Daniela Sosnowski

El término colonia tiene origen latino y su etimología proviene de la palabra colōnus, que significa labrador. Entre las múltiples acepciones que recoge la Real Academia Española (RAE), las cinco primeras hacen referencia a: 1. “Conjunto de personas que, procedentes de un territorio, se establecen en otro”; 2. “Territorio o lugar donde se establece una colonia”; 3. “Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera”; 4. “Conjunto de los naturales de un país, región o provincia que habitan en otro territorio”; 5. “Período histórico en el que un determinado territorio está colonizado” (https://dle.rae.es/colonia). Si bien todas estas definiciones comparten la alusión a un territorio y a un agente externo que se establece en él, un análisis más detenido permite identificar matices que evidencian la polisemia del término.

Las acepciones 1 y 4 se centran en el aspecto poblacional del fenómeno colonial. Esta interpretación ya estaba presente en el uso del término en el siglo XVIII. El Diccionario de Autoridades, en su tomo II (1729), definía colonia como “Población o término de tierra que se ha poblado de gente extrangera, trahida de la Ciudad Capital, o de otra parte” (https://apps2.rae.es/DA.html). El Diccionario de la lengua castellana (RAE, 1783) actualizó la definición, manteniendo sin embargo su sentido fundamental: “Cierta porción de gente que se envía de orden de algún príncipe, ó república á establecerse en otro país: llámase también así el sitio, ó lugar donde se establecen”. Esta última acepción, que pone el énfasis en el territorio en el que se asienta la población, se corresponde con la segunda definición del diccionario actual.

En términos históricos, el concepto de colonia se remonta a la expansión del imperio romano, donde se vinculaba a la fundación de asentamientos en territorios conquistados (Lanteri y Martirén, 2020). Más adelante, fue empleado en fuentes documentales para referirse al proceso de control político del continente americano por parte de las monarquías europeas (Ortega, 2011). Hasta ese momento el término no poseía una connotación negativa, sino que se relacionaba fundamentalmente con la idea de poblar (Lempérière, 2004).

No obstante, a lo largo del siglo XVIII, y particularmente en el siglo XIX, el término adquirió un nuevo significado que se distanció del sentido original. Adoptado por pensadores ilustrados europeos y por líderes criollos independentistas, comenzó a emplearse con una carga política que aludía al despotismo y a la falta de consentimiento en la subordinación de las poblaciones a las cuales se les negaba el ejercicio de su soberanía. En esta nueva acepción, inequívocamente peyorativa, se pone de relieve la relación de dominación –material y simbólica– ejercida por los conquistadores o colonos sobre los pueblos conquistados o colonizados (Godelier, 2011). Este uso se aproxima a la tercera acepción actual ofrecida por la RAE.

La quinta definición subraya la dimensión temporal del fenómeno. Se vincula con el empleo de ese término con un sentido analítico, para abordar contextos históricos en los cuales distintas regiones del mundo estuvieron bajo el dominio de potencias europeas (Carrera, 2017). Tal fue el caso de gran parte de América entre los siglos XVI y XIX, y de diversas regiones de Asia y África entre los siglos XIX y XX. Desde esta perspectiva, concebir un territorio como una colonia no implica solo una referencia geográfica o demográfica, sino una categoría sociopolítica, económica y cultural inscrita en una estructura de poder global o, en términos de Wallerstein (1979), de un sistema mundial. Las colonias operaron como engranajes de un sistema más amplio que articulaba el poder europeo con los recursos, los cuerpos y los saberes de otros pueblos considerados como los otros (Wolf, 1982).

En este capítulo, la categoría se emplea para designar al conjunto de territorios del continente americano que estuvieron bajo dominación de la monarquía española entre finales del siglo XV y comienzos del XIX. Dicha dominación implicó el asentamiento de población peninsular, la implementación de estructuras políticas de origen castellano, el usufructo de los recursos naturales y económicos y el sometimiento y explotación de las poblaciones indígenas, mestizas y africanas. Sin embargo, esta situación no fue homogénea ni absoluta. Muchas de las regiones sobre las que España reclamaba soberanía fueron en los hechos escasamente ocupadas por los agentes coloniales. En esas zonas periféricas y fronterizas, el dominio imperial se manifestó de manera difusa.

