María Guillermina Diaz, Catherine Roulier, Guillermina Elias
y Lucrecia Wagner

Según la Real Academia Española, el sustantivo extractivismo es un neologismo de reciente creación, formado sobre el adjetivo extractivo (RAEInforma, 2015). La palabra raíz de este adjetivo es extraer, que significa “sacar”, “poner algo fuera del lugar donde estaba” (https://dle.rae.es/extraer).

La palabra extractivismo se ha popularizado en la academia y en la sociedad desde finales de la década de 2000. Proviene de un grupo de intelectuales que retomó los debates sobre el desarrollo. Se evidencia un uso creciente y exponencial de este neologismo, para dar cuenta de un conjunto de prácticas que llevan a la sobreexplotación de los bienes naturales. En el corazón de esta definición conceptual se destaca la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes improductivos, por lo cual es usual la mención al avance de fronteras de la extracción (Martínez Alier, 2015). Asimismo, es importante destacar que la no-renovabilidad de los bienes naturales extraídos no sólo se da por su carácter intrínseco, sino por la intensidad de la extracción, que puede transformar un recurso renovable (tierra, por ejemplo) en no renovable, dado el agotamiento al cual se lo somete.

Las fronteras pueden constituir espacios de encuentro, intercambio o exclusión. Las actividades representadas bajo el concepto de extractivismo se caracterizan por atravesar fronteras interestatales en pos del mercado global. Así, las conexiones garantizan que las materias primas lleguen a los centros de producción y que los productos se comercialicen globalmente. Desde las escalas locales, la materialización de este extractivismo genera en muchos casos conflictos ambientales y territoriales, cuando las comunidades locales resisten y se oponen al avance de las fronteras de la extracción (cfr. Ecología Política, 2012). De esta manera, las comunidades en defensa de sus modos de vida constituyen fronteras que establecen límites al extractivismo, entre un proyecto impuesto y un modo de vida que desean mantener y preservar.

Este capítulo aborda la relación entre extractivismo y fronteras. Se organiza en cuatro secciones. La primera define y caracteriza el término extractivismo y diferencia dos modelos. La segunda sección presenta la relación entre regiones fronterizas interestatales y extractivismo a través de ejemplos sudamericanos. La tercera sección abre paso al avance de las fronteras productivas y su vínculo con los procesos extractivistas. A continuación, se aborda la relación entre las redes continentales de transporte y el extractivismo.

Concepto de extractivismo

El extractivismo se define como un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de bienes naturales, escasos, no renovables (Svampa, 2016). Se caracteriza, principalmente, por la exportación de bienes primarios a gran escala, como hidrocarburos, minerales o productos agrarios, entre otros. Se trata de megaemprendimientos capital-intensivos, pero no trabajo-intensivos, generalmente a cargo de grandes corporaciones transnacionales. A su vez, implica una dinámica territorial de avance constante y ocupación intensiva del territorio (monocultivo, monoproducción), que trae como consecuencia el desplazamiento y/o destrucción de otras formas de producción (locales/regionales).

En resumen, los extractivismos corresponden a un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o con procesamiento limitado, también identificados como commodities (Gudynas, 2013).

La modalidad de acumulación extractivista ha estado determinada por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo. Se configura una relación neocolonial donde unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir, de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza, las segundas la importan (Acosta, 2012).

El extractivismo no es un proceso nuevo, sino una consecuencia de los vaivenes de modelos de acumulación históricos. La característica que asume en estas últimas décadas es abrirse camino de la mano de la innovación tecnológica y de una ingeniería jurídico-política que legitima y posibilita socialmente su existencia (Galafassi, 2012).

La noción de extractivismo surgió en un periodo donde los gobiernos latinoamericanos denominados progresistas avalaron y promovieron actividades consideradas extractivas. Esto ocurrió, en particular, con la minería a gran escala, los hidrocarburos, el agronegocio y los agrocombustibles.

