner en armas a más de 110.000 hombres. Utilizó cuatro fuentes de reclutamiento: guardias nacionales, voluntarios, reclutas y libertos. La Guardia Nacional proveyó casi la mitad de sus efectivos, de los cuales el 46% provino de Río Grande do Sul. Esta provincia fronteriza poseía el 4% de la población total del país, por lo que sus habitantes padecieron una fuerte exigencia militar (Peres Costa, 2016). Hacia 1865, el ejército regular de Argentina apenas superaba los 6.000 efectivos. El gobierno también debió recurrir a la movilización de guardias nacionales y a la leva forzosa para remontar el ejército de operaciones. El mayor peso del reclutamiento recayó sobre los milicianos de la provincia de Buenos Aires, que era sede del gobierno federal, pero estaba alejada de las fronteras con Paraguay. Por su parte, Uruguay tuvo una presencia marginal en el ejército aliado, pues representó no más del 2% de las plazas (Garavaglia, 2016).

La guerra del Pacífico enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. El conflicto se originó por el control de los yacimientos salitreros existentes en el litoral boliviano y el sur de Perú. La disputa se produjo en el contexto de tensiones diplomáticas entre Bolivia y Chile por la jurisdicción de la zona central del Desierto de Atacama. La victoria de este último derivó en la anexión de la costa de Bolivia (Antofagasta) y del sur de Perú (Tarapacá y Arica). Chile pasó a controlar casi la totalidad de los depósitos mundiales de salitre y guano.

En la víspera de las hostilidades, Chile disponía de fuerzas regulares poco numerosas, pero bien equipadas, entrenadas y dirigidas. La Marina contaba con 22 buques. Tenía bajo su mando un cuerpo de infantería de marina de 1.500 hombres. El ejército de línea reunía a 5.000 efectivos. Finalmente, la Guardia Nacional podía militarizar a 45.000 ciudadanos. Perú disponía de 14 naves de Marina. El ejército llegaba a los 5.550 hombres y su equipamiento era muy inferior al chileno. Sólo una parte de la caballería poseía armas modernas. La artillería era obsoleta. En teoría, la Guardia Nacional peruana estaba en condiciones de movilizar 65.000 ciudadanos. Bolivia carecía de Marina y su ejército ascendía a 1.500 hombres. A ellos, podían sumarse 40 unidades de guardias nacionales segregados en grupos étnicos (Razoux, 2005; Sater, 2007).

Chile, Perú y Bolivia dependieron en gran medida de sus guardias nacionales. Los aliados porque necesitaban reemplazos después de que sus ejércitos habían desaparecido y los chilenos porque sus victorias los obligaron a usar milicianos para luchar y servir como fuerzas de ocupación. A finales de 1880, el gobierno chileno movilizó 6.600 guardias nacionales a Tacna, 1.500 a Tarapacá y Antofagasta, 2.400 para mantener el orden en las provincias chilenas y 4.400 para la frontera con los araucanos. Asimismo, cerca del 70% de los efectivos que tomaron la ciudad de Lima en 1881 eran guardias nacionales. Incluso en 1884, todavía permanecían unos 13.000 en servicio activo. El presidente boliviano tuvo que depender en gran medida de la milicia. De los 17 batallones que movilizó en abril de 1879, 14 estaban integrados por guardias nacionales. Por su parte, la resistencia peruana en Lima y en la sierra fue respaldada por milicianos criollos, mestizos e indígenas (Sater, 2007).

Fuerzas en el siglo XX

Las guerras internacionales y civiles del siglo XIX dejaron paso a tiempos de paz más duraderos durante el siglo XX. Los estados complejizaron su organización para la defensa y la seguridad interior. Crearon fuerzas militares, civiles o mixtas especializadas para actuar en las fronteras o en situaciones particulares y las dotaron de atribuciones específicas. Para ello, las diferenciaron del ejército. A modo de ejemplo, se pueden proporcionar tres casos: Brasil, Chile y Argentina.

La Policía Militar de Brasil fue creada en 1809 como una fuerza diferente al Ejército. Durante el siglo XIX, estuvo subordinada a aquel. La consolidación de las Policías Militares de los estados se produjo, recién, con la sanción de la constitución de 1934. Se las definió como fuerzas de reserva del ejército brasileño, responsables de la seguridad interna y del orden público. En 1968, el gobierno militar instituyó la subordinación de sus oficiales al Ejército (Rezende, 2011). Se convirtió en la principal fuerza del país, ya que prácticamente todas las funciones policiales quedaron bajo su responsabilidad. Asimismo, sufrió un proceso de militarización. Los oficiales de la Policía Militar adoptaron la instrucción, reglamentación y justicia militar del ejército. Derivaron en una fuerza híbrida. El gobierno nacional es responsable de su organización, tropas y armamento y de convocar o movilizar dicha fuerza. En los estados, la Policía Militar está subordinada al gobernador, que paga los salarios de los efectivos y designa al comandante (Zaverucha, 2008).

El Cuerpo de Carabineros de Chile se fundó en 1927. Inicialmente, fue una institución militar. Todo el territorio nacional fue puesto bajo su jurisdicción. Por un lado, debía mantener la seguridad y el orden interno. Por otro lado, tenía que garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter general. Además, Carabineros fue facultado para la vigilancia y seguridad territorial de las fronteras terrestres, la costa interior y el tráfico aéreo. El cuerpo dependía del Ministerio del Interior, aunque cuando el presidente lo estimara conveniente, podía sujetarlo temporalmente al Ministerio de Guerra. A mediados de siglo XX, Carabineros atravesó un proceso de modernización técnica e institucional. En 1960 se sancionó su nueva ley orgánica, que dio cuenta del desarrollo alcanzado por la institución hasta ese entonces. La norma redefinió sus funciones, ordenamiento interno, dependencia política dentro del Estado y eliminó el carácter militar del organismo. Sin embargo, en 1975 el dictador Augusto Pinochet restituyó a Carabineros el carácter militar y dispuso que sus integrantes pudiesen ser incorporados a las Fuerzas Armadas (Aguila Zúñiga y Maldonado, 1996).

La Gendarmería Nacional Argentina se creó en 1938. Se concibió como una fuerza de seguridad federal militarizada, subordinada al ejército. Fue estructurada para actuar en las zonas fronterizas y lugares que se determinasen al efecto. Nació bajo la órbita del Ministerio de Guerra, aunque luego se subordinó al del Interior. En sus inicios, cumplía funciones de policía rural, dedicada a controlar a las poblaciones indígenas y perseguir a bandidos rurales (Motto, 2018). En 1970, la dictadura militar sancionó una ley por la cual se reglamentó su funcionamiento nacional (vigente en la actualidad). Esta normativa destaca el carácter de fuerza doble de la Gendarmería: militar y policial. Asimismo, definió su competencia para cumplir funciones de policía de seguridad y judicial; aduanera, de migraciones y sanitaria; de prevención y represión del contrabando; de navegación en los lagos, ríos y demás cursos de agua y represión ante la alteración del orden público (ley nacional 18.711, 17/06/1970).

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