El capítulo se organiza en cinco secciones. La primera presenta una breve introducción del sistema colonial hispanoamericano. La segunda sección describe las estructuras político-administrativas que se implementaron en las colonias. La tercera aborda los límites entre las diversas entidades políticas y religiosas de la América colonial. La cuarta sección analiza las fronteras con los grupos indígenas que se mantuvieron autónomos al poder hispánico. La última sección aborda los conflictos en las fronteras interimperiales entre España y otras potencias europeas por el dominio sobre el denominado Nuevo Mundo.

Colonias hispanoamericanas

La historia colonial hispanoamericana se inició con la llegada de Cristóbal Colón y su tripulación a las Antillas en 1492. Se consolidó a partir del establecimiento de estructuras administrativas relativamente estables y de mecanismos sistemáticos de extracción de recursos y explotación de mano de obra entre las décadas de 1530 y 1570. A lo largo del siglo XVI, la monarquía española afianzó su poder sobre amplias regiones del continente mediante guerras de conquista, alianzas con líderes indígenas locales, campañas de evangelización y la creación progresiva de instituciones coloniales. Desde las islas caribeñas se inició un proceso de expansión territorial que abarcó gran parte de América, a través de una estrategia de conquista privada delegada en adelantados.

Los dos hitos más relevantes de este proceso fueron la conquista de los imperios mexica e incaico, entre las décadas de 1520 y 1540, que se convirtieron en los principales centros político-administrativos y económicos del dominio hispánico en América. Desde estos núcleos se impulsó la expansión hacia regiones periféricas, al norte y al sur de cada uno, extendiendo progresivamente el control territorial y poblacional hacia diversos espacios fronterizos. Este avance, facilitado en parte por las rutas prehispánicas, motivó la creación de entidades políticas destinadas a consolidar el poder colonial, lo que generó un entramado jurisdiccional cada vez más complejo a medida que se ampliaba el mapa del territorio colonial.

Las colonias hispanoamericanas presentaron una profunda heterogeneidad regional y local: desde las zonas centrales de Mesoamérica y los Andes hasta los márgenes habitados por pueblos nómades cazadores-recolectores que ofrecieron persistente resistencia al avance español. A pesar de estas diferencias, se produjo un proceso generalizado de mestizaje, biológico y cultural, entre poblaciones humanas europeas, indígenas y africanas. Este fenómeno dio lugar a identidades sociales diversas, en las que se amalgamaron elementos culturales, lingüísticos, religiosos y sociales heterogéneos.

De forma paralela al proceso de consolidación político-administrativa, se configuraron circuitos económicos y redes comerciales, tanto legales como ilegales. La Corona pretendía mantener el monopolio del comercio a través de puertos habilitados como Sevilla (luego Cádiz), Veracruz, Acapulco y Manila –estos últimos para los viajes transpacíficos–, el Callao, Cartagena y Portobelo. Sin embargo, en la práctica surgieron múltiples redes alternativas alimentadas por el contrabando. También se desarrolló un activo mercado interno de escala regional, que en teoría fue prohibido por las leyes monopólicas, pero que conectaba diversas regiones mediante intercambios productivos y comerciales (Assadourian, 1968).

Durante el siglo XVIII, las reformas borbónicas impulsaron una reorganización profunda del sistema colonial con el objetivo de reforzar la autoridad de la Corona sobre sus colonias americanas. Sin embargo, también generaron tensiones que nutrieron los posteriores movimientos independentistas (Brading, 1990). En ese contexto, se crearon nuevas entidades políticas, se abrieron otros puertos para el comercio legal, como el de Buenos Aires, y se expulsó a la Compañía de Jesús, entre otras medidas.

El final del período colonial no se puede establecer con una fecha exacta, dado que estuvo marcado por los diversos procesos de independencia ocurridos durante las primeras décadas del siglo XIX. Entre 1810 y 1825, la mayoría de las colonias hispanas proclamaron y, en general, consolidaron su independencia política. Sin embargo, muchas de las estructuras coloniales, tanto económicas como sociales, continuaron reproduciéndose más allá de la ruptura formal con la metrópoli. Por ello, se produjo una persistencia de diferentes formas de colonialidad, entendidas como relaciones coloniales de poder que subsistieron a la disolución del vínculo político formal (Quijano, 2000).

