Brián Ferrero
El término área protegida adquirió su sentido actual, de manera relativamente reciente tanto en el español como en el resto de las lenguas de raíz latina y anglosajona. En su etimología, la RAE (s.f.-a) define área protegida como una “zona que se establece con el fin de proteger el hábitat natural existente en un lugar de interés” (https://dpej.rae.es/lema/rea-protegida), enfatizando así que la finalidad de este tipo de áreas es la protección de la naturaleza. Este término se compone de dos palabras, por un lado área, definida por la RAE (s.f.-b) como “espacio de tierra con límites definidos”, con lo cual la determinación de fronteras es fundamental, y como “espacio en que se produce determinado fenómeno o que se distingue por ciertos caracteres geográficos, botánicos, zoológicos, económicos, etc.”, de manera que no sólo es un espacio delimitado, sino que también en su definición puede incluir los fenómenos que tienen lugar en su interior (https://dle.rae.es/área). Por otro lado, el término protegida se refiere a la cualidad que presenta el área de contar con un agente que interviene sobre ella. Proteger es definido por la RAE (s.f.-c) como “resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándolo”, mientras en una segunda acepción significa “amparar, favorecer, defender a alguien o algo” (https://dle.rae.es/proteger).
En términos genéricos, área protegida es un espacio natural que cuenta con características singulares dentro del ámbito regional y que por lo tanto merece la intervención estatal para su protección frente a amenazas externas; tal intervención muchas veces es impulsada por movimientos ambientalistas e incluso agentes empresariales (Runte, 2010). Existe cierto consenso sobre la importancia de conservación de la naturaleza, y por tanto sobre la necesidad de crear áreas protegidas, en base a la idea de que la acción humana constituye una amenaza y fuente de destrucción de la naturaleza, de manera que las áreas protegidas vendrían a poner límite a tal acción. Entonces las áreas protegidas constituyen fronteras, tanto espaciales distinguiendo entre espacios de conservación de otros productivos, como fronteras ontológicas entre lo natural y lo social, pares de conceptos que son centrales en la constitución de la modernidad (Latour, 2007). Pero, el término área protegida no solo tiene definiciones institucionales y legales, es decir en los sentidos dados por organismos gubernamentales, sino que también a nivel local las comunidades construyen definiciones, considerándolas formas de intervención que suelen ser fuente de sanción y control territorial.
Este capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera se presentan debates actuales sobre la definición de áreas protegidas. En las secciones siguientes se abordan determinados vínculos entre áreas protegidas y distintos tipos de fronteras. Mientras en la segunda sección se expone a estas áreas como fronteras territoriales, en la tercera se las presenta en tanto parte de la distinción moderna entre naturaleza y sociedad. En la cuarta sección se expone cómo tales áreas también están presentes en las discusiones sobre fronteras e integración internacional.
Definición de área protegida
Un área protegida es un dispositivo cambiante, no estancado, que se construye en el vínculo entre múltiples actores, humanos y no humanos, dinámicas políticas e institucionales y delimitaciones territoriales. La definición de las áreas protegidas ha estado en discusión desde fines del siglo XIX, cuando se crearon los primeros parques nacionales que iniciaron la sistematización del concepto. Son continuas las discusiones sobre la gestión y sus valores; sobre si los objetivos de conservación deben estar puestos en paisajes sobresalientes o en determinados ecosistemas, en especies emblemáticas o amenazadas, en cuidar servicios ambientales o en promover el desarrollo local, etc.
Estos debates, que son emergentes de nociones disímiles sobre la definición de las áreas protegidas, también atañen tanto al rol que deben tener las poblaciones humanas en la conservación, como al asilvestramiento de especies (o rewilding), a dimensiones geopolíticas e incluso a la intervención de capitales financieros. Frente a la diversidad que presentan las áreas protegidas a nivel global, en 1978 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) sistematizó una definición que internacionaliza criterios y normas, y que fue rápidamente adoptada por los estados nacionales a lo largo del planeta. La UICN define a estas áreas como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008, p. 10).