Se pueden reconocer dos modelos extractivistas:

• Extractivismo clásico. Las empresas transnacionales tienen un rol determinante. El estado es funcional a esa transnacionalización. Existen regulaciones y controles acotados. Se apuesta a que el extractivismo genere crecimiento económico, mientras se minimizan, niegan o reprimen las protestas ciudadanas por los impactos socioambientales de la explotación.
• Neoextractivismo progresista. Es propio del momento en el que este concepto cobró mayor trascendencia, entre mediados y fines de la década del 2000, en el marco de gobiernos latinoamericanos progresistas. Presenta un estilo heterodoxo y es defendido desde otras bases conceptuales. El estado juega un papel más activo en las actividades económicas, a través de la participación directa o por medios indirectos, como asistencias financieras, subsidios y apoyos en infraestructura. El neoextractivismo va más allá de la propiedad de los recursos, sean estatales o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas de funcionamiento de los procesos productivos capitalistas, volcados a la competitividad, la eficiencia, la maximización de la renta y la externalización de los impactos sociales y ambientales (Gudynas, 2012).

Extractivismo en regiones fronterizas interestatales

El término extractivismo se ha difundido en la academia y en las sociedades latinoamericanas, pero sin existir precisión acerca de su definición. Por lo general, está asociado a diversas actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales (Portillo Riascos, 2014). Retomando esta afirmación, Gómez Lende (2022) destaca que el extractivismo posee la misma polisemia que el concepto de frontera, y que además se caracteriza por su sentido vago y difuso, debido a su trasvase a otras esferas y campos: se habla de extractivismo hidroeléctrico, inmobiliario, turístico e incluso epistémico y ontológico.

Desde principios del siglo XIX, el comercio global de materias primas ha provocado una división desigual del trabajo que confina a los países al papel de proveedores o compradores. En este proceso, el Sur Global quedó atrapado en el modelo de desarrollo extractivista. Por lo tanto, el extractivismo es una expresión del desarrollo desigual global y debe ser un tema central en los estudios internacionales para poder explicar las relaciones globales futuras. Impacta en la forma en que los países se relacionan entre sí, definiendo sus alternativas de desarrollo e inserción internacional.

Por otro lado, el extractivismo está vinculado con el cambio climático y los reajustes que las políticas de descarbonización provocarán inevitablemente. La transición de los combustibles fósiles a las energías renovables desencadena una carrera por los recursos estratégicos, creando nuevas competencias, oportunidades y tensiones. Esto afecta a los mecanismos de cooperación, integración y construcción de alianzas en la política internacional (Cerioli y Warnecke-Berger, 2025). Así, el extractivismo en las relaciones internacionales está vinculado a cuestiones referidas a la geopolítica de la integración regional y a la gobernanza de recursos naturales.

La forma en que el extractivismo cuestiona las fronteras interestatales se puede reconocer a través de tres casos, a modo de ejemplos: la minería andina entre Chile y Argentina, la agroindustria entre Argentina y Uruguay y la pesca marítima ilegal o furtiva entre la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina y aguas internacionales.

El caso de la minería andina se encuentra materializado en el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, de 1997. El área que queda involucrada con este tratado puede considerarse una suerte de tercer país, ya que abarca la tercera parte del territorio chileno y la décima parte del argentino (Giraud y Ruz, 2009). Las empresas pueden reducir costos aprovechando las economías de escala y las ventajas logísticas asociadas al uso conjunto de recursos hídricos, fuerza laboral e infraestructura disponibles a ambos lados de la cordillera. En este contexto, la dimensión material de las nuevas territorialidades asociadas al extractivismo desdibuja las fronteras interestatales, mientras vacía de significado a la Cordillera de los Andes como límite natural (Gómez Lende, 2022).

En el caso anterior, a partir del Tratado Minero Binacional se proyectó crear un ámbito de aplicación coincidente con parte de la frontera argentino-chilena. Con ello se constituyó una nueva gobernanza que modificó la gestión propia de los recursos naturales (minerales) de Argentina, como así también la de Chile, con un objetivo de extracción común de dichos recursos.