Organización político-administrativa

En el marco de la monarquía hispánica, la máxima autoridad del poder político recaía en la figura del rey. No obstante, el gobierno de un imperio tan extenso no operaba bajo una lógica centralizadora, sino más bien como una estructura policéntrica y heterogénea. Así, el poder político se hallaba distribuido en múltiples focos relativamente autónomos entre sí (Cañeque, 2001). En la península, dos instituciones fueron clave en la administración de los asuntos de ultramar: (1) la Casa de Contratación, con sede en Sevilla, que regulaba el comercio y los viajes hacia América; y (2) el Consejo de Indias, de carácter consultivo y legislativo, que se encargaba de la elaboración de normativas y del nombramiento de autoridades coloniales.

Para administrar los extensos, distantes y diversos territorios americanos, la Corona española articuló un complejo entramado político y burocrático. Este sistema fue cambiante en el tiempo y heterogéneo en el espacio. Si bien se trasplantaron estructuras que ya funcionaban en los reinos peninsulares, estas experimentaron adaptaciones y mestizajes institucionales según las condiciones locales. Barriera (2014, p. 266) ha definido estas adecuaciones como “esquemas mestizos de gobierno”, no tanto por la participación directa de actores indígenas, sino por las transformaciones provocadas por la distancia con la metrópoli, el policentrismo jurídico y las condiciones particulares de cada región.

A esta complejidad se suma la diversidad de denominaciones utilizadas en distintos espacios para designar a las entidades político-administrativas. En ocasiones se nombraba de forma diferente a instituciones equivalentes, como “provincia” y “reino”. En otras se utilizaban los mismos términos para designar realidades distintas, como los corregimientos del Alto Perú frente a otros como el de Cuyo (Stangl, 2017). Estos usos vernáculos reflejan la flexibilidad y pragmatismo del sistema colonial.

Una tercera dificultad radica en que, como era característico del antiguo régimen, la división de poderes no se encontraba claramente definida como en los modelos políticos actuales. Por ello, era común que un mismo funcionario ejerciera competencias gubernativas, legislativas, judiciales y militares, lo que generaba superposición de funciones y frecuentes disputas entre distintos agentes coloniales.

Simplificando al máximo el complejo mapa institucional, la organización política del espacio se articuló en torno a los virreinatos, que constituían la máxima autoridad territorial en América. El virrey era considerado el representante directo del monarca en América. Su cargo, que duraba entre tres y cinco años, abarcaba las ramas de gobierno, legislación, justicia, hacienda, defensa y religión. El virreinato de Nueva España se estableció a partir de la conquista del imperio mexica, y abarcaba el actual territorio mexicano, el sur de los Estados Unidos, partes del Caribe, América Central y también las Filipinas. El del Perú, con sede en Lima, ocupó territorios de los actuales estados de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y partes de Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En el siglo XVIII se escindió en tres, con la creación de los virreinatos de Nueva Granada (1739) y del Río de la Plata (1776).

La organización interna de los virreinatos no se basaba en entidades alineadas horizontalmente, sino de forma vertical por su lealtad individual a una autoridad común (Erbig, 2022). Esquemáticamente, se establecieron Audiencias, Gobernaciones, Capitanías Generales, Corregimientos, Intendencias y Ciudades (Cuadro 1).

El orden político-administrativo de la América hispánica se caracterizó por la superposición de jurisdicciones y la coexistencia de autoridades con competencias solapadas. Esta ambigüedad dio lugar a frecuentes conflictos jurisdiccionales. Las diversas autoridades solían disputar unas con otras el ejercicio de las ramas de gobierno, justicia, recaudación fiscal o administración de tierras y poblaciones indígenas. En determinadas circunstancias, estas tensiones desembocaron en enfrentamientos abiertos o motivaron la intervención de instancias superiores, como el virrey o el Consejo de Indias. Sin embargo, las resoluciones dictadas por la Corona no siempre resultaban eficaces; muchas de estas disputas se prolongaron durante décadas.