Más allá de las definiciones conceptuales, las áreas protegidas funcionan como formas en que los estados categorizan el espacio territorializando las políticas ambientales. En éstas, los estados institucionalizan determinadas prácticas y saberes por medio de los cuales se organizan las relaciones entre poblaciones humanas y no-humanas y el ambiente, se legitiman ciertas prácticas permitidas mientras otras pasan a ser ilegales, así como determinados espacios y especies son recategorizados. Por ejemplo, se distinguen especies “exóticas” de “nativas”, mientras otras son “invasoras” y otras “amenazadas”, y finalmente se establecen identidades y clasificaciones de pobladores.
A su vez, las áreas protegidas pueden considerarse como dispositivos desarrollados por el estado, con intervención de la comunidad científica y, muchas veces, de organizaciones no gubernamentales (ONG), y movimientos ambientalistas. También participa, y de manera creciente, el capital financiero, para producir y patrimonializar naturalezas y culturas, así como para regular las relaciones entre ambas. Pero si bien la conservación constituye formas de autoridad sobre el espacio y las poblaciones, las dinámicas en terreno muestran una mayor complejidad que la simple dominación y control. Las áreas protegidas en su funcionamiento se presentan como arenas políticas, donde diversos actores, humanos y no-humanos, poblaciones locales, agentes oficiales, empresas, ONG, movimientos sociales, etc., intervienen de forma activa, en términos de luchas, alianzas y negociaciones (Ferrero, 2018).
Áreas protegidas como fronteras territoriales
Las áreas protegidas participan de la expansión territorial de los estados nacionales, tanto en sus fronteras exteriores como en la expansión de la gobernabilidad estatal hacia su interior. Estas áreas implican transformaciones en la jurisdicción, en los regímenes de propiedad y en el manejo de la naturaleza. Asimismo, constituyen formas particulares de la presencia del estado, definiendo, delimitando y haciendo legibles y objetivos determinados territorios. Generan territorios estatales donde se ponen de relieve determinadas formas de conceptualizar y gestionar los recursos naturales, los paisajes y las poblaciones humanas (Vaccaro y Beltran, 2010). En definitiva, resultan de las formas en que se construyen los estados nacionales. Por tanto, no solo son formas de estatalidad, sino también de darle impronta física a los espacios de gobierno.
Los antecedentes de las actuales áreas protegidas se remontan a fines de la Edad Media, en los terrenos que se delimitaban como coto de caza para provecho de las noblezas, excluyendo a las poblaciones locales (Arnold, 2000). Así se presentaba una lógica elitista que tendrá continuidad en muchos parques nacionales, aún a principios del siglo XX.
Las primeras áreas protegidas, que dan lugar al modelo actual de conservación, se crearon durante la segunda mitad del siglo XIX. En la década de 1860 el gobierno británico creó reservas naturales en sus colonias de África, Nueva Zelandia, Australia y Canadá destinadas a preservar “paisajes sobresalientes” y a servir de espacios recreativos para las poblaciones urbanas, para paseo, caza, etc. (Phillips, 2003). En el caso de Sudamérica, el primer parque se creó en 1861, cuando el gobierno portugués creó el Parque Nacional da Tijuca en Río de Janeiro, para servir como área de recreación para la nobleza.
Pero el modelo de conservación que predominará será el sistematizado con el Parque Nacional Yellowstone, creado en 1872 en el oeste de Estados Unidos. Este modelo se difundió rápidamente por todo el planeta gracias a las posibilidades que presentaba de ser adaptado a los imperativos territoriales de los estados nacionales, muchos en proceso de consolidación territorial hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
El caso de Argentina ha sido paradigmático en este sentido. Los primeros parques nacionales que se crearon fueron el Del Sur, que luego ampliado sería el Parque Nacional Nahuel Huapi, y el Parque Nacional Iguazú, en el año 1934. Ambos respondieron no solo a los objetivos de conservar paisajes sobresalientes (lagos y bosques patagónicos y las cataratas del Iguazú), sino también a la necesidad de establecer presencia estatal en territorios que se encontraban en disputa con otros estados (chileno y brasileño) y con presencia indígena (sobre todo mapuches y guaraníes). Estos parques respondieron a motivaciones tanto de política doméstica como de política exterior.