En el seno de dicho tratado, se enmarcan los proyectos mineros binacionales Pascua Lama y El Pachón, con sendos Protocolos de Facilitación. La denominación de Pascua Lama hace alusión al carácter binacional del yacimiento, ya que toma su designación de ambos lados de la frontera, donde Pascua sería la explotación del lado chileno y Lama del lado argentino (Bueno, 2010). Este proyecto se caracteriza como extractivo por la escala de explotación que pretendía desarrollar, por ser propiedad de una empresa minera transnacional y por la magnitud del impacto ambiental. Hacia 2005, la empresa propuso trasladar los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza hacia el glaciar Guanaco (Minería chilena, 2005). Además de El Pachón, en territorio argentino, unos treinta emprendimientos mineros argentinos en zonas fronterizas cordilleranas serían beneficiados con este tratado (Panorama Minero, 1997; Elias, 2005).

El debate sobre el extractivismo en zonas de frontera también es posible de ser abordado desde los recursos hídricos transfronterizos. Las fronteras interestatales presentan más continuidades que rupturas a partir del principio de unidad de cuenca. Ello se debe a que, como unidad de gestión, las cuencas hidrográficas presentan el desafío de que sus límites no necesariamente coinciden con los político-administrativos estatales. De allí, el riesgo de fragmentación en su manejo y administración (Iza, 2006; Pinto y Martín, 2013). En esta dirección, la gobernanza de cuencas transfronterizas se presenta como un nuevo paradigma para la toma de decisiones sobre la gestión de aguas que atraviesan los límites de fronteras interestatales, con la participación de una variedad de actores en diferentes escalas (Elias, 2022).

Un caso emblemático de esto fue la controversia internacional por el caso de las pasteras del río Uruguay, que marca la frontera entre Argentina y Uruguay. El problema ambiental en torno al desarrollo industrial de pasta de celulosa en el río Uruguay se volvió un conflicto geopolítico, constituido por una trama compleja de intereses económicos, políticos y sociales (Reboratti, 2010).

Las fábricas de pulpa de celulosa (pasteras) tienen una historia de ser potencialmente contaminantes y, por lo tanto, son el foco de conflictos en muchas partes del mundo. Sobre el río Uruguay, entre 2005 y 2006, se instalaron dos plantas de este tipo: de las empresas Ence, de capitales españoles, y Metsa Botnia, de capitales finlandeses. Con la instalación de la primera en la orilla oriental, en la localidad uruguaya de Fray Bentos, se generó un fuerte y activo movimiento ambientalista en la cercana ciudad argentina de Gualeguaychú, que se pronunció en contra de ello. Al intervenir los gobiernos de ambas naciones, de un problema relativamente pequeño y localizado se pasó a un verdadero conflicto geopolítico que escaló hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en 2006 (Reboratti, 2010; Bueno, 2010).

Estas pasteras se inscriben dentro de las actividades extractivas debido a que se insertan como parte de la reconfiguración del paradigma agrícola hacia un modelo de agronegocio. Este modelo de producción se instaló en Uruguay de la mano de las grandes corporaciones internacionales relacionadas con la producción de granos y la forestación. La presencia más evidente del ingreso de transnacionales en el agro se dio sobre todo con la expansión de las empresas forestales. El mayor proceso de extranjerización de las plantaciones se inició hacia fines de la década de 1990 (Pereyra-Ceretta, 2021).

Finalmente, la problemática de la pesca marítima ilegal o furtiva ocurre dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina. También denominada milla 201, constituye el límite con las aguas internacionales. El rígido y claro límite jurídico-territorial entre un adentro reservado para los buques con permiso de pesca legal y un afuera común donde el recurso puede ser explotado libremente por flotas de cualquier nacionalidad se convierte en una frontera lábil. Esto se debe, por un lado, a la sistemática intromisión ilegal de barcos, principalmente de origen asiático y, por otro, en virtud de la imposibilidad práctica de parcelar los mares para cercar o limitar el movimiento de especies migratorias. Si bien los peces extraídos de los océanos pueden ser fácilmente mercantilizados, las aguas en las que nadan plantean un problema totalmente distinto (Harvey, 2004).