Límites jurisdiccionales hispanocoloniales

Las divisiones político-administrativas no siempre se establecieron siguiendo criterios geográficos precisos. Las fronteras entre virreinatos, audiencias, gobernaciones o intendencias fueron, en numerosos casos, imprecisas, cambiantes y objeto de disputa entre diversas autoridades coloniales. La vasta extensión de los territorios, las dificultades para ejercer un control efectivo, la ausencia de una cartografía uniforme y la limitada presencia institucional en zonas periféricas contribuyeron a la indefinición de los límites entre las distintas entidades administrativas. Así, las fronteras políticas internas no delimitaban con claridad las jurisdicciones, sino que configuraban zonas de fricción y disputa dentro de un mismo orden imperial.

La delimitación entre los virreinatos del Perú y de Nueva España se situó en el istmo de Panamá, un punto geográfico particular y estratégico de las colonias americanas (Suárez Pinzón, 2011). Aunque hubo algunas variaciones a lo largo de los siglos, esa zona geográfica marcó por dos siglos la separación jurisdiccional entre los extensos virreinatos del norte y del sur de América. Con la creación del virreinato de Nueva Granada se estableció un nuevo punto medio entre las dos grandes jurisdicciones iniciales. Sin embargo, incluso entonces, el istmo y la región del Darién continuaron siendo una marca determinante en la separación de los espacios virreinales.

Los límites entre entidades regionales y jurisdicciones se tornaban especialmente conflictivos en zonas recientemente incorporadas, en territorios con recursos estratégicos o en espacios reclamados por distintas instituciones. Casos como la concesión superpuesta de tierras, la fundación de poblaciones bajo dependencias administrativas diferentes o el traslado de comunidades generaban enfrentamientos que tardaban muchos años en resolverse. Un ejemplo representativo de este tipo de disputas fue el sostenido en el Río de la Plata entre Córdoba y Santa Fe –y por extensión, entre las gobernaciones del Tucumán y de Buenos Aires– desde sus fundaciones en 1573. Este conflicto territorial recién fue saldado hacia fines del siglo XIX.

La superposición de jurisdicciones coloniales se acentúa si se incorpora la dimensión eclesiástica. La Iglesia secular organizó su territorio en diócesis u obispados, conventos, parroquias, viceparroquias, doctrinas, curatos y oratorios (Salinas y Valenzuela, 2022), cuyas delimitaciones se solapaban entre sí y con las entidades civiles. Asimismo, la organización territorial de las órdenes religiosas añade nuevas capas de complejidad institucional.

La provincia jesuítica del Paraguay, por ejemplo, abarcaba una vasta región que incluía el corregimiento de Tarija, los Llanos de Chiquitos (Santa Cruz de la Sierra), las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán, así como extensas áreas del sureste del actual Brasil y, hasta 1625, el territorio chileno y el corregimiento de Cuyo. En documentos cartográficos de la época, esta provincia jesuítica era confundida, con frecuencia, con la gobernación del Paraguay, considerablemente menor (Stangl, 2017).

Fronteras en los confines del imperio

El dominio de la Corona española en tierra americana se ejerció con distinta intensidad según se tratara de los centros coloniales consolidados, las zonas periféricas o las fronteras. En términos generales, las colonias constituían una especie de archipiélago de enclaves hispanos aislados y conectados por caminos (Lois, 2019). En las zonas alejadas de Lima y México, el poder metropolitano tendía a diluirse, más allá de las pretensiones territoriales o los acuerdos diplomáticos que pudieran tejerse con otras potencias o con líderes indígenas autónomos.

Según se puede rastrear en la documentación de la época, para los actores hispanocoloniales el término frontera podía aludir a los espacios inexplorados y “desiertos” más allá de los territorios controlados por los agentes coloniales; como un tercer espacio –o umbral de transición– y/o como la línea divisoria entre un “nosotros”, pretendidamente civilizado y cristiano, y un “otros”, concebido como bárbaro e infiel (Roulet, 2006). En cualquier caso, los territorios controlados por los grupos indígenas fueron usualmente conocidos como la tierra adentro, metáfora que marcaba el ingreso hacia ese espacio que representaba la otredad (Lucaioli, 2021).

Como categoría analítica, no obstante, estas fronteras interétnicas se configuraron como espacios donde los contactos –violentos y pacíficos– entre indígenas y agentes coloniales dieron lugar a múltiples formas de mestizaje. Estos bordes imperiales constituían zonas de interacción continua, donde circulaban personas, mercancías, saberes y tecnologías. La historiografía tradicional, sin embargo, ignoró durante mucho tiempo estos espacios, privilegiando el estudio de los centros administrativos y de las relaciones entre colonizadores e indígenas sometidos. Recién a partir de las décadas de 1970 y 1980, con el auge de la etnohistoria, comenzó a reconocerse el papel de los grupos indígenas insumisos en el contexto colonial. Se analizaron sus transformaciones a través del contacto, la resistencia y la apropiación selectiva de elementos culturales foráneos (Boccara, 2005).