Las áreas protegidas, y en particular los parques nacionales, han funcionado como instrumentos de colonización, por medio de los cuales el poder central toma control y posesión territorial (Kaltmeier, 2022). Por medio de estos parques, el estado nacional tanto tenía objetivos de soberanía, efectivizando su presencia en las fronteras, como de desarrollo, promoviendo a partir el poblamiento y promoción del turismo en áreas con paisajes sobresalientes. En este sentido las áreas protegidas indican más una lógica de verticalidad que de horizontalidad territorial (Santos, 2000), respondiendo a requerimientos, ideas y objetivos de los centros político-administrativos, vinculados a intereses científicos y turísticos así como a políticas de soberanía estatal y construcción de nacionalidad. A su vez, también la verticalidad resulta de propuestas, paradigmas y valores que se generan en ámbitos internacionales, respondiendo más a una noción de naturaleza como hecho global que como dinámica del territorio. Ejemplos de esta “naturaleza global” son las figuras de conservación de sitios Ramsar y Reservas de Biosfera, donde quienes evalúan el cumplimiento de las metas de conservación son agentes internacionales.
En la actualidad, control y vigilancia se cuentan entre las principales tareas que despliegan los cuerpos de guardaparques en los Parques Nacionales; si bien existen acaloradas discusiones sobre las funciones que deben desarrollar estos cuerpos, las tareas de disciplinamiento de quienes traspasan las fronteras de las áreas, ya sean visitantes o intrusos, continúan ocupando la mayor parte de los esfuerzos.
Áreas protegidas como frontera entre sociedad y naturaleza
Las áreas protegidas, en tanto delimitaciones territoriales, establecen diversos tipos de fronteras. La más inmediata es la frontera entre un adentro y afuera del área, marcando el paso de un lugar de preservación con regulaciones en el uso del ambiente, a otro externo donde imperan regulaciones más flexibles.
Pero las fronteras de las áreas protegidas suelen estar permeadas por los procesos productivos y disputas por los bienes y recursos naturales que suceden en su exterior. Incluso, las dinámicas internas a las áreas protegidas no pueden comprenderse sin considerar el entorno en que se encuentran. En tal sentido, estos ámbitos establecen cortes ambientales por lo general radicales, que suelen ser ilustrados en imágenes donde es abrupta la diferencia entre áreas de “naturaleza” y otras sometidas a la producción. Para la ecología de la conservación estas fronteras son un problema central, y desde este campo se trabaja de manera sistemática analizando el efecto borde, estableciendo áreas de transición, zonas buffer, estudiando el aislamiento de las áreas protegidas y buscando establecer vínculos y corredores entre áreas cercanas.
La lógica que domina en las áreas protegidas contribuye a consolidar las diferencias ontológicas entre naturaleza y sociedad (Latour, 2007). Esta dicotomía tiene un carácter histórico y contingente, se consolida con la modernidad europea dada en el desarrollo del capitalismo, la expansión del modelo del estado-nación moderno, y la preeminencia de la ciencia como forma privilegiada de conocer el mundo. Descola (2004) llama “naturalismo”, a este modo de identificación donde solo los humanos poseen “interioridad”, dada en su capacidad de razonamiento e intencionalidad, mientras que se relacionan con el gran continuum de lo no-humano compartiendo características físicas. De manera que la distinción entre naturaleza y cultura es cualitativa y resulta en una disociación entre los humanos, seres capaces de racionalidad, actividad simbólica y vida social, y los no-humanos, seres destinados a una existencia no reflexiva. Por lo tanto, la naturaleza, y con ello el mundo, se consideran como singular y preexistente a las múltiples representaciones a que las distintas culturas le dan sentido (Viveiros de Castro, 2014).