El origen de esta práctica, en Argentina, se remonta a mediados de la década de 1970. Actualmente, involucra la operación ilegal de 600 embarcaciones chinas, coreanas, españolas y taiwanesas que, se estima, cada año extraen alrededor de un millón de toneladas de fauna marina. Es una cifra superior a los desembarques realizados por buques habilitados. A pesar de los reiterados esfuerzos, el estado argentino ha sido impotente para poner fin a esta situación, y es creciente la sobreexplotación clandestina de especies marinas como el calamar (Gómez Lende, 2022).

Extractivismo y avances de fronteras productivas

El avance de las fronteras productivas generó una reorganización de los límites entre lo explotable y lo no explotable, redefiniendo la escala de producción y la tecnología utilizada. Dicho avance implica un proceso de expansión territorial del capital que está íntimamente relacionado con los mecanismos de acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Envuelve diversas formas de apropiación de los recursos naturales con consecuencias sociales y ambientales devastadoras.

La agricultura industrial, específicamente el avance del cultivo de soja a partir de la década de 1990 en grandes extensiones de tierras de países como Brasil, Bolivia y Paraguay, puede considerarse como un ejemplo del avance de fronteras productivas. En estos países, la incorporación masiva de tecnología y los desarrollos en química y genética de semillas han permitido que se lleve a cabo una expoliación, debido a la sobreexplotación del suelo, como a los cercamientos y desalojos forzosos de familias campesinas. En consonancia, el desarrollo de este tipo de agricultura combina la inversión en la producción de monocultivos intensivos a gran escala con fines de exportación y la financiarización de los recursos naturales.

Otro ejemplo es el avance del monocultivo de palma en países como Colombia, Honduras y Guatemala. En este último caso, a partir del año 2000 se expandió el cultivo de palma aceitera en el valle de Polochic, ocupando un total de 5.000 ha, equivalente a una tercera parte de las tierras fértiles del mencionado valle (Mingorria, 2016).

El avance de las fronteras productivas cuenta con el apoyo de fondos públicos y la flexibilización de leyes por parte de los estados nacionales, que han impulsado la expansión de las fronteras agrícolas, transformando el uso de la tierra y profundizando la apropiación de la naturaleza (Sauer y Oliveira, 2022). Esto permite pensar en otros procesos que trae aparejado el avance de las fronteras productivas: concentración de la tierra en pocas propiedades, la destrucción de tramas comunitarias locales, el deterioro ambiental y la pérdida de control y reproducción de la vida por parte de la población que vive en esas zonas.

Finalmente, se puede incluir a la minería de canteras dentro del proceso de avance de fronteras extractivas. El caso de la provincia de Córdoba, Argentina, ilustra la incorporación de terrenos serranos en circuitos mercantiles nacionales y transnacionales en donde los minerales no metalíferos y las rocas de aplicación abonan, construyen y sostienen el avance del capitalismo global y nacional (Deón y Díaz, 2020).

Los mecanismos con los que opera el avance de estas fronteras se vinculan a las reformas de leyes, en algunos casos, o la exención impositiva, en otros. Ejemplo de lo mencionado es el sector minero canteril, que logró presionar al poder ejecutivo de la provincia de Córdoba para que se reformara la ley provincial sobre Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Con ello se logró avanzar con desmontes, explotaciones mineras y cambios de uso del suelo para la construcción de obras viales, en zonas rojas de máxima conservación del bosque.

Redes continentales de transporte

El extractivismo no se puede pensar por fuera de las redes que teje el sistema capitalista. Se trata de redes de infraestructura, tecnología, transporte, comunicación e información. Los commodities producidos en el interior de los territorios son transportados hacia los puertos, desde donde se exportan hacia otras naciones para su procesamiento industrial y consumo. Asimismo, muchas veces se vuelven a enviar al territorio de origen con valor agregado, generando desequilibrios en las balanzas comerciales entre los países centrales y periféricos.

Dentro de las cadenas globales de valor, se encuentra el caso del litio extraído en Argentina, Bolivia y Chile. En torno al trifinio que vincula a estos países se conformó el área conocida como triángulo del litio. El mineral allí obtenido es procesado en los países centrales para fabricar baterías de automóviles y nuevas tecnologías en el marco de procesos más amplios de transición energética (Barberón, 2023).