Durante todo el período colonial, los intentos por avanzar sobre esas fronteras adoptaron formas diversas. En las primeras etapas, la Corona buscó consolidar su dominio sobre los territorios y los pueblos indígenas ya sometidos, lo que no excluyó, sin embargo, la existencia de contactos fronterizos relativamente sistemáticos. En el siglo XVIII la metrópoli intensificó su interés por expandir sus dominios, no solo con el objetivo de incorporar de manera definitiva esos espacios y someter a los grupos indígenas autónomos, sino también para frenar el avance de otras potencias europeas (Weber, 1998).

En estas fronteras, las relaciones interétnicas oscilaron entre la guerra abierta, manifestada en campañas punitivas e incursiones indígenas, y modalidades pacíficas de interacción, como los intercambios comerciales, las relaciones interpersonales y laborales y los tratados diplomáticos de paz y reducción. Asimismo, se implementaron instituciones específicas para gestionar estos espacios, como los fuertes militares y las misiones religiosas. Estas últimas, especialmente las dirigidas por la Compañía de Jesús, constituyeron ámbitos privilegiados de mestizaje cultural.

Los principales espacios de frontera con grupos indígenas que se mantuvieron autónomos al poder colonial fueron las grandes llanuras de América del Norte, la Sierra Gorda y el centro norte de México, la Amazonía, el Chaco, la Banda Oriental, Pampa-Patagonia y la Araucanía (Cuadro 2).

Cuadro 2. Principales espacios de frontera con grupos indígenas autónomos
al poder colonial

Región	Ambientes	Grupos indígenas autónomos	Principales estrategias de interacción	Otras características Destacables
Grandes llanuras de América del Norte.	Áridos y semiáridos.	Apaches, comanches y navajos, entre muchos otros.	Fuertes y presidios; tratados de paz y alianzas interétnicas; comercio interétnico; misiones religiosas.	Frontera militarizada y disputada con otras potencias europeas.
Sierra Gorda y el centro-norte de México.	Montañosos.	Pames y jonaces, entre muchos otros.	Misiones religiosas; campañas militares de pacificación; traslados forzosos de población; intentos de sedentarización agrícola.	Creación de la Comandancia General de las provincias internas hacia fines del período colonial.
Amazonía.	Selváticos frondosos.	Jíbaros, omaguas, ticunas, entre muchos otros. Gran diversidad etnolingüística.	Misiones religiosas; campañas militares; alianzas comerciales; reducciones itinerantes.	Múltiples espacios fronterizos con escasa presencia hispana; disputas territoriales con Portugal.
Chaco.	Combinación de ambientes selváticos, áridos y desérticos.	Mocovíes, abipones, tobas, lules-vilelas, entre muchos otros.	Campañas militares; fuertes; acuerdos diplomáticos; misiones religiosas.	Múltiples espacios fronterizos entre Paraguay, Tucumán, Tarija, Mato Grosso y Buenos Aires.
Banda Oriental.	Llanuras abiertas.	Charrúas, minuanes y guaraníes no reducidos, entre otros.	Campañas militares; fuertes y fortines; alianzas interétnicas; misiones religiosas.	Área geoestratégica disputada con la corona portuguesa.
Pampa-Patagonia.	Llanuras abiertas templadas y semiáridas.	Pampas, tehuelches, ranqueles, entre muchos otros.	Campañas militares; fuertes y fortines; parlamentos y acuerdos diplomáticos; comercio interétnico.	Conformación de la línea defensiva en torno al río Salado (en Buenos Aires) y al río Cuarto (Córdoba); articulación con Banda Oriental y Araucanía (“gran frontera sur”).
Araucanía.	Boscosos y de valles fértiles.	Mapuches.	Guerra defensiva; parlamentos; misiones religiosas.	Frontera establecida en el río Biobío.

Fuente: elaboración propia.