El dualismo moderno se genera y recrea de manera continua con “trabajos de purificación” (Latour, 2007), en un esfuerzo por mantener presente la distinción entre naturaleza y sociedad. Tal esfuerzo constante muestra que la naturaleza no existe previamente al trabajo de purificación (Swyngedouw, 2012). Las áreas protegidas forman parte de este trabajo por mantener la pureza en la dicotomía, adquiriendo cierto carácter indiscutido, lo que se manifiesta en que muy pocos se oponen a la conservación de la naturaleza.
La modernidad también supone un “trabajo de mediación”, donde lo natural y no-humano se hibrida con lo humano. Es lo que sucede, por ejemplo, en un laboratorio donde se experimenta con clonaciones. Ambos trabajos, de purificación y mediación, llevan a la intervención y modificación del ambiente (Latour, 2007), formando parte de la lógica naturalista moderna que impulsa la necesidad de crear áreas protegidas. Entonces, en estos espacios se busca consolidar una naturaleza pura, pero en base a esfuerzos de modificarla, determinando valores de conservación. Esto se logra identificando especies naturales (a conservar) distinguidas de otras exóticas (a expulsar o eliminar), o diferenciando prácticas permitidas (turismo, control, sanción, desarrollo sustentable) de aquellas no-permitidas (actividades extractivas, desarrollo de agricultura, industrias).
El “mito” de que existe una naturaleza intocada (Diegues, 1996) se consolidó en los primeros parques nacionales norteamericanos a partir de la noción de wilderness. Esta noción fue central para designar extensas áreas a las que se consideró como “salvajes”, de naturaleza prístina, sin presencia humana. Hacia fines del siglo XIX, el capitalismo estadounidense se estaba consolidando, la urbanización era acelerada y se buscaba preservar grandes áreas naturales, sustrayéndolas de la expansión agrícola y las comunidades indígenas que las habitaban, y colocándolas a disposición de las poblaciones urbanas.
Muchas críticas se han realizado a este modelo de conservación. Las principales señalan que presenta el problema de visibilizar procesos sociales previos a la creación de las áreas protegidas. En particular, lleva a desconocer que los humanos han intervenido globalmente en las características de la mayor parte de esos ambientes que se consideran de naturaleza pura, intocada.
La mayor parte de los llamados “paisajes prístinos” son “paisajes antropogénicos”, producto de actividades humanas que han modificado su entorno natural generación tras generación (Gómez-Pompa y Kraus, 1992). Puede mencionarse el caso de los bosques tropicales, que no pueden entenderse como “selvas vírgenes”, ya que en general son el resultado del manejo de quienes las habitaron durante miles de años. Incluso, es poco probable que estas áreas prístinas realmente existan. De esta manera, el adecuado manejo de ambientes es el verdadero desafío para la conservación, más que la demarcación y el aislamiento de áreas prístinas.
El enfoque tradicional de la conservación se basa en modelos científicos donde se considera que los ciclos naturales guían el equilibrio ecológico, que corre el riesgo de ser alterado por las actividades humanas (Jeanrenaud, 2002). En su aplicación, estas concepciones mecanicistas suelen estar impregnadas por ideas colonialistas, donde las poblaciones locales, su demografía y sus formas de vida son consideradas como perturbaciones de la naturaleza. Mientras que, por otro lado, las actividades llevadas a cabo en particular por funcionarios y científicos, en general, no son cuestionadas con la misma contundencia, sino que son vistas como salvadoras (Colchester, 2003). Prevalece, así, una actitud paternal hacia la naturaleza, donde las relaciones de poder son contundentes aunque no siempre claras.
Áreas protegidas como fronteras al progreso
Las áreas protegidas establecen fronteras entre un dentro y un afuera, por medio de alambrados, cercas, rutas, ríos, cañadas y otros accidentes geográficos. Estos medios también crean fronteras a las actividades productivas, distinguiendo entre áreas de naturaleza y áreas a ser explotadas. De manera que las áreas protegidas también deben interpretarse como la contracara de la explotación de los recursos naturales y en particular de las políticas de desarrollo, ya que suelen ser frenos a la expansión desarrollista.
Desde las administraciones de las áreas y los funcionarios de carteras ambientalistas, pocas veces se cuestionan los modelos de explotación de los recursos naturales que tienen lugar más allá de los límites de los espacios protegidos. Estas críticas suelen presentarse desde el personal ocupado del mantenimiento y cuidado de las áreas protegidas, desde movimientos sociales e, incluso, académicos.