Por ende, en el contexto de creciente demanda de bienes primarios, los países productores de materias primas (o de naturaleza) intentan asegurar el destino de sus productos en los territorios demandantes. Para lograrlo, reorganizan, reconvierten y amplían sus redes de infraestructura y transporte. Ejemplo de ello a escala sudamericana fue la creación en el año 2000 de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Su objetivo principal fue coordinar las acciones entre los países de la región en pos de concertar proyectos de integración de infraestructura de transportes, energías y comunicaciones.

Tanto los proyectos nacionales de desarrollo de infraestructura como los enmarcados dentro del IIRSA tienen la particularidad de concentrarse en las regiones más productivas de los países. En cambio, dejan por fuera otros territorios y generan desigualdades socioterritoriales internas. Esto se debe a que los lugares a donde la infraestructura no llega van quedando relegados y por fuera de los circuitos del capitalismo global.

A escala global, el crecimiento industrial de China, y del mercado asiático en general, impulsó la construcción de nuevas redes de circulación. El vínculo entre América Latina y China se basa en el intercambio de bienes facturados chinos por materias primas latinoamericanas (Navarro García y Cornejo, 2010). La iniciativa BRI, por sus siglas en inglés (Belt and Road Initiative), también llamada “un cinturón, una vía”, se presentó oficialmente como una iniciativa para el “desarrollo compartido”, y no como un plan unilateral, incluyendo iniciativas para el comercio, las inversiones y la extracción de recursos (Demaria y Joan Martínez-Alier, 2018).

China afirma haber firmado acuerdos de colaboración con 125 países, muchos de los cuales no se encuentran a lo largo de los corredores, como algunos de América Latina o de zonas no costeras de África (World Bank, 2019). El complejo portuario de Chancay, a 70 km al norte de la ciudad de Lima, en Perú, inaugurado en noviembre de 2024, se promociona como el mayor puerto comercial de Sudamérica. Este proyecto está liderado por Cosco Shipping Company, una empresa estatal china dedicada al transporte marítimo (Olmo, 2024).

Otra megaobra con potencial de financiamiento chino es el ferrocarril Ferrogrão (EF-170) en Brasil, de casi 1.000 km de vías. Se propone conectar la región productora de granos, como soja y maíz, del Centro-Oeste al estado de Pará, específicamente al Puerto de Miritituba, atravesando la Amazonia. Diversas organizaciones sociales alertan sobre las consecuencias negativas de este proyecto sobre los derechos de las comunidades locales y la devastación de bosques (Chárbel, 2024).

Ampliando la escala, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en los que China ha estado involucrada es el del Ferrocarril Transcontinental Brasil-Perú. Este corredor bioceánico planifica unir Brasil con Perú mediante una ferrovía y conectar el Atlántico con el Pacífico. Dado que el ferrocarril atravesaría parte de la selva amazónica, los posibles impactos socioambientales, como la deforestación y el acaparamiento de tierras, han sido algunas de las mayores preocupaciones (Dourado, 2022; Zuppello, 2025).

Los ejemplos brindados demuestran que los países del Sur Global generalmente acuden a financiamiento internacional en pos de construir obras de gran envergadura para responder a los flujos globales y demandas internacionales (Álvarez, 2023). Esto aumenta las relaciones de dependencia entre los países exportadores, donde se llevan a cabo actividades extractivas, y los centros de poder económicos y de toma de decisiones.

El patrón que se repite consiste en asegurar que los bienes primarios puedan ser exportados, independientemente del recurso extraído (granos y cereales, hidrocarburos o minerales). Para ello, la logística es un pilar fundamental que asegura el traslado y la conservación de los productos hasta su destino. Así, las redes de transporte global se encuentran con el desafío de su reconversión para seguir dando respuestas a las demandas internacionales. En otras palabras, las fronteras se abren para las mercancías y/o commodities, mientras se cierran a las personas.

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