Límites interimperiales en la América colonial

Los límites interimperiales se formaron en espacios reclamados simultáneamente por distintas potencias europeas. Constituían zonas de contacto, conflicto y negociación entre las metrópolis que disputaron el continente entre los siglos XVI y XIX. En algunos casos, las demarcaciones entre los dominios coloniales fueron establecidas por tratados firmados en Europa. Sin embargo, su implementación en el terreno fue, en general, incierta o inviable.

Desde los inicios de la colonización, la monarquía hispánica procuró restringir la expansión de otras potencias europeas en el continente americano. Un ejemplo temprano fue el Tratado de Tordesillas (1494), que estableció una línea divisoria entre las áreas de influencia de Castilla y Portugal. Luego, durante la Unión Ibérica (1580–1640), las posesiones hispanoamericanas y lusobrasileñas quedaron bajo una misma autoridad, lo que diluyó temporalmente los conflictos limítrofes entre ambas coronas. Ya en el siglo XVIII, en un contexto de creciente interés por la delimitación precisa de los territorios, España y Portugal disputaron la región del Río de la Plata, en particular la Colonia del Sacramento (en el actual Uruguay).

Dicho enclave era estratégico para ambas potencias, tanto por su función en el control del comercio atlántico como por su valor como acceso hacia el Alto Perú. Aunque el Tratado de Tordesillas había asignado el territorio a España, Portugal lo ocupó de facto. Tras décadas de disputas, el Tratado de Madrid (1750) sustituyó el anterior criterio por el principio del uti possidetis, reconociendo las posesiones efectivas. No obstante, el conflicto persistió. La cesión de las Misiones Orientales, administradas por la Compañía de Jesús, provocó una guerra en la que los guaraníes resistieron el traspaso de sus tierras al dominio portugués (1754–1756). En este contexto, la Compañía de Jesús actuó como un mediador institucional para la resolución del conflicto.

Posteriormente, el Tratado de San Ildefonso (1777) intentó resolver los desacuerdos, aunque su aplicación en el terreno resultó extremadamente compleja (Osório, 2014). Los conflictos fronterizos en el área rioplatense –incluida la amenaza de otras potencias como Gran Bretaña– evidenciaban las limitaciones de España para consolidar su autoridad en zonas marginales hacia el final del periodo colonial. Las reclamaciones sobre estos territorios fueron, en muchos casos, nominales y la demarcación efectiva de esos límites derivó de procesos complejos de negociación diplomática e interétnica (Cherubini, 2021).

En el Caribe, la debilidad del control hispánico facilitó el traspaso hacia Inglaterra del control de Jamaica y Belice, así como la división de La Española con Francia. En el norte del continente, en territorios con escasa presencia española y una multiplicidad de poblaciones indígenas autónomas, los límites eran imprecisos y sujetos a frecuentes disputas con Francia e Inglaterra. En 1776, el mismo año de la creación del virreinato del Río de la Plata en el extremo sur, se estableció la Comandancia General de las Provincias Internas para centralizar la defensa de los territorios septentrionales y frenar el avance de las otras potencias (Picazo Muntaner, 2020).

Las disputas franco-españolas se intensificaron en regiones como Florida, Texas y Luisiana, mientras que la rivalidad entre Francia e Inglaterra se manifestó en el valle del Ohio y Canadá, culminando en la Guerra de los Siete Años (1756–1763). El Tratado de París (1763), que puso fin a este conflicto, reorganizó profundamente el mapa colonial: Francia cedió Canadá a Inglaterra, España entregó Florida, y recuperó temporalmente Luisiana.

Bibliografía

Assadourian, C. S. (1968). El sistema de la economía colonial. (edición de 1982) Lima: IEP.

Barriera, D. (2014). Corregidores sin corregimientos: un caso de mestizaje institucional en Santa Fe del Río de la Plata durante los siglos XVII y XVIII. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección Historia del Derecho Indiano], XXXVI, 245-269. Recuperado de: https://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/view/708/665

Boccara, G. (2005). Génesis y estructura de los complejos fronterizos euro-indígenas. Repensando los márgenes americanos a partir (y más allá) de la obra de Nathan Wachtel. Memoria Americana, 13, 21-52.

Brading, D. (1990). La España de los Borbones y su imperio americano. En Bethell, L. (ed.). Historia de América Latina. Tomo 2 (pp. 85-126). Barcelona: Crítica, edición de 2003.