En el caso de Argentina, desde las primeras décadas del siglo XX, en la creación de parques nacionales se presenta una lógica compensatoria frente a la expansión de un modelo neoextractivista que promueve la expansión de la agroindustria y la minería. De esta manera se busca compensar la degradación ambiental generada por las acciones productivas, con lo cual determinados parques nacionales pasan a ser funcionales a los procesos de desarrollo.
Las fronteras entre las áreas protegidas y el entorno productivo son porosas. Esto se debe a que las políticas de conservación forman parte de la misma configuración que el desarrollo, entendido como la dirección natural en el proceso de desenvolvimiento de las sociedades y no como la construcción histórica de un campo de poder. El desarrollo se puede concebir como una construcción histórica de una presión cultural por inducir el cambio que se comienza a esbozar en los albores de la modernidad, pero que alcanza sus condiciones de realización entrado el siglo XX (Ferguson, 1994). Esta noción de desarrollo remite a un proceso dirigido a la modernización de territorios y poblaciones, generando condiciones que favorecen la vinculación con la economía de mercado, así como se incentiva a alcanzar características de los países desarrollados en términos de industrialización, urbanización, educación, y la adopción de valores de la modernidad.
En tal sentido el modelo de parques nacionales, como modelo occidental de conservación, se expandió a nivel global, “modernizando” y desarrollando territorios “marginales” (Ferrero, 2022). Por tanto, la patrimonialización de la naturaleza se basa en procesos de modernización de las relaciones entre el estado nacional y la sociedad (capitalista industrial) con el medio ambiente (Vaccaro et al., 2012).
Áreas protegidas e integración internacional
Las áreas protegidas y, en particular, los Parques Nacionales, han sido instrumentos para establecer estatalidad en zonas periféricas. Sin embargo, a partir de las últimas décadas del siglo XX comenzaron también a ser pensadas como formas de integración internacional. A partir de los procesos de integración regional se ha apelado a estas para fortalecer vínculos políticos y culturales, y sobre todo para promover agendas de conservación que trasciendan los límites de las fronteras nacionales.
A nivel global, sobre todo desde diferentes organismos internacionales, se viene impulsando la creación de áreas protegidas transfronterizas que reúnan a diversas categorías, como parques nacionales, reservas de biosfera, reservas ícticas, culturales, etc. El organismo internacional World Commission on Protected Areas es uno de los principales promotores de la creación de estos ámbitos transfronterizos, definidos como “un espacio geográfico claramente definido que consiste en áreas protegidas, ecológicamente conectadas a través de una o más fronteras internacionales e implica alguna forma de cooperación” (World Commission on Protected Areas, 2020, p. 12).
A estas, el mencionado organismo, le suma el “Paisaje terrestre o paisaje marino de conservación transfronterizo”, establecido como “área ecológicamente conectada que sustenta procesos ecológicos y cruza uno o más límites internacionales, incluyendo áreas protegidas y áreas de uso de múltiples recursos, e involucra alguna forma de cooperación”, y “Áreas de conservación de la migración transfronteriza”, definidas por ser “hábitats de vida silvestre en dos o más países que son necesarios para mantener las poblaciones de especies migratorias e involucran alguna forma de cooperación”.
Finalmente, es común que se generen acuerdos transfronterizos con el objetivo de discutir desafíos y oportunidades para la cooperación en conservación y el manejo de áreas protegidas. Por ejemplo, en el caso de los Parques Nacionales Iguazú (Argentina) y do Iguaçu (Brasil), durante las primeras décadas del siglo XXI, se buscó establecer un corredor binacional formado, que permitiese consolidar formalmente el trabajo en conjunto que se venía realizando en las prácticas de conservación en terreno. En particular, se trabajaba en la protección de especies emblemáticas (como el yaguareté, panthera onca), que residen en la zona y cuya supervivencia depende en gran medida de la detención del proceso de fragmentación del hábitat natural.
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