Cañeque, A. (2001). Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la historia política de la Nueva España. Historia Mexicana, LI(1), 5-57.

Carrera, J. (2017). Un recorrido por el concepto (de)colonial. En Emir Reitano (coordinador). Desnudar la mirada eurocéntrica. Categorías en tensión en la historia americana (pp. 40-59). La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.

Cherubini, M. B. (2021). Una frontera ¿imposible?: los conflictos hispanoportugueses en el sur de América y la expedición a Río Grande de San Pedro (1773). Fronteras de la Historia, 26(2), 238-262. https://doi.org/10.22380/20274688.1409

Erbig, J. (2022). Entre caciques y cartógrafos. La construcción de un límite interimperial en la Sudamérica del siglo XVIII. Buenos Aires: Prometeo.

Godelier, M. (2011). Colonialismo, cultura y política. En H. Bonilla, (ed.) La cuestión colonial (pp. 419-436). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Lanteri, S. y Martirén, J. L. (2020). Colonización. En Benedetti, A. (comp.). Palabras clave para el estudio de las fronteras. (1a ed.), pp. 173-182. Buenos Aires: Teseo Press. https://www.teseopress.com/palabrasclavefronteras/chapter/colonizacion/

Lempérière, A. (2004). La “cuestión colonial”. Nuevo Mundo, Mundos Nuevos [Debates]. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.437

Lois, C. (2019). De las fronteras coloniales del imperio hispánico en América a los límites internacionales entre Estados latinoamericanos independientes: génesis de la imposibilidad de un mapa político de Sudamérica consensuado. Revista de Historiografía, 30, 207-222. https://doi.org/10.20318/revhisto.2019.4749

Lucaioli, C. (2021). Metáforas coloniales: aproximaciones simbólicas sobre la tierra adentro del Chaco. Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, 42, 85-106.

Ortega, F. (2011). Ni nación ni parte integral. “Colonia”, de vocablo a concepto en el siglo XVIII iberoamericano. Prismas, 15, 11-29.

Osório, H. (2014). Continuidades: estruturas agrárias e o trânsito na fronteira luso-espanhola na América meridional. Revista Complutense de Historia de América, 40, 93-112. http://dx.doi.org/10.5209/rev_RCHA.2014.v40.46344

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander E. (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas (pp. 122-151). Buenos Aires: CLACSO.

Picazo Muntaner, A. (2020). Agentes e inteligencia en la frontera de la Luisiana a finales del siglo XVIII: la presión de los Estados Unidos. Naveg@mérica, 24, 1-17. https://doi.org/10.6018/nav.416531

Real Academia Española (1783). Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido a un tomo para su más fácil uso. Madrid: Joaquín Ibarra. Recuperado de: https://www.cervantesvirtual.com/obra/diccionario-de-la-lengua-castellana–5/

Roulet, F. (2006). Fronteras de papel. El periplo semántico de una palabra en la documentación relativa a la frontera sur rioplatense de los siglos XVIII Y XIX. TEFROS, 4(2), 1-26.

Salinas, M. L. y Valenzuela, F. (2022). Iglesias, parroquias y oratorios a cargo de seculares y regulares (1588-1810). Corrientes, Río de la Plata. Un análisis espacial de la estructura eclesiástica. Itinerantes. Revista de Historia y Religión, 17, 97-126. https://doi.org/10.53439/revitin.2022.2.05

Stangl, W. (2017) ¿Provincias y partidos o gobiernos y corregimientos? Los principios rectores del desordenamiento territorial de las Indias y la creación de un sistema de información histórico-geográfico. Anuario de Historia de América Latina, 54, 157-210.

Suárez Pinzón, I. (2011). La Provincia del Darién y el Istmo de Panamá: siglos en el corazón de las disputas por la expansión del capitalismo. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 16, 17-50.

Wallerstein, I. (1979), El moderno sistema mundial, tomo I. México: Siglo XXI Editores.   

Weber, D. (1998). Borbones y bárbaros. Centro y periferia en la reformulación de la política de España hacia los indígenas no sometidos. Anuario IEHS, 13, 147-171.

Wolf, E. (1982). Europa y la gente sin historia. (edición de 2005) México: Fondo de Cultura Económica.